Los casinos: abusos, anarquía, narco…

Muchas voces se han alzado contra la proliferación de casinos en el país, giros autorizados en 2004 por el entonces secretario de Gobernación Santiago Creel, quien había asegurado que acabaría con ellos. Empresarios de los juegos y las apuestas alertan contra la invasión de casinos legales pero sobre todo de los ilegales, que dicen, sólo sirven para que el crimen organizado lave dinero y para que la narcoviolencia se dispare…

MONTERREY, NL.- “Voy a acabar con la caja chica que me acabo de encontrar y revocar permisos de juegos y sorteos”, fanfarroneó Santiago Creel Miranda al tomar posesión como secretario de Gobernación en 2000.

La realidad fue exactamente lo contrario. En el cuarto año de su gestión, el hoy senador promovió un nuevo Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos que no canceló ningún permiso, otorgó nuevos y abrió la puerta para que, con una misma autorización, se pudieran establecer varios negocios, denuncian legisladores y concesionarios.

Al llegar el PAN a la Presidencia, en México había 123 casas de apuestas; al cierre del sexenio foxista ya eran 198. En el sexenio de Felipe Calderón, con su abierta guerra contra el crimen organizado, los cárteles del narcotráfico diversificaron sus actividades y aumentaron su presencia en el país… y el número de casas de apuestas se multiplicó. Actualmente hay por lo menos 790 casinos, legales e ilegales, en el país.

Crimen organizado y casinos crecieron a la par. Hoy, a varios permisionarios les preocupa que en dichos centros de apuestas se lave dinero, por lo que demandan mayor vigilancia de parte de la Secretaría de Gobernación.

“Vemos con preocupación que los establecimientos que operan ilegalmente son caldo de cultivo para la participación del crimen organizado; hay datos que arrojan que dichos lugares son utilizados como pantallas en la red de estrategias para el lavado de dinero producto de actividades ilícitas”, se lee en el documento interno de uno de los permisionarios quien, por temor a represalias, pide el anonimato.

El documento –cuya copia tiene Proceso– establece que en 2010 había 185 casinos ilegales y a la fecha son 140; la cifra ha bajado porque los empresarios que tienen permisos han empezado a asociarse con los que no los tienen.

Otro problema, además del presunto lavado de dinero, es que los casinos han disparado la ludopatía (la enfermedad del juego compulsivo), aprovechada por prestamistas que se aprovechan de los clientes que ansían seguir jugando y terminan por ser explotados. También propician la desintegración familiar, según organizaciones sociales e investigadores.

En los últimos tres años, además, los cárteles de la droga han empezado a disputarse el control de los casinos, lo que ha generado constantes asaltos y agresiones a los centros de apuestas, sobre todo en el norte del país.

A las dos de la mañana del pasado 25 de mayo, por ejemplo, cuatro casinos de Monterrey fueron atacados simultáneamente. Los agresores llegaron a los casinos Hollywood, Royal, Red y Miravalle Palace, asaltaron y golpearon a los clientes, tomaron el dinero de las cajas y luego ametrallaron las fachadas. Poco después el alcalde de Monterrey, el panista Fernando Larrazábal, aceptó que dichos establecimientos no tienen permiso para operar.

Al respecto el diputado local nuevoleonés Héctor Gutiérrez de la Garza reclama: “Gobernación da los permisos, pero en los estados y municipios asumimos los costos”.

El legislador priista, quien en 2004 como diputado federal encabezó la comisión especial para indagar los alcances del Reglamento de Juegos y Sorteos, recuerda irónico la frase de Santiago Creel: “Voy a acabar con la caja chica que me acabo de encontrar en Gobernación y revocar permisos de juegos y sorteos”. En lugar “de acabar con la caja chica, los casinos terminaron siendo la caja grande para el PAN”, asegura.

 

Jueces y lavado de dinero

 

Gutiérrez de la Garza acusa a Santiago Creel de presentar una reglamentación que “generó anarquía en las casas de apuestas”, donde nadie vigila hacia dónde va el dinero o cuánto se gana, pero además se empezaron a permitir juegos de naipes y apuestas, como en Las Vegas, lo que está prohibido por la Ley de Juegos y Sorteos, a la que el reglamento debía estar sometido.

“El reglamento abrió la puerta a nuevos permisos y la posibilidad jurídica para que aquellos a los que se les había revocado el permiso, tuvieran la oportunidad, vía el Poder Judicial de la Federación, de operar…En este momento funcionan, unos con autorización, otros sin ella, pero con amparos”, acusa.

Una prueba de la anarquía e ilegalidad en la que operan los casinos la presentó la diputada federal perredista Lizbeth García Coronado, de la Comisión de Turismo y de la comisión encargada de verificar el cumplimiento del Reglamento de Juegos y Sorteos, quien luego de una investigación detectó diversas irregularidades por lo que el pasado 2 de mayo presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) tres denuncias penales contra el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora y la directora general adjunta de Juegos y Sorteos, María Guadalupe López Mares.

García Coronado encontró que en Nuevo León hay 57 casas de apuestas y 31 son ilegales. Sólo en Monterrey, afirma la diputada, operan ilegalmente 16 que realizan apuestas con naipes, ruleta y dados.

Un mes después de su denuncia, el 4 de junio, la PGR informó de la detención del secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Esiquio Martínez Hernández, por descubrirse en sus cuentas bancarias un depósito de 500 mil pesos un día después de haber concedido una suspensión para que pudiera reabrir el casino Paradise.

La PGR detectó que, en los últimos 10 años, el secretario del juzgado recibió casi 10 millones de pesos de 12 estados de la República; 18 de los depósitos venían de Nuevo León.

El casino Paradise de Monterrey promovió el amparo 127/2007 contra una orden de visita de inspección y clausura del local. Gracias a la acción del juez la clausura se evitó.

Según nota del diario Reforma (en su edición del pasado 4 de junio) “este año la PGR incluyó en su indagatoria una llamada anónima donde se dice que los dueños del Paradise lavan dinero de Los Zetas”. Este casino está en la lista de establecimientos ilegales que la diputada García Coronado entregó a la PGR.

Esiquio Martínez es secretario del juzgado a cargo del Juez Noveno de Distrito, Álvaro Tovilla León a quien el Consejo de la Judicatura suspendió mientras la PGR indaga los movimientos bancarios de su empleado.

La diputada perredista interpuso una segunda denuncia ante la PGR para que se investigue por qué a la operadora Atracciones y Emociones Vallarta, que tenía autorización para un galgódromo y cuatro centros de apuestas, se le amplió el permiso en 2009 para que abra otros 41 casinos. Esta resolución fue dada por el juez Armando Jerezano Treviño, del Juzgado Cuarto de Distrito en Torreón, Coahuila.

Y la tercera denuncia ante la PGR contra las autoridades de Gobernación es para que se indague el permiso a Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua para que instale 120 centros de apuestas. Aunque dicha empresa tiene un permiso legal –del cual Proceso tiene copia– no figura en las listas que dio a conocer la dependencia ni en las que proporcionó a este semanario la Asociación de Permisionarios.

En las tres denuncias, la diputada destaca su preocupación “de que sigan proliferando estos actos y en donde sin duda el crimen organizado tiene un campo fértil para el lavado de dinero”.

De acuerdo con documentos internos de los permisionarios, que fueron entregados a Proceso, en el Distrito Federal hay 24 casinos ilegales, 34 en Nuevo León y 16 en Coahuila; con los otros establecimientos sin permiso en el resto del país se hace un total de 185.

En el mismo documento se señala: “Existe la fuerte presunción de que los casinos ilegales se utilizan para blanquear dinero producto del crimen organizado. Es evidente que detrás de cada uno de los 185 casinos ilegales detectados existe la participación por acción o por omisión de funcionarios públicos desleales… Cálculos conservadores señalan que los casinos ilegales dejan de pagar al Estado por lo menos mil 500 millones de pesos anuales”.

Agrega que esos 185 casinos son manejados por “70 operadores ilegales”, es decir razones sociales que no están autorizadas para establecerlos. Igualmente se reclama “la falta de claridad en los proceso de autorización de permisos, la discrecionalidad con la que se conduce la autoridad, la poca eficiencia en la aplicación de la ley y su reglamento, lo que ha ocasionado la proliferación de casinos ilegales”.

 

La cruzada en Garza García

 

Los 790 casinos, legales o ilegales, en el país dan empleo a cuando menos 12 mil personas, pero al alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández Garza eso no le interesa. No quiere casinos en su municipio de 100 mil habitantes y donde viven los hombres más acaudalados del país. Su Plan de Desarrollo Urbano Municipal prohíbe la instalación de casinos y giros negros.

Por esa razón el alcalde dio una pelea recientemente y logró la clausura de uno de los dos de esa localidad: Sportzone, propiedad del llamado Zar de los Casinos, Juan José Rojas Cardona.

Luego de la clausura, el pasado 18 de marzo, el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito con sede en Monterrey, Ricardo Hiram Barbosa, ordenó el retiro de sellos y la reapertura del lugar; de inmediato el presidente municipal denunció ante la PGR al juez por su “intención delictiva” y lo acusó de corrupto.

Como consecuencia –y en un hecho inédito– el Consejo de la Judicatura Federal suspendió seis meses, a partir del último día de mayo, al juez Barbosa mientras se le investiga.

En entrevista, el presidente municipal que ha sido criticado por recurrir a “informantes” para evitar la presencia del crimen organizado en San Pedro Garza García, acusa al juez de “corrupto” y de ser él quien ha entregado varios de los amparos para que los casinos sigan operando en la República.

“Este país no avanzará ni se acabará con el crimen organizado por más ganas que le eche el presidente Calderón, ni nadie, si no corregimos al Poder Judicial; si este país sigue con un sistema de jueces corruptos y un sistema de impunidad es imposible arreglar cualquier problema y más el que tenemos, que es el crimen organizado y la violencia; y por supuesto que el tema de los casinos está dentro de todo este paquete”, afirma.

En entrevista con este semanario, el alcalde comenta que con la llegada de los casinos aumentan “el desorden, la violencia, la trata de blancas, el lavado, todo lo que venga aparejado. Cuando se concibió el tema de casinos era muy distinto, pero se degeneró precisamente por ser un país corrupto, con un sistema lleno de impunidades”.

Actualmente Mauricio Fernández lucha para cerrar el otro casino que opera en San Pedro, el Alegre, que pertenece a Atracciones y Emociones Vallarta, la empresa que García Coronado denunció ante la PGR. El casino se localiza a pocos metros de una escuela y según el Reglamento de Juegos y Sorteos eso está prohibido, amén de que el propio municipio no permite el establecimiento de este tipo de giros. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado determinó que sí puede operar.

Mauricio Fernández acusa a los integrantes del tribunal y los califica de “tres mugrosos magistrados corruptos que quieren fastidiar la tranquilidad de este municipio”. En cuanto al juez Barbosa, hoy suspendido, considera que “era un juez que sin duda tenía algún subsidio o algún apoyo, yo no podría pensarlo de otra forma. O es un imbécil o es un corrupto, porque no es posible que si lees las leyes y las sentencias este señor diga que se debe abrir el casino”.

En cuanto al lavado de dinero en los casinos aclara que no tiene pruebas; pero comenta: “No lo dudaría. Es algo que pasa a nivel mundial, que los casinos se presten para el lavado de dinero… Estoy convencido que esos son los mecanismos, es la fuente normal para lavar dinero aquí y en todo el mundo. Para mí la confrontación con el crimen organizado es puro rollo si no te vas al fondo, que es el lavado de dinero”.

Dice que los casinos están en un paraíso: “No pagan impuestos, casi todos están, como decimos aquí, orejones, no tienen ni permiso ni están ordenados pero además son avalados por jueces federales”. Incluso, dice, en el caso de San Pedro hay una orden de un juez que “me prohíbe acercarme o inspeccionar el casino por lo que ahí pueden lavar dinero, hacer el negocio que quieran porque es un paraíso para ellos, protegidos por gente corrupta como los jueces”.

“He tenido intentos de organizaciones nacionales que han querido meterse a San Pedro, pero afortunadamente hemos tenido información y los hemos podido detener. Incluyendo algunas que están en la zona metropolitana”. Evita dar nombres de los cárteles.

En cuanto a los casinos, el presidente municipal de San Pedro asegura que no lo han amenazado por no permitirles la entrada pero acepta que durante su campaña el dueño de uno de ellos le ofreció dos millones de dólares “por no fastidiarlo”.

–¿Juan José Rojas Cardona?

–Ya dije lo que comenté y no quiero acusar a uno o a otro porque me meto en un problema jurídico. Le estoy diciendo que sí me ofrecieron dinero los de los casinos y vamos a dejarlo así.

En Nuevo León en el año 2000 había cinco casinos. Hoy son 57. El diputado Gutiérrez de la Garza sostiene que luego del reglamento de Creel se dieron autorizaciones a empresas de las que no se sabían ni quiénes eran los accionistas… incluso uno de ellos tenía como accionistas a empresas asentadas en paraísos fiscales.

No se trata de acabar con el juego, aclara, sino de regularlo y saber a dónde va el dinero y cuánto ganan realmente; todo eso se desconoce.

 

Las desviaciones

 

Uno de los efectos negativos de los casinos es la violencia. Mario Madrigal, dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores y Operadores de Libros y Establecimientos de Diversión –que agrupa a 6 mil de los 12 mil empleados de las casas de apuestas–, dice que han tenido incidentes en Chihuahua, Nuevo León y Coahuila, “aunque lo peor fue en Coahuila donde luego de sufrir ataques con ráfagas de ametralladora se decidió cerrar el casino”.

En el caso de Ciudad Juárez, relata, las empresas de casinos decidieron poner camiones para transportar a sus trabajadores y contratar un médico, un psicólogo y un trabajador social que los atiende.

“Las áreas más peligrosas son la zona metropolitana de Nuevo León, en Juárez está tranquilo y de Tamaulipas definitivamente nos salimos; en Jalisco, Sinaloa, Veracruz y Coahuila, sólo asaltos”, señala.

El dirigente sindical reclama la falta de atención de la Secretaría de Gobernación y el crecimiento desmedido de los casinos ilegales. De continuar esta situación, advierte, se corre el peligro de no poder controlar la inversión y de que se presente el lavado de dinero.

En los libros (o books) se cruzan apuestas sobre eventos deportivos que se transmiten en vivo; la mayoría son propiedad de Jorge Hank Rhon quien tiene 8 de los 25 permisos que Gobernación extendió. A la fecha Hank tiene 149 casas de apuestas y sus líderes sindicales afirman que en sus centros no hay juegos ilegales.

El otro zar de los casinos es Juan José Rojas Cardona. Rogelio Garza lo fue hasta hace dos años, cuando lo asesinaron; sus hermanos se hacen cargo ahora de sus negocios.

 

Los comentarios están cerrados.