Acerca de “Perversión judicial”

DEL LICENCIADO ADÁN ROMERO MEZA

Señor director:

Me permito atentamente realizar las siguientes precisiones a mi comentario sobre la “corrupción que prevalece sobre los juicios laborales”, que fue incluido en la nota titulada “Perversión judicial”, firmada por Alberto Osorio Méndez en Proceso Jalisco 363, del pasado 23 de octubre.
Mi comentario no es específicamente sobre los impartidores de la justicia laboral, sino sobre el sistema que ha prevalecido desde hace mucho tiempo en ese ámbito y que, al constituir una “justicia retardada”, cae dentro del supuesto de la corrupción institucionalizada, habida cuenta de que incurre en aquello que ha dado lugar al dicho de que “justicia lenta es justicia denegada”.
Efectivamente, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco se encuentran aproximadamente 30 mil expedientes en un estado de inactividad procesal por diferentes causas, lo que ocasiona que los juicios se resuelvan en un promedio de cuatro a cinco años, con el consiguiente perjuicio para la parte trabajadora y patronal, en tanto que la ganancia es en algunos casos para cierto tipo de “abogados” que resultan beneficiados económicamente con esos retrasos.
Lo anterior se debe la mayoría de las veces a que las audiencias se difieren en forma constante; a que el personal de las Juntas Especiales se encuentra en pésimas condiciones laborales, ya que no cuenta con espacios suficientes y cómodos para realizar sus funciones (están espalda con espalda desahogando audiencias), y no existen ni siquiera sillas para los litigantes y partes, aparte de que no se proporcionan a los notificadores ni el equipo ni los emolumentos necesarios para realizar oportuna y eficazmente su función, lo que ocasiona con frecuencia el diferimiento de las audiencias.
Esto, sin pasar por alto el hecho de que algunos “abogados” perfectamente identificados tienen por norma (modus operandi) inflar el monto de los salarios en sus demandas, asentando por ejemplo que un trabajador gana 3 mil pesos diarios cuando en realidad su ingreso, dada la actividad que dice realizar, es de 600 u 800 pesos diarios, lo que significa una “falsedad” que el Código Penal tipifica como delito.
Si bien en principio esta conducta no puede ser denunciada por la autoridad laboral, ésta sí puede dar vista de la misma al agente del Ministerio Público para que, ante tan evidente desproporción, inicie la averiguación previa correspondiente.
Asimismo, existen sindicatos que emplazan a huelga a empresas (micro y pequeñas) por la firma del contrato colectivo, a sabiendas de que no tienen integrantes laborando en ellas o se trata de negocios familiares. El caso es que, bajo la amenaza de estallar la huelga si las empresas no firman el contrato, éstas se ven forzadas a suscribirlo y a pagar a la organización sindical los “gastos de emplazamiento”, etcétera, lo que desde el punto de vista jurídico representa una verdadera extorsión que, para rematar, no se denuncia.
Por lo expuesto, el suscrito ha propuesto que se instale una Agencia del Ministerio Público especializada en materia laboral, para que por lo menos exista una posibilidad de denunciar y querellarse en forma inmediata, lo que redundaría en la inhibición de este tipo de conductas.
Hay otras cuestiones de forma que, con voluntad y una visión a futuro, se podrían corregir. Por ejemplo, la implementación de la lista de los acuerdos se traduciría en certeza jurídica, en beneficio tanto de la clase trabajadora como de los patrones. Sin embargo, la inercia, los intereses, la costumbre, etcétera, impiden que la justicia laboral sea aplicada con prontitud, lo que evidentemente deriva en la corrupción a la que me referí en mi comentario inicial.
Le agradecería, señor director, incluir este comentario aclaratorio para no afectar la honradez, credibilidad y eficacia del personal tanto administrativo como de confianza de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, que es ajeno a la corrupción que menciono.
Atentamente
Licenciado Adán Romero Meza