Bolivia: Encrucijada ante el aborto

Un grupo de mujeres aymaras en La Paz, Bolivia.
Foto: AP

LA PAZ, 2 de agosto (apro).- Patricia Tapia (nombre ficticio) recurrió a sus ahorros y a la ayuda económica de dos amigas íntimas para juntar el equivalente a 30 dólares. Se armó de valor y acudió a un consultorio clandestino donde se sometió a un aborto.

Hace cinco años, cuando padeció ese viacrucis, tras una relación sentimental que quedó en nada,  tenía apenas 20 años, pero aún hoy considera que fue la experiencia más escalofriante de su vida y no logra imaginar algo peor.

Los recuerdos de ese episodio volvieron diariamente en el presente a su memoria desde el 17 de julio, cuando el Tribunal Constitucional (TC) inauguró  un debate nacional al comunicar que sus cinco miembros no lograron consenso para emitir un fallo sobre la despenalización del aborto en Bolivia, por lo que se determinó elaborar un nuevo proyecto de resolución cuya fecha de presentación es incierta.

Patricia dice a Apro que hasta el momento ha escuchado un sinnúmero de argumentos jurídicos y religiosos sobre el tema, pero pocos testimonios de mujeres que, como ella, por una u otra razón, tuvieron que tomar una decisión ante un embarazo no deseado y, gracias al destino, conservaron la vida y la salud.

Las condiciones en las que hoy se realizan abortos en Bolivia no han cambiado respecto a las que hace cinco años tuvo que cumplir Patricia, salvo en el precio del “servicio”. En un recorrido de Apro por dos zonas de la ciudad de La Paz (sede de gobierno) se constató que consultorios médicos que incluso no cuentan con licencia de funcionamiento ofrecen subrepticiamente un aborto por precios que van desde 45 a 115 dólares.

En  otras ciudades de Bolivia, de acuerdo con testimonios publicados en los principales periódicos del país, ocurre algo similar. Basta la solicitud de una paciente para que, tras pactar una tarifa, la mujer sea sometida a la técnica de la aspiración o el uso de inyecciones o pastillas abortivas.

 

Marco legal

Según la normativa vigente en el país, la práctica del aborto sin autorización de un juez está drásticamente penalizada.

El Código Penal establece en su artículo 263 la sanción de privación de libertad de dos a seis años para la mujer que se someta a un aborto. La misma norma, en su artículo 269, determina que la persona que se dedique a la práctica de abortos tendrá una pena de uno a seis años de cárcel.

El  artículo 266 del citado Código abre un resquicio a este panorama al establecer que sólo un juez podrá autorizar la práctica de un aborto, exclusivamente en caso de que la mujer haya sido víctima de violación. Pero el proceso judicial en este caso es tan largo, desgastante y expuesto a la luz pública que, de hecho, la víctimas prefieren ignorarlo.

En marzo de 2012 la diputada oficialista del Movimiento al Socialismo (Mas), respaldada por la Organización No Gubernamental  Ipas presentó ante el TC un recurso de inconstitucional contra esos tres artículos y otros diez más del Código Penal.

Durante un año y tres meses los magistrados no lograron ponerse de acuerdo sobre la despenalización del aborto y su indecisión encendió un vivo debate sobre el tema.

“Tenemos que analizar la acción con mucho cuidado; eso lo va a realizar el Tribunal Constitucional con el tiempo que requieran los magistrados y emitirá el fallo correspondiente”, declaró el presidente del TC, Ruddy Flores, quien advirtió que “el Tribunal no va a someter su acción  a cualquier tipo de presión, sea de tipo política, social, religiosa o de cualquier otra índole”.

En América Latina, sólo tres países (Cuba, Uruguay y México) está permitida la interrupción de un embarazo de forma gratuita. En el caso de México Distrito Federal (DF), sólo con la condición de que el feto no haya llegado a las 12 semanas de desarrollo.

El aborto es ilegal, salvo que el embarazo represente riesgo para la vida o salud de la mujer, en Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela, mientras en Colombia no se halla penalizado en circunstancias de violación, incesto, inseminación artificial no consentida o malformación en el feto que haga imposible su vida fuera del útero materno.

El aborto está prohibido absolutamente en Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

 

Cifras de miedo

De acuerdo con datos de organizaciones civiles que se ocupan de la problemática de la mujer, aproximadamente 80 mil bolivianas recurren al aborto cada año.

La Sociedad Boliviana de Ginecología y Obstetricia estima que se registran 60 muertes por cada 10 mil abortos, con lo que por lo menos una mujer boliviana muere diariamente por esa práctica.

Para colmo de males, según los expertos, los abortos inducidos por las propias madres y los realizados deficientemente duplican el riesgo de muerte en las adolescentes que se hallan entre los 16 y los 19 años, mientras un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés (la principal de La Paz) estableció que aproximadamente 70% de las emergencias obstétricas en el sistema de salud público se deben a un aborto incompleto.

Lourdes Montero recurrió a un aborto cuando era muy joven y, a diferencia de Patricia, no esconde su identidad para hablar del tema ya que, dice, tuvo la suerte de sobrevivir a esa circunstancia.

“El acceso al aborto en Bolivia es un tema de injusticia social. Interrumpir el embarazo en condiciones de higiene y seguridad está condicionado por la capacidad económica de las mujeres. Quien en Bolivia tiene el dinero suficiente para pagar una clínica privada, seguramente no será penalizada y tendrá pocas posibilidades de morir. Así, la penalización sólo castiga a las más pobres, que la mayoría de las veces muere en su propia casa”, sostiene Montero.

Y junto a  las consideraciones económicas y culturales, los prejuicios aparecen inevitablemente en la escena del debate, con ejemplos dramáticos que evidencian que el embarazo no deseado aún es considerado en muchos sectores de la sociedad como un mal que debe ser ocultado o extirpado de cualquier modo.

La Defensoría del Pueblo, una institución dedicada a la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, informó  a fines de julio que conoció el caso de una joven de 16 años que en Apolo, un pueblo en el área rural de La Paz, quedó embarazada tras una violación que ocultó a sus padres.

A los cinco meses de embarazo ya no fue posible esconder su condición gestante, la que desató la ira de decenas de pobladores de la zona, quienes en presencia de sus padres la golpearon hasta que expulsó al feto, al que además prendieron fuego.

En Ayata, otra población también del área rural de La Paz, dirigentes zonales y padres de familia determinaron prohibir el ingreso a una escuela a las jóvenes que se encuentren embarazadas, mientras que las que sean “sorprendidas” en ese estado serán expulsadas.

La amenaza se cumplió y a principios de este año una adolescente de 15 años que se hallaba embarazada fue expulsada del establecimiento junto con su pareja, un joven de 19 años, quien luego se suicidó por razones desconocidas, de acuerdo con una investigación realizada por el periódico Página Siete.

 

Contradicciones

El debate sobre la despenalización del aborto ha generado posiciones radicales a favor y en contra, así como reflexiones que llaman a tratar el tema sin condicionamientos exclusivamente morales, religiosos o políticos.

La Iglesia Católica se halla en las filas de los radicales respecto al tema, con pronunciamientos que no han dejado lugar a duda. Monseñor Sergio Gualberti, arzobispo de Santa Cruz, la ciudad más poblada de Bolivia, calificó  la propuesta de despenalización como “una iniciativa de muerte”;  mientras el arzobispo Jesús Juárez, de Chuquisaca, uno de los nueve departamentos del país,  amenazó con el castigo de la excomunión a quienes promuevan el aborto.

Por su parte, el presidente del Estado, Evo Morales, dijo: “No soy un experto en el tema de aborto, tenemos que debatirlo. Claro, cualquier aborto es un delito, así entiendo, pero de manera oficial quiero decir que veremos en el gabinete (de ministros) los debates que están sosteniéndose en la opinión pública”.

Pero el propio equipo de colaboradores del Jefe de Estado se encuentra dividido sobre el tema. Las ministras de Comunicación, Amanda Dávila; de Autonomías, Claudia Peña; y de Desarrollo Productivo, Teresa Morales; junto con su colega de Educación, Roberto Aguilar, se pronunciaron a favor de despenalizar el aborto; mientras el resto se manifestó en contra de la medida o prefirió abstenerse de opinar sobre el tema.

En el Congreso las opiniones también están divididas, tanto entre oficialistas como opositores.

“Como mujer indígena originaria digo que no es posible que las mujeres actuemos a favor del aborto. Esto es un asesinato y ganamos un pecado delante de Dios”, opinó la presidenta de la bancada del Mas en la Cámara de Diputados, Emiliana Ayza

Para el analista político Fernando Molina, el debate sobre el tema ha evidenciado una vez más contradicciones por ahora insalvables. “La economía se moderniza, pero en algunos apartados la mentalidad de Bolivia sigue estancada en la Edad Media, con sus castigos corporales, sus moralistas asesinos y sus influyentes inquisidores”, comentó.

 

Reacciones

En las ciudades de El Alto y La Paz, la segunda y tercera más pobladas del país, existen 178 clínicas y consultorios que funcionan legalmente, de acuerdo a un informe del Servicio Departamental de Salud (Sedes), pero el mismo organismo estima que otros cien centros de salud operan en la ilegalidad, realizando abortos e incluso cirugía mayores.

La vigencia del debate sobre el aborto y su amplia cobertura en los medios de información ha reactivado los mecanismos de sanción contra esos centros, pero pocos creen que se trate de una acción permanente y con efectos duraderos.

En la última semana de julio funcionarios del Sedes decomisaron medicamentos que pueden inducir a abortos y clausuraron un consultorio y una clínica que no tenían su documentación en regla, donde se sospecha que se realizaban abortos clandestinos. Y nada más, porque la práctica del aborto no se ha detenido.

“Me hicieron firmar un papel que dice que llegué con una hemorragia, me han explicado que es para evitar problemas. Después me han llevado a una camilla y me ha dolido mucho. Estuve en otra cama media hora para recuperarme. Mis padres no aceptarían el embarazo”, contó confidencialmente una joven que interrumpió su embarazo en una zona donde las autoridades sospechan su práctica.

Se trata de una historia parecida a la de Patricia Tapia, Lourdes Montero y muchas de las otras mujeres que recurren al aborto en Bolivia.

Relatos que comparten una herida emocional interna que, pese al tiempo, no cicatriza. Y existencias que, como las del resto de la sociedad, aguardan expectantes un fallo del Tribunal Constitucional sobre un tema crucial de vida y muerte.