Chile: La confesión de un infiltrado con los mapuches

El informante de Carabineros, Raúl Castro Antipán.
Foto: SoyChile

VALPARAÍSO  (apro).- Las revelaciones del informante de Carabineros Raúl Castro Antipán sobre el asalto a la plaza de peaje Quino, en octubre de 2009, puso al descubierto los montajes con que los servicios de Inteligencia de Chile criminalizan la causa mapuche, advierte el abogado defensor de los indígenas Luis Marileo y Juan Queipul, acusados como autores de “delitos terroristas” por su supuesta participación en la embestida.

“Por primera vez en un juicio oral, un delator compensado, condenado por ley antiterrorista en Chile, declara que estaba subordinado a los servicios de inteligencia policiales y que su misión era infiltrarse en las comunidades mapuche y entre los estudiantes universitarios en Temuco, y que tenía contacto con su jefatura, en este caso los jefes de Inteligencia, una o dos veces por semana”, precisa Miranda.

En entrevista con Apro, alude a la confesión realizada el miércoles 13 por Castro Antipán en juicio oral desarrollado en el Tribunal Oral en lo Penal, de Angol, contra los indígenas mapuches Luis Marileo y Juan Queipul.

De acuerdo con la declaración del informante de Carabineros, en el asalto a la plaza de peaje Quino –situada en la comuna de Victoria, región de la Araucanía– en octubre de 2009, cuando también fue incendiado un camión en la carretera Panamerica, a la altura del kilómetro 611 al sur de Santiago, participaron 15 mapuches.

El grupo de indígenas, aseguró, actuó armado con escopetas hechizas y convencionales, un fusil de guerra, una pistola, varios revólveres y un bidón con combustible.

No obstante, los tres magistrados del mencionado tribunal desestimaron esas acusaciones y absolvieron por unanimidad a Marileo y Queipul, quienes al momento de ocurrir los hechos eran menores de edad.

En julio de 2012 los tres jueces ya habían absuelto a otros ocho comuneros mapuches –pertenecientes a las comunidades en resistencia de Temucuicui autónoma y José Guillén–, acusados del mismo delito.

Conforme a lo que consignó entonces el abogado de la Defensoría Pública, Jaime López, el caso se cayó por la ausencia del testigo secreto (Castro Antipán), “ya que al quedar fuera su testimonio, casi no quedó prueba de cargo, lo que indica que el juicio completo descansaba en su testimonio”, según consta en el diario electrónico La Opinión, en su edición del 24 de julio de 2012.

El mismo medio contiene la declaración que hizo Felipe Huenchullán luego de conocer su absolución en dicho juicio: “Se nos aplicó la Ley antiterrorista y pasamos casi dos años en la cárcel. Muchos de los peñis (compañeros) absueltos hoy estuvieron en la clandestinidad. Tuvimos que pasar una huelga de hambre por tres meses y ahora nos dicen que todo fue mentira. Es como reírse de nosotros en la cara. Claro, quedamos en libertad, pero ¿quién responde por todo el daño que se nos hizo a nosotros y a nuestras familias? Estoy contento, pero también tengo mucha rabia contra el Estado”.

Tras la reciente absolución de Marileo y Queipul, Castro Antipán quedó como único condenado por esa causa, en calidad de autor de los delitos de “amenaza terrorista”, “homicidio frustrado terrorista” e “incendio terrorista”.

Sin embargo, el informante no ha pasado ni un día en prisión. La fórmula que empleó el Ministerio Público para que esquivara la cárcel fue acogerlo al beneficio de la “delación compensada”, contemplado en el artículo cuarto de la Ley 18.314 (antiterrorista). Eso le permitió rebajar los grados de la pena.

Es paradójico que después de tres años y medio de investigación, el único responsable del delito señalado sea un infiltrado pagado por la policía y protegido por el Ministerio Público.

El atentado al peaje Quino recibió en su momento una desproporcionada atención mediática y desató una feroz represión contra las comunidades mapuches de la comuna de Ercilla, en la “zona roja” del conflicto mapuche.

Pero los mismos medios que otrora dedicaron horas de su programación y numerosas páginas a ese caso –como los diarios El Mercurio y La Tercera–, ahora, cuando se supo la relación de subordinación del único condenado en la causa con Carabineros, apenas le dan espacio a esa información.

El gobierno del presidente Sebastián Piñera, por su parte, ha evitado pronunciarse al respecto. Sin embargo, dada la creciente presión de los medios, el pasado jueves el Ministerio Público y Carabineros fijaron su postura.

En comunicado de prensa, el fiscal jefe de Temuco (capital de la región de la Araucanía), Roberto Garrido, descartó “de plano” que Castro Antipán tuviera la calidad de informante de su institución. “(Él) siempre ha tenido la calidad de imputado y eso es lo mismo que señaló en el juicio. Él no recibe ningún sueldo, el Ministerio Público tampoco le paga ninguna cantidad mensual. Él ha recibido medidas de protección que son reservadas en razón de la gravedad de las amenazas que ha sufrido”, dijo en respuesta a las declaraciones que hizo Castro Antipán, quien el martes 11 aseguró que vivía en un departamento financiado por la Fiscalía y que recibía otras regalías de la dependencia.

Por su parte, la Novena Zona de Carabineros, radicada en Temuco, emitió un comunicado en el que aseguró que Castro Antipán “no posee el carácter de agente de inteligencia, limitándose sólo a entregar información que permitió aclarar algunos delitos cometidos el año 2009 en la Araucanía”.

 

Operaciones encubiertas

Las revelaciones de Raúl Castro Antipán implican un duro golpe a la política de criminalización de la protesta mapuche instrumentada por el Estado de Chile a través del MP, Carabineros, los gobiernos de diverso signo y gran parte de la prensa.

En el juicio oral, Castro no sólo confesó su participación como colaborador de la policía en el atentado al peaje Quino, sino también en el ataque e incendio de un camión de Tur Bus y otras tres unidades en las cercanías de Temuco, el 28 de julio de 2009.

Lo más grave es que sostuvo que un día antes de la acción se dio aviso a la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar).

A la pregunta del abogado Miranda respecto de si había participado en otro atentado, Castro respondió: “Sí, en julio de 2009”.

–¿Ese atentado estaba en conocimiento de la Dipolcar (servicio de inteligencia que opera en el territorio mapuche) de Temuco? –insistió Miranda.

–Sí, ahí la Dipolcar tuvo conocimiento el día antes y el día después cuando les entregué toda la información.

En el caso del ataque al peaje Quino, Castro Antipán reconoció que viajó a la provincia de Malleco con una pistola 9 milímetros y un revólver calibre 38 para ser ocupados en los ilícitos. Él hacía esto “bajo la supervisión directa de los servicios de inteligencia policiales”, señala Miranda.

Respecto del atentado mismo, el agente encubierto relató que después de haber atacado el peaje “llegó un camión súper grande, trató de huir, se bajó al conductor, al acompañante, se roció la cabina con combustible y (lo) quemamos”.

En la audiencia del martes 11, Castro Antipán reveló la razón por la que empezó a trabajar en los servicios de inteligencia. Así lo recuerda Miranda, su principal interrogador:

“En 2008, mientras estaba cumpliendo el servicio militar en Coyhaique (región de Aysén), el locker de Castro Antipán en el regimiento fue abierto por instrucciones de los servicios de inteligencia. Supuestamente encontraron unas balas. Entonces le abrieron un proceso por robo de material de guerra”.

El agente encubierto relató así el comienzo de su relación con la la Dipolcar: “Eso partió en febrero de 2009 (…) con una entrevista que tuve con ellos (miembros de la Dipolcar) quienes me ofrecieron participar e infiltrar la Coordinadora Arauco Malleco (grupo mapuche radical) para desarticularla”.

A cambio de eso, dijo, conseguiría beneficios en su proceso por el robo de material de guerra y otras causas que tenía pendientes con los militares (entre ellas la posesión ilícita de mariguana). Desde entonces, prestó servicios a la inteligencia policial. Su labor era monitoreada semanalmente por efectivos de la Dipolcar encabezados por el capitán de Carabineros Patricio Marín.

En su declaración, Raúl Castro Antipán reconoció que en la actualidad vive en un departamento provisto por el Ministerio Público, además de que recibe otras regalías de parte de ese ente que no especificó.

 

Balance

El abogado Miranda manifiesta que el caso Castro Antipán “viene a poner punto final a una serie de aseveraciones que estaban haciéndose desde el poder central con respecto a un supuesto bajo estándar que estarían aplicando los jueces en la zona mapuche”. Esto, por no castigar en algunos procesos a imputados por delitos terroristas.

“Y lo más importante –expresa–, puso al descubierto los montajes con que los servicios de inteligencia criminalizan la causa mapuche”.

Sobre hecho de que en esta causa en la que se imputó la existencia de asociación ilícita terrorista haya un solo condenado y éste sea colaborador de la policía, Miranda señala que “para buscar a los otros partícipes de esa asociación ilícita es evidente que tenemos que buscarla no en el campo de los mapuches, sino en el campo de los servicios de inteligencia”.

Con dicho objetivo, el abogado presentó el miércoles 12 una denuncia penal ante el Tribunal Penal de Angol “para que se investiguen los delitos que se prefiguran a partir de las declaraciones del señor Castro Antipán, pero estas fueron inmediatamente derivadas a la Justicia Militar, dado lo poco democrático del Estado en que vivimos”.

Miranda sostiene que “es realmente insostenible en un Estado democrático o pseudo democrático, como es el Estado chileno, que solamente los mandos intermedios de inteligencia, que operan aquí en la zona, hubieran actuado de esta forma sin la autorización de las autoridades policiales y políticas del más alto nivel”. Y apunta como directos responsables de estos hechos a quien era ministro del Interior cuando ocurrieron los hechos, el democratacristiano Edmundo Pérez Yoma, y al entonces director de Carabineros, general Eduardo Gordón.

Subraya:

“Lo confesado por el infiltrado de la policía  viene a confirmar todas las denuncias hechas hace mucho tiempo por parte de las comunidades mapuches en resistencia y en pos de la recuperación total de su territorio en cuanto a que estaban siendo objeto de prácticas conocidas como ‘guerra de baja intensidad’. Aquí los servicios de Inteligencia han estado operando al más puro estilo de la época de la dictadura”.

Consultado sobre los pasos que piensa seguir para que se sancione el proceder policial, Miranda asegura que es muy difícil conseguir que ello ocurra “porque estamos en el terreno turbio de las operaciones de Inteligencia”.

En este sentido, destaca que el capitán Marín (Sipolcar) “que estaba a cargo de esto declaró el martes 12 que ‘cuando se hacen este tipo de operaciones hay que correr riesgos’. El problema es que los riesgos y los costos –dice Miranda– los pagan los mapuches que han estado durante largo tiempo en prisión”.

Esto, añade, al Estado chileno “no le importa absolutamente nada, porque en el fondo de lo que se trata, desde un principio, es de criminalizar la reivindicación legítima que hacen los mapuches respecto de su territorio y su esfuerzo de reconstrucción de su pueblo nación. Ese es el punto”, concluye.