Los 43 desaparecidos… de Colombia

El memorial de la masacre de Pueblo Bello, Colombia.
Foto: El Tiempo

BOGOTÁ (apro).- Los 43 desaparecidos y presuntamente ejecutados por un grupo criminal no sólo conmocionaron a Colombia, sino que provocaron una reacción enérgica de la comunidad internacional y del gobierno.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de los desaparecidos. El actual presidente, Juan Manuel Santos, pidió perdón a los familiares de las víctimas en nombre del Estado y se comprometió a evitar que se repita una masacre de esa naturaleza, en la que los asesinos actuaron en connivencia con las autoridades locales.

Los cuerpos de los 43 desaparecidos no han sido encontrados pero la investigación judicial dejó en claro que fueron ejecutados por un grupo de paramilitares encabezado por el extinto Fidel Castaño.

Ello ocurrió la noche del 14 de enero de 1990 en Pueblo Bello, Colombia (unos 490 kilómetros al noroeste de esta capital) y casi 25 años después los familiares de las víctimas mantienen viva su demanda de justicia. Fue uno de los hechos más trágicos que haya vivido este país.

Castaño eligió 43 víctimas como venganza porque la guerrilla le robó 43 cabezas de ganado. El actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, fue quien pidió perdón a los familiares de los desaparecidos en marzo de 2009, cuando era ministro de Defensa.

Similitudes

El general retirado de la Policía Nacional de Colombia (PNC), Luis Enrique Montenegro, quien fue asesor del secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, entre 2008 y 2012, cree que la similitud entre la masacre de Pueblo Bello y la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre pasado, no es casual.

“Más bien ilustra –dice a Apro— que México está viviendo una situación muy similar a la que vivía Colombia en los ochenta y noventa, con una mezcla de narcotráfico, grupos armados al margen de la ley, autoridades políticas que son cómplices de criminales y una débil capacidad institucional para enfrentar este explosivo fenómeno de inseguridad”.

Montenegro, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, organismo nacional de inteligencia disuelto hace tres años), considera que a la luz de la experiencia colombiana lo primero que debe hacer el presidente mexicano Enrique Peña Nieto es “replantear la estrategia de seguridad y establecer como primer punto de su agenda, por arriba de todo, la seguridad ciudadana”.

“Y si no lo hace… ocurre otro caso de esos (la desaparición de los normalistas) y le toca renunciar”, asegura el consultor en materia de seguridad.

El exdirector de Inteligencia de la PNC, general retirado Jairo Delgado, coincide con su colega en que el gobierno de México debe reformular la estrategia de combate al crimen organizado “porque estos hechos de Guerrero nos indican que estamos frente a un fracaso”.

“Cuando el poder político ha quedado usurpado por la mafia, lo que tenemos es un tremendo fracaso de la estrategia antinarcóticos y de seguridad. Hay que reconocer esto. En el momento en que el narcotráfico entra prácticamente a manejar y a ejercer un dominio tan alto del sector político, de las policías, de la estructura institucional legítima, nosotros tendríamos que hablar del fracaso de la estrategia y de la necesidad de hacer un replanteamiento”, indica el exjefe policiaco, experto en inteligencia y director del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL), con sede en esta capital.

 

Una nueva SSP

En entrevistas por separado, Delgado y Montenegro plantean la conveniencia de restituir la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la cual desapareció en el gobierno de Peña Nieto para dar paso a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).

De acuerdo con Delgado, una debilidad de la política antidrogas del gobierno mexicano es la “deficiente articulación institucional” para aplicarla a nivel nacional en un país con 31 estados, un Distrito Federal y 2 mil 457 municipios autónomos.

Por ello, para el exdirector de Inteligencia de la PNC lo que se requiere en México es una SSP reconfigurada.

“Me parece –dice– que una política nacional antinarcóticos requiere una Secretaría Nacional Antinarcóticos, mucho más allá de la Secretaría de Seguridad que sea responsable de la lucha antinarcóticos en todo el país, a nivel federal, porque la articulación política (de la lucha contra el crimen, que se buscó al asignar la CNS a la Segob) se queda en cierto tipo de concesiones y de acuerdos políticos pero en nada incide en la estrategia antinarcóticos, en absolutamente nada”.

Delgado sostiene que México necesita “una articulación policiaca profesional de la estrategia contra los cárteles de la droga y una estructura nacional que la soporte, que es algo que aprendimos en Colombia en la lucha contra los cárteles de Medellín y de Cali. Aquí tuvimos que aplicar un modelo nacional antinarcóticos que recayó en la Policía Nacional y fue así como logramos desarticular a las grandes organizaciones criminales y recuperar el control de la seguridad”.

Considera que, desde la experiencia de Colombia, donde los cárteles de Medellín y Cali llegaron a penetrar el Congreso y los más altos niveles de la administración pública, México debe pasar “de un federalismo antinarcóticos en el que la fragilidad de los gobiernos locales facilita la corrupción política, a una estrategia nacional antinarcóticos que se aplique por igual en todos los rincones del país y que tenga en la inteligencia policial uno de sus principales soportes. La respuesta del Estado mexicano a lo que está pasando tiene que ser monolítica, homogénea, nacional”.

El general retirado y licenciado en Estupefacientes de la Universidad Católica de Salta, en Argentina, asevera que “lo que está muy claro en México es que hay una debilidad institucional y una gran capacidad del narcotráfico para acumular poder, desestabilizar, generar violencia y cooptar a las autoridades locales vía intimidación o corrupción. El narcotráfico, como acción criminal, es lo primero que hay que atacar, y es lo primero que debe hacer México con una estrategia que evite que la ilegalidad se convierta en una práctica de gobierno, como es evidente que ocurría en Guerrero”.

 

Error garrafal

El general Montenegro no recuerda que durante sus años de asesor de García Luna el estado de Guerrero fuera una prioridad en la lucha contra las drogas. “Yo asesoraba a Genaro en el diseño de políticas contra las drogas, contra los cárteles, y no había una preocupación especial por Guerrero o por otro estado, sino que el objetivo era elaborar una estrategia más general”, indica.

Sostiene que la desaparición de la SSP al comenzar el sexenio de Peña Nieto le dolió “en el alma” porque al trasladar sus funciones a la Segob, “lo que hicieron fue bajarle el perfil a la lucha contra los fenómenos que crean inseguridad ciudadana”.

Montenegro no duda en catalogar esa medida como “un error garrafal que nunca debió ocurrir, sobre todo en México, que es consciente que tiene muchas dificultades para enfrentar el crimen”.

De acuerdo con el general, quien fue director de Investigación Criminal en la PNC en 1989 y 1990, los años más ríspidos de la guerra contra el Cártel de Medellín, “Peña Nieto en esos momentos, mirando lo que pasó en Guerrero, lo primero que debe hacer es sacar la Secretaría de Seguridad de donde la tiene arrinconada y con bajo perfil (en la Segob), y traerla a donde estaba, hacerla otra vez Secretaría, para que dependa directamente del Presidente de la República”.

No importa, dice, que como titular de la eventual SSP sea nombrado un político, en vez de un policía como García Luna –quien “tenía mucha sinergia con el presidente Felipe Calderón”–, aunque el mando de la Policía Federal sí debe ser un cuadro surgido de las filas de esa corporación.

“El mensaje que yo les doy desde Colombia es que hay que restituir la Secretaría de Seguridad Pública. El secretario de Gobernación, con el montón de actividades que tiene como responsable de la agenda política del presidente, no tiene tiempo para pensar y resolver los problemas de seguridad. El peor error que se ha cometido en el sexenio de Peña Nieto es ese, desaparecer la SSP”, asegura Montenegro.

Para el general retirado y exdirector del DAS, además de la restitución de la SSP, lo que se debe hacer en México tras los acontecimientos de Guerrero es establecer “de una vez por todas un mando único de las policías a nivel de los estados, así se opongan los gobernadores y alcaldes”; establecer medidas efectivas de control en las policías estatales y municipales, con uso de polígrafos y estrategias de contrainteligencia que permitan prevenir y atacar la penetración del crimen organizado a esas corporaciones, y golpear de manera más eficaz las finanzas del narcotráfico.

Pero “por encima de todo esto, y como primer punto, hay que investigarlos a todos: a los gobernadores, a los alcaldes para prevenir que ocurra otro crimen tan atroz como el de Guerrero”, agrega el consultor en seguridad.

Montenegro recuerda que en Colombia la llamada “parapolítica” fue un fenómeno criminal y de corrupción que penetró las estructuras del Estado y que puede equipararse a lo que ocurre en México en estos días.

Las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron a convertirse en una federación de capos del narcotráfico con control sobre diputados, senadores, gobernadores y presidentes municipales en gran parte del territorio colombiano.

El general Montenegro indica que en el combate a ese fenómeno fue determinante la acción de la Corte Suprema de Justicia, que como poder autónomo del Estado realizó una investigación en la cual fueron vinculados 199 congresistas a investigaciones por sus presuntos nexos con grupos paramilitares. De estos, 41 han recibido condenas, ocho están en etapa de juicio, 110 se encuentran en instrucción preliminar y sólo nueve han sido absueltos.

Además han sido procesados 25 gobernadores y exgobernadores, 96 alcaldes y exalcaldes, 179 concejales y exconcejales y 55 funcionarios públicos por sus vínculos y asociaciones mafiosas con las AUC. En este escándalo están implicados políticos de los principales partidos.

–¿En México hace falta un proceso judicial similar al de la “parapolítica”? –se le pregunta a Montenegro.

–Sí –responde–, un proceso que esté a cargo de la Suprema Corte de Justicia, que es autónoma, con apoyo de la PGR. Tiene que haber una investigación federal masiva, revisar en profundidad la situación de cada alcalde y cada gobernador. Este caso de Guerrero indica que hay que investigar quién es quién en todos los niveles de gobierno y mirar sus contactos. Esto va a crear rechazo a nivel político, pero la situación lo amerita, y la Suprema Corte debe encabezar este esfuerzo, como pasó en Colombia con el paramilitarismo. No hay de otra, que los investiguen a todos.