Peña Nieto, expuesto en los medios

El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Llama la atención que sea The Wall Street Journal el que haya denunciado los dos últimos escándalos de corrupción en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto: la casa de fin de semana que compró el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a una constructora del Grupo Higa; y otra casa de fin de semana que el mandatario compró a otro constructor favorito, Roberto San Román.

Ese rotativo dio un giro de 180 grados en el tratamiento al actual gobierno federal, pues en los primeros meses del sexenio la cobertura se enfocaba a las reformas estructurales impulsadas por el Pacto por México y sus esperados efectos positivos sobre la economía mexicana; así como otros medios internacionales anticipaban que el momento mexicano había llegado gracias al liderazgo del presidente mexicano.

Representativo del entusiasmo que la gestión de Peña Nieto despertaba en el mundo empresarial y financiero internacional, es el artículo de opinión que Pierpaolo Barbieri y Niall Ferguson publicaron el 26 de diciembre de 2013 en el diario financiero estadunidense, en el cual concluían: “Aun en un año terrible para los mercados emergentes, México tiene las más brillantes expectativas en la región. Bajo un revitalizado PRI, el país está en el camino de una nueva forma de revolución institucionalizada: una que lo transformaría permanentemente del rezagado latinoamericano al nuevo motor de crecimiento de América del Norte”.

Todavía en agosto del año pasado, cuando el Congreso de la Unión aprobó la legislación secundaria de la reforma energética, los medios internacionales se volcaban en elogios a la misma y auguraban un futuro promisorio para el país. Sin embargo, el 26 de septiembre de ese mismo año, unos 50 días después, el panorama empezó a modificarse radicalmente tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que conmovió a la opinión pública internacional, la cual al unísono demandó su localización con vida, el esclarecimiento de los hechos y sanción a los responsables.

El horizonte todavía se ensombreció más cuando el domingo 9 de noviembre Aristegui Noticias y Proceso dieron a conocer que en enero de 2012 (unos meses antes de la formalización de la candidatura a la Presidencia) el constructor favorito del sexenio, Luis Armando Hinojosa Cantú, le vendió a Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto, la Casa Blanca de las Lomas a un precio preferencial y un crédito con tasa de interés privilegiada. Unos días después la misma Carmen Aristegui denunció en su programa de radio que el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, disfruta desde 2011 la renta de otra casa del mismo constructor en la misma colonia residencial del Distrito Federal.

Las revelaciones llamaron la atención de los medios internacionales y fue precisamente The Wall Street Journal el que en diciembre denunciaba que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también era beneficiario de los tratos favorables del constructor del sexenio, al comprarle una casa en un exclusivo club de golf en Malinalco. Y el pasado martes 20 el mismo diario estadunidense reveló que Hinojosa no era el único constructor que dotaba de casas a la familia Peña Nieto; también San Román le había traspasado una propiedad en otro exclusivo club de golf en Ixtapan de la Sal, en 2005, unos meses después de asumir la gubernatura del Estado de México, y a partir de ese momento el gobierno de dicho estado le otorgó contratos de obras públicas por 107 millones de dólares, pese a que antes sólo había recibido un contrato menor.

Cuando Peña Nieto protestó como presidente la historia se repitió, pues según la información difundida por MVS, en lo que va del sexenio San Román ha recibido 12 contratos por alrededor de 596 millones de pesos, cuando antes de eso únicamente le habían asignado uno.

Más allá de las declaraciones oficiales, que en todos los casos recurren a argumentos jurídicos para rechazar la comisión de cualquier delito y evaden referirse al evidente conflicto de interés existente, es un hecho que el giro en la atención de los medios internacionales y las investigaciones del diario financiero estadunidense reflejan claramente que en las democracias consolidadas estos actos no quedarían impunes.

Justo cuando aparecen las denuncias por las acciones del presidente y su familia, los medios internacionales difunden que la infanta Cristina, hermana del rey español Felipe VI, es sometida a proceso penal por presuntos actos de corrupción que implican el desvío de 7.5 millones de dólares de fondos públicos; y que el exgobernador de Virginia, Bob McDonnell, fue sentenciado a dos años de prisión por recibir regalos de poco más de 30 mil dólares (cifra ridícula comparada con los casi 10 millones de dólares que suman las propiedades involucradas en las distintas operaciones ya señaladas) por promover un suplemento alimenticio.

Así, mientras en las democracias consolidadas los inculpados son llevados ante los tribunales y en caso de ser encontrados culpables, sentenciados como cualquier ciudadano, en México basta un comunicado oficial o una declaración grabada de la esposa del presidente para desechar cualquier investigación.

Sin embargo todo indica que los miembros del “revitalizado PRI” (como lo denominaron los articulistas del Wall Street Journal) mantienen las mismas prácticas del antiguo PRI y que la Casa Blanca de Las Lomas o las casas de fin de semana en Malinalco e Ixtapan de la Sal son simplemente las versiones actuales del Partenón de Arturo Durazo o la casa de la “Colina del Perro”, del entonces presidente José López Portillo, por citar únicamente los escándalos más recordados.

La diferencia ahora es que la globalización, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la alternancia en el Ejecutivo mexicano modificaron el panorama de los medios (nacionales e internacionales): hoy el presidente mexicano y su gabinete no podrán escapar al escrutinio de los periodistas mexicanos y extranjeros y tampoco podrán eludir los impactos de sus revelaciones.

Peña Nieto y su gabinete están en la mira de los periodistas mexicanos y extranjeros y a juzgar por sus respuestas, éstos no deben ser los únicos actos cuestionables, así que los medios cumplirán con su labor de investigación y por ende, incidirán en la construcción de una opinión pública crítica que obligue finalmente a las autoridades competentes a cumplir sus responsabilidades de fiscalización y sanción.