Desprestigio mundial

El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
Foto: Benjamin Flores

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Afectos a buscar conspiraciones y complots detrás de toda acción que daña de cualquier forma su poder, los políticos mexicanos ya buscan “la(s) mano(s) que mece(n) la cuna” de los medios de comunicación internacionales (The Wall Street Journal, The Economist, The New York Times y Le Monde, entre otros) para difundir la información sobre las propiedades e inversiones del presidente y su familia, así como de integrantes de su gabinete y priistas cercanos a su grupo político.

Ellos no entienden que “en las democracias modernas, a las que México aspira a pertenecer, el tipo de relación de rascaespaldas que aparentemente emprendieron con Grupo Higa es vista como un comportamiento inaceptable”, como les dijo The Economist. Por supuesto que menos aún puede ser aceptado el inexplicable y desorbitado enriquecimiento de los políticos de la República Mexicana que aflora en cada una de las investigaciones desarrolladas por los periodistas.

Para los medios de “las democracias modernas” son noticia la corrupción, el tráfico de influencias, el conflicto de interés y todas las demás expresiones de captura de los órganos del Estado o de enriquecimiento desproporcionado de los gobernantes. Por ello dedican una buena parte de sus esfuerzos de investigación a descubrirlos; el recuento de los reportajes y las notas relacionados con esto sería interminable.

Particularmente el periodismo estadunidense cree que su función de “perro guardián” es indispensable en una democracia, porque es parte de los pesos y contrapesos entre poderes (político, económico e ideológico) que limita o impide los abusos y excesos de poder.

Los comunicadores se aferran al menor indicio de una irregularidad o un delito y no paran hasta que descifran la trama o definitivamente descartan dicha posibilidad. Esa es precisamente la función del periodista (afortunadamente hoy ya también tenemos buenos ejemplos en los medios mexicanos), y por ello nadie se sorprende cuando publican sus denuncias.

En este caso se conjuntaron cuatro vertientes: una, México había logrado capturar la atención de la comunidad internacional por las llamadas reformas estructurales y los posibles impactos que las mismas tendrían sobre la economía nacional e internacional; dos, medios mexicanos (particularmente Aristegui Noticias y Proceso) abrieron “la caja de Pandora” con la denuncia de la llamada Casa Blanca de Las Lomas; tres, las nuevas tecnologías permiten acceder a información antes inaccesible, ya sea por las filtraciones o por la posibilidad de analizar y cruzar bases de datos con rapidez; y, cuatro, la apertura a la inversión extranjera como consecuencia de las reformas legislativas también provoca que los potenciales inversionistas observen más detenidamente a México y, por consiguiente, que la información sobre éste se vuelva más atractiva para las audiencias de esos países.

Fueron los mismos comunicadores oficiales los que atrajeron la atención de los medios internacionales. Ellos fueron los que sobrevendieron su proyecto, sobrevaloraron sus consecuencias e impactos y menospreciaron la capacidad periodística de sus interlocutores. Basta recordar cómo festejaban el famoso Memo (Mexican Moment), a pesar de los llamados a ser más cautelosos.

Con la mirada puesta en México, los medios internacionales también dieron cuenta del crimen de los soldados en Tlatlaya y de la desaparición de los normalistas de Ayotizinapa, en Iguala; pero aunque pusieron al descubierto los crímenes de Estado y cuestionaron la actuación de las autoridades mexicanas, no fue sino a partir de noviembre, al destaparse la información sobre la casa que el Grupo Higa había vendido en condiciones muy favorables a Angélica Rivera, cuando empezaron las críticas severas. Visibilizaron la incapacidad para frenar la ola de violencia y la violación de los derechos humanos, lo cual explicaron por los antecedentes inmediatos; pero al combinarse dicha situación con la deshonestidad y el cinismo del mismo presidente y su familia, se desató la crítica.

Por supuesto que el Wall Street Journal colocó como una de sus prioridades la investigación de las propiedades del presidente y su círculo cercano; se dedicó (o se dedica todavía) a escudriñar toda la información relacionada con el patrimonio del grupo gobernante y denunciará todas las irregularidades y delitos que logre detectar.

Los casos del New York Times y Le Monde son muy distintos, pues los nombres de los políticos mexicanos aparecieron en medio de investigaciones más amplias y junto a millonarios de muy diferentes nacionalidades. Claro que llama la atención el hecho de que los acompañantes de los políticos mexicanos sean empresarios y celebridades del espectáculo o los deportes, principalmente.

Los políticos de México tampoco entienden que las posibilidades de mantener oculto su patrimonio, especialmente por lo abundante del mismo y por las prácticas irregulares o, claramente, ilegales a las que recurren, se redujeron sustancialmente con el arribo de las nuevas tecnologías de la información.

Como tampoco están dispuestos a reconocer lo irregular, ilícito o incluso delictivo de sus prácticas, y mucho menos a cambiar su proceder, intentan respuestas y toman decisiones que los hunden más. Así, cuando les avisaron (antes de que se difundiera públicamente) sobre la información de la Casa Blanca, decidieron cancelar la licitación del tren rápido México-Querétaro, para intentar controlar los daños, sin darse cuenta de que esa era precisamente la aceptación tácita de la irregularidad.

La revisión de todas las medidas y declaraciones que han anunciado en relación con estos controvertidos hechos arroja un resultado similar. Y ello atrae más la atención de los medios de comunicación (nacionales e internacionales), y permite a éstos abordar y detectar ángulos que originalmente habían pasado desapercibidos.

Contrario a lo que sucede en el gobierno mexicano (que se resiste a transparentar la información pública), en este caso no hay nada reservado y mucho menos confidencial: Los únicos responsables de que el presidente, su familia, su gabinete y su grupo cercano ocupen espacios destacados en los medios internacionales son ellos mismos, porque nunca midieron las consecuencias de sus actos y pensaron que jamás los iban a descubrir.

El problema está en la forma en que ejercen el poder, no en la difusión de sus abusos.