Grupos vulnerables pagan costos de la narcoguerra: expertos

Comando irrumpe en cervecería y ejecuta a 10 en García, Nuevo León.
Foto: AP / Emilio Vázquez

MÉXICO, D.F. (apro).- Los sectores vulnerables de la población sometidos a abusos de autoridades aprehensoras son quienes pagan los costos de la lucha contra las drogas, en vez de que sean los grandes capos del narcotráfico, consideraron académicos y defensores de derechos humanos reunidos en el Foro Internacional Política de Drogas y Derechos Humanos.

Los especialistas acusaron que la lucha contra las drogas está focalizada en criminalizar el consumo y la posesión, en lugar de hacerlo contra el tráfico y el lavado de dinero.

“La política de drogas ha generado consecuencias negativas en los derechos humanos en México, en particular, de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones y desplazamiento interno forzado; además de que se ha erosionado el Estado de Derecho en ese contexto con figuras como el arraigo”, explicó José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), organizadora del Foro.

El defensor consideró que “no hay un cambio en la política de seguridad” en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto a comparación del sexenio de Felipe Calderón, quien dio paso a la guerra contra el narcotráfico.

Durante el foro internacional, los investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Catalina Pérez Correa y Alejandro Madrazo, abundaron en datos duros sobre los efectos de la guerra contra el narcotráfico.

La investigadora aseguró que, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información de nueve estados y de la federación, 63% de la población carcelaria procesada por delitos contra la salud está por posesión y consumo de drogas y no por “tráfico de drogas  o lavado de dinero”. Por ello, aseguró: “no es la delincuencia organizada la que está siendo procesada”.

Madrazo explicó que entre los signos de “alarma” de la guerra contra el narcotráfico resalta el incremento de violaciones a derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, sobre todo del Ejército.

Tan sólo en el sexenio de Calderón, detalló, las fuerzas militares detuvieron a la cuarta parte de los acusados de delitos contra la salud.

En el caso del número de fallecidos en operativos contra el crimen organizado –detalló el especialista–, cuando participa el Ejército mueren 9.1 personas en promedio. Cuando se trata de la Marina, son 17.3 personas quienes pierden la vida.

“Cuando hemos presentado estas cifras –contó— lo que expertos de otros países nos dicen es que en guerras convencionales siempre hay más heridos que muertos y que en el caso de México o las fuerzas armadas usan misiles o se trata de ejecuciones extrajudiciales”.

Olga Guzmán, de la CMDPDH, resaltó que la tortura ha sido una de las violaciones a derechos humanos más graves detectadas como secuela de la guerra contra el narcotráfico.

Por este delito, añadió, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene 4 mil 55 denuncias, de las cuales integró mil 884 averiguaciones previas y consignó 11 casos.

Adolescentes, los más afectados

A propósito de los efectos en la población vulnerable, Elena Azaola, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS), consideró que “95% de las personas en prisión procesadas por delitos contra la salud, no son los cabecillas de los cárteles o los contactos de los grandes negocios a escala internacional, que muchas veces están relacionados con la clase política o con la infiltración de las policías o militares”.

Experta en los estudios de la población carcelaria –sobre todo infantil, adolescente y mujeres–, sostuvo que tras la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón y el seguimiento de esa política por el actual gobierno, “aún no se alcanza a percibir los daños generacionales causados”.

Tras señalar que en el país hay 16 mil jóvenes que cometieron algún delito y que de ese total cinco mil están relacionados con el crimen organizado, Elena Azaola dio pinceladas de un estudio que realizó entre población juvenil en conflicto con la ley retenida en Coahuila, Hidalgo y Morelos.

Por ejemplo, destacó que 76% de los adolescentes entrevistados dijo que fue torturado en su detención. Además, la gran mayoría aceptó su participación en las filas del crimen como distribuidor, “halcón” o sicario, “porque mataron a su papá o a su mamá u otro familiar querido y se unieron para vengar su muerte, averiguar qué pasó o porque la vida ya les valía madre”.

La especialista enfatizó en que para estos jóvenes “no ha habido autoridad que investigara los casos de sus familiares asesinados. En estos casos no hay verdad, no hay reparación de daño ni políticas para atenderlos; esas fueron algunas razones que dieron entrada a estos chicos al crimen organizado”.

Sobre el perfil de los jóvenes, Elena Azaola señaló que 94% trabajaron desde pequeños, 47% dejaron el hogar por violencia intrafamiliar, en 43% de los casos uno o varios familiares estuvieron en prisión y 22% no conocieron a su padre. Esta situación, dijo, “habla de un resentimiento muy grande”.

De acuerdo con sus estudios, 28% de los adolescentes entrevistados aseguraron no confiar en nadie. Peor aún: la gran mayoría coincidió en que “no tienen sueños ni esperanza”.

Mujeres, por amor o pobreza

Ana Pecova, de la organización Equis, Justicia para Mujeres, informó que de las 250 mil personas en prisión, 5.2% son mujeres, quienes en 80% de los casos fueron encarceladas por delitos relacionados con drogas.

Esos datos “no sólo significan que hay más mujeres involucradas, sino que son las más perseguidas en el tráfico ilícito de drogas. Forman parte de los eslabones más bajos como recolectoras o ‘mulas’ portadoras de la droga que hacen ese trabajo sin saber el valor de la mercancía, sólo están conscientes del pago. Es una mano de obra fácilmente reemplazable que no afecta a las transnacionales del tráfico de droga”, refirió la activista.

Los motivos de ingreso de las mujeres al crimen organizado, aseguró, son meramente económicos o afectivos con su pareja. Los datos pintan el panorama: 98.9% cometieron los delitos sin portar armas; 53% no tienen sentencia; 90% tiene hijos y fueron víctimas de abuso sexual; 60% no terminó la secundaria.

El rango de edad de las mujeres en prisión es de entre 18 y 40 años. Además, de las mujeres indígenas presas, 43% están ahí por delitos contra la salud.

La activista alertó que para las mujeres procesadas por delitos contra la salud el sistema judicial no brinda alternativas. “Aunque no sean un peligro para la sociedad –porque casi todas son primodelincuentes–, y los motivos que las llevaron a involucrarse fueron, entre otros, la pobreza; a los jueces no les importa que estas mujeres tengan hijos, quienes por su encarcelamiento de 10 a 20 años, quedan en el abandono”, dijo.

Población callejera, olvidada

Representantes de organizaciones civiles cuestionaron la política de prevención y de salud que no atiende a adolescentes y la población callejera.

Carlos Zamudio, del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, explicó que de 2006 a 2012, el crecimiento en el consumo de las drogas entre adolescentes fue de 150%. Dijo que en esta “guerra contra los usuarios, siete de cada 10 consumidores declararon haber sido detenidos por la policía y que habían sido extorsionados”.

El especialista agregó que de acuerdo con datos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), seis adolescentes fueron sentenciados por delitos contra la salud en el 2009, mientras que 68 lo fueron en 2012. Eso significa, dijo, que “menores de edad están llevando las drogas a otras más adolescentes que prefieren comprar a gente de su edad”.

Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, criticó que en la política “prohibicionista sólo se contemple a la cocaína y la mariguana y no se ataque a los solventes, que es lo que consume la población callejera en 60%”.

Al señalar que la única política dirigida a esta población en el DF es de “limpieza social”, el activista sostuvo que la población callejera es una de las diez más discriminadas en la capital y la primera a la que se niegan servicios de salud.

“Cuando acuden (a los hospitales) en muchos casos es por males derivados de efectos de los solventes. Tan es así que en 2014, de 21 muertes registradas, en 10 la causa fue hipokalemia (bajos niveles de potasio), muertes que pudieron ser evitadas”, añadió.