Misión internacional repudia violencia en Zacualpan, Colima

COLIMA, Col. (apro).- La Misión Nacional e Internacional de Observación sobre el caso Zacualpan expresó su repudio frente a los nuevos sucesos de violencia ocurridos el miércoles 17 en esa comunidad indígena, acciones que dejaron un saldo de ocho heridos, entre ellos Juana Teodoro Peña, quien requirió atención médica en un hospital.

Integrada por organizaciones civiles de Canadá, Estados Unidos y México, la Misión advirtió que los acontecimientos pusieron en grave riesgo la vida de los activistas de la agrupación Bios Iguana AC, especialmente de Esperanza Salazar, aunque también corrieron riesgo la abogada Claudia Gómez, del Colectivo del Abogados, así como integrantes del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En un comunicado fechado en Otawa, Canadá, el grupo de observadores coordinado por Jennifer Moore, representante de la organización MiningWatch, denunció que la forma como sucedieron los hechos “visibiliza nuevamente cómo el gobierno de Colima juega un rol directo en la incitación de las divisiones sociales a nivel de la comunidad para, a través de ello, facilitar los brotes de violencia que en varias ocasiones han puesto en riesgo las vidas de comuneros y comuneras, al igual que las de integrantes de Bios Iguana, quienes únicamente han realizado labores vinculadas a la defensa de los derechos humanos”.

Además, consideraron inconcebible que el hostigamiento y agresión se haya producido justo cuando miembros de Bios Iguana y la abogada Claudia Gómez acudieron a Zacualpan con personal del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), para realizar un análisis del riesgo en que se encuentran los integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), en el contexto de la lucha contra la explotación de una mina de oro en las tierras de la comunidad.

Al momento en que los integrantes de las organizaciones trataron de salir de Zacualpan les fue cerrado el paso por un grupo de pobladores apoyado por la Policía Estatal, quienes exigían a los activistas y representantes del gobierno federal que se identificaran y entregaran la información sobre los motivos de la visita.

Armados con palos y piedras, los miembros del grupo mantuvieron retenida la comitiva por alrededor de 40 minutos, con el aval de los agentes estatales, quienes liberaron el paso después de que los funcionarios federales pidieron el apoyo de la Policía Federal (PF).

Posteriormente, el grupo respaldado por el gobierno estatal atacó a integrantes del CIDTZ que habían tomado las instalaciones de la Junta Municipal en demanda de la renuncia del titular de esta oficina, Enrique Carpio Rincón, quien había encabezado momentos antes el bloqueo de la carretera.

En relación con el diálogo promovido recientemente por el gobierno estatal al interior de la comunidad, la Misión consideró que las autoridades pretenden limpiar su imagen con la suscripción de acuerdos, que “tememos que sean incumplidos, tal como pasó en el mes de marzo”, cuando una comitiva de observadores nacionales e internacionales visitó la entidad.

La Misión expuso que nuevamente el gobierno de Colima emite declaraciones en las que condena la violencia y la división, aunque “en los hechos las propicia de manera flagrante, en un escenario de violencia y división que se ha generado a raíz del padrón de omisiones en que han incurrido las autoridades, al no respetar las decisiones que la comunidad ha tomado en contra de las concesiones y la actividad mineras, y en contra del manejo deshonesto del manantial y balneario, que son bienes comunales, y que por años fue usufructuado por un pequeño grupo oficialista sin rendir cuentas a la comunidad”.

Al margen de lo anterior, se establece en el documento, “lo que más nos preocupa es que, en un futuro, se incrementen las presiones sobre la comunidad de Zacualpan con el propósito de debilitar el trabajo que ha ido haciendo el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, así como la organización Bios Iguana, quienes de forma conjunta han liderado una larga batalla contra la amenaza minera y también del  despojo que en los hechos ha sufrido respecto de su manantial y balneario”.

Y se añade: “No es menor lo que señalamos, porque ya se ha documentado y denunciado una larga lista de evidencias sobre la grave campaña de desprestigio constante en contra de la organización Bios Iguana con la cual, entre otras cosas, se pretende enturbiar e impedir la asesoría que brinda este grupo al Consejo Indígena”.

Luego exigió que se ponga fin a la campaña de difamación y persecución en contra del pueblo de Zacualpan, del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, y de Bios Iguana, uno de cuyos integrantes, Víctor Andrés Cruz Chi, debió salir del estado tras una serie de amenazas recibidas.

La Misión demandó garantizar el libre tránsito a la comunidad de Zacualpan y que no se repita el mismo patrón de provocación, connivencia y amedrentamiento, además de que se cumpla con la sentencia del Tribunal Unitario Agrario para terminar con el bloqueo al manantial Ojo de Agua, pues “pareciera que existe un contubernio entre el grupo que bloquea y la policía estatal que los resguarda y los protege”.

Asimismo, reiteró su compromiso de seguir denunciando lo que sucede en Zacualpan, además de que manifestó su total solidaridad con el trabajo en defensa de los derechos humanos que están realizando el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y los integrantes de Bios Iguana AC.