Activistas culpan a Bush y Obama por escalada de violencia en México

Un perito trabaja en la escena de un crimen en Veracruz.
Foto: Yerania Rolón

MÉXICO, D.F. (apro).- Miembros del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOA, por sus siglas en inglés) responsabilizaron a los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama de la escalada de violencia en México, derivada de la guerra contra el narcotráfico que lanzó el presidente Felipe Calderón en el sexenio pasado y continuó Enrique Peña Nieto.

Los activistas acusaron la “complicidad” de los gobiernos de Estados Unidos y México en las violaciones a derechos humanos cometidas en nuestro país.

En conferencia de prensa, Irene Cambias, Arturo Vizcarra y Theresa Cameranesi precisaron que los más de 3 mil millones de dólares otorgados a México a través del Plan Mérida “han sido utilizados para profundizar y expandir la militarización que ha causado tanto sufrimiento no sólo para los mexicanos, sino también para los y las migrantes centroamericanos, quienes también están huyendo de la violencia patrocinada por Estados Unidos en sus países de origen, bajo la bandera de la misma guerra contra las drogas”.

Cambias informó que la Escuela de las Américas, sitio de entrenamiento de ejércitos de dictaduras latinoamericanas, no sólo ha adiestrado a militares mexicanos en sus instalaciones en Fort Benning, Georgia, sino que también presta servicios dentro del país.

De acuerdo con la activista, la institución –a la que se cambió el nombre por Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad– entrenó a 16 mil policías en tres años, en un “centro de entrenamiento en Puebla”.

Denunció que para financiar el Programa Frontera Sur de México, que tiene como finalidad evitar que migrantes centroamericanos lleguen a Estados Unidos, “el Pentágono está gastando más de 90 millones de dólares para entrenar al Instituto Nacional de Migración (INM)”.

Al exigir el cese del financiamiento al gobierno mexicano, Vizcarra señaló que los gobiernos de Bush y Obama son responsables “de los miles de desaparecidos, de las fosas comunes y de los miles de casos de tortura cometidos por policías, agentes de migración, militares y marinos” desplegados para combatir el crimen organizado y detener el flujo migratorio de centroamericanos.

Teresa Cameronesi resaltó que por denuncias recabadas en su visita han identificado que los policías y miembros de fuerzas armadas mexicanos utilizan “los manuales de tortura de la Escuela de las Américas, de eliminación del enemigo y de contrainsurgencia”.

La activista, quien mantiene un litigio desde 2011 para que el Pentágono entregue las listas de los egresados de esa escuela, alertó sobre los riesgos de incremento de violaciones a derechos humanos si continúa el financiamiento estadunidense, pues “muchos de Los Zetas recibieron entrenamiento en  Fort Benning”, dijo.

La misión de observación de los activistas de SOA inició el pasado domingo 21 en el estado de Guerrero, donde visitaron a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Continuaron su recorrido por el Distrito Federal, lugar en el que se entrevistaron con Nestora Salgado, y siguieron su camino hacia Chiapas, donde conversarán con el padre Alejandro Solalinde, fundador de la casa de migrantes de Oaxaca, “Hermanos en el Camino”.

En la misión de observación también participa Nancy Cisneros, directora de la organización Voces contra el Olvido, quien denunció la desaparición de su hermano Francisco Javier Cisneros Torres en Tala, Jalisco, el 19 de octubre de 2013.

De nacionalidad estadunidense, Cisneros aseguró que igual que los familiares de mexicanos desaparecidos, ella hizo la investigación para tratar de localizar a su hermano sin el apoyo de la embajada de su país.

“En esta guerra contra las drogas también hay muchos norteamericanos que al pasar por México han sido desaparecidos, pero al gobierno de Estados Unidos no le interesan esos ciudadanos y no hace nada por presionar al gobierno de México para localizarlos”, acusó.

Los defensores coincidieron que en ese punto se encuentra el caso de Nestora Salgado, pues a más de un año de su encarcelamiento, el gobierno de Barack Obama “no ha hecho nada para exigir que sea liberada”.