Amnistía insta a Peña a llevar a juicio a la cadena de mando implicada en caso Tlatlaya

#YoSoy26. Familiares de militares presos por el caso Tlatlaya exigen su liberación.
Foto: Eduardo Miranda

MÉXICO D.F. (apro).- Al cumplirse un año del caso Tlatlaya, Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para llevar a juicio a la cadena de mando que estuvo implicado en la tragedia y “evitar que las Fuerzas Armadas desempeñen funciones policiales”.

En un comunicado, el representante en México de la organización internacional, Perseo Quiroz Rendón consideró que ante el multihomicidio de 22 civiles “es fundamental que todos los elementos militares que tengan responsabilidad, incluso por cadena de mando, sean llevados ante la justicia y que se investigue cualquier responsabilidad en que hayan incurrido otros funcionarios públicos durante la deficiente investigación de estos hechos”.

Insistió en que la medida es pertinente toda vez de que de manera institucional la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue la responsable de informar que “todas las muertes sucedieron en un enfrentamiento con integrantes de la delincuencia organizada”, en el que sólo un soldado resultó herido.

Perseo Quiroz agregó que a partir de las investigaciones periodísticas de Associated Press y de la revista Esquire México en septiembre de 2014, así como de conclusiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Cámara de Diputados, se concluyó que “la mayoría de las personas no murieron durante un enfrentamiento, como lo señaló la Sedena, sino que fueron ejecutadas extrajudicialmente cuando no representaban una amenaza para los efectivos militares”.

En la recomendación 51/2014, prosiguió, la CNDH concluyó que tras un enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes de la delincuencia organizada en el que habrían muerto siete personas, el resto, entre 12 y 15 fueron ejecutadas por miembros de la Sedena, entre ellas tres menores de edad.

Luego de resaltar la “fallida estrategia militarizada contra la delincuencia organizada”, el representante de Amnistía dijo que el gobierno “recurrentemente ha ignorado” lineamientos internacionales sobre el uso de la fuerza.

Agregó que “el mantenimiento del orden público no puede ser un pretexto para violar los derechos humanos”, y recordó que “el uso de la fuerza debe ser limitado a criterios de proporcionalidad, y sólo en casos de absoluta necesidad como señalan las normas internacionales de derechos humanos”.

El director de la sección mexicana de AI consideró “fundamental que las víctimas del caso Tlatlaya y sus familiares, así como la sociedad en su conjunto, conozcan la verdad de los hechos a través de una investigación seria e imparcial, y que se otorgue una reparación integral que incluya medidas concretas para que este tipo de hechos no se repitan”.

Hizo un llamado al Estado mexicano a “evitar que las Fuerzas Armadas desempeñen funciones policiales –como detenciones, investigaciones e interrogatorios— debido a que sus miembros carecen de la capacitación adecuada y no rinden cuentas por sus actos”.

El director ejecutivo de AI pidió garantías de que “las Fuerzas Armadas desplegadas actúen bajo el estricto control de las autoridades civiles y que toda alegación de violaciones a los derechos humanos sea investigada de manera efectiva”.