Pide CNDH medidas cautelares para 24 expolicías de BC, víctimas de tortura

Un elemento de la policía municipal en Tijuana.
Foto: Eduardo Miranda

MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las autoridades competentes otorgar medidas cautelares a 24 expolicías de Tijuana, Baja California, y a su representante legal, Silvia Vázquez Camacho, al ser objeto de hostigamiento, discriminación, persecución y agresiones en su contra.

De acuerdo con los exagentes, las agresiones se deben a su insistencia en conseguir la reparación integral, reinstalación laboral y castigo a los responsables de las torturas a las que fueron sometidos durante los 40 días que estuvieron arraigados en el 28º Batallón Militar conocido como Aguaje de la Tuna, correspondiente a la Segunda Región Militar. (Proceso 1701)

Los 24 expolicías –y uno más que fue asesinado el 23 de enero pasado– fueron exonerados de los cargos de colaboración con la delincuencia organizada, después de permanecer en la prisión de alta seguridad de Nayarit entre 2009 y 2010.

Al analizar el caso, la CNDH emitió la recomendación 87/2011 por los abusos cometidos contra los exagentes municipales, y entre los responsables ubicó al teniente coronel Julián Leyzaola López y al capitán Gustavo Huerta Martínez, exsecretario de Seguridad Pública municipal y exdirector de la policía de Tijuana, respectivamente.

En dicha recomendación, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y los gobiernos de Baja California y Tijuana, el organismo de derechos humanos exigió reparar el daño a las víctimas y sancionar a los responsables.

La CNDH también incluyó como víctimas a la representante de los quejosos, Silvia Vázquez, y a Blanca Mesina, la hija de uno de los exagentes detenidos, quienes sufrieron amenazas y tuvieron que huir de su localidad. Posteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para ambas. (Proceso 1724).

Vía telefónica, el vocero de los exagentes, Jorge Sánchez Reyes, narró los acontecimientos que llevaron a la CNDH a considerar, el pasado viernes 12, que los beneficiarios de la recomendación 87/2011 corrían riesgos y por ello pidió medidas cautelares.

Detalló que el 23 de enero Jaime Brumen Borrayo, uno de los 25 expolicías, fue asesinado y el caso sigue impune. Días después Manuel Guerrero Flores, otro beneficiado de la recomendación, fue involucrado en un crimen del que salió por falta de pruebas, no sin antes ser exhibido en los medios de comunicación como un narcotraficante vinculado con Teodoro García Simental.

El 19 de febrero, añadió, en una reunión organizada por la Secretaría de Gobernación para analizar el cumplimiento de la recomendación y buscar la reinstalación de 20 de los expolicías, Víctor Manuel Flores, un exagente ministerial federal que estuvo en el cuartel militar y presenció las torturas (según la recomendación de la CNDH) acudió como representante de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tijuana.

En abril, en tres acontecimientos distintos, hombres con corte tipo militar intentaron ingresar a la casa deshabitada de la defensora Silvia Vázquez, en Tijuana, y en junio otro de los expolicías, Christian Huante Mondragón, fue retenido durante tres horas en una patrulla por agentes municipales. En ese tiempo, agregó, fue amenazado por el actual secretario de Seguridad Pública municipal, Alejandro Lares Valladares, quien colaboró en la gestión de Leyzaola.

De acuerdo con denuncias presentadas ante el Ministerio Público y la sindicatura municipal, Lares Valladares se refirió a Huante como “pinche expolicía…de los que nos quieren chingar con sus quejas, hay que sembrarles algo para acabar con ellos… que al cabo ya me los encargaron”.

Según Jorge Sánchez Reyes, el secretario de Seguridad Pública municipal “era el jefe de la sección de enlace con las autoridades americanas y Leyzaola. Él nos boletinó, porque ninguno de nosotros tenemos visa. Nos boletinaron en el consulado americano como narcotraficantes”, subrayó.

Huante Mondragón fue liberado después de que Sánchez lo localizó, a petición de la esposa del detenido, y certificó con el juez de barandilla la retención ilegal. “Sin embargo, para dejarlo libre le pusieron una multa a Huante por manejar a exceso de velocidad”, se quejó el vocero.

La resolución de la CNDH, dijo, avivó su esperanza de que al menos para algunas autoridades el caso sigue vivo. “No nos ha ido mal con la delegación de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), y ahora con las medidas cautelares nos vuelven a dar fuerza, al menos para seguir documentando y, de no encontrar justicia en el país, llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)”, puntualizó.

No obstante, lamentó que a más de cinco años de que los expolicías interpusieron sendas denuncias en contra de sus torturadores y los altos mandos que permitieron el uso de instalaciones militares para esa práctica, hasta ahora el caso siga impune, mientras ellos continúan siendo victimizados y discriminados, dado que están fichados en la Plataforma México, pese a que se comprobó su inocencia, y eso les impide conseguir trabajo.

“Después de cinco años de interponer las denuncias, apenas nos llamó gente de la Procuraduría estatal para preguntarnos si necesitamos atención psicológica, y nosotros lo que le decimos es que mejor giren órdenes de aprehensión. Tienen 25 testimonios que señalan a Leyzaola, Huerta, al general Duarte, entre otros responsables. ¿De qué se trata? A cualquier ciudadano contra quien tengan denuncias y pruebas lo detienen, pero ni la PGR ni la Procuraduría estatal pueden tocar a estos personajes porque son militares”, destacó Sánchez.

Con amargura, el vocero de los exagentes municipales de Tijuana insistió en que su caso es muestra de la impunidad en el país.

“Nuestro caso está más que documentado, es emblemático, tenemos todos los elementos que demuestran que fuimos torturados para acusarnos de delitos que no cometimos. Fuimos exonerados, tenemos una recomendación de la CNDH y estamos en el Registro Nacional de Víctimas de la CEAV, y lo único que hemos obtenido son más abusos por exigir justicia y que nos reinstalen en los cargos que nos arrebataron”, concluyó.