Sobre el desastre educativo

Un letrero de suspensión de clases en una escuela primaria de la región mixteca en Oaxaca.
Foto: Hugo Cruz

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La dolorosa realidad de la educación en México es el resultado de la mezcla de pobreza y desigualdad, incompetencia y cinismo, corporativismo y corrupción. A pesar de la reforma educativa, esa funesta combinación no ha variado demasiado. Ello explica que más de la mitad de los alumnos de 15 años no alcancen el nivel de competencia básico en matemáticas, y que un poco menos de la mitad no comprendan lo que leen ni tengan las nociones elementales de ciencia, lo cual significa que al terminar la secundaria no reúnen los conocimientos y habilidades necesarios para participar activamente en una economía moderna donde se recompensa a los individuos no sólo por lo que saben, sino por lo que son capaces de hacer con lo que han aprendido.

En esa situación se encuentra la mayoría de los mexicanos, cuyo promedio de escolaridad es de nueve años. Entre los 15 y los 19 años de edad, el 53% de los alumnos abandonan la escuela. Aunque la reforma educativa hizo obligatoria la educación media superior y se espera que para 2022 todos los jóvenes de esa edad hayan terminado la preparatoria, los niveles de deserción escolar siguen siendo muy altos (datos de la OCDE, 2014).

A la baja calidad de la educación se suma la falta de equidad: La diferencia en el índice de calidad de los recursos educativos entre las escuelas de nivel socioeconómico más elevado y las menos favorecidas en México es la mayor que existe entre los países miembros de la OCDE, y la tercera más alta entre las 65 naciones que participan en la prueba PISA. De las 258 mil escuelas mexicanas, aún existen muchas en condiciones lamentables; algunas de ellas no cuentan con electricidad, servicios sanitarios o agua potable.

Numerosos vicios que han causado ese rezago educativo y social siguen vigentes, lo cual dificulta todavía más el enorme desafío que representa garantizar a más de 35.74 millones de niños y jóvenes mexicanos una educación equitativa y de calidad, para lo cual es necesario, entre otras cosas, evaluar y capacitar a 1.97 millones de maestros (cifras del Sistema Educativo Nacional 2013-2014).

Enfocada principalmente a la situación del magisterio, la reforma educativa es necesaria y –a pesar de sus limitaciones– está bien estructurada. Los que han fallado son los responsables de hacerla realidad. En especial, el secretario de Educación, el gobernador de Oaxaca, el titular de Gobernación y el subsecretario Luis Miranda, a quien se le ha encargado la negociación con los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se oponen a ella.

Al no haber sido debidamente explicada y negociada, la evaluación de los docentes –uno de los ejes de la reforma educativa– ha causado una riesgosa polarización. El asunto se agravó por la torpe y arbitraria decisión del gobierno federal de suspender el proceso de evaluación en vísperas de las elecciones del 7 de junio mediante un escueto boletín, contrario al mandato del artículo 3° constitucional y que atropelló la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Ante la reacción firme y crítica de la sociedad, el gobierno se vio obligado a recular. Pero el mal estaba hecho.

Infructuosamente, Emilio Chuayffet trató de justificar esa medida en su comparecencia ante la Comisión Permanente. Lo menos que le dijeron los legisladores de la oposición fue que su explicación era inverosímil, que atentaba contra su inteligencia o, de plano, que consideraba imbéciles a los legisladores y a los ciudadanos. Seguimos sin saber la verdadera causa por la que el gobierno federal adoptó esa decisión, si fue tomada por el secretario de Educación, por el de Gobernación o fue resultado de una orden presidencial. Tampoco sabemos si detrás de ese embrollo se oculta una pugna al interior del gabinete.

Resulta difícil entender el silencio y desapego mostrados por el secretario Chuayffet después de la promulgación de la reforma. Encerrado en su despacho, el funcionario ha desatendido su responsabilidad primordial de explicarla y promoverla. Sigilosamente, ha removido a tres de sus cuatro subsecretarios y ha metido varias zancadillas en el sector cultural. No sabemos si el presidente Peña lo mantendrá en la silla de Vasconcelos por ser uno de los cerebros del Grupo Atlacomulco, pero lo cierto es que su autoridad como cabeza de la reforma educativa está severamente deteriorada.

El aval unánime de los ministros de la Suprema Corte de Justicia a la constitucionalidad de la reforma educativa y a la obligatoriedad de la evaluación del magisterio exige un liderazgo firme, sensato y entusiasta del gobierno federal para impulsar las modificaciones.

El proyecto presentado por el ministro Fernando Franco González Salas sostiene que la Ley General del Servicio Profesional Docente no transgrede los derechos de los maestros. Los artículos 52, 53, 8° y 9° transitorios de dicha ley reglamentaria del artículo 3° constitucional establecen que los docentes tendrán tres oportunidades de ser evaluados. En caso de no ser aprobados en la primera y la segunda, serán incorporados a programas de regularización con la tutoría correspondiente. Si el resultado de la tercera evaluación fuera insuficiente y el maestro cuenta con un nombramiento definitivo, no perderá su plaza y será readscrito a otras tareas. Al que tenga un nombramiento provisional y alcance un resultado satisfactorio en cualquiera de las tres evaluaciones se le otorgará la plaza definitiva; sólo si el resultado es insuficiente en la tercera evaluación será separado del servicio público.

Por tanto, la evaluación no es “punitiva”, es decir, no representa un castigo. Por el contrario, le ofrece al maestro una oportunidad de ascender, recibir incrementos salariales, además de poder actualizarse, capacitarse y, en caso de tener un nombramiento provisional, obtener una plaza definitiva. Ello explica que en el concurso de oposición para la promoción a cargos directivos de la educación básica haya participado 82.7% de los docentes registrados en 30 estados. En Guerrero, una entidad conflictiva con fuerte presencia de la CNTE, la concurrencia de los maestros fue de 90%. En Chiapas, miembros de la CNTE trataron de impedir la evaluación, pero con la intervención de la fuerza pública pudo realizarse. Sólo en Oaxaca y Michoacán la disidencia magisterial impidió el proceso.

La gran interrogante ahora es si el gobierno federal y los gobernadores de Oaxaca y Michoacán serán capaces de aplicar la ley o si prevalecerán la incompetencia y el cinismo frente a la intransigencia de los líderes de la CNTE, que han logrado someter a Gabino Cué y parecen haberse acostumbrado a las dádivas de Luis Miranda. Propongo un diálogo público entre los líderes de la CNTE e interlocutores idóneos del gobierno y la sociedad que sea transmitido por los medios de comunicación, como se hizo con el conflicto del Politécnico. La transparencia favorece el uso de la razón sobre el de la fuerza.