Colonos piden a Mancera suspender megaproyectos urbanos

Los árboles talados en avenida Río Churubusco.
Foto: Raúl Pérez

MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones vecinales integrados en la Red Anáhuac en Defensa de los Bienes Comunes exigieron al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, decretar una “moratoria urbana” con el fin suspender los megaproyectos hasta que sean sometidos a consulta pública.

En conferencia de prensa, vecinos afectados por la construcción de obras viales y megaproyectos urbanos denunciaron falta de transparencia del gobierno de Distrito Federal en la realización de obras públicas y acusaron a las autoridades de estar “al servicio de intereses privados” por obras como las del deprimido Insurgentes-Mixcoac.

Iván Azaura Monter, coordinador de la Red Anáhuac destacó que “ante la ola de megaproyectos que se están realizando en diferentes puntos del DF y el área conurbada”, unas cuarenta organizaciones y colectivos vecinales, académicos y campesinos exigen “la suspensión total de las obras que se realizan o proyecta en este momento donde existe oposición de la ciudadanía”.

Tras resaltar que el gobierno de Mancera Espinosa se ha distinguido por la opacidad para entregar información sobre presupuestos e inversión pública en megaproyectos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES), el Arco Norte y el Arco Sur, entre otros. Azaura Monter recomendó dar solución “los problemas históricos que se presentan de manera urgente con el presupuesto existente para los megaproyectos”.

El también académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), expuso que los vecinos inconformes con las obras no están en contra de “progreso y la urbanización”, sino con el crecimiento desmedido, contrario a planes y programas de desarrollo urbano, sin considerar “las necesidades locales, regionales en materia de movilidad, disponibilidad de recursos hídricos, mezclas de uso de suelos y capacidades de carga ambiental y urbana”.

Azaura puso como ejemplo del atropello de las autoridades de la ciudad el caso del deprimido Insurgentes-Mixcoac, impuesto pese a la inconformidad vecinal y a que “el mismo Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) realizado por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) sostiene que de los diez impactos que tendrá sobre la zona, nueve son negativos”.

Recordó que la obra, presupuestada en más de 600 millones de pesos y concesionada al consorcio formado por el Grupo GAMI y/o INDI y el Grupo Hermes, “está pensada no en el beneficio colectivo sino para mitigar los impactos de los proyectos inmobiliarios Torres Manacar y Mitikah, es decir, con recursos públicos, de los impuestos de los capitalinos se va a cubrir las necesidades de construcciones privadas”.

Al respecto, Fernando Córdova de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), detalló que de la revisión de la MIA se identificó que sólo uno por ciento del presupuesto se destinará a medidas de mitigación y compensación, en tanto que de los cada uno de los árboles que serán talados, la empresa concesionaria pagará por cada uno 5.5 mil pesos.

El experto denunció que de los más de mil árboles que se talarán para la construcción, 611 serán derribados ilegalmente al ser protegidos por leyes ambientales locales y federales.

Raquel Rodríguez, vecina afectada por la obra, agregó que la semana pasada en una reunión sostenida con funcionarios de la Sedema y la Secretaría de Obras (Sobse), así como con el presidente de la Asamblea Legislativa, Manuel Granados, “se acordó que se iba a suspender la construcción del deprimido hasta que haya un acuerdo vecinal”.

La preocupación de los vecinos, dijo Rodríguez, es porque en lo que va del sexenio de Mancera “hay un crecimiento desmedido de construcciones inmobiliarias, a los que sirven proyectos como el deprimido Insurgentes Mixcoac, tanto que sólo en este año se han otorgado 13 mil permisos de construcción, que se suman a las 40 mil del año pasado”.

Los vecinos inconformes exigieron al gobierno del D.F. realización de foros de análisis sobre las cada uno de los megaproyectos impulsados por el gobierno capitalino, y anteponer los derechos ciudadanos antes que los intereses privados.

Entre los firmantes de la moratoria urbana están vecinos de las delegaciones Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, así como académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la UNAM y UAM, entre otras organizaciones campesinas y populares.