Opositores al gasoducto El Encino denuncian amenazas

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Habitantes de las comunidades de San Luis Majimachi y Pitorreal, del municipio de Bocoyna, denunciaron amenazas por su oposición a que el gasoducto El Encino-Topolobampo pase por su territorio.

A partir de que el pasado 21 de mayo ganaron la suspensión de amparo en el Juzgado Tercero de Distrito, por falta de consulta a las comunidades, han recibido presiones, amenazas y han sido engañados para convencer al juez Juan Fernando Luévano Ovalle, de que sí hubo consulta.

Denunciaron además que el gobierno del estado a través de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, que dirigía Miguel Ángel González, se apropió de entre 40 y 60 millones de pesos del fondo social de la empresa Trans Canada en febrero pasado durante una asamblea en la que, con engaños, levantaron un acta para ceder parte del beneficio del fondo social a la coordinación.

El gobernador de San Luis Majimachi, José de la Luz González Cruz, denunció que los empleados de la empresa fingieron que eran encuestadores que realizaban un censo y les pidieron a los indígenas sus datos, huellas digitales o firmas, pero en realidad era un documento en el que presuntamente autorizaban la instalación del gasoducto y luego lo presentaron ante el juez.

El 24 de junio pasado durante los festejos de San Juan, personal de la empresa aprovechó que los indígenas estaban bebiendo para pedirles las firmas y huellas digitales.

Según los documentos que presentaron en el juzgado, el 19 de junio realizaron una asamblea en San Luis Majimachi y otra en Pitorreal el 18, pero en realidad nunca se llevaron a cabo. Las firmas que aparecen en los documentos son las que recabaron durante la fiesta.

Antes de que instalaran el gasoducto, el tesorero del comisariado ejidal les dio 10 mil pesos a unas 140 personas de cada ejido. “Eso estaba fuera de la ley, no estaba acordado ese dinero para eso, pero el señor obrero sacó una maleta y dijo: ‘aquí está el dinero’, incluso la Procuraduría (Agraria) y Derechos Humanos dijo que ellos no se metían porque no era legal”.

Ese dinero, 10 mil pesos por ejidatario, se los dieron con engaños porque no les explicaron en qué consistía el proyecto ni los daños que ocasionaría.

Fátima Valdivia, una de las asesoras legales de la empresa dijo que ésta pagó la misma cantidad a particulares que a ejidatarios.

Marcela Parra, habitante de la comunidad de San Luis, explicó que los engañaron cuando llegó la empresa Trans Canada a instalar el gasoducto. “No nos dijeron cómo era eso, se metieron, yo no me pongo muy lista en todo esto, pero por eso nos amparamos. También dañaron aguajes, hubo daños porque se secan completamente”.

La mujer adulta mayor dijo que ella sólo desea vivir tranquila, como antes. Ahora vive con un hijo y un hermano, tienen chivas y borregos que ya no tienen dónde pastar. “Ahí los llevamos de poco a poco van comiendo, porque nos dejaron todo pelón. Cuando pagaron al ejido no sabíamos que iban a hacer todo esto, nadie nos dijo”, lamentó.

Ella es una de las que opinan que la empresa no debe estar ahí, otros más analizarán qué pueden proponer para beneficio de la comunidad y que no sigan dañando más su medio ambiente.

Manuel Mendoza, también de la comunidad de San Luis, dijo que a él lo amenazaron por teléfono. “Me dijeron: ‘te tengo en la lista, tú te llamas Manuel’, le dije que sí y colgué, pero hay más personas amenazadas y es lo que venimos a decir hoy al juez, porque ellos (empresa) tiene mucho dinero y puede pagar sicarios, pueden usarlos para matarnos, eso le vamos a decir también al juez “, advirtió.

Citlali Quintana, también asesora legal de las comunidades, dijo que el juez admitió la demanda sin solicitarle garantía a la comunidad e incluso las autoridades se han quejado pero el juez no ha cedido, y continúa la suspensión.

Son alrededor de 12 o 15 kilómetros del gasoducto que por ahora están parados, lo que ha causado el enojo de empresarios y autoridades.

La manera de operar de la empresa y de las autoridades, es la división de las autoridades a través de medidas “no tan sanas”, denunció Citlali Quintana.

Ahora, señalaron los indígenas tarahumaras, solo queda esperar la actuación del juez tercero de distrito quien tiene el caso de amparo en sus manos.