La venganza de los gobernadores

La negociación política del gobierno jalisciense con el de Colima para liberar a 33 comuneros de Ayotitlán, en vez de remediar la falta de protección de éstos ante la trasnacional que explota la mina de hierro de Peña Colorada, la exhibe. Incongruentemente, el abogado de los indígenas permanece en la cárcel por los delitos de los que libraron a sus representados, con lo que prevalece la indefensión en la sierra jalisciense.

COLIMA, COL.- Después de una negociación política entre los gobernadores de Jalisco y Colima, el juez primero de lo penal de este último estado, Abel Jaime Ramírez Ayala, concedió la libertad a los 33 ejidatarios indígenas de Ayotitlán detenidos el 22 de julio pasado en las instalaciones de la minera Peña Colorada, a la vez que dictó auto de formal prisión sin derecho a fianza a su asesor jurídico, Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez.

Egresado de la carrera de derecho de la Universidad de Guadalajara y miembro desde hace cuatro años del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Mosqueda fue detenido cuando acompañaba a los integrantes de la directiva ejidal durante la movilización en la que cientos de campesinos paralizaron las actividades de la mina con la exigencia del pago de regalías por la extracción de hierro de sus tierras.

El agente del Ministerio Público del municipio de Minatitlán, J. Guadalupe Barbosa Larios, inició la averiguación previa 25/2015 contra los 34 detenidos, a quienes consignó el  24 de julio ante el juez por los supuestos delitos de secuestro en agravio de cuatro empleados, despojo contra la empresa, lesiones contra agentes policiacos, daños contra patrullas y equipo policiaco y robo contra un fotógrafo contratado por la minera.

De estas acusaciones, el juez consideró que no se acreditó el delito de secuestro, del que exoneró a todos los detenidos, pero lo transformó en privación ilegal de la libertad en el caso de Eduardo Arturo Mosqueda, a quien ubicó, “conjuntamente con otros individuos que forman parte del comisariado ejidal” como “uno de los autores intelectuales” de la “privación de la libertad” de cuatro personas “con la finalidad de presionar a la empresa ofendida” para que les pagaran otras prestaciones.

En su resolución, dictada el 30 de julio, el juez también exculpó totalmente a los 33 campesinos nahuas del delito de robo calificado, aunque responsabilizó de éste únicamente al defensor. Así también, los 34 detenidos fueron acusados de despojo, lesiones y daños, pero estos dos últimos cargos desaparecieron luego de que tanto el gobierno estatal como los agentes policiacos, que habían denunciado daños y lesiones, otorgaron el “perdón judicial”.

En consecuencia, a los 33 indígenas de  Ayotitlán  sólo  les  quedó  la acusación de despojo, por la que alcanzaron libertad bajo fianza –pagada por el gobierno de Jalisco–, mientras que Mosqueda Sánchez tendrá que enfrentar en la prisión los tres delitos que se le adjudican.

La doctora Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta del Idea, califica como irracionales las acusaciones contra Mosqueda y considera que en este caso los gobiernos de Colima y Jalisco se confabularon para ir en contra de los defensores de los derechos humanos, por lo que anunció que presentará una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ante el relator de la Organización de las Naciones Unidas en esta materia.

Idea también interpuso juicios de amparo contra el auto de formal prisión dictado al abogado detenido, contra el procesamiento de los indígenas por despojo y contra posibles órdenes de aprehensión hacia otros miembros de la agrupación o los directivos del Comisariado Ejidal de Ayotitlán.

Martha Gloria Sánchez Soriano, madre de Eduardo Arturo Mosqueda, considera que él es un “preso político” del gobierno de Colima y que su encarcelamiento es “una venganza” porque ha asesorado al ejido Ayotitlán en perjuicio de los “fuertes intereses” que existen en esa zona.

“Yo estaba confiada –añade– en que Eduardo iba a salir libre junto con los demás; los abogados nos habían dicho que hay muchas pruebas a su favor, pero nos sorprendió que mientras los demás salieron a él le cargaron toda la responsabilidad.”

En opinión de Martha Gloria Sánchez, el procesamiento de su hijo, de 26 años, “es un pretexto para tratar de darle una lección al Idea para que ya no siga apoyando a los indígenas de Ayotitlán; definitivamente tenemos confianza en que tendrá que salir porque las acusaciones en su contra no se sostienen, pero dentro de la confianza también da preocupación porque sabemos de casos de injusticias como el de las señoras de Querétaro que estuvieron cuatro años presas por el supuesto secuestro de unos señores mucho más fuertes y grandes que ellas. Por ello no podemos estar confiados al cien por ciento, vamos a acompañar la lucha por su liberación”.

“Justicia” unilateral

Creado como paraestatal en 1967 y privatizado durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, que maneja uno de los yacimientos de hierro más ricos del país, actualmente se encuentra en manos de las empresas Ternium-ISPAT y Mittal Steel, de capital italiano-argentino-indio.

Su territorio de operación se encuentra en la zona limítrofe de los estados de Colima y Jalisco, con instalaciones sobre una parte de los terrenos del ejido Ayotitlán.

Según Esperanza Salazar Zenil, coordinadora general del grupo ambientalista Bios Iguana, Peña Colorada es una mina de tajo a cielo abierto que extrae 16 mil toneladas diarias de hierro, “destruyendo cerros y contaminando miles de metros cúbicos de agua que utiliza para la transportación del material, a lo largo de 46 kilómetros de tubería que lo lleva al puerto de Manzanillo. Evita así el transporte terrestre y baja los costos de producción. Sin embargo, los costos ambientales y daños a la salud se facturan a nombre de la comunidad indígena”.

Raquel Gutiérrez Nájera recuerda que a pesar de que en 1963, a través de una resolución presidencial, se dotó de más de 50 mil hectáreas al ejido Ayotitlán, únicamente se entregaron alrededor de 34 mil, por lo que en los últimos años algunos ejidatarios se acercaron al Idea para pedir apoyo. En 2013 la organización interpuso un amparo que recayó en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en Jalisco, con el número 462/2013.

El objetivo de ese juicio, agrega, era la ejecución total de la resolución presidencial de 1963: “Decíamos que de estos terrenos Peña Colorada tiene en posesión más de mil 200 hectáreas, y se pedía libre acceso y que se suspendieran las autorizaciones otorgadas con motivo de la explotación minera de las concesiones que tenía la empresa en esa área”, puntualiza la entrevistada.

Después de que el juez otorgó al ejido la suspensión absoluta por todo el terreno, explica la presidenta del Idea, la minera trató de defenderse pero perdió todos los recursos que interpuso, por lo que se acercó a los ejidatarios buscando negociar y se llevó a cabo un procedimiento conciliatorio ante la Procuraduría Agraria, donde el ejido propuso a la empresa nuevos acuerdos en cuanto a los beneficios por la explotación minera, lo que no fue aceptado por Peña Colorada.

En su asamblea de finales de junio, dice Gutiérrez Nájera, los ejidatarios decidieron realizar un recorrido para ver el terreno que es del ejido y verificar si Peña Colorada está cumpliendo con la medida cautelar, y fue así como acudieron a los terrenos el 22 de julio.

Para esa visita, el Idea comisionó como observador a Eduardo Arturo Mosqueda, dentro del proyecto de asesoría jurídica que esa organización brinda al ejido con financiamiento de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

De acuerdo con Gutiérrez Nájera, fue el propio asesor jurídico de la empresa quien permitió el acceso a los ejidatarios y en ningún momento se le privó de la libertad a él o a otros empleados, quienes se retiraron del lugar cuando ellos quisieron.

La académica considera que la forma en que intervinieron las corporaciones de seguridad de Colima y la detención violenta de 34 personas, así como el procedimiento ministerial y judicial estuvieron plagados de irregularidades.

Señala que fue una “detención ilegal” porque no se justificó ni la urgencia ni la flagrancia con los elementos que tuvo el Ministerio Público a su alcance, además de que lo único que tuvo fue la versión de una parte y “no ejerció acción penal por las heridas de todos los lesionados indígenas que hubo, únicamente de los policías”.

Desde la etapa de la averiguación previa, dice, se notó el “apoyo unilateral de las autoridades a una empresa que está explotando terrenos de una comunidad indígena. Me parece que las cosas han estado manejadas de manera muy irregular obedeciendo nada más a los intereses de una empresa y teniendo un trato muy discriminatorio contra toda la comunidad indígena. Hemos visto una actuación muy cargada al poder y al dinero, en detrimento de las poblaciones más vulnerables de nuestro país, con quienes tenemos deudas históricas”.

En los primeros días de agosto, el Idea dio a conocer un pronunciamiento dirigido al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, respaldado por otras organizaciones no gubernamentales, en el que exige la inmediata liberación de Eduardo Mosqueda, cuya reclusión “sólo puede entenderse a la luz de los acuerdos realizados entre el gobierno del estado de Jalisco y Colima, con representantes de la empresa Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada y algunos miembros del Ejido de Ayotitlán”.

Para la organización, “este mensaje es claro… busca inhibir nuestra labor como defensores de derechos ambientales y humanos en la protección de personas afectadas por proyectos, de grupos indígenas y del patrimonio natural de México. Consecuencia de lo anterior el riesgo y amenaza de los y las integrantes del Idea hoy es una realidad formalizada por ambos gobiernos”.

El documento refirió que las detenciones de los indígenas nahuas de Ayotitlán y de Eduardo Arturo Mosqueda “son claras violaciones a derechos humanos, realizadas por delitos inexistentes, de forma irregular, afectando la integridad de las personas y sin respeto al debido proceso.

“Estas violaciones tienen consecuencias adicionales, ya que están dirigidas en contra de un grupo indígena defendiendo su territorio y de uno de los abogados que los asesoran. De esta forma, sus consecuencias no se limitan a las personas afectadas directamente, sino al tratarse de defensores de derechos ambientales y humanos, tienen un efecto inhibitorio amplio en las actividades que realizamos defensoras y defensores de derechos ambientales humanos.”

Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez es el mayor de los dos hijos del arquitecto Eduardo Mosqueda Pelayo y de la enfermera Martha Gloria Sánchez Soriano.

Cuentan sus padres que desde niño mostraba interés por la lectura y posteriormente se inclinó por la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos.

Después de visitarlo en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Colima, su padre dice: “A nuestro hijo le dimos mucho apoyo en todas sus inquietudes y ahora se lo seguimos dando; durante su formación nos preocupamos porque se preparara en muchos aspectos”.

Su madre confiesa que jamás pensaron que el joven se encontraría en esta situación como consecuencia de sus actividades de apoyo a las comunidades indígenas.

“Yo le diría a la gente que nuestro hijo es inocente, es honesto y realmente no participó en nada de lo que dicen. Esos cargos que tiene están trabajando en su defensa para que salga libre porque no fue responsable y es una injusticia que esté por ello en la cárcel.

“Ahora nosotros como familia estamos viendo en carne propia lo que habíamos visto de lejos o lo escuchábamos… ya viviéndolo es cuando te das cuenta realmente de las injusticias que hay, lo que viven los familiares, lo que implica entrar a un reclusorio, son injusticias, mi hijo afortunadamente está teniendo mucho apoyo, entonces tiene otra manera de salir de ese problema, pero hay mucha gente que no tiene el apoyo”, concluye.

Por lo pronto, ya se formó en Jalisco un movimiento a favor de la liberación de Eduardo, bajo la consigna “Nos falta el número 34”.