Los deportados de Maduro

Sus casas fueron demolidas y ellos, colombianos asentados en la zona fronteriza de Venezuela, devueltos a su patria. La expulsión de esos inmigrantes fue una decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro para –según críticos y opositores de su gestión– distraer la atención de las severas crisis económica y política que aquejan desde hace tiempo a los venezolanos… y el conflicto recién desatado podría servirle como pretexto para posponer las inminentes elecciones legislativas, de las cuales el oficialismo saldría muy mal parado, según las encuestas.

Bogotá.- Las retroexcavadoras se enfilaron contras las viviendas de ladrillos marcadas con la “D” de “demolición”, y las volvieron escombros en tres minutos. Sus moradores, quienes ya habían sido sacados por la fuerza, perdieron muchas de sus pertenencias en la operación. Mujeres, niños y hombres adultos fueron formados en fila por militares, quienes hoscamente les pidieron sus documentos. A los inmigrantes indocumentados les ordenaron que se marcharan del país y, como si se tratara de delincuentes, los escoltaron hacia la frontera.

La escena no ocurrió en la Franja de Gaza ni eran soldados de Israel reprimiendo a refugiados palestinos. La destrucción de viviendas y las deportaciones masivas tuvieron lugar en Ureña y San Antonio, Venezuela, poblaciones fronterizas con Colombia, por órdenes del presidente venezolano Nicolás Maduro.

En esa conflictiva zona limítrofe, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela, expulsó en la última semana, sin proceso legal o administrativo alguno, a más de mil 100 colombianos que llegaron al país vecino cruzando a pie con sus familias el limítrofe río Táchira. Más de dos terceras partes eran mujeres y niños.

“Me sacaron como a un perro, no me dejaron traer nada”, le dijo Luisa Olaya, una de las deportadas, al presidente colombiano Juan Manuel Santos.

La operación de la GNB, denunciada como una violación a los derechos humanos por la Iglesia católica y organismos no gubernamentales, provocó además el éxodo de 6 mil inmigrantes colombianos que, ante el miedo de ser deportados con violencia, optaron por regresar a su país.

De inmediato la oposición venezolana denunció el hecho como un intento de Maduro para desviar la atención de los graves problemas económicos internos y para crear condiciones que pongan en duda la realización de los comicios legislativos programados para el próximo 6 de diciembre, en los cuales todos los sondeos auguran una derrota del oficialismo.

Y mientras en Caracas se agitaba el debate político, en la zona fronteriza se producía una masiva repatriación que no tiene precedente en la historia colombo-venezolana.

Humildes familias de migrantes llegaban a Colombia cargando a hombros los pocos enseres que pudieron rescatar, mientras Maduro decretaba el “estado de excepción” en seis municipios del fronterizo estado de Táchira para “restablecer el orden, la paz, la tranquilidad y la justicia”.

Además, cerró los pasos fronterizos con Colombia y designó al general Carlos Alberto Martínez “jefe único” de los municipios que abarca la zona de excepción, con lo cual esa región del occidente venezolano quedó militarizada.

Maduro, quien en junio pasado llamó “bandido” al precandidato republicano estadunidense Donald Trump por denostar a los inmigrantes mexicanos, justificó la expulsión de colombianos con el argumento de que se trata de un combate al “modelo capitalista paramilitar de la derecha colombiana” que “pudrió” la frontera.

De acuerdo con esta tesis, paramilitares colombianos de extrema derecha que combatieron a las guerrillas y que se desmovilizaron la década pasada, son quienes controlan el contrabando, el narcotráfico y las actividades criminales en esa convulsionada frontera.

Para el gobierno de Colombia y estudiosos de la región limítrofe, no se trata de un problema de grupos armados que responden a una ideología, sino de un fenómeno delictivo que involucra a mafias y policías y militares corruptos de ambos países.

“La frontera vive una situación muy grave de tiempo atrás. Ahí se estrellan todos los problemas del diferencial cambiario y de precios que tiene la economía venezolana. Esto es lo que genera el contrabando, pero ahí están involucrados no sólo paramilitares, sino guerrilla, mafias y autoridades de ambos lados. El contrabando no se combate expulsando gente marginada”, dice la internacionalista colombiana Socorro Ramírez.

Indignación

De hecho, las imágenes de inmigrantes pobres cruzando el Táchira hacia su país y de las retroexcavadoras de la GNB derribando sus casas no revelaban un operativo contra el crimen organizado, sino una deportación en masa que indignó a los colombianos.­

Incluso para la izquierda de Colombia resultó desconcertante que un régimen como el venezolano, que se proclama socialista y ha hecho de la solidaridad con Latinoamérica un puntal de su política exterior, incurriera en actos que remiten a episodios históricos de segregación.

“Los ultrajes que se cometen son ina­ceptables”, dijo el senador del izquierdista Polo Democrático, Iván Cepeda.

Santos apostó por una salida diplomática, pero le exigió al gobierno venezolano “respeto por todos los colombianos” y detener “el maltrato a nuestros compatriotas, que es absolutamente intolerable”.

La Defensoría del Pueblo de Colombia constató 46 casos de separación de familias –menores de edad quedaron del lado venezolano, sin sus padres–, así como decenas de abusos de la GNB, desde maltrato físico hasta despojo de pertenencias y destrucción de viviendas.

El expresidente colombiano César Gaviria dijo que su país está indignado con Maduro “porque, como nadie en 200 años, ha pisoteado la dignidad de los colombianos. Él no va a humillar a Colombia, puede estar completamente seguro de que Colombia no se va a dejar humillar de la manera como él nos está humillando. No se lo vamos a tolerar”.

Además deploró la tibieza y el silencio que han mostrado organismos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Organización de Estados Americanos (OEA) frente a la crisis.

“Si los señores de Unasur no reaccionan, Colombia tiene que considerar la posibilidad de irse de ahí, porque por lo visto estamos llenos de gobiernos a los que no les importan las violaciones de los derechos humanos o los atropellos de los derechos de los colombianos”, dijo Gaviria, quien fue secretario general de la OEA entre 1994 y 2004.

La mayoría de las familias expulsadas llevaba entre cinco y 15 años radicando en Venezuela. Algunas de ellas habían sido beneficiarias de un programa de naturalización de 220 mil colombianos que puso en marcha la década pasada el entonces presidente Hugo Chávez y que fue denunciado por la oposición como una medida clientelar para ganar votantes.

Distractor

Para el internacionalista venezolano Félix Arellano, Maduro hace una apuesta arriesgada al politizar el tema migratorio y pretender enfrentarlo con medidas represivas “con el pretexto de que lo que se está combatiendo es el paramilitarismo y el contrabando”.

De acuerdo con el profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, “lo que estamos viendo es una situación provocada políticamente desde el gobierno de Maduro”.

El punto de arranque de esta crisis binacional se presentó la noche del miércoles 19, cuando Maduro hizo un contacto telefónico con la gubernamental Venezolana de Televisión para informar que había decido cerrar la frontera con Colombia en Ureña y San Antonio por un ataque a tres efectivos de la GNB –dos de los cuales resultaron heridos– mientras realizaban inspecciones anticontrabando.

Es un hecho que el contrabando es una actividad delictiva enraizada en el tejido social de esa zona fronteriza en la que habitan de lado y lado 4 millones de personas. Ese fenómeno se ha visto alentado por el control de cambios en Venezuela, donde el dólar alcanza una cotización oficial de 6.30 bolívares y de 700 bolívares en el mercado negro.

Como el gobierno venezolano importa los alimentos con el tipo de cambio oficial, al ponerlos a la venta con ese subsidio resultan muy baratos para los colombianos.

Según el gobierno de Venezuela, esto ocasiona que 40% de productos básicos que coloca en el mercado acaben de contrabando en Colombia.

Un galón de gasolina, por ejemplo, tiene un valor de un centavo de dólar en Venezuela, mientras que en Colombia se vende en 2.60 dólares; es decir que su valor se multiplica 260 veces. Algo similar ocurre con el arroz, el azúcar, la harina de maíz y otros productos alimenticios.

El alcalde de la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta, Donamaris Ramírez, denunció que el principal aliado de las bandas criminales colombianas implicadas en el contrabando es la GNB.

“El contrabando de combustible y de otros productos es manejado incluso por generales venezolanos que regulan los cupos de importaciones”, sostuvo.

El cierre de frontera que decretó Maduro con el argumento de atacar el trasiego de mercancías tenía en principio una vigencia de 72 horas, pero fue prorrogada por tiempo indefinido el sábado 22, cuando comenzaron las deportaciones masivas. Dos días después, la unicameral Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó el decreto de Maduro declarando el estado de excepción en seis municipios de Táchira.

El secretario general de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, acusó al gobierno de crear un estado de alarma con el fin de dificultar las elecciones parlamentarias.

El presidente de la AN, Diosdado Cabello, el poderoso número dos del régimen, dijo que “si es necesario declarar estado de excepción en todas las fronteras de Venezuela, los diputados levantaremos las dos manos”.

Mientras en Caracas subía el tono de los discursos políticos, en la zona fronteriza aumentaba la tensión. En la ribera venezolana del Táchira se apreciaban efectivos de la GNB con fusiles de asalto y chalecos antibalas, mientras que en la colombiana, a unos cuantos metros, soldados de Colombia los observaban con las armas al hombro.

“Esto es una situación muy peligrosa”, señala la internacionalista Socorro Ramírez.

De acuerdo con la experta en relaciones colombo-venezolanas, este episodio “está mostrando no sólo la gran problemática acumulada en esa frontera, sino el momento crítico en que está Venezuela, con una economía al borde del colapso y unas elecciones legislativas que deberán realizarse en menos de 100 días (el 6 de diciembre)”.

Para Ramírez, el hecho de que todas las encuestas anticipen una derrota del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en esos comicios está llevando a Maduro a crear hechos políticos que incidan en el escenario electoral.

Según una encuesta de la firma Datanálisis divulgada este mes, 57% de los electores venezolanos votarán el 6 de diciembre por candidatos opositores, 26% por los del PSUV y 16% por independientes.

De confirmarse estos pronósticos que comparten la mayoría de las encuestas, la AN, en la que hoy el PSUV es la fuerza mayoritaria, quedaría bajo control de la oposición.

“El régimen sabe que, si esto ocurre, quedaría allanado el camino para una transición política que ponga fin a 15 años de chavismo”, afirma Félix Arellano, quien agrega que, según los plazos legales, los venezolanos podrán convocar el próximo año, mediante la recolección de firmas, a un referendo para revocar el mandato de Maduro.

En ese sentido, Arellano y Ramírez coinciden en que las deportaciones masivas de colombianos apuntan a crear una emergencia que lleve a postergar los comicios legislativos, en espera de un momento más propicio para las aspiraciones gubernamentales de retener el control de la AN.

“No creo que con estas expulsiones de inmigrantes Maduro vaya a ganar votos, pero apunta a mantener el férreo apoyo de los militares, vinculándolos a todas estas acciones, y puede generar una situación de zozobra que lleve a un aplazamiento de las elecciones”, dice Ramírez.

Para Arellano, otro propósito del presidente es “usar los problemas con Colombia, que siempre han sido sensibles en Venezuela, para desviar la atención del gravísimo problema económico que padecemos todos los ciudadanos y que se acentúa cada día más”.

Colapso

El economista Alexander Guerrero sostiene que la economía venezolana “ya está inmersa en un colapso” en el que confluyen hiperinflación, recesión, falta de divisas, un déficit fiscal “de 30%” y una aguda escasez de productos básicos.

“Nos estamos quedando sin dinero, sin alimentos, sin medicinas, y somos el país de América Latina que más rápido empobrece. La gente está desesperada”, afirma el doctor en economía por la Universidad de Londres.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, el primer semestre de este año hubo en el país 132 saqueos de tiendas y supermercados por personas en busca de alimentos.

La escasez es resultado de la quiebra del aparato productivo local, lo que obliga al país a importar 70% de los productos que consume. Y como el precio del petróleo, que aporta 96% de las divisas venezolanas, se ha desplomado este año, la nación se quedó sin liquidez para abastecer el mercado interno.

El precio del barril de crudo ha promediado este año 48.92 dólares, la mitad de 2014, lo que hará caer a unos 30 mil millones de dólares las exportaciones del país, 60% menos que el año previo.

De ese monto, el gobierno tendrá que desembolsar la tercera parte en vencimientos de intereses y capital de su deuda externa y otros 8 mil 400 millones para importar insumos petroleros y gasolina, que no produce. Casi todo el resto se le irá en cubrir los huecos presupuestales, lo que explica la escasez de alimentos básicos.

Según la encuesta Datanálisis, 76% de los venezolanos no consigue los productos que busca en el supermercado y nueve de cada 10 deben hacer largas filas para realizar sus compras.

Al desabasto hay que sumar una inflación que el Fondo Monetario Internacional estima en 170% para este año, lo que pulveriza el salario de los trabajadores, y una recesión que hará caer en al menos 7% la economía respecto a 2014, cuando se contrajo 4%.

Según un estudio conjunto de las principales universidades del país, la crisis ha generado un aumento de la pobreza, que llegó en 2014 a 48.4% de los hogares, uno de los índices más altos de Latinoamérica.

De acuerdo con el internacionalista Félix Arellano, “en este contexto no es nada extraño que el régimen esté buscando chivos expiatorios, como los inmigrantes colombianos”.