Una amistad de décadas, dañada en un mes

En medio de un ambiente político-electoral crispado, el gobierno de Daniel Ortega detuvo, incomunicó y deportó –sin respetar las convenciones internacionales– a varios extranjeros, entre ellos cuatro mexicanos que hacían labor académica y social en comunidades nicaragüenses marginadas. Este proceder generó “una enorme preocupación” en la Cancillería y enfrió las relaciones entre Nicaragua y México, cuyas autoridades ya emitieron alertas para viajar a la nación centroamericana.

Managua.– Junio de 2016 marcó una nueva relación entre México y Nicaragua. Entre el 1 y el 27 de ese mes cuatro mexicanos fueron expulsados del país centroamericano y una académica de la Universidad de Harvard, también de nacionalidad mexicana, sufrió persecución por parte de la policía nicaragüense.

Estos hechos han provocado “una enorme preocupación” en el gobierno de México, sostiene Socorro Flores, subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería mexicana.

“México es un socio importante para Nicaragua y hemos venido trabajando en distintas áreas donde el diálogo y la cooperación fluyen, y nos han generado enorme preocupación estos casos: el de Jobany Torres, el estudiante de la Universidad Zacatecas, como también las expulsiones recientes de mexicanos”, dice Flores en entrevista con Proceso.

Una fuente diplomática que solicitó el anonimato afirma que el maltrato al que fueron sometidos los cuatro ciudadanos de México y la imposibilidad de los diplomáticos de este país acreditados en Managua para darles acompañamiento, “desgastó en 25 días una relación de décadas”.

Aunque Flores niega que haya fisuras en las relaciones bilaterales, comenta que viajó a Managua para expresar personalmente la preocupación de su gobierno ante el gobierno nicaragüense.

“Nosotros respetamos la legislación interna de cada país, reconocemos el derecho soberano que tiene Nicaragua para aplicar sus leyes, pero sí nos ha preocupado enormemente que muchas de estas detenciones se están dando sin la aplicación de los protocolos internacionales, particularmente la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que claramente establece que cuando se detiene a un extranjero debes decirle del derecho que tiene de notificarle a su gobierno”, expresa.

La funcionaria reitera que el cónsul acreditado en Managua no ha tenido contacto con los mexicanos que fueron detenidos. “No se nos ha permitido entrevistarlos, darles el apoyo que requieren. Eso es algo que le hemos dicho a las autoridades nicaragüenses. Les hemos expresado nuestra preocupación y disposición para dialogar con ellos; que nos puedan explicar las razones por las que no están aplicando las convenciones. Hemos dejado muy clara nuestra protesta por estas situaciones”, sostiene Flores.

Alertas

México y Nicaragua tienen relaciones diplomáticas desde hace 177 años.

La nación centroamericana es una de las principales receptoras del Fondo Yucatán: México ha financiado importantes proyectos de infraestructura, entre ellos la reconstrucción de una carretera de 50 kilómetros que une a la capital, Managua, con Puerto Sandino.

Según Flores, con financiamiento mexicano también fue construido uno de los hospitales más grandes y modernos de Nicaragua: el hospital escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños, administrado por el Ejército de ese país.

Para el analista político y exdiputado José Pallais, “las relaciones necesariamente tienen que haberse enfriado y costará un tiempo volverlas al excelente nivel en que se encontraban antes de estos hechos, fundamentalmente por la irritación que los eventos han producido entre los diplomáticos de México y de Estados Unidos por negárseles la asistencia consular a sus ciudadanos y, peor aún, en el caso de los mexicanos, por ocultarles el paradero de los detenidos”.

El pasado 14 de junio el gobierno de Nicaragua obligó a salir de ese país a dos funcionarios de Aduanas de Estados Unidos y al académico Evan Ellis. Un día después el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, declaró que esa decisión tenía el potencial de impactar negativamente las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Nicaragua, especialmente en el área comercial.

Y así fue: empresas que exportan café y productos de zona franca a Estados Unidos no han conseguido las certificaciones que facilitan la entrada de sus mercancías al país norteamericano.

De acuerdo con la subsecretaria Flores, México aún espera que Nicaragua responda a sus planteamientos. “Confiamos en que esa respuesta no demorará mucho”, comenta.

Dice que México ha puesto sobre la mesa diversas opciones para manejar los casos de los mexicanos detenidos en ese país; entre ellas, “un protocolo que deje claro en qué momento tiene que llevarse a cabo la notificación” de las detenciones; establecer los funcionarios a los que deben dirigirse los representantes consulares, precisar en qué lugar deben permanecer retenidos, “en fin, algo que dé certeza a las partes en cuanto al ejercicio de sus funciones”, comenta.

El pasado 27 de junio la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una alerta de viaje en la que hizo una serie de recomendaciones a los mexicanos que deseen ir a Nicaragua.

Advirtió que en noviembre próximo este país realizará elecciones nacionales. “El clima político-electoral podría complicarse, por lo que las autoridades nicaragüenses están en permanente alerta ante cualquier incidente que pudiera agravar la situación”, señaló la alerta.

“Es imprescindible informar a familiares y amigos los itinerarios de viaje en Nicaragua y la información de contacto en este país (incluyendo hoteles, amigos, etc.)”, recomendó.

El pasado 30 de mayo el estudiante universitario Jobany Torres emprendió un viaje sin avisarle a nadie. Hacía pasantías en la empresa minera Hemco, establecida en el Caribe Norte de Nicaragua. El 31 de mayo las autoridades lo encarcelaron y lo tuvieron incomunicado 12 días. Luego lo acusaron de simular su desaparición para desacreditar la imagen del país.

Según informó el semanario Confidencial, Viridiana Ríos, académica de la Universidad de Harvard e investigadora del Woodrow Wilson Center de Washington, llegó a Nicaragua el 21 de junio. Notó que policías la vigilaban. Un día después acudió a la embajada de México en Managua y sus funcionarios le recomendaron salir del país.

En la alerta de viaje las autoridades mexicanas pidieron a sus connacionales traer consigo siempre su pasaporte. “Si sospecha que es investigado y podría ser detenido, comuníquese inmediatamente al teléfono de emergencias de la embajada de México en Nicaragua las 24 horas del día”, recomendó.

Dos días después –el 29 de junio– Estados Unidos emitió una alerta parecida. Según el texto que envió por Twitter la embajadora estadunidense en Managua, Laura Dogu, el Departamento de Estado alertó a los ciudadanos de Estados Unidos sobre “un mayor escrutinio gubernamental de las actividades de los extranjeros, los nuevos requisitos para los grupos de voluntarios y el potencial de las manifestaciones durante la temporada de elecciones próximas en Nicaragua”.

La alerta de viaje estadunidense expira el 30 de noviembre de 2016 y en ella se establece que el gobierno de Nicaragua “comenzó a exigir notificación especial para los viajeros oficiales de Estados Unidos con pasaporte diplomático u oficial. Además las autoridades de Nicaragua ahora requieren la coordinación de antemano por cualquier grupo de voluntarios, brigadas de caridad o médicas o cualquier otra visita de asistencia organizada por las ONG o grupos religiosos”.

Para Pallais las alertas de Estados Unidos y México –a la que se sumó luego otra de Costa Rica– “afectan la imagen de Nicaragua como destino de viaje y tendrá efectos negativos en el sector turístico y como destino de inversiones”.

Flores dice que su gobierno también ha alertado a empresarios mexicanos sobre los riesgos de no cumplir con las exigencias del gobierno que preside Daniel Ortega.

En Nicaragua funcionan 30 empresas mexicanas, de acuerdo con datos ofrecidos por la subsecretaria para América Latina y el Caribe. Entre las más fuertes figuran Femsa, Lala, Cemex y SuKarne.

Los últimos expulsados

El pasado 22 de junio los mexicanos Salvador Tenorio, Eugenio Pacelli Chávez y Emmanuel de Luz Ruiz llegaron junto con tres compañeros (un español, una argentina y un costarricense) a la comunidad La Fonseca, en el Caribe Sur de Nicaragua.

La región olvidada se ha vuelto noticia desde que se anunció la construcción de un canal interoceánico que, de realizarse, pasaría por esta zona. Desde entonces los pobladores, dedicados a la agricultura de subsistencia, se organizaron y convocaron a marchas en rechazo a la construcción del canal. La más reciente fue multitudinaria y llegó hasta Managua.

Francisca Ramírez –39 años, madre de cuatro hijos–, lidera a estos campesinos. Los miembros de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir, entre ellos Tenorio y Pacelli, la conocieron en Managua y posteriormente llegaron a La Fonseca para enseñar a los pobladores a construir ecofogones y hornos envolventes, bicimáquinas, así como implementar agricultura orgánica.

El día que arribaron a La Fonseca, una camioneta de la Policía Nacional de Nicaragua pasó frente a la casa que la comunidad les prestó para que se alojaran. Tres días después, mientras enseñaban a hacer un horno envolvente, uno de los pobladores acercó un papel encendido a un barril con, al parecer, residuos de combustible y provocó una llamarada que le quemó la camisa. La policía y los bomberos se presentaron en el lugar y obligaron a los seis miembros de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir a acudir a la delegación de policía para informar sobre los hechos.

Luego los trasladaron a Managua, donde estuvieron hasta el 27 de junio, cuando los mexicanos fueron llevados a la frontera con Honduras. Al costarricense y a la argentina los llevaron a la frontera con Costa Rica.

“En ningún momento nos dijeron por qué estábamos detenidos”, asegura Pacelli a Proceso. A los seis los recluyeron en un centro de la Dirección de Migración y Extranjería en Managua.

La Policía Nacional informó en un comunicado que habían estado involucrados en una explosión y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se refirió al asunto.

“Cuando supimos que el presidente de Nicaragua dijo: ‘¿Qué hacen unos extranjeros enseñándole a gente de La Guinea a usar explosivos?’, nos dio miedo. Eso era una mentira, era una acusación directa de parte de un presidente, además infundada”, recuerda Tenorio.

En los interrogatorios los funcionarios de Migración y Extranjería hacían referencia a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y solían hacerles las mismas preguntas en reiteradas ocasiones. En ningún momento permitieron que se comunicaran con la embajada de México.

“Nos preguntaban cómo nos habíamos comunicado con la gente de La Fonseca, qué intereses tenía la Caravana. Siempre les respondimos que tenemos un proyecto autónomo que trabaja con comunidades. Hablaban de financiamiento, de razones por las que llegamos ahí, dónde habíamos estado, en qué fechas”, detalla Pacelli.

Las autoridades nicaragüenses insistían en conocer desde cuándo y cómo conocieron a Francisca Ramírez. “Se referían a ella de manera muy despectiva. Nos preguntaban cómo nos habíamos enterado de la problemática del canal, si conocíamos el mapa de impacto ambiental del canal”, agrega Tenorio.

Ambos recuerdan que los subieron a un vehículo y que jamás les dijeron que serían deportados. Se dieron cuenta cuando vieron un rótulo, llegando a El Guasaule, puesto fronterizo con Honduras.

En ese momento les entregaron su camioneta tipo van, a la que ellos llaman Laboratorio Ambulante. Según el relato que está en la página web de la Caravana, ésta fue custodiada por al menos 10 elementos armados con fusiles AK-47 de la Policía Nacional de Nicaragua.

“Al compañero Salvador Tenorio le hicieron firmar un inventario incompleto realizado por la Policía Nacional. No le dieron copia. El Laboratorio Ambulante fue entregado sin freno de mano, las balatas de freno quemadas, sin gasolina, con dos choques, el volante desarticulado, el protector del volante roto y parte de la parrilla superior dañada. Las ecotecnologías que nos fueron entregadas se encuentran rotas y sin los papeles oficiales del Laboratorio Ambulante: factura original, licencias, tarjeta de circulación, carta poder y otros documentos”.