Videodenuncia policiaca

Un grupo de policías estatales subió al portal YouTube su enésima denuncia contra altos mandos de la Fiscalía General del Estado, a quienes acusan de corrupción y de proteger al Cártel de Jalisco Nueva Generación. Sólo que en este caso se incorporan también graves señalamientos de agentes de la Secretaría de Movilidad acerca de sus directivos.

Por enésima ocasión un grupo de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero esta vez algunos de la Secretaría de Movilidad, acusan a sus superiores de proteger al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) al no detenerlos y conseguirles identificaciones apócrifas.

En un video subido a la plataforma YouTube, uno de los policías inconformes, con pasamontañas, lentes, chamarra y guantes negros, lee un comunicado dirigido al fiscal general, Eduardo Almaguer Ramírez; al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón; al de la Defensa, Salvador Cienfuegos; a los titulares del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, Gustavo Salas, así como a la embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson.

En su escrito los agentes afirman que existe un acuerdo en la entidad para “no molestar” a la banda de Los Cuinis ni al CJNG, “por eso nadie hace nada para evitar que circulen grupos armados en todo el territorio del estado de Jalisco, que haya desapariciones, ejecutados, extorsiones, robo en los ductos de Pemex, enriquecimiento ilícito”.

En el video, que dura siete minutos y 44 segundos, cuestionan: “¿Hasta cuándo va a dejar de pactar el gobierno con los grandes capos y le jueguen con el dedo en la boca?”.

Según el hombre que lee el comunicado, entre los funcionarios y exfuncionarios que protegen al crimen organizado se encuentran el exdirector de Inteligencia y Comunicaciones de la FGE, Sergio Guadalupe Adame Ochoa, quien “se ha dedicado a lavado de dinero en Estados Unidos en complicidad con Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, ya que Nájera invirtió capital junto con él, dinero que le daban por parte del crimen organizado, o sea su compadre Nemesio Oseguera Cervantes y Abigael González Valencia”.

El pasado 17 de junio el gobierno de Estados Unidos informó que Adame Ochoa fue capturado en San Antonio, Texas, con otras 14 personas, y acusado de lavado de más de 30 millones de dólares y de tráfico de drogas (Proceso Jalisco 607).

Además, se le impusieron cargos de fraude para obtener créditos hasta por 1.7 millones de dólares con un banco estadunidense para financiar la compra de una propiedad en la ciudad fronteriza de Mission, Texas.

Adame Ochoa ingresó al gobierno del estado el 16 de noviembre de 2012, durante la administración del panista Emilio González Márquez, y trabajó en su despacho como coordinador de Proyectos Especiales. Después pasó a la FGE, donde dirigió el Centro de Inteligencia y Comunicaciones hasta el 16 de julio de 2015.

Mandos corruptos

A decir del policía que aparece en el video, “otros de los que están involucrados en el lavado de dinero en complicidad y que actualmente laboran en la FGE son: el director de Delitos Violentos, Fausto Mancilla, y César García”. De este último no dice en qué área trabaja.

Abunda el presentador del video: “el director de Delitos Violentos, Fausto Mancilla, tiene contacto con Nájera y en varias ocasiones nos ordena que ciertos asuntos de bandas dedicadas a robos a vehículos, carga pesada y ejecutados no se investiguen, y hasta nos pide que le enviemos a su oficina carpetas de investigación y averiguaciones previas de asuntos de abogados que acuden a su despacho”.

Nájera Gutiérrez dejó el cargo el 6 de julio de 2015, dos meses después del arranque de la Operación Jalisco, con la que se pretende detener al líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Unas semanas después de su separación del cargo, varios medios nacionales dejaron correr la versión de que Nájera y Emilio González habían protegido al CJNG durante su administración.

En el video se menciona que “los que permiten que continúe el narcomenudeo, robo de hidrocarburos y que circulen los grupos armados son: el inspector general de la Fuerza Única Metropolitana (FUM), Jesús Humberto Boruel Neri; el segundo comandante de la FUM, (Benito Santos) Romay; el director de la Fuerza Única Regional (FUR), Rogelio Andrade Sánchez”, así como los directores de la Policía Auxiliar, de la Policía de Custodia de Edificios, de Antimotines y de Logística.

Además señala: “El director de la FUR le cobra 20 mil pesos a cada comandante de convoy por quincena para no cambiarlos y mandarlos a buenas regiones, para que no estén molestando a los que roban gasolina, narcomenudistas o convoyes de gente armada. Ha tenido muchos fracasos con la pérdida de la vida de varios policías. Investiguen sus antecedentes, notas periodísticas… (es) dueño de camiones y taxis”.

Cuando Andrade fue director de la FUR, nueve de sus elementos perdieron la vida, el 28 de octubre de 2010, en una emboscada de un comando armado en Jilotlán­ de los Dolores.

En su video, el grupo de policías advierte: “Ojo: están sacando dinero a las tarjetas de la gasolina. En las gasolineras del interior del estado les piden 10 pesos por cada 100, chequen kilometrajes y verán que no coinciden. Cambia a gente de la FUR que no es afín a su corrupción”.

Ofrece detalles: “El policía de la FUR asignado como ‘estafeta’ Margarito Gutiérrez de la Rosa administra cerca de 100 taxis, como producto de lavado de dinero, que son propiedad de varios directores y exdirectores… La mayoría los tienen con prestanombres”.

Entre los presuntos propietarios de taxis menciona a los exdirectores de Antimotines, Óscar Ortiz; de la FUR, Jorge Téllez, Luis Enrique Alzaga, y al actual titular, Rogelio Andrade; el extitular de la FUM, Carlos René Gómez, El Chagui, quien “se encarga de lavar dinero en el negocio de alitas Zona Wings Belenes, donde llevan hasta bandas musicales. Quien le consiguió los permisos es un inspector de Reglamentos de Zapopan, de nombre Marcos, quien recibe mochadas para no inspeccionar. En los negocios hay venta de droga y la trasladan en una camioneta negra de la policía estatal”.

En el mismo video se asegura que “el comandante Guadalupe Covarrubias, a quien le apodan El Coyote, y unos policías investigadores de nombre Omar y otro que le dicen El Netos, están ligados al Cártel de Jalisco Nueva Generación, ya que cobran cuota mensualmente y los del Cártel de Jalisco revientan domicilios, detienen gente de grupos contrarios y se los entregan al comandante Lupe y su gente, y todavía les siembran droga. Todo esto se sabe porque los mismos grupos contrarios lo han señalado”.

Mediante la lectura de su vocero, los policías apuntan que “en el área de homicidios, secuestros, extorsiones, vehículos, robo a casa habitación y negocios y carga pesada de la FGE saben quiénes están delinquiendo, pero hacen caso omiso”.

También indican que la FGE es omisa al investigar las desapariciones forzadas: “Juegan con el dolor de las víctimas”, comentan.

En su edición anterior, este semanario publicó que existen cifras dispares sobre el número de mujeres desaparecidas en la entidad. Mientras el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) tiene la referencia de 847, la FGE informa que sólo existen 503 investigaciones.

Según el testimonio colectivo, en la Secretaria de Movilidad (Semov) que encabeza Servando Sepúlveda Enríquez también “existe una gran corrupción, ya que cobran hasta 50 mil pesos por omitir generales y no subirlos a la base de datos cuando alguien ligado a la delincuencia organizada solicita licencia de conducir, o (falsifican) los datos de vehículos propiedad del crimen organizado, inventan domicilios con algún comprobante de un propietario de otro vehículo, hasta expiden licencias con otros nombres, pero la misma foto de quien solicita”.

Agregan que en la Semov “siguen extorsionando a conductores de vehículos de empresas de repartidores y hasta tienen que entregarle a sus comandantes de sector 200 pesos por patrullero y motociclista”.

La lectura del comunicado concluye así:

“Vamos a continuar denunciando, como lo hemos hecho en varias ocasiones, a través de las redes sociales y enviando información a los correos de denuncia anónima de las dependencias federales, así como a medios de comunicación internacionales.”