Más voces contra el comisario González Lara

A los muchos señalamientos contra el jefe policiaco de Tlaquepaque, Camilo González Lara, por tener fuertes vínculos con los hermanos Mireles Escobedo, presuntos cabecillas de la delincuencia organizada, se sumó una denuncia ciudadana que revela los supuestos vínculos con otros mandos policiacos y con jueces. Sin embargo, la alcaldesa María Elena Limón ni siquiera ha emitido comentarios sobre las acusaciones.

Desde principios de este mes circula en internet una petición a través de la plataforma Change.org para remover al comisario de Seguridad Pública de San Pedro Tlaquepaque, Camilo González Lara, a quien se le atribuyen vínculos con Ramiro Mireles Escobedo, hijo de Ramiro Mireles Félix, un narcotraficante abatido en 1993 e identificado como integrante del Cártel de Sinaloa.

En la petición iniciada por Édgar Ríos se menciona que González Lara fue testigo “sembrado” en un juicio plagado de irregularidades que involucra a Minerva Tovar Rivera, exesposa de Ramiro Mireles. Ella perdió la custodia de sus dos hijos y fue encarcelada porque su marido la acusó de extorsión.

En esa petición también se acusa a la juez Elsa Navarro Hernández de dictar una sentencia favorable a Mireles Escobedo a cambio de una fuerte cantidad de dinero.

“Pedimos a todos los mexicanos se unan en esta noble causa para que criminales no estén más en los mandos de la policía y poder vivir en paz: de seguir estos criminales en las calles y con cargos tan importantes y delicados, jamás parara la injusticia y crímenes en el país”, escribió Ríos.

Añade: “Estoy pidiendo esto (la separación del cargo de González Lara) porque mi familia está amenazada de muerte y en cualquier momento nos podría pasar algo”. Posteriormente pide a las personas interesadas en apoyar la solicitud que firmen su carta.

Ríos recuerda que González Lara fue nombrado comisario por la presidenta municipal, María Elena Limón García, sin tomar en cuenta los señalamientos que lo vinculan con el crimen organizado.

González Lara encabezó las fuerzas de seguridad de Guadalajara en los primeros meses de la administración de Enrique Alfaro, pero se fue a Tlaquepaque tras la renuncia del comisario de este municipio, Martín Maldonado. Éste y su segundo al mando, Gregorio Martínez, renunciaron después del asesinato del director operativo de la policía municipal, Francisco Javier Alejo Rodríguez, junto con sus escoltas Daniel Río Chávez y Jesús Hernández Centeno.

El crimen se cometió la tarde del 24 de febrero en la avenida Revolución, cerca del cruce con República de Guatemala y calle Nopal. La Fiscalía General del Estado (FGE) atribuyó el atentado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue tres meses después de la detención de Iván Cazarín Molina o Hugo Delgado Rentería, El Tanque, cabecilla del CJNG que operaba en Tlaquepaque.

El Tanque fue aprehendido el 18 de noviembre de 2015 en la colonia Haciendas de la Candelaria, en Tlajomulco. Era uno de los principales objetivos de las autoridades federales y tenía al menos siete averiguaciones previas en su contra por distintos ilícitos, entre ellos su participación en el derribo de un helicóptero militar el 1 de mayo en Villa Purificación, durante el operativo para capturar al líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

El 4 de marzo de 2014 la autoridad estatal capturó en Prados Vallarta, Zapopan, a tres presuntos integrantes del CJNG. Uno de ellos reveló  en el interrogatorio la forma en que el CJNG reclutaba expolicías de Tlaquepaque y habló de una alianza entre la corporación municipal y el grupo delictivo.

Sobre la separación del cargo de Martín Maldonado, la alcaldesa María Elena Limón argumentó “razones de seguridad personal”, pero fue severamente cuestionada por el fiscal general, Eduardo Almaguer, quien dijo: “Nadie que esté haciendo su trabajo de manera correcta puede irse cuando hay una situación de este tipo (…) estamos investigando la situación que prevalece en la corporación”.

Después de la ejecución de Alejo Rodríguez y sus escoltas, el gobernador Aristóteles Sandoval, sin referirse directamente al hecho,  declaró que el punto más vulnerable del estado era la infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad.

En su petición en Change.org, Édgar Ríos dice que solicitó desde hace meses el apoyo del gobernador para remover a Camilo González “pero ha hecho caso omiso; creemos que también está en la nómina de Ramiro Mireles”.

El peticionario explica que a González Lara lo mantiene en el puesto la alcaldesa, “teniendo conocimiento del fuerte vínculo que Camilo sostiene con estos criminales (los Mireles) y el estar involucrado en varias averiguaciones previas abiertas en su contra por delitos tan graves como homicidio, secuestro, robo y extorsión, sin contar que no aprobó los exámenes de confianza para desempeñar este importante cargo público”.

Este semanario publicó el testimonio de Minerva Tovar, quien aseguró que el actual jefe policiaco de Tlaquepaque es “incondicional de Ramiro Mireles y es uno de los que mandan a hacer maldades” (Proceso Jalisco 530).

Acusaciones contra jueces

Según Minerva Tovar, la juez Elsa Navarro Hernández recibió 1 millón de pesos de Mireles para sacar la sentencia a su favor y así quitarle a su exesposa la custodia de sus hijos. Hasta la fecha la afectada mantiene la página de Facebook “Ayúdame a encontrar a mis hijos”, en la cual relata la conducta de la mencionada funcionaria judicial, que ya se encuentra en edad de retiro (Proceso Jalisco 459).

Édgar Ríos sostiene que Ramiro y su madre, María del Refugio Escobedo del Muro, son prófugos de la justicia de Estados Unidos por delitos “como el lavado de activos de procedencia ilícita”.

En su carta enviada a Change.org, Ríos no abunda en las amenazas que pesan en contra de su familia, pero señala:

“Ramiro Mireles Escobedo y su hermano Leonardo Mireles Escobedo han mandado matar, secuestrar, extorsionar a varias personas, a otras más las han acusado de falsos delitos como robo o siembra de droga y (posesión de) armas de fuego para encarcelarlos con el apoyo del actual comisario de la policía de Tlaquepaque, Camilo González Lara, y su pareja sentimental, María de los Ángeles López Bravo, alias La Loba”.

Esta última estuvo al frente del Grupo Lobos de la Policía de Guadalajara hace varios años.

El peticionario indica que Mireles Escobedo tiene gran influencia en el Poder Judicial gracias al apoyo de jueces corruptos como Juan Carlos Rodríguez Sánchez, Elsa Navarro, María Guadalupe Asencio Díaz, Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, Jorge Luis Solís Aranda, Pedro Pulido y Juan José Guzmán López.

En 2013, el Consejo de la Judicatura (CJ) del estado aceptó una queja contra Elsa Navarro al considerar que existieron irregularidades en un juicio que involucraba a Ramiro Mireles y su expareja, Minerva Tovar.

Ese mismo año Javier Humberto Orendain, magistrado de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJ), revocó la sentencia definitiva de la juez Navarro y ordenó la reposición del proceso por esas irregularidades cometidas en contra de Minerva Tovar.

En 2008, cuando el juez Rodríguez Sánchez era secretario del CJ, fue acusado de falsificar una acta de acuerdo del organismo para eliminar las quejas promovidas contra el entonces presidente Celso Rodríguez, a fin de que éste se reeligiera, según denunció la entonces consejera Gabriela Guadalupe de León Carrillo.

En cuanto a la juez María Guadalupe Ascencio Díaz, acumula un récord de 33 quejas ante el CJ; no obstante, se le considera candidata a una magistratura del Supremo Tribunal de Justicia.

Riesgos personales
e institucionales

Édgar Ríos sostiene que la pareja del comisario González Lara también fue beneficiada por el presunto delincuente señalado: “María de los Ángeles López Bravo recibió en pago, de parte de Ramiro Mireles Escobedo, una propiedad en Guadalajara (Paseo del Zoológico número 538) valuada en más de 30 millones de pesos, en pago por varios trabajos, como las ejecuciones”.

Añade que entre las víctimas de Mireles Escobedo se encuentran sus propios familiares: sus primos Eduardo Mireles Mireles e Ismael Mireles Bañuelos, su compadre Jesús González Rivera, su excuñado Jesús Tovar Rivera, su tío Pedro Mireles Félix y Jorge Osuna Tovar, entre otros.

Es entonces cuando acusa al comisario González Lara de ser “falso testigo en el caso de Minerva Tovar para acusarla de extorsión y quitarle a sus dos hijos, que hasta la fecha no ha vuelto a ver”.

Tovar denunció en 2008 que se le acusó en forma falsa de pretender extorsionar a su marido por 20 mil pesos. En su petición pública, Édgar Ríos sostiene que, por órdenes de Leonardo Mireles, La Loba fabricó una acusación de robo también contra su esposa, quien está en prisión y a la que también le quitaron a sus dos hijos.

En su edición 558, este semanario publicó que Leonardo Mireles presuntamente siguió los pasos de su hermano Ramiro para deshacerse de su cónyuge: aprovechó que ella estaba en prisión acusada de un delito que no cometió para pedir el divorcio y la custodia de sus dos hijos. Al igual que en el caso de Ramiro, todo indica que Leonardo utilizó engaños, testigos falsos y la colusión de un juez para lograr su propósito.

A decir de Édgar Ríos, fuentes del Poder Judicial saben que La Loba organiza en su granja de Paseo del Zoológico grandes festines, a los que invita a funcionarios judiciales de diferentes niveles para quedar bien con ellos.

La alcaldesa María Elena Limón no ha comentado las acusaciones contra su jefe de policía. Afirma que existen buenos resultados y que todos los mandos acreditaron sus exámenes de control y confianza. Sin embargo, calla sobre el incremento de la criminalidad en Tlaquepaque (al menos 68 asesinatos en lo que va de 2016).

Sostiene que hasta el 30 de julio pasado se habían aplicado 420 evaluaciones de conocimiento a los policías con resultados exitosos. En su primer informe de gobierno, Limón señaló que en su gestión se han atendido 45 quejas a través de la dirección de Asunto Internos de la  Comisaría de Seguridad y que 71% ya fueron resueltas.

En el mismo documento se establece que uno de los ejes centrales de su gobierno es combatir la corrupción, aunque ella misma está implicada en el saqueo de las bodegas del DIF municipal (Proceso Jalisco 619).

Por su parte, la regidora panista Lucía Pérez Camarena señala que una de las áreas donde se requiere fortalecer la administración de María Elena Limón es la seguridad pública.

Aunque desconoce la petición en Change.org para remover a González Lara, admite que después de la ejecución del subdirector operativo y sus escoltas quedó en evidencia la necesidad de trabajar en conjunto para obtener mejores resultados.

Aunque no quiere especular si Tlaquepaque corre peligro de sufrir un ataque en sus instalaciones policiacas, como el del miércoles 14 en la FGE, Pérez Camarena  señala que un riesgo similar está latente en cualquier institución del país por las condiciones actuales.

Otro comisario de Seguridad Pública severamente cuestionado por sus presuntos vínculos con la delincuencia, según sus propios subalternos, era el de Tlajomulco de Zúñiga, César Navarro. El miércoles 21 el alcalde Alberto Uribe Camacho dio a conocer que lo sustituyó por Carlos Guadalupe Burguete Ortiz.

Aunque Uribe no mencionó las graves acusaciones que pesan sobre Navarro, tanto él como Burguete Ortiz reconocieron deficiencias en la corporación municipal.

El alcalde mencionó que entre las prioridades del nuevo comisario están la supervisión de todos los elementos e ir por los “malos elementos” que actualmente son investigados, mientras que el nuevo comisario –que hasta el día anterior era inspector general de la Policía Federal– reiteró que dará “una respuesta operativa y una atención directa a toda la población para tener un mayor control sobre las quejas que ellos nos hagan llegar y por supuesto tener un estricto control sobre los elementos”.