Libres, los 14 campesinos nahuas acusados de despojo en Colima

Tras un prolongado juicio de amparo, los 14 campesinos nahuas jaliscienses que fueron agredidos por policías de Colima el 22 de julio del año pasado obtuvieron su libertad tras ganar el juicio de amparo contra la minera Peña Colorada, que los acusó de irrumpir en un ejido que la empresa reclama como suyo. Hoy, acompañados por su asesor legal Carlos Valentín Veyna Martínez, buscan atención médica profesional, pues algunos aún no se recuperan de la golpiza.

COLIMA, COL.– Desde diciembre pasado, 14 campesinos nahuas de la Sierra de Manantlán habían ganado un juicio de amparo contra las acusaciones formuladas en su contra por la minera Peña Colorada por el supuesto delito de despojo, pero fue hasta nueve meses después –el 28 de septiembre– cuando la resolución quedó firme, debido a la resistencia del Juzgado Primero de lo Penal de esta ciudad para levantar los cargos.

Los indígenas jaliscienses, quienes enfrentaron el proceso en libertad bajo fianza, recibieron el 14 de diciembre de 2015 la sentencia favorable relativa al juicio de amparo 1202/2015, emitida por el Juzgado Primero de Distrito con sede en Colima, que determinó que no se acredita la responsabilidad de los acusados y ordenó modificar el auto de formal prisión que les había sido dictado.

El director del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Carlos Valentín Veyna Martínez, defensor legal de los acusados, comenta que a pesar de lo anterior el Juzgado Primero de lo Penal insistió en dar por cumplido el amparo con tres resoluciones sucesivas que mantenían a los campesinos sujetos a proceso.

Sin embargo, debido a los recursos de inconformidad interpuestos por la defensa, las resoluciones fueron desechadas una a una por la justicia federal y el 18 de agosto se emitió la resolución 142/2015, mediante la cual estableció que en el expediente del caso no se acreditan los elementos constitutivos del delito de despojo.

“De acuerdo al cúmulo de evidencias que obran en la causa, no se demuestra que los sujetos activos hayan ejercido una acción dolosa en contra del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada”, sostiene la resolución definitiva.

En consecuencia, según el documento, la “conclusión obligada” es no tener acreditada la probable responsabilidad de los procesados, pues “corresponde la carga de la prueba al órgano técnico acusador”, por lo que “es procedente decretar auto de libertad con las reservas legales a los acusados, por no haberse acreditado los elementos del delito, ni tampoco la probable responsabilidad penal”.

Los campesinos que obtuvieron el auto de libertad tras ganar el juicio de amparo son Francisco Monroy Elías, César Ordúñez Ciprián, José Rosales López, Arcadio Nieves Ciprián, Francisco Hermenegildo Sánchez, Pedro Gutiérrez Fernández, Isabel Flores Martínez y/o Samuel Isabel Flores Martínez, Faustino Cobián de los Santos, Víctor Contreras Alonso, Hilario de la Cruz Elías, José Oliver Flores Martínez, Martín Bernardo de la Cruz Elías y/o Bernardo de la Cruz Elías, Rubén de la Cruz Ruiz y Santos Ruiz Elías.

El día de la agresión

El 22 de julio del año pasado, participaron en una movilización cientos de habitantes de la Sierra de Manantlán, convocada por el ejido de Ayotitlán, Jalisco, para exigir a la minera Peña Colorada el pago de regalías por la extracción de hierro de sus tierras, además de realizar un reconocimiento de una superficie en disputa judicial con la empresa trasnacional.

Los ejidatarios fueron reprimidos por los cuerpos policiacos de Colima, con un saldo de decenas de golpeados. Hubo 33 detenidos, a quienes se les acusó de despojo, por lo que fueron enviados a prisión; también fue capturado su representante jurídico, Eduardo Mosqueda Sánchez, a quien le imputaron los delitos que impidieron su liberación bajo fianza, pero dejó la prisión en mayo pasado tras ganar su propio amparo (Proceso Jalisco 560 y 562).

En octubre de 2015, cuando se perfilaba que los indígenas ganarían el juicio de amparo promovido en su favor por Idea, Peña Colorada y la directiva del ejido Ayotitlán los presionaron para que aceptaran el “perdón judicial”, lo que fue aceptado por 19 de ellos, mientras que 14 decidieron continuar con el juicio de amparo para demostrar que no habían cometido un delito, hasta que lograron el auto de libertad.

A más de un año de su violenta detención, los campesinos no han recibido la atención médica adecuada y algunos de ellos todavía se duelen de las lesiones provocadas por los golpes de los policías, al grado de que no han podido reincorporarse a sus actividades cotidianas.

En entrevista, Carlos Valentín Veyna señala que una vez que los campesinos nahuas quedaron libres de cargos, lo que sigue es trabajar por la restitución de sus derechos en cuanto a su salud, su integridad personal, su dignidad y en el aspecto político, esto último con la solicitud al Instituto Nacional Electoral para que les restituya su garantía de votar y ser votados.

El caso, dijo, será presentado ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Jalisco, en busca de una indemnización para los indígenas nahuas, porque sufrieron una afectación a sus derechos humanos por parte de las autoridades de Colima y muchos de ellos no recibieron atención médica ni psicológica, algunos fueron lesionados y sus huesos no han logrado soldar, lo que les impide trabajar de forma adecuada, padecen cefaleas y mareos; en temporada de frío resienten el dolor.

Los pendientes

La entrevista fue realizada en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), adonde acudieron Veyna y los afectados para dar seguimiento a las gestiones de atención médica y a las quejas presentadas por detención arbitraria y lesiones, así como por el caso del defensor Eduardo Mosqueda, expedientes 397/2015 y 199/2016.

De acuerdo con el director de Idea, originalmente se propuso que los campesinos recibieran atención en el municipio de Minatitlán, Colima, pero fueron rechazados precisamente por el conflicto con el consorcio minero, enseguida fueron al Hospital de Manzanillo, pero sólo se les brindó una consulta general que tuvieron que pagar y únicamente se les proporcionó medicamento para el dolor.

“Aquí en la Comisión de Derechos Humanos –dijo Veyna– manifestamos que no se está brindando correctamente la atención médica a los compañeros. Estamos proponiendo que sea el Hospital Regional de La Huerta, Jalisco, el que pueda recibirlos para que, quienes tengan secuelas graves, sean atendidos de manera adecuada.”

Faustino Cobián de los Santos, originario de la comunidad de Telcruz y uno de los campesinos más afectados, cuenta que cuando estaba sometido, tirado en el suelo, los agentes antimotines lo agredieron a patadas y le rompieron cuatro costillas; además, dice, lo hirieron en la cabeza a macanazos.

Debido al delicado estado de salud en que quedó, los propios agresores lo llevaron al Hospital Regional Universitario, donde estuvo internado una noche y por la mañana fue regresado, sin medicamento, a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde estuvo soportando los dolores hasta que sus familiares pudieron verlo y llevarle analgésicos.

Igual que sus compañeros, Cobián de los Santos estuvo seis días internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso). Desde que salió no ha podido volver a trabajar en el campo, de donde obtenía su sustento. Aunque las costillas ya le soldaron, todavía siente dolor al realizar esfuerzo o hacer ciertos movimientos. Ante su imposibilidad de trabajar, sus hijos lo apoyan económicamente.

“La empresa (Peña Colorada) es la que nos está golpeando. Nos sentimos mal y nos da coraje porque los ejidatarios le estamos rentando 401 hectáreas para que deposite el material estéril de lo que está extrayendo y nos tuvieron que robar mineral de donde le estamos rentando…

“El presidente del comisariado ejidal de Ayotitlán, Ernestino Ciprián, está de acuerdo con ellos. Cuando teníamos que venir a firmar al juzgado le pedimos apoyo, pero no quiso, nos quería obligar a que aceptáramos el perdón, pero yo le dije que no porque no cometí ningún delito para que me perdonaran”, afirma.

Otro de los lesionados, Pedro Gutiérrez Fernández, narra que durante su detención y aun cuando ya estaba arriba de una camioneta de la policía, fue golpeado con toletes, piedras y varillas en diversas partes del cuerpo, incluida la cabeza.

“Hay días –refiere– en que me duele mucho la cabeza y me siento mal tanto de los brazos como de los pies, la espalda y la cadera. Todavía no me puedo componer. A veces trabajo uno o dos días y ya no puedo seguir, siento como si me acabaran de golpear.”

Originario del poblado Plan de Méndez, Gutiérrez, de 38 años, narra que antes de sufrir las lesiones tenía un gran rendimiento en su trabajo en el cultivo de maíz, frijol y jamaica, pero ahora con dificultades hace la mitad.

“Sigo con los dolores, no puedo trabajar mucho. Con dificultades voy al campo y regreso a mi casa bien madreado, cuando mucho puedo hacer media tarea al día. Ahora gano muy poco, apenas para medio comer”, relata.

Francisco Hermenegildo Sánchez, de 67 años, llegó al lugar de la manifestación campesina cuando los cuerpos policiacos habían empezado a actuar contra ellos. “Supe que el gobierno andaba fregando a la gente y yo quería platicar para ver por qué trataban a la gente así. Comencé a alegar y me tumbaron unos policías de uniforme negro y me dieron macanazos en las costillas y en la espalda. Les dije que no tenían que golpearme, que soy una persona de edad, pero un policía respondió que éramos unos perros hijos de la chingada y que nos iban a matar”.

Después de que lo subieron a una camioneta y lo esposaron de una mano, cuenta Hermenegildo, un agente subió con la intención de darle un culatazo, pero logró arrebatarle el rifle con la mano libre y obligó a un agente que estaba en la cabina del vehículo a quitarle las esposas, pero cuando bajó de la camioneta y quiso retirarse no pudo caminar y se quedó sentado, hasta que llegaron otros agentes y a golpes lo sometieron nuevamente.

Hasta la fecha, añade, sufre dolores de la columna vertebral y de las costillas que a veces prácticamente lo paralizan y no ha podido volver a trabajar en la siembra de maíz en su comunidad Plan de San Antonio.

Dice que este año sembró 10 hectáreas, pero ante la imposibilidad de hacerlo personalmente se vio obligado a contratar trabajadores para realizar las faenas, por lo que gastó más de 15 mil pesos.

“Esto me ha afectado mucho. Llevo un año sin trabajar y hay veces que me desespero. Tengo una dolencia y hay días en que no puedo caminar”, puntualiza.

–¿Cuál es la diferencia de la situación jurídica de los campesinos que aceptaron el perdón de la empresa y de quienes siguieron adelante hasta ganar el amparo? –se le pregunta al abogado Veyna.

–Jurídicamente hablando, las personas que aceptaron el perdón quedan en el registro como que están aceptando la comisión de un delito; es decir, queda registrado no como un antecedente penal porque no hay una sentencia, pero sí queda un registro de que ellos están aceptando la comisión de un delito y por ello se están acogiendo a un perdón.

“En el caso de quienes no lo aceptaron, ellos combatieron desde la perspectiva jurídica y desde la propia realidad que los terrenos en que ellos estaban no son del consorcio minero, sino del ejido, y están sosteniendo esta postura porque no quieren perder estos límites territoriales en los que se encuentra parte de su presente y de su futuro económico y parte de su desarrollo, y lo cierto es que a la fecha la resolución les está dando la razón a todos ellos, es el Poder Judicial de la Federación el que está marcando las directrices para la cuestión jurídica.”

–¿Cuál es su balance de este asunto?

–Los campesinos consideran que no ha habido un respeto real hacia los límites de las propiedades de su ejido. Han querido sorprender a algunos de ellos, incluso el propio comisariado ejidal, en determinar que esas tierras no son del ejido sino del consorcio. Por nuestra parte, estamos haciendo todo con mucha diligencia y profesionalismo.

“Vamos a luchar en todo momento para que ellos vuelvan a recobrar su propia dignidad, autonomía y respeto a sus personas; es un reto que nos impulsa a seguir. Creo que las resoluciones favorables nos ayudan todavía en el camino que se puede seguir avanzando todavía en esta materia; creo que eso es lo que estamos nosotros un poquito valorando al día de hoy.”

–¿Hubo colusión entre la empresa minera y los gobiernos de Jalisco y Colima?

–Lo que puedo considerar a la luz de algunos documentos es que hubo acuerdos firmados por gente del consorcio y de ambos gobiernos en los que buscan establecer que las tierras son del consorcio minero y que los ejidatarios irrumpieron.

“Esos acuerdos obviamente van en contra de los terrenos del ejido, van en contra de las lesiones que les provocaron durante su detención y obviamente que ese trato indigno se tiene que corregir. Pienso que el objetivo principal era desplazar territorialmente al ejido y eso es lo que realmente ya no se da, a la luz de las resoluciones no hay ese agravio en materia penal en cuanto a los límites de las tierras, no se acredita y, por lo tanto, nos permite a nosotros insistir en que esos terrenos deben ser recobrados y entregados a los integrantes del ejido de Ayotitlán.”