Inquietante liga del nuevo titular de la AIC con el caso Ayotzinapa

Hoy, Omar Hamid García Harfuch es uno de los jefes policiacos más importantes del país: es el sucesor de Tomás Zerón –acusado de adulterar pruebas en el caso Ayotzinapa– al frente de la Agencia de Investigación Criminal. Pero una libreta de Sidronio Casarrubias –presentado por la PGR como un líder de Guerreros Unidos– revela que desde hace años este presunto capo tenía anotado al funcionario como contacto. El caso se enturbia porque la libreta, que aporta datos sobre el ataque a los normalistas en Iguala, no fue incluida en las indagatorias del caso.

Nombrado sucesor de Tomás Zerón de Lucio al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Omar Hamid García Harfuch tiene una historia vinculada a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o por lo menos a quienes las autoridades han identificado como los presuntos responsables de la tragedia del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Una resolución judicial a favor de Sidronio Casarrubias Salgado –a quien la PGR ha presentado como uno de los principales líderes de Guerreros Unidos, grupo criminal al que la oficialista “verdad histórica” achaca la desaparición de los jóvenes– advierte sobre el contacto que presuntamente tuvo el indiciado con el ahora director de la AIC, quien en 2014 fungía como coordinador estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) en Guerrero.

Sin que hasta el momento se conozca la resolución de la investigación abierta contra Zerón de Lucio por realizar diligencias que no fueron consignadas en el expediente de Ayotzinapa, García Harfuch, abogado egresado de la Universidad Continental, asumió su nuevo cargo tras una acelerada carrera en la Policía Federal.

García Harfuch es hijo de Javier García Paniagua, extitular de la Dirección General de Seguridad y dirigente nacional del PRI, y de María Harfuch Hidalgo, cuyo nombre artístico es María Sorté.

Nieto de Marcelino García Barragán, García Harfuch llegó a Guerrero en diciembre de 2012, con 30 años y a cinco de haber entrado a la PF, institución en la que fue contratado con puesto de mando, como jefe del Departamento de Coordinación de Inteligencia, pese a que su empleo anterior fue en la iniciativa privada como gerente en la Red Inmobiliaria del Ángel, S.A. de C.V., con funciones de “supervisión de obra”, de junio de 2003 a junio de 2008.

Al anunciar el nombramiento de García como titular de la AIC, la PGR omitió mencionar un cable divulgado por Wikileaks, que asienta que en 2009 el gobierno de Estados Unidos solicitó investigar a García Harfuch, entonces suboficial de la Policía Federal en Morelos, junto con otros 11 agentes federales, por presuntas labores delincuenciales o al menos irregulares, y que en 2010 fue indagado antes de participar en un curso antipandillas en El Salvador.

La PGR también “olvidó” decir que, como inspector general en Guerrero, en septiembre de 2013 García utilizó una aeronave de la PF para rescatar a su madre luego de que el paso del huracán Manuel aislara Acapulco, donde se encontraba la actriz, según reportaron medios locales.

En relación con el caso Ayotzinapa, García Harfuch ha sido mencionado –por nombre o cargo– por personajes como el defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero y el exfiscal de Guerrero Iñaki Blanco, como uno de los representantes federales que formaban parte del Grupo de Coordinación Guerrero y que supieron de la operación de los cárteles y de su presunta colusión con autoridades municipales.

Los señalamientos

Este semanario tuvo acceso a un expediente judicial en el que el nuevo director de la AIC es nombrado.

El 2 de septiembre pasado, el juez segundo de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, Óscar García Vega, emitió un auto de libertad a favor de Sidronio Casarrubias Salgado “por falta de elementos para procesar” por delincuencia organizada.

El juez de la causa determinó que el Ministerio Público “realizó una deficiente investigación en virtud de que no aportó probanzas aptas y suficientes para corroborar lo señalado en su pliego de consignación”, es decir, la supuesta pertenencia de Casarrubias a Guerreros Unidos.

En contraparte, confirmó su formal prisión por portación de armas de fuego, delito por los que fue consignado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), en octubre de 2014.

La exculpación atendió a un proceso de amparo iniciado por Casarrubias, en el que un tribunal colegiado instruyó al juzgado federal a emitir una nueva resolución.

En su análisis, el juez García Vega expuso algunos documentos asegurados durante la captura de Casarrubias, el 16 de octubre de 2014, y presentados por el Ministerio Público para acreditar su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, en su modalidad de delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entre los objetos que se le aseguraron está una libreta negra estampada con los rostros de Los Beatles, de 240 páginas, con anotaciones varias, entre ellas, números telefónicos y cargos de diversas personas.

De acuerdo con el documento judicial –del que tiene copia este semanario–, en la hoja 14 de esa libreta se lee “la siguiente leyenda: Omar García Harfuch, El Comisario de Gro. 5526-73-81-10”.

Dos hojas más adelante “se tiene la siguiente leyenda: Leonardo Vázquez Seguridad Pública 74 41-75-15-43”.

El expediente asienta que el Ministerio Público supuestamente se limitó, en este caso, a transcribir el contenido de la libreta, en la que también hay nombres de notarios públicos, de propiedades e incluso se menciona al empresario Carlos Ahumada, antecedido de la frase “Mina Temixco Mupio (sic) de Arcelia (…) está sacando Uranio (SEIDO) hay que ver su caso”.

La resolución judicial transcribe declaraciones de Casarrubias, en las que detalla la composición de algunos de los grupos criminales que operan en Guerrero, así como la forma en la que supuestamente se enteró de la desaparición de los estudiantes, a través de mensajes enviados a su teléfono Blackberry por un integrante de Guerreros Unidos, Gilberto López Astudillo.

Llama la atención que la libreta mencionada no forma parte del expediente sobre la desaparición de los estudiantes, pese a que el detenido también está siendo investigado por ese caso y sus declaraciones giran en torno a lo ocurrido en Iguala.

De ese documento, según las fuentes consultadas por Proceso, tampoco tuvo noticias el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a pesar del compromiso de la PGR de entregarle copias electrónicas de todo el expediente y de las averiguaciones previas integradas por la SEIDO.

Esto es doblemente llamativo porque el GIEI detectó que la PF fue una de las corporaciones que bloquearon la carretera Chilpancingo-Iguala mientras los normalistas de Ayotzinapa eran atacados, y la libreta alude a mandos de la PF.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) identificó en un informe preliminar a dos agentes de la dependencia que supuestamente fueron negligentes al permitir que, en una zona federal, policías municipales de Iguala y Huitzuco sustrajeran a los estudiantes de uno de los camiones en que viajaban.

Grupo de Coordinación

Guerrero, clave

Sin saber que el nombre y teléfono de García Harfuch estaba en la lista de contactos de Sidronio Casarrubias, en febrero de 2016 los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos entregaron a la entonces procuradora, Arely Gómez, un documento por el que solicitaban el ­desahogo de más de 140 diligencias, entre ellas, interrogar a los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero… al que pertenecía el exfuncionario de la PF.

Entre los objetivos de las acciones solicitadas estaba “profundizar en los alcances y la organización del grupo criminal supuestamente involucrado en los hechos, incluyendo la investigación hasta hoy omitida por sus vínculos con agentes estatales de los tres niveles de gobierno”.

Los padres pretenden que se indaguen los hechos y omisiones de los agentes del Estado que generaron las condiciones para la desaparición de los 43.

Testimonios de exfuncionarios estatales, reunidos en el expediente que lleva la Oficina para el Caso Iguala de la PGR, hacen referencia a la relevancia del Grupo de Coordinación Guerrero como el espacio que contó con información previa sobre cárteles como Guerreros Unidos y Los Rojos. Sus integrantes eran convocados por el delegado del Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN), José Miguel Espinosa Pérez.

En 2014, en las reuniones participaban, por el Ejército, el comandante de la IX Región Militar, Martín Cordero Luqueño; por la Marina, el comandante de la VIII Zona Naval, Rafael Ojeda Durán; por la PF, García Harfuch, y por la delegación de la PGR, Miguel Amelio, así como el gobernador Ángel Aguirre, el entonces fiscal Iñaki Blanco, el entonces secretario de Seguridad Pública (Leonardo Vázquez), y el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo.

En declaraciones ministeriales de Blanco y de Aguirre, rendidas el 29 de octubre de 2014 y el 27 de agosto de 2015, respectivamente, relataron qué se decía en los encuentros.

Blanco mencionó a Los Rojos, grupo al que lo vinculó Sidronio Casarrubias en su declaración ministerial. Se defiende argumentando que él entregó información sobre ese grupo a distintas instancias gubernamentales, entre ellas el CISEN, “a través de su delegado en el estado de Guerrero y la PF, a través del hasta hace unos días coordinador de dicha corporación en la entidad, comisario Omar García Harfuch, y ventilada en distintos momentos ante los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero (sic)”.

En tanto, al ser interrogado sobre los “antecedentes criminales” de los familiares de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca (quien era alcalde de Iguala el día del atentado contra los normalistas), Aguirre respondió: “En el Grupo de Coordinación Guerrero se llegaron a mencionar los posibles vínculos del señor Abarca y su esposa e integrantes de su familia con grupos de delincuencia organizada, para lo cual la instancia competente tanto federal como estatal daba el seguimiento correspondiente”.

Sobre el presunto involucramiento de funcionarios públicos con el crimen organizado y la operación de los distintos cárteles, Aguirre insistió en que todo ello era del conocimiento del Grupo de Coordinación Guerrero.

Hasta ahora, ninguno de los integrantes de ese equipo de trabajo interinstitucional ha sido llamado a declarar por la Oficina para el Caso Iguala, como lo han solicitado los progenitores de los jóvenes desaparecidos.

La perspectiva de la CIDH

Durante el anuncio del Plan de Trabajo del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa, el jueves 10, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, y el relator para México, Enrique Gil Botero, advirtieron de las diligencias pendientes por resolver, para dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI.

Los funcionarios de la CIDH aseveraron que el equipo que se encargará de revisar las actuaciones judiciales para encontrar a los jóvenes no debe tener más límites que los marcados por las leyes mexicanas e internacionales en materia de derechos humanos.

Entre las prioridades, Cavallaro destacó que deben indagarse los obstáculos que ha tenido la investigación del caso Ayotzinapa, para dar con la verdad sobre el paradero de los estudiantes y descartar la “verdad histórica” de que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula, versión que Tomás Zerón de Lucio procuró construir cuando fue director de la AIC.

Consultado por la reportera, el secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao, asegura que una de las primeras solicitudes de información del Mecanismo de Seguimiento al Estado mexicano será precisamente conocer el resultado de la investigación a Zerón, realizada por la Visitaduría General e iniciada a partir de la revelación del GIEI de que él realizó actuaciones no registradas en el expediente de Ayotzinapa.

La reportera buscó al presidente de la CIDH para preguntarle sobre la información que revela la resolución judicial a favor de Sidronio Casarrubias, que revela la existencia de una libreta que no está en el expediente de Ayotzinapa y en la que está inscrito el nombre y teléfono del sucesor de Zerón de Lucio.

Sin entrar en detalles, Cavallaro señaló a través de su personal de prensa: “El Mecanismo está analizando la información”.