Noviembre de miedo

El pequeño municipio de San Marcos, de la región Valles, es una muestra de la violencia que padece el estado, ante la cual los policías estatales no actúan o bien se convierten en agresores. Esta es la crónica de lo que pasó únicamente el mes pasado en ese territorio que, según sus habitantes, está dominado por el narco.

SAN MARCOS.- En este municipio, aparentemente tranquilo, se vive con miedo. Bastan unos minutos en el centro para sentirse vigilado por los “halcones” que se apostan en las esquinas o circulan en motos, con el celular en la mano para pasar de inmediato su informe, mientras los policías contemplan sus movimientos y los del visitante desde la entrada de la comandancia.

Se ven pocos transeúntes en las calles empedradas; quienes se atreven lo hacen con prisa, como si huyeran. Esto se comprende porque en un lapso de 21 días una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) levantó a dos ajustadores de una aseguradora, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un operativo y policías de la Fuerza Única balearon al párroco Jesús Gabriel Flores Villegas, quien llegó el pasado 19 de abril.

Enclavado en la región Valles, San Marcos es un pequeño municipio de menos de 293 kilómetros cuadrados donde habitan 3 mil 533 personas, según la página de internet del gobierno del estado. Colinda al norte con Etzatlán, al sur con Ameca y al oeste con el estado de Nayarit.

Cuando los enviados de Proceso Jalisco cuestionan a los probables testigos de los hechos mencionados, miran a todas partes para que los halcones no los descubran. A fin de asegurarse, invitan a los fuereños a entrar en la casa para que el diálogo no sea escuchado y reportado al líder de la célula local del CJNG, a quien conocen como El Faiko.

En el portal de videos YouTube se puede encontrar un narcorrido dedicado al “comandante Faiko”, donde se le describe como “un hombre de fuerte mirada, humilde y sencillo” que “es respetado hasta por el gobierno”. Se añade que en “su escuadra” porta “un san Juditas”.

En otra estrofa se supone que habla el propio cabecilla: “Por algo soy jefe de plaza y mi puesto con mi esfuerzo me he ganado. Si se pone tenso el terreno, lo enfrío en caliente, sigue firme el mando”. Incluso menciona la emboscada que sus sicarios le tendieron a un convoy de soldados en el municipio de Guachinango, en mayo de 2014.

Las personas que aceptaron dar su testimonio lo hicieron a condición de no publicar sus nombres. Aun así, en su propia casa, hablaron en voz muy baja, como si las paredes de adobe no bastaran para evitar la intromisión de los halcones.

Ajustadores levantados

Esa mañana de domingo un auto proveniente de Guadalajara circulaba por la avenida Hidalgo, la principal de San Marcos. Lo conducía una mujer, que traía a dos pasajeros, cuando de la calle Bocanegra salió otro auto y chocaron. En el segundo iba Yessenia Ulloa de León, directora del DIF municipal, con tres personas. En el poblado se sabe que la funcionaria es novia de un integrante del CJNG.

Tras el incidente, ocurrido el pasado 6 de noviembre a tres cuadras de la Presidencia Municipal, comenzó una discusión acalorada sobre quién pagaría los daños.

La mujer de Guadalajara llamó a su aseguradora y llegaron dos ajustadores, quienes en su acta circunstancial le dieron la razón a su clienta y notificaron a la otra parte que debía pagar daños por 28 mil pesos.

Ulloa de León no estuvo de acuerdo, pero en vez de llamar a su aseguradora le habló “a los (narcos) de la plaza y se vinieron de volada; empezaron a balacear a los ajustadores, a la mujer de Guadalajara y a sus dos acompañantes”, relata un testigo.

Los tripulantes del auto afectado corrieron para evitar las balas pero los ajustadores no alcanzaron a huir. Los agresores los llevaron en el propio vehículo de la aseguradora a la casa del papá de Yessenia, Casimiro Ulloa, Chimiro.

Horas después llegaron a San Marcos otros dos empleados de la aseguradora, que también fueron levantados. Este semanario llamó al área de ajustadores de dicha empresa, pero nadie respondió.

Tres días después, el 9 de noviembre, elementos de la Fuerza Única desplegaron un operativo con helicóptero. A decir de los pobladores, la policía del estado rescató de la casa de Chimiro a los ajustadores, que presentaban múltiples golpes. Señalan que al parecer una de las víctimas falleció.

El 14 de noviembre la FGE informó en un boletín que, “producto de los constantes operativos de vigilancia que realiza la Fuerza Única y con apoyo del área de inteligencia, en el municipio de San Marcos se logró el aseguramiento de armas de fuego, explosivos, cartuchos y vehículos con reporte de robo”.

Al respecto, el fiscal general Eduardo Almaguer declaró que la Fuerza Única actuó al informársele “de la presencia de sujetos de un grupo delictivo que venía operando en los municipios de Ameca, Etzatlán, Ahualulco y San Marcos”.

Y agregó: “Desde la semana pasada estos sujetos huyeron del municipio al detectar la presencia de las fuerzas estatales (…) sin embargo, al continuar con las indagatorias, el agente del Ministerio Público solicitó al Juzgado del Distrito X las órdenes de cateo a dos inmuebles, ubicados sobre la privada Iturbide y la calle Gorrión, las que fueron cumplimentadas el 11 de noviembre”.

Sin embargo, omitió hablar de la orden para catear la propiedad de Casimiro Ulloa, quien en 1997 formó parte de la planilla de regidores del PAN que en ese tiempo encabezaba Raúl Casillas Chávez, aspirante a la Presidencia Municipal de San Marcos.

Según los testigos, antes de que los efectivos de la Fuerza Única llegaran al número 20 de la calle Quetzal, estaba ahí el presidente municipal, Baltazar Curiel García; el secretario del ayuntamiento, Guillermo García Vega (en la pasada administración fue regidor), y el propietario, Chimiro, titular de la coordinación ganadera en el comité municipal del PRI.

Tras el operativo, la policía pegó sendos oficios con cinta canela en las puertas del negocio y de la casa de Casimiro Ulloa, en los cuales se observa el logotipo del gobierno estatal y a un lado el rótulo de la FGE. En la parte inferior, la leyenda: “finca asegurada C.I. 1859/2016-J”.

También se pegaron dos hojas tamaño carta con los resolutivos de José de Jesús Estrada Navarro, juez Penal de Control y Juicio Oral del Décimo Distrito Judicial, con residencia en Tequila, Jalisco.

Esos documentos están fechados el 18 de noviembre y en ellos se detalla que en la finca se encontraron envoltorios de plástico que contenían mariguana, una báscula blanca, dos armas largas, una camioneta GMC verde con placas JS 20007, y en la caja del vehículo 100 envoltorios con vegetal verde, así como una bolsa de plástico negro con más droga.

Pasado el operativo, el presidente municipal y su secretario desaparecieron algunos días; regresaron el 15 de noviembre. En tanto, Chimiro y su hija están escondidos. Este semanario llamó por teléfono al DIF municipal para preguntar por la directora, pero el personal informó que goza de una licencia de dos meses, la cual corre desde el 12 de noviembre.

El auto de Yessenia, con placas JHR 7446, permanece afuera de las instalaciones del DIF en la calle Libertad, a la vuelta de la entrada principal de la presidencia.

“De milagro no lo mataron”

El 26 de noviembre a las 20:00 horas, como cada sábado, los pobladores de la localidad La Puerta del Coche, que tiene alrededor de 90 habitantes y está a 15 minutos de la cabecera de San Marcos, esperaban a que oficiara misa el padre Jesús Gabriel, enviado hacía seis meses al municipio por la Arquidiócesis de Guadalajara.

Algunos estaban en el estacionamiento, adonde debía arribar el sacerdote en su camioneta Mitsubishi negra, modelo 2009. La mayoría eran mujeres con sus hijos. Otros permanecían en la capilla de fachada verde con su puerta de metal enmarcada por un arco de ladrillo naranja, a unos 80 metros del estacionamiento, a la que se llega cruzando la plaza de cemento. La comitiva de bienvenida tenía a un lado una olla con tamales calientitos.

Enfrente del lugar de estacionamiento del párroco estaba un auto compacto rojo. Recargados en él, dos jóvenes se entretenían con sus teléfonos. Ese es el único punto de la comunidad con señal de celular. En la parte superior de un tronco, que forma parte de la cerca alambrada de una propiedad, alguien colocó un calcetín para marcar el sitio.

A las 20:00 horas con 10 minutos, la gente vio que por el camino de terracería venía la Mitsubishi negra a toda velocidad. No les extrañó, porque a decir de sus feligreses el padre Gabriel maneja “muy recio, con los vidrios arriba, y trae música”.

Justo cuando cruzaba la entrada de la comunidad, donde hay un guardaganado con el ancho exacto para que entre un vehículo, se escucharon disparos. Eran policías de la Fuerza Única que le tiraban al sacerdote.

“Venían corriendo, como que venían del cerro, y le empezaron a disparar. Cuando el padre se iba a estacionar, vio que lo estábamos esperando y le torció el volante para que (los policías) no nos dieran (con sus disparos). Le seguían tirando; nunca le dijeron que se detuviera”, relata uno de los que presenciaron los hechos.

Asustados, los pobladores les gritaron a los policías que no le dispararan al cura, pero ellos no escucharon, sólo ordenaron que todos se agacharan. Después les indicaron que se encerraran en sus casas.

La señora de los tamales corrió a su casa. Los muchachos con celulares se ocultaron tras el coche rojo. Se oían llantos de niño. Quienes estaban en la capilla pensaron que el ruido se debía a que se había tronado el cableado eléctrico, como ya había sucedido antes. Sin embargo, un hombre llegó corriendo con un niño y les dijo que le habían disparado al párroco al menos 10 tiros, y el grupo entró al recinto para protegerse.

En medio de los balazos, el sacerdote se agachó al tiempo que aceleraba al pasar entre una jardinera y un gran árbol. Una llanta de su camioneta estalló con un disparo, pero el auto llevaba impulso para avanzar una cuadra más, donde termina la calle. Los vidrios rotos hirieron en la espalda al conductor.

El cura se bajó de la Mitsubishi y corrió a la vivienda de la esquina, que en ese momento abría uno de sus moradores para escapar del tiroteo. Cerraron la puerta de inmediato pero los policías los vieron y comenzaron a patear la puerta negra de metal mientras gritaban: “Salte, hijo de tu puta madre”.

El sacerdote aceptó salir, pero antes les dijo a los agentes que era el párroco. “Pues salga, cabrón”, le respondieron. Apenas se presentó con las manos en alto, lo tumbaron al piso, lo esposaron y empezaron a golpearlo, con más insultos. El detenido les pedía que vieran su identificación, pero no le hicieron caso y se lo llevaron, relata un testigo.

De ese domicilio sacaron también a un joven y lo esposaron, pero minutos después lo dejaron en libertad. Posteriormente se propagó que los policías robaron 7 mil pesos de una habitación de la casa.

Cuando la gente vio sometido al padre Gabriel, trató de aclarárselo a los policías, pero éstos les gritaron que se fueran, “si no, a ustedes también los matamos”, cuenta una mujer.

Cuando los policías les gritaron a los vecinos: “Agáchense, los estamos protegiendo”, ellos insistían en que habían detenido al sacerdote. “A lo mejor como trae una camioneta negra, lo confundieron con los maleantes (…) De hecho, cuando lo detuvieron, los policías no dejaron ni que se acercara el delegado del comisariado. De puro milagro no lo mataron”, comenta un señor mayor.

La Mitsubishi sufrió daños en la carrocería, cristales rotos y la llanta reventada. En la primera vivienda que se encuentra en la entrada de la comunidad se ve un orificio de bala calibre 223, correspondiente a un rifle, que estuvo a centímetros de entrar por la ventana de la sala, donde veía la tele uno de los habitantes.

Desde antes de ese tiroteo, afirman los pobladores, ya era rutina que los efectivos de la Fuerza Única Regional revisaran los celulares para saber con quién se comunican y ver sus fotografías. A veces incluso inspeccionan las carteras y se quedan con dinero o con objetos de valor, señalan. “Nadie se queja porque nos amenazan; si decimos algo, nos van a matar. Nos tenemos que cuidar de los narcos y de los policías”, lamentan.

Se ha difundido el rumor de que la detención del padre Gabriel se debió a que “ya andaba con los malos… Pero sabemos que el gobierno no halla ni cómo lavarse las manos. El padre dijo que en la carretera no había nadie que le hiciera el alto, entonces cómo se iba a parar”, dice una mujer.

Los testigos coinciden en que a los 10 minutos de que los policías le dispararan al cura, llegaron cinco camionetas de patrulla, en una de cuyas cajas arrojaron al padre ya esposado y golpeado. Alrededor de la una de la mañana del domingo varios policías estatales regresaron para recoger los casquillos percutidos y cambiarle el neumático a la camioneta negra para llevársela.

Proceso Jalisco llamó varias veces a la parroquia para recoger el testimonio del sacerdote, pero él se negó a contestar las llamadas y los mensajes de Whatsapp, que dejó en visto. Sin embargo, el domingo, en la misa de 12, les informó a sus feligreses lo que sucedió la noche anterior.

Este semanario también buscó al vocero del Arzobispado de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño, para conocer su postura sobre el tiroteo y detención contra el clérigo, pero aquél descartó pronunciarse al respecto “hasta que no haya más elementos de juicio… conocer el contexto de la situación y cómo se dieron las cosas”.

De todas formas, varios habitantes de San Marcos señalan que el actual presidente municipal y su antecesor, el también priista Eduardo Alejandro Díaz Paredes, permitieron que los narcotraficantes controlen la zona y han sido pasivos ante la desaparición de al menos 15 personas de la demarcación en los últimos cuatro años.