Los millones de Aristóteles a la IP

Durante su administración, Aristóteles Sandoval Díaz ha encargado a la iniciativa privada diversos programas de capacitación y otros eventos sociales. Proceso Jalisco solicitó información vía la Ley de Transparencia para documentar el modus operandi de las dependencias “dadivosas” que entregan los recursos sin definir los parámetros ni pedir cuentas de los resultados. De acuerdo con la información obtenida a través de la Ley de Transparencia, la Canaco, la Coparmex y el CCIJ se han embolsado 305 millones de pesos.

Desde marzo de 2013, cuando asumió la gubernatura, hasta el año pasado la administración de Aristóteles Sandoval Díaz destinó alrededor de 305 millones de pesos a iniciativas del sector privado que incluyeron eventos como la colocación de adornos navideños, la celebración del aniversario de una cámara empresarial y varios encuentros de mariachi y charrería.

De acuerdo con las respuestas a solicitudes de información vía la Ley de Transparencia, en ese lapso las secretarías de Desarrollo Rural, de Turismo, del Trabajo y Previsión Social, y de Innovación, Ciencia y Tecnología otorgaron apoyos por 76 millones 810 mil 415 pesos a organismos privados.

Al cierre de edición, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) no había respondido a la petición sobre sus gastos de 2016. No obstante, la directora de Planeación de esa dependencia, Martha Lucy Barriga Hernández, admitió que sólo para este tipo de eventos ha erogado 226 millones 163 mil 339 pesos en lo que va del sexenio de Sandoval Díaz.

Y aun cuando esos 304 millones 973 mil pesos se han repartido entre cientos de beneficiarios, los principales son la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ).

La Canaco, por ejemplo, recibió de la Sedeco 57 millones 532 mil 450 pesos entre 2013 y 2015. De esa suma, 16 millones 700 mil correspondieron al rubro “Impulso económico para el desarrollo del comercio de temporada”; 10 millones 562 mil 200 para los encuentros internacionales del mariachi y la charrería; 7 millones 500 mil para la organización del evento dedicado al emprendimiento WOBI on Entrepreneurship, y 6 millones 600 mil para la de la Cumbre de Negocios 2015, un evento creado en 2003 por iniciativa del entonces mandatario de Veracruz, Miguel Alemán Velasco.

La Canaco también cobró 2 millones 724 mil 750 pesos por el ornato navideño que coloca cada año en la zona centro, así como 3 millones como apoyo en el marco de su 125 aniversario. La suma de esos servicios asciende a 47 millones 87 mil.

Cuando el reportero solicitó información a los directivos de la Canaco sobre los restantes 16 millones 445 mil 450 pesos, su oficina de Comunicación Social respondió que su presidente, Fernando Topete Dávila, tenía la agenda complicada por el gasolinazo y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Barriga Hernández justificó las erogaciones de la Sedeco. En Jalisco –dice–, el tequila, la charrería y el mariachi son parte de la cultura y, al apoyar sus actividades, “fomentamos la derrama económica”, con el turismo permanente, el hospedaje, los taxis, la alimentación.

La Coparmex Jalisco recibió 31 millones 851 mil 715 pesos entre 2013 y 2015. Las cuentas de la cúpula patronal incluyen dos pagos –uno por 11 millones 100 mil y otro por 6 millones 380 mil– como apoyo para la cumbre de negocios 2015.

La Secretaría del Trabajo pagó 12 millones 761 mil 715 pesos al sindicato del organismo patronal para la organización de cursos de capacitación. Este semanario solicitó una entrevista con el presidente de este organismo, José Medina Mora Icaza, respecto a estos temas. Hasta el cierre de edición no hubo una respuesta.

Impuestos empresariales

En el caso del CCIJ, según las respuestas de las dependencias estatales, recibió 22 millones 94 mil 623 pesos en los últimos tres años. A esto hay que sumar 1 millón que les otorgó la Sedeco en 2016, comenta el coordinador del organismo empresarial, Daniel Curiel Rodríguez.

En el reporte, también destacan los pagos por 6 millones 380 mil y 6 millones 600 mil pesos como apoyo para la cumbre de negocios en 2013 y en 2015, cuando Guadalajara fue sede de ese evento.

“Es un impacto importante; por supuesto, es probable que no toda la gente pueda ver el beneficio que se tiene, pero creo que sí es importante el beneficio que se logra a final de cuentas en este tipo de eventos por la confianza que pueda dar un estado y el mismo país hacia afuera.

“Toda esta gente (que participa en eventos de este tipo) trae a muchísima gente; entonces, la derrama es mucho mayor que el apoyo que se recibe”, indica el representante empresarial.

La Secretaría del Trabajo le dio 9 millones 409 mil 623 pesos al CCIJ por eventos de capacitación.

Curiel Rodríguez expone: “Es importante que en este año tan incierto y el de 2018, con Trump en la Casa Blanca, la devaluación, la incertidumbre sobre los mercados mexicano y estadunidense, debes buscar dónde invertir, pero no puedes quitar los temas de capacitación y de conocimiento.

“Si lo haces, te quedas fuera del mercado. Muchos de los recursos del gobierno que son apoyos son impuestos pagados por las mismas empresas y por los trabajadores.”

Para promover la transparencia en el uso de estos recursos, el año pasado se firmó un convenio con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei). Por ello, “si estamos pidiendo transparencia y claridad en las cuentas de gobierno, debemos hacer lo mismo para transparentar nuestras cuentas de los apoyos gubernamentales de cualquiera de los tres niveles (de gobierno)”, insiste el entrevistado.

Juez y parte

De acuerdo con las reglas de operación de la Sedeco –la dependencia que más recursos ha erogado–, un director de área se encarga de analizar la viabilidad de los proyectos empresariales, aunque la decisión de otorgarlos recae en un comité técnico conformado por 24 miembros procedentes de la academia, organismos sociales, los municipios, el gobierno del estado… y los mismos organismos empresariales que se benefician de esas decisiones.

–¿No es un conflicto de intereses, en el caso de los empresarios? –se le pregunta a Barriga Hernández.

–No está marcado en las reglas de operación y la ley tampoco lo prohíbe.

–¿Ahí participan la Coparmex, la Canaco y el CCIJ?

–Sí, también están el Consejo Agropecuario (de Jalisco) y el Comce (Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior).

–¿Ellos también tienen votos a la hora de darle recursos a sus mismos organismos?

–Sí, pero sólo uno. El comité está conformado por 24 integrantes y la decisión es colegiada.

Según la entrevistada, cada proyecto aprobado debe tener compromisos medibles. “Tienen que beneficiar un número determinado de participantes –dice–. En algunos casos se tienen que comprobar las ventas, la conservación o generación de empleos; en otros, también órdenes de pedido. Si son capacitaciones, el capacitador debe tener registro”.

Aunque la funcionaria argumenta que entre los resultados tangibles de esos esfuerzos está la generación de empleos –que en 2016 superó la meta de 80 mil plazas–, cuando se le cuestiona si éstos no pueden atribuirse directamente a esas inversiones gubernamentales, matiza su respuesta:

“No. Obviamente nunca vamos a relacionarlo así. Como estado, no somos generadores de empleo, sino propiciadores de condiciones para que microempresarios y organismos empresariales generen el empleo.”

–Dentro de lo que sí se puede medir, ¿cuáles son los resultados tangibles de esta inversión?

–Lo más importante es el posicionamiento del estado como polo económico. Eso es medible y ya está comprobado. Este es el resultado de toda la dinámica y de la facilidad que hemos dado para propiciar una economía dinámica y diversa en el estado; hoy somos el referente nacional en modelos de políticas públicas en programas que han detonado mejoras en las condiciones económicas y, obviamente, la proporción del empleo en todo el país.

A pesar de apoyar centenares de iniciativas en lo que va de la administración de Sandoval Díaz, el Comité de Evaluación y Seguimiento de estos asuntos en la Sedeco no se ha topado con un solo caso de incumplimiento, afirma la funcionaria.

Proyecto polémico

Después de la Sedeco y la Secretaría del Trabajo –que en conjunto han aportado 35 millones 785 mil 424 pesos a labores de capacitación a través de organismos empresariales y compañías privadas–, la tercera dependencia más dadivosa es la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, con casi 27 millones de pesos, destinados a eventos como el Campus Party, Epicentro y un Startup Weekend. De esa suma, la Ciudad Creativa Digital recibió alrededor de 4 millones.

Para el investigador Luis Ignacio Román Morales, adscrito al Departamento de Economía, Administración y Mercadología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, en sí misma la transferencia de recursos públicos al sector privado no es negativa, pero el beneficio que recibe el ciudadano debe ser mucho más específico para saber si las inversiones son correctas.

Las entidades receptoras deberán reunir dos condiciones, dice: comprobar que realmente necesitan el recurso y presentar resultados tangibles en términos económicos, sociales, culturales o ambientales. Y puntualiza: “Si no se da esa demostración, entonces existe un problema de transparencia en el criterio de asignación y el beneficio que se tenga”.

En ese aspecto, Barriga Hernández destaca que antes de la administración de Sandoval Díaz la asignación de recursos a estas iniciativas no tenía un método.

–¿Cómo mejorar el programa? –se le pregunta a la directora de Planeación de la Sedeco.

–Buscar que los proyectos que nos presenten sean más sustentables y comprometer más a las asociaciones, organismos empresariales y a todos los que nos pidan apoyo. El propósito es poderlos evaluar puntualmente y ser mucho más específicos a la hora de revisar los resultados.