Justicia póstuma

Un tribunal de Roma sentenció a cadena perpetua a ocho exmilitares de Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Uruguay, por el asesinato de 43 italolatinoamericanos durante los operativos del Plan Cóndor, que ideó el dictador Augusto Pinochet. Es la primera sentencia que impone un tribunal europeo por la represión sistemática desatada por las dictaduras del Cono Sur en los setenta y ochenta. El veredicto, sin embargo, no fue unánimemente celebrado por las víctimas: otros 18 imputados fueron absueltos “por falta de pruebas”.

Roma.- El 11 de septiembre de 1973, el día en el que Augusto Pinochet encabezó el golpe de Estado en Chile, Juan José Montiglio Murúa fue arrestado por los golpistas en el Palacio de la Moneda. Lo encarcelaron y ­desapareció. Su culpa: ser militante del Partido Socialista chileno y, sobre todo, ser uno de los guardias personales del presidente Salvador Allende.

Catorce años después, en otro país, Argentina, a la maestra de primaria María Victoria Mojano Artigas le surgió una sospecha: que los que se ostentaban como sus padres biológicos en realidad no lo fueran. El presagio resultó cierto. María Victoria había sido entregada a su familia adoptiva tras nacer en un centro de detención en el que estaban encarcelados sus padres, quienes desaparecieron.

Historias de desaparición forzada y homicidios sistemáticos integran el procedimiento penal 2/12 R.G, con base en el cual el Tribunal de Roma emitió la semana pasada el primer veredicto en Europa contra 27 imputados por el llamado Plan Cóndor que ideó el dictador chileno Augusto Pinochet.

De acuerdo con lo establecido por la Corte italiana, ocho exmilitares y exjefes de gobierno latinoamericanos fueron condenados a cadena perpetua y 18 absueltos “por falta de pruebas”. El fallo se dictaminó por la persecución y eliminación física de 43 víctimas italolatinoamericanas, asesinadas precisamente durante la sistemática represión llevada a cabo por las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay en los setenta y ochenta.

La sentencia italiana

Casi cuatro décadas después de aquellos hechos “la justicia penal italiana dio el primer reconocimiento en Europa de que el Plan Cóndor existió y fue una operación criminal que llevaron adelante jefes de gobierno con la intención coordinada de exterminar la oposición en sus países”, expresó el abogado Arturo Salerni, uno de los promotores del proceso.

“Fue un juicio muy difícil, que requirió de mucho tiempo y muchas autorizaciones, pero el resultado conseguido es único”, subraya a Proceso Mario Angelelli, otro de los letrados de la causa y quien en 1999 fue de los primeros en representar a los familiares de las víctimas.

“Ha habido un resultado, pero sólo parcial, pues hubiera sido más justo incluir en la sentencia la represión ocurrida durante el primer golpe de Estado, que fue en Brasil en 1964”, matizó por su parte Alejandro Montiglio. Este último, hijo del fallecido Juan José Montiglio, obtuvo, no obstante, cierta justicia póstuma con la condena del coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, asesino de su padre.

En efecto, con los centenares de documentos generados por testimonios y evidencias, el juicio ha reconstruido hechos ocurridos en aquellos años. Uno de ellos proviene de un informe de la CIA, en el que el fiscal italiano Giancarlo Capaldo basó una de sus acusaciones. Ese informe reconoce que Perú y Ecuador se convirtieron en miembros del Plan Cóndor a finales de los ochenta.

Otros testimonios apuntan a la existencia de una conexión entre el Cuerpo de Fusileros Navales uruguayo y la Escuela de Mecánica de la Armada argentina, dos organismos partícipes de la represión.

Además de ello, la sentencia italiana, que llega tras más de ocho años de engorrosas investigaciones y 61 audiencias, abre la posibilidad de que los familiares exijan resarcimientos en dinero e incluso a que los condenados sean extraditados a Italia, si son excarcelados en sus países de origen o si se encuentran libres.

“Probablemente habrá que esperar una segunda y eventualmente una tercera apelación del veredicto. A pesar de ello, el proceso se cerrará en un plazo de unos dos, tres años, pues esas audiencias son más rápidas”, afirmó Angelelli.

Según establece la ley italiana, los jueces tienen un plazo de 90 días para presentar las motivaciones de su veredicto, tras lo cual las partes (el magistrado italiano y los defensores de los imputados) tienen otros 45 días para presentar su apelación, lo cual es muy probable que ocurra pues, a pesar del resultado histórico que supone que una corte europea se haya pronunciado sobre el Plan Cóndor, no son pocos los que manifestaron su malestar por las absoluciones de los restantes 18 imputados, 13 de los cuales son uruguayos.

“Esperábamos otra cosa, nos sentimos defraudados, pero respetamos la separación de poderes”, declaró el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic.

El escollo ‘Troccoli’

Victoria Moyano Artigas, hija despojada de sus padres –María Asunción Artigas y Alfredo Moyano, secuestrados en 1977– y nacida en cautiverio en el Pozo de Banfield, Argentina, coincide en que el veredicto italiano está lejos de ser satisfactorio. Casi se desmaya al conocer que el marino uruguayo Jorge Néstor Troccoli Fernández quedó absuelto.

“Es una vergüenza que absuelvan a 13 de los 14 uruguayos imputados. Viajé de la Argentina por el fallo y me voy indignada”, declaró al diario argentino La Nación.

Y es que muchos ven el caso Troccoli como una piedra en el zapato para la recuperación de los hechos históricos. “Es lamentable porque Troccoli huyó de Uruguay y, gracias a su doble nacionalidad, se asentó en Italia. Entonces se pidió su extradición, que Italia negó para luego arrestarlo, liberarlo, procesarlo en libertad y ahora está absuelto”, afirma Gennaro Carotenuto, analista especializado en historia contemporánea y quien trabajó como perito en el juicio.

“Estamos hablando de un personaje que sólo hace unos años continuaba reivindicando lo que en realidad fue terrorismo de Estado”, añadió el estudioso.

Troccoli –que en la actualidad tiene 70 años–, es el único de todos los imputados que hoy vive en Italia y el principal de alto rango que no ha sido condenado. Tampoco fue condenado el teniente coronel uruguayo Nino José Horacio Gavazzo.

De hecho, entre quienes fueron sentenciados a prisión de por vida figuran el expresidente boliviano Luis Garcia Meza y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez; el expresidente de Perú Francisco Morales Bermúdez, su comandante del Ejército y primer ministro, Pedro Richter Prada, y su jefe de los servicios secretos, Germán Ruiz Figueroa; el excanciller uruguayo de la dictadura, Juan Carlos Blanco, y los jefes militares chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y el ya mencionado Ahumada Valderrama.

Mientras que han resultado absueltos siete militares chilenos, 11 uruguayos y un peruano.

“La mayor parte de estos últimos, con la excepción de Troccoli y Gavazzo, son segundos mandos, que cumplían órdenes en la clandestinidad, lo que dificultó la recolección de las pruebas. Es difícil reconstruir lo que ningún testigo conocido vio directamente”, indica a este respecto Mary Cortese, de Progetti Civili, una de las asociaciones que más de cerca siguieron el caso.

“La sensación es que los jueces se sintieron más libres de condenar a las cúpulas y menos a los que se encontraban en escalones más abajo”, detalla la activista.

“Esto demuestra la dificultad que implica aún hoy juzgar a los criminales que llevaron a cabo estos delitos. Además, muchos de ellos están viejos y van a morir pronto”, remata Montiglio.

El juicio no sólo ha confirmado la coordinación existente entre las dictaduras latinoamericanas e incluso el intercambio de informaciones entre los órganos represivos de los países involucrados, también ha aportado algo de justicia póstuma a los familiares de los desaparecidos.

Entre éstos se encuentran, además de Montiglio Murúa, el exsacerdote chileno Omar Venturelli Leonelli, integrante del grupo Cristianos por el Socialismo y ­desaparecido en 1973; el dirigente argentino del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, Luis Stamponi, amigo del Che Guevara y capturado en 1976; Jaime Patricio Donato Avendaño, dirigente del Partido Comunista de Chile capturado en una trampa de la policía secreta de Pinochet; Daniel Álvaro Banfi Baranzano, del uruguayo Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros; y el chileno Juan Maino, militante del marxista Movimiento de Acción Popular Unitaria y ejecutado en Colonia Dignidad, Chile.

“Hay estudios que prueban que la justicia penal es de las más satisfactorias para recompensar a las víctimas”, puntualiza Carotenuto. “Lamentablemente el camino a recorrer es todavía largo. Pero considero que, gracias a tantas ONG de derechos humanos que hay en Argentina y en el resto de América Latina, se está haciendo un trabajo minucioso para recuperar la verdad histórica. Ahora otro grano de arena ha sido aportado desde Europa”, considera.