Un secretario muy influyente

En 2004, Alejandro Pérez Valencia inició un litigio contra dos empresas de Humberto Reyes Aubert y Norma López Silva por despido injustificado. El proceso se complicó, pues involucra a varios exasesores de las firmas demandadas, entre ellos Héctor Pizano Ramos, quien hoy es titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; Roberto López Lara, secretario de Gobierno de la administración de Aristóteles Sandoval Díaz, y otros funcionarios. Los defensores de Pérez Valencia relatan a Proceso Jalisco las vicisitudes de este caso.

El lunes 20 por la mañana, los abogados Ricardo García Márquez y Carlos Isaías García Vázquez concedieron una entrevista a este semanario para denunciar que su cliente Alejandro Pérez Valencia, un hombre de 58 años con la salud quebrantada, está en prisión desde el 10 de agosto de 2016 por defender sus derechos laborales.

García Márquez y García Vázquez se presentaron acompañados de dos escoltas, quienes permanecieron a prudente distancia, atentos a cualquier contingencia, toda vez que, dijeron, su cliente implica a la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Eduardo Almaguer Ramírez; al titular de Trabajo y Previsión Social (STyPS), Héctor Pizano Ramos, así como a otros funcionarios por presunto tráfico de influencias.

Según los litigantes, Pérez Valencia fue despedido de su trabajo de manera injustificada en 2004, por lo que presentó una demanda contra las empresas Armstrong Armored de México y Armstrong Safe de México –cuyos accionistas son Humberto Reyes Aubert y Norma López Silva–, pero, dicen, se percató de que Pizano Ramos y personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) no sólo “están a la orden de ambas empresas”, sino que incluso tienen influencias en la FGE.

Tras su demanda –juicio 1387/2004, radicado en la Quinta JLCyA–, Pérez Valencia fue amenazado de muerte, pero él no desistió.

Pérez Valencia, reiteran sus abogados, enfrenta a personajes de gran peso político, entre ellos a Pizano Ramos, aspirante a la dirigencia estatal del PRI; al secretario de Gobierno Roberto El Chino López Lara, quien antes de encumbrarse en el poder litigaba en favor de las empresas de Reyes Aubert y López Silva.

También está Eduardo Almaguer Ramírez, uno de los aspirantes a la gubernatura por el PRI para 2018, quien maniobró para obstruir la justicia en favor de las empresas Armstrong cuando estuvo al frente de la STyPS, sostienen los abogados de Pérez Valencia. E insisten: López Lara, Pizano Ramos y algunos de los colaboradores de este último aparecen en documentos desde 2007, cuando litigaban en favor de esas firmas.

Y aun cuando Pizano Ramos ocupó diversos cargos públicos desde ese año, intervino por sí o por conducto de sus allegados en beneficio de las compañías de Reyes Aubert y López Silva, de las que llegó a ser su apoderado legal. Dejó esa representación en 2013.

El 6 de julio de 2007, Reyes Aubert, socio y administrador único de Armstrong Armored de México, otorgó un poder para que su firma fuera representada por Pizano y López Lara en el juicio laboral contra Pérez Valencia, según documento enviado a la JLCyA, cuya copia consultó Proceso Jalisco.

Dos meses y medio antes, el 16 de abril de 2007, el empresario Alberto Reyes Aubert, administrador general único de Armstrong Safe de México, concedió otro poder en favor de Pizano y David Wong Avilés. Wong, quien está ligado al despacho de Pizano y al PRI, incluso fue sancionado en enero de 2016 por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco (Itei).

Wong colaboró en la administración zapopana del priista Héctor Vielma (2012-2015), luego trabajó en la Unidad de Transparencia de Servicios de Salud y desde el 23 de abril de 2013 es director Jurídico de la Secretaría del Trabajo.

El 30 de abril de 2008, Humberto Reyes Aubert firmó una carta poder en favor de Pizano Ramos, de Mónica Alejandrina Martínez Aréchiga y Wong, para que indistintamente representen a las dos empresas Armstrong en el juicio laboral contra Pérez Valencia.

La mano de Pizano

Según el abogado García Márquez, Pizano Ramos interviene en ese proceso a favor de las firmas Armstrong hasta finales de 2009, luego aparece su hermano Mario, exintegrante del Consejo de la Judicatura, además de Wong y Martínez Aréchiga.

Durante el proceso, Pizano y sus socios han promovido incidentes de nulidad para tratar de evitar la aplicación de la justicia y el derecho que asiste al trabajador despedido.

“Siempre se trata de dilatar lo más posible el juicio, con lo que queda clara la intervención directa de Pizano, en un asunto que se mantiene hasta después de que asumió el cargo de secretario del Trabajo”, puntualiza García Márquez.

García Vázquez lo secunda: “Cuando llego a la Secretaría del Trabajo, Pizano aún no había renunciado a la representación de Armstrong. Y como se nos ocurrió decir en la Quinta Junta Especial que íbamos a promover una denuncia penal por tráfico de influencias contra él y sus socios, los abogados de las referidas empresas se movilizaron”.

El 3 de diciembre de 2015 Wong acudió a las instalaciones de la Quinta Junta Local y presentó un escrito en el que pedía “se les tuviera como renunciados al cargo de la representación de la referidas empresas a (Pizano y a él); incluso firmó por Pizano. Eso pasó dos meses después de que ambos ocuparon los cargos que hasta hoy ostentan”, puntualiza García Márquez.

Lo cierto es que todo lo hicieron mal, dicen los defensores de Pérez Valencia. Sin ningún recato, los funcionarios señalados se quejaban de parcialidad, pese a que todos los laudos, sentencias y amparos ganados por el denunciante obedecen a ordenamientos de autoridades judiciales federales.

Sin embargo, el año pasado las cosas se complicaron para Pérez Valencia, quien el 10 de agosto de 2016, sin prueba alguna, fue encarcelado por presuntos delitos contra la salud y por fraude, según el expediente 744/2016, radicado en la mesa A del Juzgado Décimo Primero de lo Criminal.

García Márquez dice que “ha sido víctima de extorsión, atentados contra su vida motivados precisamente por quienes le han dicho que su libertad la puede intercambiar por el desistimiento de las prestaciones laborales que le corresponden por ley y que afectan a las empresas Armstrong”, señala García Márquez.

Su colega García Vázquez sostiene que, ante la magnitud de la corrupción, el abuso de autoridad y la obstrucción de la justicia, él y García Márquez promovieron dos denuncias penales: una el 15 de octubre de 2016, la otra el 18 de noviembre siguiente.

Trampas jurídicas

La denuncia del 15 de octubre (expediente D-1/63167/2016) fue derivada al fuero común, por lo que no se abrió carpeta de investigación y es contra Javier González Bugarín, el anterior presidente especial de la Quinta Junta local; Hilda Hernández Cantera, secretario de la misma, a Óscar Miguel Medrano Fernández, notificador y actuario, por el presunto delito de abuso de autoridad y obstrucción de la justicia en favor de las empresas condenadas.

La otra del18 de noviembre se presentó ante la PGR (expediente de atención NA/JAL/GDL/002116/2016) contra Elke Tepper García, presidenta de la JLCyA, instancia dependiente de la Secretaría del Trabajo,   y otros funcionarios de la Quinta Junta Especial.

Esta última querella fue ampliada diez días después, el 28 de noviembre, para incluir a César Octavio Gutiérrez Coronel, presidente auxiliar de la Quinta Junta, Mesa “J”, justo donde se encuentra radicada la demanda laboral de Pérez Valencia.

También ewtán los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Fernando Cotero Bernal y Gabriel Montes Alcaraz, así como Rogelio Antonio Ruiz Almazon, representante obrero de la Quinta Junta; Juanita Larios, representante patronal, e Hilda Hernández.

En febrero de 2017 se amplió ante la PGR la querella presentada el 18 de noviembre último para incluir a Cotero Bernal y Montes Alcaraz. Según el abogado García Márquez, ambos magistrados emitieron una sentencia federal contra la ley para revocar un lineamiento anteriormente expuesto por ellos mismos.

Eso, dice, “ocasionó una afectación económica y transgresión al marco de la legalidad y los derechos humanos de su cliente”.

Su colega García Vázquez comenta que Pérez Valencia fue encarcelado con acusaciones falsas, sin sustento legal y por venganza al demandar por despido injustificado a Armstrong Armored de México o Armstrong Safe de México.

Y reitera: “Demostramos que la justicia asistía al trabajador y que la empresa tenía la obligación de pagar su liquidación conforme a la ley”.

Existen serios vicios en el proceso penal contra su cliente, puesto que el juicio y los cargos iniciaron con el antiguo sistema de justicia, pese a que ya estaba vigente desde mayo de 2016 el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, que pues desde mayo de 2016.

La demanda del 18 de noviembre fue turnada al fuero común en la FGE, luego de que un juez federal ordenó el embargo de las cuentas de la empresa acusada, para garantizar la liquidación del finiquito de Pérez Plascencia.

Eso desató la furia de Armstrong y sus representantes. Sin embargo, por encima de la ordenanza de la justicia federal, las autoridades laborales de Jalisco dejaron en la indefensión y pasaron por encima de los derechos laborales y humanos del trabajador, señala García Márquez.

Las presiones

Lo primero que los defensores de Pérez Valencia descubrieron al analizar los expedientes laboral y penal –cada uno consta de tres tomos, dicen– fue la obstrucción de la justicia.

Además, uno de los reos del penal donde está Pérez Valencia siempre lo intimida, le insiste en que retire su demanda contra Armstrong. Otro recluso entregó un escrito a Pérez Valencia para que lo aprendiera de memoria y lo repitiera ante autoridades penitenciarias y laborales cuando asistieran al penal los funcionarios de la Junta Local y los representantes de las empresas Armstrong.

Según García Vázquez, los presos acozadores son apoyados por el personal de los juzgados Séptimo y Onceavo; en este último Pérez Valencia se encuentra a disposición.

En una ocasión, dice, lo sacaron de la prisión y en ese juzgado una persona le pidió que retirara la demanda. De no hacerlo, le advirtió, “tendría que atenerse a las consecuencias”. Poco después, Pérez Valencia fue presionado para que firmara su desistimiento de la demanda laboral contra la empresa y le ofrecieron su libertad en 30 días.

Con respecto a la acusación de fraude, la empresa rechaza cualquier vínculo laboral con Pérez Valencia. La relación se acreditó por dos cartas de recomendación cuyas firmas son falsas.

“Fue la justicia federal quien determinó la existencia del vínculo laboral mediante dos contratos de prestación de servicios profesionales con lo que se evidenció el intento de las empresas Armstrong de simular una relación civil, cuando en verdad se trataba de índole laboral, y en un asunto que práctica común de las empresas para evadir sus responsabilidades”, refiere García Márquez.

Por mandato de la sentencia federal 569/2013, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, se obligó a la Quinta Junta a fallar en contra de las empresas Armstrong, señalando la existencia del vínculo laboral.

Sin embargo, los representantes de la parte acusada, en contubernio con los funcionarios de la JLCyA, encontraron la forma de hacer las cosas mal y, por enésima ocasión, hablaron de un salario mínimo e irreal, reiteran los abogados.

Ante ello, se ordenó a la Quinta Junta Local considerar un salario mucho mayor para Pérez Valencia. Los abogados promovieron un amparo ante un juzgado penal federal para que su cliente fuera trasladado del Reclusorio Preventivo al Reclusorio Metropolitano para salvaguardar su vida.

Resulta irónico que Pérez Valencia esté recluido en un penal de mediana seguridad no por su peligrosidad, sino para salvaguardar su vida, comenta García Márquez. Dice que él y su colega también enfrentan los embates de los funcionarios implicados.

Pese a ello, los defensores de Pérez Vázquez insisten en que continuarán el litigio porque se trata de “una injusticia completamente comprobable y comprobada”.