Crece la tensión en la sierra wixárika

Dos meses antes del asesinato de los indígenas Miguel y Agustín Vázquez Torres, ejecutados la tarde del 20 de mayo pasado en una población del norte de Jalisco, representantes de la comunidad wixárika enviaron un escrito al general Enrique Méndez González, responsable de la XV Zona militar, y al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Eduardo Almaguer Ramírez.

En él advertían sobre el aumento de la inseguridad en la zona, derivada de la expansión de las actividades del narcotráfico y el crecimiento de la siembra de amapola. El riesgo de violencia es elevado, exponían:

“Señor general y fiscal de Jalisco (pero) necesitamos de su gran ayuda para evitar una masacre de grandes consecuencias en nuestra comunidad de parte de esta gente (los delincuentes).”

En su documento fechado el 13 de marzo pedían  al general y al fiscal que enviaran “lo más pronto posible a personal bajo su cargo, tanto del Ejército como de la Fuerza Única Regional (FUR), para que intervengan inmediatamente en la destrucción de los sembradíos de amapola y de los cuales desconocemos cuántos existan”.

No hubo respuesta. Lo mismo pasó con la promesa hecha por Almaguer en febrero pasado, cuanto dijo que se instalaría una base regional de la FUR en la población de Mesa del Tirador, dicen los autores del documento, quienes piden omitir sus nombres por temor a represalias.

Comentan al reportero que desde septiembre de 2016, el entonces fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, recomendó a los ganaderos de ese estado implicar a los huicholes de robo de ganado, dedicarse a la siembra de amapola y luego acusar a los indígenas de narcotráfico.

Miguel Vázquez Torres era el presidente de bienes comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán y Ubaldo Castañeda fungía como secretario de ese núcleo ejidal de población.

En su edición del 30 de enero de 2017 Milenio Jalisco informó que Vázquez Torres presentó una denuncia cuando se enteró de las maniobras de Veytia, quien el pasado 29 de marzo fue detenido en San Diego, California, acusado de introducción ilegal de droga a Estados Unidos y por su presunta relación con el crimen organizado.

Ocho semanas después de la captura de Veytia, los hermanos Vázquez Torres fueron asesinados. Nueve días antes Gilberto Murillo Aguayo, comisario de Seguridad Pública de Huejuquilla El Alto, fue acribillado cuando conducía su auto.

Fue hasta el pasado 30 de mayo cuando el fiscal Almaguer dijo a los medios de comunicación que los autores de los crímenes de los hermanos Vázquez Torres y Murillo Aguayo eran sicarios de la misma célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Promesas incumplidas

En San Sebastián los lugareños consideran que el asesinato de los hermanos Vázquez Torres es un ultimátum. Miguel estaba seriamente comprometido con su comunidad y era un firme defensor de la tierra sagrada de Wirikuta. Agustín, dicen, apenas se iniciaba como activista social especializado en la defensa de los derechos humanos.

En su escrito, los wixárikas denunciaban que el 8 de marzo último las autoridades tradicionales de los huicholes entregaron a la FGE a un indígena cora, quien presuntamente se dedicaba a la siembra de amapola en barrancas y arroyos de la región.

Aclaraban que la proliferación del cultivo de la amapola se intensificó desde octubre de 2016: “Estamos viviendo en una constante zozobra, miedo y violencia, pues están haciendo que nuestra propia gente se involucre en forma involuntaria en actos de violencia, de delincuencia y en actividades relacionadas con el narcotráfico, bajo las órdenes de personas desconocidas, quienes no sabemos de qué lugar vienen y que están tomando decisiones como caciques y dueños de una tierra que no es de ellos”.

La FGE admite que durante 2016 y lo que va de 2017 se han destruido en la zona más de 137 plantas de amapola.

Samuel Salvador Ortiz, abogado wixárika egresado de la UdeG, sostiene que en la sierra norte las autoridades tradicionales se enfrentan a bandas armadas sólo con su “vara de mando”, pues no tienen con qué defenderse.

En San Sebastián, dice, hay temor de que los asesinos de Miguel y Agustín intenten hacer más daño a la comunidad. Pide al gobernador Aristóteles Sandoval, al fiscal Almaguer y al ómbudsman estatal, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, protección para los comisariados ejidales y líderes comunales.

Recuerda también que en septiembre de 2016, cuando las autoridades agrarias restituyeron 184 hectáreas a la comunidad wixárika, los pequeños propietarios de la localidad de Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, cerraron los caminos durante cinco horas para expresar su inconformidad. Esa medida provocó que los reporteros que cubrirían el evento quedaran atorados.

En febrero pasado, tras el anuncio de la conformación de un grupo de autodefensa de la propia comunidad wixárika para defenderse de las agresiones, la violencia y la invasión de más de 10 mil hectáreas por parte de particulares, el fiscal Almaguer viajó a territorio huichol y desde ahí lanzó el compromiso de instalar una base regional de la FUR en la población de Mesa del Tirador.

“San Sebastián ya había autorizado un terreno para la instalación de esa base regional, a menos de 500 metros del poblado de Mesa del Tirador, en el municipio de Bolaños y a menos de 800 metros de la línea fronteriza con el estado de Nayarit.

“Esa solicitud se planteó debido a que los ganaderos de Huajimic habían amenazado a la comunidad huichola desde hace varios meses y en medio del conflicto para la restitución de las 10 mil hectáreas que están invadidas por diversas personas y que pertenecen a este núcleo indígena, pero que se mantienen en litigio.”

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco tardó 10 días en pronunciarse en torno al asesinato de los hermanos Vázquez Torres. Reaccionó después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió a la Secretaría General de Gobierno de Jalisco la aplicación de medidas cautelares para proteger a familiares y amigos de Miguel y Agustín ante otro eventual ataque.