Asaltan domicilio, abusan, saquean… Son policías

Uniformados de la Fiscalía General derribaron la puerta de una casa y entraron para abusar de la familia y sacar con violencia al taxista Jorge Ibarra, a quien se llevaron preso con cargos fabricados. Aunque la PGR y la CEDHJ comprobaron que la acusación no se sostiene y la detención fue ilegal, ahora los policías agreden y amenazan a la familia para conseguir que Ibarra se desista de la demanda que interpuso contra ellos.

Tras los múltiples escándalos de lúltimos meses el titular de la Fiscal General del Estado (FGE), el priista Eduardo Almaguer Ramírez, encubrió el abuso sexual y la detención ilegal que cometieron seis de sus elementos –dos de ellos se identificaron como escoltas en los eventos del gobernador Aristóteles Sandoval–, quienes el 2 de mayo de 2016 acusaron falsamente al taxista Jorge Ibarra Rodríguez de poseer un arma y droga.

La familia del afectado tenía videos que demostraban su inocencia y el fiscal, a quien diversos analistas locales mencionan como aspirante a gobernar Guadalajara o el estado, trató de enmendar el gran error al ordenar la pronta liberación del taxista, a condición de que no ventilara el asunto en los medios.

​El detenido salió ocho días después. El caso llegó hasta la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), que investigó y declaró su inocencia. Tras el perjuicio, Ibarra Rodríguez decidió presentar una denuncia ante la Dirección General de Contraloría y Visitaduría, en la Agencia 2 de la FGE, por abuso sexual y de autoridad, así como robo, lesiones, allanamiento de morada, daños materiales y detención ilegal.

En respuesta, los policías acusados amenazaron a Ibarra y a sus hijos para que retirara la denuncia. Como se negó, el reciente 29 de junio la FGE reabrió el caso fallido y lo acusa de comercializar droga –aunque primero lo acusó de posesión–, razón por la cual el denunciante está recluido en Puente Grande.

A las cuatro de la tarde, aquel 2 de mayo de 2016, Jorge Ibarra llegó a su hogar en la colonia Urbi Paseos de Santiago, en Tonalá, donde vive con sus cuatro hijos, dos de ellos menores (ocho y cuatro años), y su esposa Elizabeth. Momentos después se escucharon golpes de marros con los que un grupo de policías encapuchados de la FGE intentaban tumbar la puerta, como se muestra en la copia de un video que tiene Proceso Jalisco.

Ante el escándalo, la hija mayor de Ibarra empezó a grabar los hechos con su teléfono celular desde la planta alta de la vivienda. En el video se ve el vehículo compacto que su padre conduce como taxi de Uber y a un lado una camioneta negra de la FGE. Elizabeth le cuestiona al policía que arremete con el marro: “¿Qué pasó?”, mientras su marido se asoma por la ventana y trata de sostener la puerta. Ibarra viste un pantalón blanco y una camisa polo morada.

El uniformado le grita: “¡Ábreme, de todas formas te voy a tumbar la puerta!”. Ella le dice que están presentes sus hijos pequeños. El policía se da cuenta de que la hija lo está grabando y le grita: “¡Te voy a quitar el celular, grábame, me vale madre!”. Entonces la puerta cede y en ese momento la hija sube corriendo las escaleras, mientras un policía le grita a Ibarra: “¡Venimos por ti, hijo de tu puta madre!”.

El grupo de la fiscalía ingresó a la vivienda y sometió a la familia con violencia desproporcionada. Los policías tocaron a la señora con el pene exigiéndole sexo oral, mientras que a su hija, en la planta alta, le manosearon sus partes íntimas y la golpearon. A los dos pequeños les jalaron con fuerza el cabello y “a la fecha se encuentran muy nerviosos”, cuenta Elizabeth.

Cuando tuvieron a Jorge en sus manos, lo golpearon, intimidaron y amenazaron. Incluso robaron pantallas planas y celulares de la casa, como quedó asentado en la queja 6365/2016-I que la familia presentó el día de los hechos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

Antes de abandonar la vivienda, un policía le pidió al hijo mayor las llaves de un Jetta rojo estacionado junto a la acera de enfrente y que no es de la familia, sino de una persona que pidió al muchacho que le ayudara a realizar un trámite de validación ante la Secretaría de Movilidad.

En otro video de esos hechos se observa que Jorge Ibarra y dos jóvenes que llegaron en ese momento a visitar al hijo mayor son obligados a subir a la caja de la camioneta policiaca y uno de los uniformados conduce el auto rojo.

En su queja ante la CEDHJ los afectados relataron que los seis policías encapuchados llegaron al domicilio a bordo de tres camionetas sin placas y con los números económicos ocultos. Los dos amigos del hijo mayor de Jorge fueron liberados en el camino. Ellos comentaron después que los policías les quitaron sus credenciales para votar y les advirtieron que no hablaran, pues sabían dónde encontrarlos.

A Jorge Ibarra lo golpearon y rociaron de gas lacrimógeno. Enseguida lo acusaron de haber “cometido un delito en relación a un vehículo”. Para ello se detuvieron a fotografiarlo recargado en la cajuela del Jetta con un arma y un paquete de droga a su lado.

Esa fotografía circuló en las redes sociales desde la página de Facebook Poli Poli, donde se afirmó que la detención de Ibarra fue en la calle Otranto, en Providencia. Sin embargo, los hijos del afectado demostraron que los uniformados también mintieron en eso, pues la foto se tomó en la calle Silvestre Revueltas, a 10 minutos de la casa de los afectados.

Defensa y falsedades

A Jorge Ibarra se le abrió el proceso 187/2016 A, que se radicó en el Juzgado Noveno de lo Penal del Primer Partido Judicial, a cargo de Jaime Gómez.

La CEDHJ admitió la queja el 17 de mayo de 2016 y solicitó al comisionado de Seguridad Pública, Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, que identificara a los policías que participaron en los hechos, así como establecer medidas cautelares para que se abstuvieran de realizar cualquier acto contra los agraviados. El comisionado no dictó tales medidas o, si lo hizo, de nada sirvieron: los elementos de la FGE siguen amenazando a la familia Ibarra.

Tras la presentación de la queja, cuatro policías fueron identificados y señalados de abuso de autoridad: Arturo Sánchez Íñiguez, Julio César Magallón Bautista, Alejandro Beltrán Rojas y Juan Carlos López Dávalos.

Este semanario tiene copia del informe que los dos últimos enviaron al visitador adjunto adscrito a la Primera Visitaduría de la CEDHJ, Jesús Tejeda García. En su documento niegan que hayan cometido las acciones de las que son acusados, ya que estaban de comisión:

“Los suscritos nos encontramos asignados a prestar nuestros servicios a la Ayudantía General del C. Gobernador, motivo por el cual reiteramos que no es posible que hayamos tenido participación en los acontecimientos que nos ocupan, puesto que nuestro servicio consiste en estar en todos los eventos públicos del Gobernador, así como en sus traslados, por lo que resulta materialmente imposible que el día 2 de mayo del año en curso, hubiéramos estado en el lugar en que ocurrieron los hechos en materia de la presente.

“Además, queremos aclarar que no es viable remitirle a usted copia de las fatigas donde se especifiquen nuestros servicios, en virtud de que dependemos de la agenda del señor Gobernador y se nos avisa de las tareas que debemos desempeñar momentos antes de llevarlas a cabo.”

Al final del informe piden que “se archive la presente queja en razón de que no existe violación a los derechos humanos”.

Sánchez Íñiguez y Magallón Bautista también negaron ante la CEDHJ los señalamientos en su contra, pero aceptaron haber detenido a Ibarra el 2 de mayo de 2016, casi a las 5:30 de la tarde, pero sostuvieron que lo hicieron en la calle Otranto, entre Palermo y Ostia, colonia Providencia (a una hora de su domicilio) durante un recorrido de vigilancia.

Según la versión de estos dos uniformados estatales, Ibarra circulaba en un Jetta rojo sin placas, por lo que ellos le marcaron el alto y le pidieron que se bajara. Le explicaron que no portar placas es una infracción al reglamento de movilidad, por lo que harían una revisión precautoria. A decir de los policías, el detenido estuvo de acuerdo.

Al revisarlo, sin embargo, le encontraron en el bolsillo derecho del pantalón una pistola calibre 25 con cinco tiros útiles y en el izquierdo dos contenedores de plástico con 29 envoltorios que aparentemente contenían la droga llamada cristal. Además, informaron que entre los asientos del vehículo hallaron una mochila verde con distintos tipos de droga, incluyendo mariguana, por lo que debieron llevarlo a la base de la policía, como quedó asentado ante el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.

Recomendación de la CEDHJ

Al día siguiente de la irrupción de los agentes en su casa, la esposa y el hijo mayor de Jorge Ibarra fueron a la FGE para preguntar el motivo de su detención. Cuando lo supieron, fueron con Almaguer Ramírez, quien después de observar los videos pidió que lo liberaran. No obstante, el taxista ya había sido remitido a la PGR, donde se abrió la causa penal 75/2016-IX por la portación de arma de fuego sin licencia y delitos contra la salud, en la modalidad de posesión del psicotrópico clobenzorex con la finalidad de venderlo.

El 10 de mayo siguiente el juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco valoró todas las pruebas y dictó el auto de libertad por falta de elementos a procesar.

El 7 de julio, Jorge Ibarra circulaba por la avenida Matatlán, entre Periférico y Nuevo Periférico, cuando fue agredido por dos de los policías que participaron en el allanamiento y los abusos contra su familia, quienes lo amenazaron de muerte y le exigieron que se desistiera de la averiguación previa que se seguía en contra de ellos en la Dirección de Visitaduría de la FGE. Tras la advertencia lo golpearon en la nuca, provocándole una herida que ameritó atención médica.

En su recomendación número 10/2017, fechada el 30 de marzo pasado, la CEDHJ indica que con las pruebas aportadas por la familia y los testimonios de los vecinos, el organismo “concluye que el reclamo de los agraviados es legítimo, ya que sufrieron un menoscabo a su integridad física y psicológica, así como daños en sus bienes y la violación de su domicilio, por la manera en que los elementos operativos citados violaron sus derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la libertad, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, a la privacidad y a la propiedad; por lo que su superior jerárquico tiene la facultad para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa y para sancionarlos, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

Además, la comisión considera que es obligación de la FGE reparar el daño “con justicia y equidad” a los agraviados.

Al comisionado Raúl Alejandro Velázquez Ruiz se le pidió ordenar “a quien corresponda que inicie, tramite y concluya procedimiento administrativo sancionatorio de responsabilidad” contra Magallón Bautista, Sánchez Íñiguez, López Dávalos y Beltrán Rojas, “elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública del Estado”.

La CEDHJ le pide al comisionado que instruya para concluir la averiguación previa que se abrió en la Visitaduría contra los cuatro elementos de la FGE “por la probable responsabilidad penal que les pudiera resultar en los delitos de atentados al pudor, abuso de autoridad, allanamiento de morada, daño en las cosas, lesiones y los que resulten”.