La irresponsabilidad de los legisladores

Después de casi 10 años de incumplir con la obligación autoimpuesta de expedir la ley reglamentaria al párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, los legisladores pueden ser obligados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a hacerlo antes del 30 de abril de 2018.

El 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional en materia electoral en la que se incluía la adición del entonces párrafo séptimo al artículo 134, para establecer los criterios generales que deben regir la propaganda gubernamental y prohibir que la misma se utilice para la promoción personalizada de los servidores públicos. El artículo tercero transitorio ordenaba a los legisladores “realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo de treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto”.

El plazo venció el 13 de diciembre del mismo año y hoy, casi 10 años después, todavía no hay ley reglamentaria. Puede intuirse que la ausencia de ésta es totalmente intencionada, pues las cúpulas de los partidos –con los grupos parlamentarios tienen el número de votos suficiente para aprobarla– prefieren el vacío legal provocado por su omisión, porque les abre un margen de maniobra para potenciar sus posibilidades de triunfo.

Esta omisión permite al menos cuatro maniobras ilegales, pero mientras no haya ley reglamentaria, no existen posibilidades de sancionarlas:

1. Aprovechar el espacio para la promoción personalizada durante el ejercicio de sus mandatos;

2. La posibilidad, mientras están en un puesto ejecutivo, de hacer un “guardadito” con medios de comunicación, principalmente el duopolio televisivo, para que durante las campañas electorales les abran espacio a sus “infomerciales” y a un tratamiento informativo privilegiado;

3. Les permite hacer lo mismo con casas productoras de los promocionales; y

4. Les permite sancionar a los medios de comunicación incómodos y premiar a los obsequiosos.

No es ninguna casualidad que los intentos de regulación que se han hecho por parte de la autoridad administrativa electoral hayan sido bloqueados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El 25 de marzo de 1997, más de 10 años antes de la reforma constitucional, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó un acuerdo en el que exhortaba a las autoridades federal, estatales y municipales a suspender la publicidad de sus programas de gobierno durante los 30 días previos a la jornada electoral. El acuerdo fue impugnado por el PRI y revocado por TEPJF el 18 de abril del mismo año.

Ya después de la reforma constitucional, el 7 de abril de 2008, el Consejo General del IFE, ante la ausencia de ley reglamentaria una vez cubierto el primer plazo que se habían dado los legisladores federales, emitió un reglamento; el TEPJF validó la legalidad del reglamento; pero la misma instancia, tras resolver tres recursos de apelación interpuestos por diversos actores políticos que habían sido sancionados por el IFE aplicando el acuerdo, aprobó una jurisprudencia el 20 de noviembre de dicho año que en la práctica lo hacía inaplicable.

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el DOF una nueva reforma político-electoral, en la que el Congreso reformó nuevamente el artículo 134. El párrafo de referencia pasó a ser el octavo y volvió a incluir un artículo tercero transitorio que los obligaba a aprobar la ley reglamentaria durante el segundo periodo de sesiones de ese año, es decir, a más tardar el 30 de abril de 2015.

De entonces a la fecha han pasado dos años y medio y todavía no hay ley reglamentaria. Preocupado por el vacío legal y motivado por algunas sentencias del Tribunal Electoral, el Consejo General del INE expidió el 20 de julio de 2017, por 10 votos a favor y uno en contra, un acuerdo denominado coloquialmente de “cancha pareja”, que nuevamente pretendía llenar este vacío y dar certeza a todos los actores políticos.

Varios de esos actores políticos, incluyendo la Presidencia, impugnaron dicho acuerdo y el 30 de agosto del presente año el Tribunal Electoral lo revocó por cinco votos a favor y dos en contra. Nuevamente prevalecía el vacío.

Sin embargo, desde el 23 de mayo de 2014, la organización Artículo 19, comprometida con la defensa de la libertad de expresión, interpuso un amparo contra la omisión legislativa. El 18 de julio de ese año el juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el entonces Distrito Federal dictó sentencia sobreseyéndolo. La organización recurrió la resolución ante un Tribunal Colegiado el 3 de noviembre de ese año; el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió el recurso el 13 de noviembre.

El 27 de marzo de 2015, Artículo 19 solicitó que la Primera Sala de la Corte ejerciera la facultad de atracción del juicio de amparo indirecto y el 20 de mayo de ese mismo año, en sesión privada de dicha Sala, el ministro José Ramón Cossío hizo suya la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción y el 5 de agosto, la Primera Sala determinó ejercerla.

El proyecto de resolución, elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, está programado para ser discutido en la sesión del próximo miércoles 15 de noviembre, revoca la sentencia del juez y ordena al Congreso de la Unión que “proceda a emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones de este último año de la LXIII Legislatura, es decir, ante del 30 de abril de 2018”.

Así que depende del voto de los ministros Norma Piña, José Ramón Cossío, Alfredo Gutiérrez y Mario Pardo el que finalmente el Congreso se vea obligado a aprobar una ley reglamentaria a la disposición constitucional.

La legislación es indispensable para frenar una serie de prácticas de las distintas instancias de gobierno que violentan los principios democráticos; sin embargo, dados los antecedentes es muy probable que los legisladores aprovechen la ley para entorpecer la aplicación de la disposición constitucional y ensanchar sus márgenes de maniobra, como ya hicieron con el párrafo 5 del artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que los mensajes que se difundan para dar a conocer los informes anuales de labores de los servidores públicos no se consideraran propaganda.

En cualquier caso, si la Sala de Corte aprueba el proyecto de resolución, los legisladores seguramente aprobarán la legislación cuando ya se hayan iniciado las campañas electorales, con lo cual ya estará suspendida la difusión de propaganda gubernamental; es decir, en los hechos entrará en vigor hasta después de la jornada electoral del próximo 1 de julio de 2018.