Paso a paso, las cuatro etapas de la represión orteguista

Ana María Tello, vocera del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la CIDH, fue expulsada de la nación centroamericana, desde donde había detallado las cuatro etapas de la represión ejercida por el gobierno de Daniel Ortega. La primera, el uso arbitrario de la fuerza; la segunda, el despliegue de policías y grupos parapoliciales para desmantelar barricadas; la tercera, la persecución y criminalización de líderes sociales; y la cuarta, agresión y hostigamiento contra periodistas. Esta última fase se confirmó con la artera agresión contra el comunicador Carlos Fernando Chamorro, hijo del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro y de la expresidenta Violeta Barrios.

Managua.- Horas antes de abandonar el país por disposición del régimen de Daniel Ortega, Ana María Tello, vocera del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró ante la prensa que su expulsión podría ser el inicio de una nueva etapa de represión estatal.

“Es posible que la salida de la CIDH, como la última institución internacional que quedaba en el país, marque el inicio de una nueva etapa”, dijo Tello a los periodistas nacionales e internacionales que la rodeaban el miércoles 19, cuando se cumplían ocho meses del levantamiento cívico contra el gobierno de Ortega.

Ese levantamiento desencadenó una ola represiva que ha causado la peor crisis de derechos humanos en Nicaragua en las últimas tres décadas: según la CIDH ha derivado en la muerte de 325 personas, más de 2 mil heridos, más de 550 detenidos y enjuiciados, 300 médicos despedidos­ y al menos 80 estudiantes expulsados de la Universidad Nacional.

Desde el estallido de las protestas sociales en Nicaragua, el pasado 18 de abril, la CIDH identifica cuatro fases de la represión estatal. La primera, entre abril y junio, se caracterizó por el uso arbitrario de la fuerza, incluida la letal, por policías y grupos parapoliciales.

La segunda corresponde a julio, cuando el régimen de Ortega desplegó policías y grupos parapoliciales fuertemente armados para desmantelar las barricadas en todo el país, lo que implicó un aumento en el número de muertos y un éxodo masivo, sobre todo a Costa Rica.

De acuerdo con la CIDH, la tercera fase –de agosto a septiembre– consistió en la persecución y criminalización de manifestantes, estudiantes, líderes sociales y opositores al gobierno; y se agravó por una ausencia de la debida defensa y el debido proceso para los acusados, que según diversos organismos defensores de los derechos humanos suman alrededor de 550 personas.

Y finalmente la CIDH caracteriza la cuarta etapa de represión estatal por el incremento de actos de agresión y hostigamiento contra periodistas; la continuación de la captura y judicialización de líderes, defensores de derechos humanos y opositores al gobierno; y la expulsión arbitraria de naturalizados o residentes permanentes que participen en las protestas. 

Además, en esta cuarta fase de represión la CIDH observa que se toman medidas y se emiten decretos que –con apariencia de legalidad y estricta formalidad– restringen ilegítimamente la libertad de expresión, asociación y reunión, derechos esenciales para el efectivo funcionamiento de una sociedad democrática.

“Consideramos que hay un aumento notorio en el hostigamiento y en las intimidaciones a las personas que trabajan en derechos humanos, y particularmente a los medios de comunicación”, insistió Tello menos de 24 horas antes de abandonar el país a solicitud del canciller, Denis Moncada. 

Minutos antes, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Moncada había informado oficialmente que se suspendía por tiempo indefinido la presencia del Meseni y de la misma CIDH. 

Moncada también ordenó la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), integrado por cuatro expertos de reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos, quienes al día siguiente darían a conocer el informe final de su labor en Nicaragua. 

“Estado de sitio” 

El mismo miércoles 19 –horas antes de conocerse la expulsión del Meseni y del GIEI–, Carlos Fernando Chamorro Barrios, el periodista nicaragüense de mayor proyección internacional, interpuso ante el Ministerio Público una denuncia contra el jefe de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz, y todos los implicados en la incursión y ocupación del inmueble de su propiedad, donde funcionan sus empresas de comunicación y una consultora medioambiental.

Chamorro Barrios –hijo menor del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de Violeta Barrios de Chamorro, presidenta de Nicaragua de 1990 a 1996– acusó al jefe de la Policía Nacional y a los otros implicados por los delitos de robo con fuerza, robo agravado, usurpación de dominio público, daño agravado y crimen organizado, de acuerdo con la tipificación del Código Penal vigente.

Según copia de la denuncia –que Proceso puso consultar–, Chamorro relata que la noche del jueves 13, hacia las 23:15 horas, al menos nueve personas que se identificaron como policías retuvieron a los vigilantes de la empresa de seguridad Indacasa, les quitaron los teléfonos celulares y las armas, y entraron a la fuerza a la sede de los medios Confidencial, Esta Semana, Esta Noche y Niú, bajo su dirección, y a la firma consultora propiedad de su esposa, Desirée Elizondo.

Se retiraron a las 02:30 horas del viernes 14 y se llevaron gran cantidad de computadoras, unidades de filmación de campo, cámaras fotográficas y de video y otros equipos. Además sustrajeron documentos contables y chequeras, así como fotografías familiares y obras de arte.

De la consultora medioambiental, llamada Cabal, se incautaron de computadoras con software especial para trabajos de cartografía, así como documentación empresarial y privada. 

“No tenemos siquiera capacidad para hacer un inventario completo, porque mantienen el edificio ocupado. Estamos trabajando con muchas limitaciones, pero no hemos dejado de informar ni un solo día desde la ocupación ilegal de las instalaciones. Es un mensaje a los medios de comunicación independientes así como a la empresa privada, que también ha sufrido de ocupación ilegal de tierras”, dijo Chamorro Barrios.

La noche del mismo viernes 14, de según la denuncia, dos patrullas policiales regresaron a la sede de esas empresas, sin ninguna orden judicial, retiraron a los guardias de seguridad y ocuparon el inmueble con efectivos de las tropas especiales de la Policía Nacional. Desde entonces impiden el acceso al inmueble.

“En Nicaragua hay un estado de sitio de facto, de excepción, policial, que se está consolidando y están bajo riesgo todos los medios de comunicación. A cualquiera le pueden fabricar un caso criminal. Aquí estamos bajo un régimen de terror completo, pero esto no tiene salida sostenible, la economía está colapsando y seguirá colapsando”, agregó el periodista, quien en los ochenta y hasta 1994 fue director del diario Barricada, periódico oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

“Fase terminal”

Chamorro dijo que Ortega está reaccionando defensivamente a las sanciones que la administración de Donald Trump impuso en su contra y de sus principales colaboradores y cómplices en la corrupción y en la represión estatal.

“Estoy viendo esto como síntoma de una crisis terminal de una dictadura. Si antes esto no era sostenible, lo será menos dentro de semanas o meses. Aquí no hay lugar para arreglos bilaterales, se le cerraron todas las puertas a Ortega. La solución será con o sin Ortega. Aquí lo importante es preguntarse qué están pensando los cuadros históricos del sandinismo, el alto mando del Ejército; aquí la pregunta es si el sandinismo se va a hundir con Ortega y Rosario Murillo, como se hundió el liberalismo con Somoza y con la familia Somoza en 1979”, añadió.

“O si alguno de ellos tomará el camino de la negociación, que es el único que puede darle una salida al país y a ellos mismos”, insistió.

El pasado 28 de noviembre la administración de Trump elevó el nivel de agresiones contra el régimen de Ortega al sancionar a la vicepresidenta Rosario Murillo y a su operador político, Néstor Moncada Lau, y al emitir una orden ejecutiva contra el gobierno nicaragüense, al que señaló como “una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, por tanto, declaro una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza”, reza el texto del ejecutivo estadunidense.

Ese día, el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad la llamada “Ley Magnitsky Nica”, que incluye sanciones individuales contra los allegados al régimen involucrados en corrupción y actos violatorios de los derechos humanos, así como también establece condicionamientos para que Nicaragua tenga acceso a los préstamos de los organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.

Un día después de esas sanciones, la Asamblea Nacional –controlada por Ortega– aprobó el Decreto No. 8487, que canceló la personería jurídica del organismo no gubernamental Centro de Información y Servicio de Asesorías en Salud, que dirigía la feminista Ana Quirós, quien fue deportada a Costa Rica, su país de origen, al día siguiente, pese a tener también nacionalidad nicaragüense.

Posteriormente, el martes 11, el Congreso de Estados Unidos aprobó también por unanimidad la Ley Nica Act (Ley H.R. 1918), que busca condicionar la aprobación de préstamos de organismos multilaterales al gobierno de Ortega. 

En respuesta, la Asamblea Nacional aprobó también mediante decreto la cancelación de la personería jurídica del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, bajo la acusación de gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos terroristas. 

Al día siguiente, el Poder Legislativo también le canceló las personerías jurídicas a la Asociación Hagamos Democracia y al Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, que dirige Vilma Núñez de Escorcia, defensora y promotora de los derechos humanos.

“La disolución forzada de las organizaciones civiles, especialmente de las defensoras de derechos humanos, constituye una de las formas más severas de restricción de la libertad de asociación. Además, se trata de una medida que afecta a las personas acusadas y a sus defensores, y estaría encaminada a silenciar a quienes denuncian la grave situación de los derechos humanos en el país”, expresó Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, en una nota oficial del jueves 13.

Finalmente, el jueves 20, Donald Trump firmó la Nica Act, con lo cual ésta es vigente y traerá consigo sanciones individuales y restricciones a las fuentes de financiamiento multilaterales, las cuales representan de 70 a 75% de los recursos para el programa de inversión pública anual. 

Un día después, pasadas las 09:00 horas, efectivos de la Policía Nacional irrumpieron con violencia en la sede del canal televisivo 100% Noticias, y se llevaron a los periodistas Miguel Mora, propietario y director; a su esposa, Verónica Chávez, subdirectora; y a Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa y quien tiene la doble nacionalidad: costarricense y nicaragüense. 

Chávez fue liberada esa misma noche y al día siguiente denunció públicamente la captura de Miguel Mora, quien el pasado 22 de octubre recibió en Argentina el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2018, otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa al periodismo independiente nicaragüense.

“Mi esposo fue secuestrado por la policía sandinista con orden de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. También denuncio el asalto, la confiscación de instalaciones y de todos los equipos de 100% Noticias. Esta es otra asestada profunda a los medios de comunicación independientes de Nicaragua, que desde el inicio de la crisis han denunciado la veracidad de las graves lesiones a los derechos humanos de todos los nicaragüenses”, dijo Chávez.

El sábado 22, la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Complejo Judicial Central Managua divulgó una escueta nota de prensa en la que informó que ese día Mora compareció ante el Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencia de Managua, por los delitos de fomentar e incitar al odio y la violencia, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua. El juez admitió la acusación y programó la audiencia inicial para el 25 de enero.

Cuatro días antes, al finalizar un acto de graduación de 24 policías, Murillo formuló una seria advertencia. “Vamos a fortalecer la seguridad y la paz todos los días; aquí los traidores a la patria no tienen cabida y no pueden pasar; ese es un compromiso con la patria, esta patria cristiana, socialista y solidaria”.