“Dignidad de Estado”, pretexto para no rescatar a los secuestrados

A finales del pasado marzo, un secuestro tuvo en vilo a Ecuador: dos periodistas del diario El Comercio y su chofer fueron capturados por un grupo paramilitar colombiano; en abril los tres fueron asesinados. En ese periodo el gobierno ecuatoriano negoció –sin resultados– en secreto con los captores… hecho que le fue ocultado a las familias de las víctimas. Ahora se dio a conocer una grabación en la que se escucha al presidente Lenín Moreno decir en aquellos días: “La dignidad de un Estado va bastante más allá de la vida de algunas personas”.

QUITO.- La difusión, el pasado 19 de diciembre, del fragmento de una grabación de audio de una reunión del Consejo de Seguridad de Ecuador reveló algo que para los familiares de los periodistas asesinados en Colombia sería la prueba de que el presidente, Lenín Moreno, no aceptó negociar un canje que habría salvado a los tres comunicadores secuestrados el 26 de marzo. 

La respuesta del gobierno fue que la declaración de Moreno ocurrió en una sesión posterior a la noticia de la muerte de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, quienes trabajaban en El Comercio, de Ecuador. 

En la grabación de 45 segundos –obtenida y divulgada por el portal de noticias La Posta– se escucha a Moreno: “Creo que el principio elemental de dignidad de un pueblo, de una ciudadanía, de un gobierno y de un Estado va bastante más allá de la vida de una o de unas pocas o de algunas personas. Con todo respeto para la vida de ellas, pero yo creo que la dignidad de un Estado va bastante más allá de eso. Por favor, les voy a rogar que den sus opiniones…”.

Familiares de los asesinados pidieron de inmediato que se hagan públicas todas las grabaciones de las sesiones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) donde se haya tratado el tema.

Ricardo Rivas, hermano de Paúl, dice a Proceso que lo que se escucha en ese audio “prueba que no hubo voluntad de salvar la vida del equipo periodístico, mientras públicamente (el gobierno) decía que se harían todos los esfuerzos para rescatarlos con vida”.

Y el 22 de diciembre el presidente colombiano, Iván Duque, anunció en Twitter la muerte del presunto autor del secuestro y asesinato de los comunicadores: “Podemos confirmar que cayó alias Guacho”.

Pero las fotos del supuesto secuestrador abatido –divulgadas por el gobierno colombiano– a nadie convencieron, pues sus rasgos no coinciden con las imágenes conocidas de Walter Arízala, Guacho, presunto líder del Frente Oliver Sinisterra (FOS), facción disidente de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Sin retorno

Los tres periodistas del diario El Comercio fueron secuestrados el 26 de marzo de 2018, supuestamente por Guacho. Y no hay claridad de la causa de su asesinato ni de si fueron ejecutados por sus captores, por militares o por policías ecuatorianos presuntamente vinculados con el narcotráfico.

La noticia del secuestro opacó la euforia política de Moreno tras su triunfo en la Consulta Popular de febrero de 2018, el que consolidaba su distanciamiento del anterior mandatario, Rafael Correa.

La conmoción sacudió las redes sociales y a los grupos defensores de los derechos humanos, y planteó una pregunta que sigue sin respuesta: ¿por qué los secuestraron y luego los asesinaron, si eran la llave para una negociación o un posible canje con detenidos colombianos en Ecuador o una tribuna pública para exponer sus razones?

Javier Ortega era reportero de la fuente judicial, Paúl Rivas era fotógrafo y Efraín Segarra era el chofer del grupo. El 26 de marzo de 2018 viajaron a la zona fronteriza con Colombia, pues aparentemente habían establecido contacto con Guacho para entrevistarlo en torno a los hechos violentos ocurridos en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas.

Los informes oficiales indican que los tres llegaron a la población de Mataje, pasaron el control policial y se contactaron con miembros del FOS; en un punto de la carretera dejaron su vehículo, donde quedaron sus pertenencias, y luego no se supo más de ellos.

Entre enero y marzo de 2018 Ecuador sufrió 11 atentados –presuntamente perpetrados por narcotraficantes colombianos– en la zona de Esmeraldas, con saldo oficial de nueve muertos.

La noticia se confirmó al día siguiente. El 27 de marzo el entonces ministro del Interior, César Navas, admitió que se tenía contacto con los secuestradores, pero no reveló más detalles ni la identidad de las víctimas. Sólo se supo quiénes eran cuando las familias de los tres periodistas dieron sus nombres en las redes sociales y en mensajes de Whatsapp.

Semanas después se supo que el gobierno ecuatoriano se había enterado de los hechos a las 17:00 horas del 26 de marzo, cuando Alejandro Zaldumbide, mayor de la Policía de Ecuador y jefe de Gestión Logística del Distrito de Vigilancia San Lorenzo, recibió un mensaje de texto de una persona que se identificó como Guacho, quien dijo: “Tengo tres personas retenidas, ecuatorianos, dos periodistas de Quito y el chofer”.

Zaldumbide, quien llevaba cerca de dos meses comunicándose con los disidentes de las FARC, le dijo: “Saludos, Guacho. Buena tarde. ¿Te puedo llamar?”, pero recibió un no. Guacho habría dicho que si no tenía una respuesta “día a día van a tener bajas, como militares y civiles. Ustedes provocaron” y envío fotografías de los secuestrados.

Un comité de crisis, compuesto por autoridades y familiares de los secuestrados, se integró para tratar el tema en total hermetismo y con poca información para la prensa; las declaraciones de funcionarios del gobierno o de allegados a los secuestrados fueron muy escuetas.

La madrugada del 3 de abril Ecuador despertó con un video e imágenes impactantes. Desde el canal colombiano RCN se emitió una grabación de 23 segundos, en la que se ve a Javier, Paúl y Efraín encadenados y pidiendo al presidente Moreno la liberación de tres combatientes no identificados del grupo de Guacho y que pusiera fin a la cooperación antidrogas con Colombia a cambio de su libertad.

“Señor presidente, en sus manos están nuestras vidas”, decía Ortega. La fotografía y video dieron la vuelta al mundo en medio de la indignación del gobierno ecuatoriano al haberse revelado esta primera prueba de vida, pues aseguraba que se entorpecían las labores para su liberación.

“Para cuándo me libera a mis muchachos, o mato a los periodistas, y dígale a ese ministro del Interior que le tengo en la mira y mis ataques y bombas van a continuar. Hoy a las 3 les mando el video de uno de ellos muerto”, fue el último mensaje de Guacho, el 7 de abril.

El 11 de abril circularon extraoficialmente fotografías de varios cuerpos que serían los de los tres secuestrados. Se pedía a gritos confirmación del hecho a las autoridades ecuatorianas, pero respondían que no había elementos para corroborar la información. En un comunicado, el FOS informó de la muerte de los periodistas que, según dijo, se produjo porque Ecuador no quiso negociar.

El 12 de abril Moreno dio un plazo de 12 horas a Guacho para que diera pruebas de vida de los ecuatorianos. Al siguiente día, tras fenecer el periodo y sin tener ninguna respuesta, Ecuador confirmó que los tres periodistas habían sido asesinados. La recuperación de los cuerpos se concretó dos meses después. Colombia ubicó en Tumaco una fosa común con cuatro cadáveres; tres correspondían a los periodistas.

Secuelas políticas 

El pasado julio, la periodista Yadira Aguagallo, novia de Paúl Rivas, señaló en la Asamblea Nacional, donde los familiares fueron recibidos en audiencia general, que el secuestro del equipo periodístico de El Comercio no fue un hecho aislado. En orden cronológico mostró cómo, desde el grupo de Guacho, se alertó de atentados, secuestros y asesinatos muchos meses antes de la retención de los tres hombres; incluso dijo que el policía con el que se contactaba el FOS pidió tres veces a sus superiores que se formara un comité de crisis.

“El discurso de ‘no sabíamos’ o ‘no estábamos preparados’ ya no es una justificación para estas familias”, dijo Aguagallo tras leer una nota periodística publicada en noviembre de 2017, en la que se habla de la peligrosidad de la zona.

Las autoridades conocían, desde el día uno, que el secuestro era parte de las amenazas de Guacho, explicó Aguagallo. Y acotó: “Hay hasta cuatro versiones de cómo se conoce la noticia de este secuestro; las familias, como siempre, somos las últimas en enterarnos de cómo se conoce de este secuestro; las familias, como siempre, nos tenemos que enterar por la prensa, por Facebook, por Twitter, por Whatsapp, de las cosas que ocurrieron con nuestros familiares”.

En la misma sesión de la Asamblea fue recibido Ricardo Rivas, hermano de Paúl, quien hizo evidente la ineficiencia estatal para negociar un secuestro y reveló declaraciones contradictorias de los ministros a cargo: “Nos decían que había negociaciones (…) el 9 de abril el exministro Navas indica a los medios de comunicación que no se está negociando, cuando a nosotros nos decían que sí se estaba negociando y a ustedes en la Asamblea, el 16 de mayo, él mismo mencionó que reafirma la posición del presidente (…) de ir al proceso de canje dentro de la negociación”.

“¿Unos días se negociaba y otros no?”, preguntaba Rivas.

En mayo, los familiares pidieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigara los hechos. El gobierno se comprometió a entregar la información necesaria para esclarecer los hechos.

El gobierno entregó documentos a los familiares, quienes prefirieron no conocer el contenido sino guardarlo en una bóveda para que fueran los integrantes del equipo de seguimiento de la CIDH los que verifiquen la información.

Una vez instalados en Ecuador, los comisionados y los familiares revelaron que en el paquete había tres o cuatro papeles que aportaban a la investigación; el resto eran notas de condolencias, una cronología y documentos alojados en la página web de la Cancillería. “Hemos sido burlados, es una vergüenza; se evidencia que nos mintieron desde el principio. La conclusión es que capaz nosotros mismos debimos haber ido a negociar y a rescatar a nuestros familiares, porque aquí ni se hizo nada”, reprochó Cristian Segarra, hijo del chofer del equipo periodístico.

La versión oficial

Luego de la reunión del Cosepe el jueves 3, Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, aseguró que el audio en el que se escucha a Moreno refiriéndose al secuestro y asesinato de los tres enviados de El Comercio ya se desclasificó pero que se investigará quién lo filtró.

Lo que se escucha en el fragmento desclasificado es lo siguiente: “Estamos tratando de una persona que no cumple los compromisos, independientemente de que, además, es un criminal y un narcotraficante, es un asesino. Nosotros habíamos cumplido a cabalidad todos los compromisos que habíamos acordado, entre esos la desmovilización de las tropas temporalmente y, entre esos, pues, acelerar los procesos judiciales (…)

“Estábamos a punto casualmente el día de hoy, de tener todos los elementos en orden como para poder liberarlos. Lo cual ya entiendo que a más de uno ya les causaba mucho escozor y a mí también. Porque a los que estaban liberando eran criminales de la misma calaña.

“Pero, sin embargo, en virtud de la vida, del derecho a la vida de los compañeros y hermanos periodistas, nosotros estábamos dispuestos, como lo manifesté, a hacer cualquier tipo de sacrificio; sin embargo no cumplieron, no cumplió. Me da la sensación (…) de que lo único que quiso es ganar tiempo para acomodarse adecuadamente en un sitio desde el cual pueda manejar, para él la situación.

“Muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación. Pero creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado. Yo creo que el principio elemental de dignidad, de un pueblo, de una ciudadanía, de un gobierno y de un Estado va bastante más allá de la vida de una… o de unas pocas o algunas personas. Con todo respeto a la vida de ellas, pero yo creo que la dignidad de un Estado va bastante más allá que eso.”

Lo registrado en el audio, según Jarrín, ocurrió en una reunión del Cosepe el 17 de abril de 2018, luego de los tres asesinatos.