La trama de poder del general caído en la guerra del huachicol

Para apuntalar lo que parece una guerra sin cuartel contra el huachicoleo, el presidente López Obrador echó mano ya del conjunto de las Fuerzas Armadas. Al Ejército y la Marina, que ya participaban, el viernes 11 se sumó la Fuerza Aérea. Pero en medio de esa campaña militar, el titular del Ejecutivo abrió un flanco inesperado: anunció que el general Eduardo León Trauwitz, responsable de combatir el robo de combustible durante el sexenio pasado, está siendo investigado precisamente por robo del mismo producto. El militar, muy cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, gozó de enorme poder y relaciones. 

Ante la crisis del robo de combustibles en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió valerse de las Fuerzas Armadas en pleno. A diferencia de sus antecesores, que recurrieron principalmente al Ejército, el Ejecutivo pidió ya la intervención adicional de la Fuerza Aérea y la Marina. 

Con la incorporación de la vigilancia aérea de los ductos, los militares del aire participan desde el viernes 11 en las operaciones desplegadas la semana pasada, cuando el Ejército y la Marina tomaron instalaciones estratégicas de abasto y distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) en todo el país.

Aunque los militares están en el centro de esa estrategia, que en su primera semana se tradujo en desabasto de gasolina en varios estados y la Ciudad de México, López Obrador abrió un frente dentro del Ejército al anunciar que está bajo investigación uno de sus mandos: el general brigadier Eduardo León Trauwitz, nada menos que el responsable de combatir el robo de combustibles a Pemex en el gobierno pasado y hombre cercano al expresidente Enrique Peña Nieto Proceso 2115).

León Trauwitz es hasta ahora el primer exfuncionario de alto nivel sujeto a investigación por robo de combustible. 

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP) lo tienen bajo investigación, como se ha expuesto en las reuniones de seguridad que a diario encabeza López Obrador. Por lo pronto sus cuentas bancarias ya fueron congeladas.

En las carpetas de investigación de la PGR, derivadas de las acciones en Pemex, se consignan testimonios de funcionarios de la paraestatal que, en calidad de testigos, le atribuyen al general responsabilidad en el robo de combustible. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP investiga a 30 distribuidoras de gasolina presuntamente implicadas en la venta de combustible obtenido ilegalmente.

Al cobijo de Peña Nieto

León Trauwitz fue un hombre poderoso protegido por Peña Nieto, a quien había servido como escolta desde el Estado de México. Éste no le dio la jefatura del Estado Mayor Presidencial (EMP), pero a cambio, además de un ascenso a destiempo, lo colocó en una posición de seguridad nacional en la que llegó a manejar 5 mil millones de pesos y 2 mil 500 efectivos del Ejército, además de cientos de agentes civiles. Pese a esos cuantiosos recursos, el robo de combustibles se incrementó el sexenio pasado.

Peor aún, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex, que estuvo al mando de León Trauwitz, al final de la administración pasada presentó a la empresa petrolera como víctima de la expansión de la delincuencia organizada. Además, en el libro blanco sobre la “estrategia de salvaguardia” de Pemex 2012-2018, la oficina que estuvo a cargo del general también aseguró que el incremento registrado entre los años 2016 y 2017 “estaba proyectado” para, a partir de entonces, empezar a decrecer.

En diciembre, desde que anunció el inicio del combate al robo de combustibles –y pese a su insistencia en que el delito se comete con la participación de personal de la propia empresa–, y hasta principios de la semana pasada, López Obrador sólo había afirmado que se investigaba a tres funcionarios de la paraestatal. 

Pero el martes 8, en su conferencia matutina y a pregunta expresa, mencionó a León Trauwitz: “Está en una lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya nada definitivo”. Sin abundar, el presidente también dijo: “Sí existe el general, pero no se sabía nada. Ahora se sabe porque se le menciona en asuntos que tienen que ver con la seguridad de Pemex. Él estaba a cargo de la seguridad de Pemex”.

El pasado julio, apenas López Obrador ganó la Presidencia, León Trauwitz dejó la SSE y se refugió unos meses en el Ejército para acabar el sexenio de su protector, Peña Nieto.

Ese mismo mes, el brigadier se incorporó a la Inspección y Contraloría General de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para realizar “funciones de auditoría y supervisión de recursos humanos y financieros” del Ejército.

Pero dejó el cargo en uno de sus allegados, con quien tenía relación desde que ambos formaron parte del EMP, el general Wenceslao Cárdenas Acuña. 

En el EMP, León Trauwitz también coincidió con el entonces coronel Marco Antonio de León Adams, jefe de seguridad personal del entonces presidente Vicente Fox. 

El jueves 3, en el juicio que se sigue en Nueva York contra Joaquín El Chapo Guzmán, el ahora general en retiro De León Adams fue acusado por Vicente Zambada, El Vicentillo, como uno de los protectores del Cártel de Sinaloa desde el EMP (Proceso 2201). 

Con el aval presidencial, León Trauwitz se rodeó de militares de alto rango para reestructurar el área de seguridad de las instalaciones estratégicas de Pemex. Al inicio del gobierno de Peña Nieto, en 2013, asumió como gerente de Seguridad Física de Pemex, pero al siguiente año no sólo logró el cambio de nombre sino un mayor nivel de su oficina, que pasó a ser la SSE de la petrolera.

A la SSE se le autorizaron tres gerencias: la de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo, la de Seguridad Física y la de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica. Todas quedaron bajo el mando de militares de alto rango, varios de ellos con señalamientos de manejos irregulares o ilegales. 

La mayoría de los cargos siguientes también fueron para militares. Casi todos, efectivos del arma de Infantería a la que pertenece Trauwitz, quien declara poseer un doctorado, tres maestrías, tres diplomados y dos licenciaturas.

En la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad designó al mayor Carlos Javier Álvarez Cárdenas, quien también salió de la empresa en julio del año pasado. En el gobierno de Felipe Calderón fue representante de la Sedena en el Gabinete de Seguridad Nacional. Al inicio de ese sexenio fue secretario particular del general Fermín Rivas en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, donde fue acusado de “malos manejos” de una partida de alimentación. Tuvo control de esa gerencia de Pemex prácticamente durante todo el sexenio.

La Gerencia de Seguridad Física estuvo en manos del general de brigada Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, un veterano egresado de la carrera de administración militar de la Escuela Superior de Guerra. En los noventa, en el sexenio de Ernesto Zedillo, el entonces teniente coronel formaba parte de la Policía Judicial Militar. 

Junto con otros efectivos del Ejército se sumó a un grupo especial que fue incorporado a la PGR. Ahí, esos militares integraron el Grupo Chihuahua, cuyo objetivo era la captura del jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo. Herrera Pegueros y los demás fueron reincorporados al Ejército ante el fracaso en la captura de ese narcotraficante quien, finalmente y según la versión oficial, murió en 1997 durante una cirugía plástica.

En la Gerencia de Seguridad Física también estuvo el general Cárdenas Acuña, quien reemplazó a León Trauwitz en la SSE. 

Por la Gerencia de Gestión Técnica pasaron el coronel Roberto Aguilar Rubí, quien llegó desde el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y el también coronel de Infantería Emilio Cosgaya Rodríguez, quien entre 2008 y 2011, en el gobierno de Calderón, había sido subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional en la sección de Operaciones contra el Narcotráfico. 

Debajo de las gerencias se crearon las superintendencias. Una de ellas fue la de Control Operativo, que quedó en manos de Osiel Aldana Portugal, un exagente de la desaparecida Policía Judicial Federal y exintegrante de las Fuerzas Federales de la Policía Federal, quien al inicio de su carrera fue instructor en el Colegio Militar. 

En septiembre de 2010 se convirtió en agente de seguridad de Pemex Exploración y Producción, en Veracruz, y luego se incorporó al círculo de León Trauwitz. Como efectivo de la Policía Federal, en 2009, fue acusado, junto con otros elementos que participaban en el Operativo Chihuahua, de intentar revender un decomiso de mariguana.

“El flagelo que nos acecha” 

En su libro blanco Diseño y aplicación de la estrategia de salvaguardia para Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias. Periodo 2012-2018, Pemex asegura que es víctima de lo que describe como “Mercado Ilegal de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos”, puesto que no sólo padece el robo de gasolina sino también de gas y derivados petroquímicos.

“Es un tema que se ha convertido en un problema de seguridad nacional, en donde Pemex tiene calidad de víctima”, dice el documento elaborado a fines del gobierno pasado y que está firmado por el entonces director de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, antes superior inmediato de León Trauwitz, como director corporativo de Administración y Servicios de Pemex.

El documento también está firmado, al final, por el sucesor de León Trauwitz, Cárdenas Acuña, pues fue elaborado por la SSE.

El texto da a conocer que en el sexenio pasado la SSE manejó un presupuesto de 5 mil millones de pesos, sin considerar sueldos, para el combate al robo de combustibles. La mitad de ese dinero, 2 mil 521 millones, fueron para el programa Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de Pemex, usado en su mayor parte para comprar equipo terrestre, pero sobre todo aéreo, y que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación fue usufructuado por el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya.

El resto se usó en su mayormente para el “fortalecimiento de las capacidades operativas de Pemex”; 175 millones para el búnker de la SSE en la exrefinería de Azcapotzalco. El menor rubro, de 17.8 millones de pesos, fue para la compra de armas, a pesar de que la propia SSE asegura que la delincuencia organizada es superior en armamento.

En el rubro de mejoramiento de las capacidades operativas asegura que se obtuvo “acceso a equipos y tecnologías de vanguardia”, lo que permitió el patrullaje e inspección de la infraestructura e instalaciones estratégicas de Pemex a través de equipo terrestre y aéreo, la “intercepción e interrupción rápida y efectiva” de las acciones de la delincuencia organizada a través de la movilización y el desplazamiento rápido del personal por vía aérea y terrestre, y el “conocimiento integral” por parte de Pemex y la Sedena sobre la inspección de ductos con mayor ocurrencia de tomas clandestinas, mediante un centro de mando y control.

Con todo y estos recursos, la SSE estableció convenios con la Sedena y la Secretaría de Marina para colaborar en la vigilancia de las instalaciones de Pemex. 

En su justificación del incremento del robo de combustibles, el reporte dice que como empresa productiva del Estado está “expuesta a la comisión de actos criminales derivados del crecimiento de la delincuencia, por lo que es víctima de los delitos” del Mercado Ilegal de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, “sufriendo incluso la pérdida de la vida de compañeros en cumplimiento de su deber”.

Añade: “El flagelo que nos acecha, al margen de que se agravia a Pemex, en realidad es una afrenta al Estado Mexicano, convirtiéndose en un problema de seguridad nacional”. 

Pero anota que, si bien se ha incrementado el número de tomas clandestinas, se ha reducido el volumen sustraído ilegalmente. Es más, sostiene que el crecimiento de éstas entre 2016 y 2017 estaba en sus proyecciones hacia 2018.

“No obstante que la cantidad de tomas clandestinas ha tenido un incremento en comparación al año anterior, ello no se ha reflejado en mayor número de volumen sustraído ilegalmente”, asegura.

En lo que considera como el funcionamiento de esa “estrategia integral”, enumera el despido de más de 40 trabajadores por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, la presentación de 9 mil 394 denuncias sobre robo de combustible sólo en 2018, y la detención de mil 600 personas, de las que se han judicializado mil 24; 189 están en prisión preventiva.

Aun cuando insiste en que “contuvo” el delito –porque a pesar del aumento de las tomas clandestinas, el volumen del robo es menor–, López Obrador hizo del combate al robo de los combustibles una de las prioridades al inicio de su gobierno. Ordenó el ingreso del Ejército a las instalaciones de la refinería de Salamanca y a las de Pemex en Mazatlán.

También ordenó el ingreso de la Marina a las refinerías de Salina Cruz, Oaxaca, y de Tampico, Tamaulipas, así como a las terminales de abastecimiento y distribución de Tuxpan, Veracruz; Lerma, Campeche; Rosarito, Baja California; Guaymas, Sonora; Topolobampo y Mazatlán, Sinaloa; Manzanillo, Colima; Acapulco, Guerrero, y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El viernes 11 fue el turno de la Fuerza Aérea Mexicana. AMLO informó que helicópteros de la misma vigilarán instalaciones de Pemex, con lo cual las Fuerzas Armadas están de lleno en la estrategia del presidente.

López Obrador colocó además a otro militar al frente de la Subdirección de Seguridad Estratégica, el general Arturo Velázquez Bravo, quien fue comandante de la XVI Zona Militar en Sarabia –cerca de la refinería de Salamanca–, Guanajuato, uno de los centros más importantes de extracción de combustible y que fue tomado la semana pasada por el Ejército. (Con información de Álvaro Delgado)