Sí hay demanda contra Romero Deschamps, pero es de corte sindical

En plena crisis por el desabasto de gasolina y a tres décadas del Quinazo, el dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps se apresuró a solicitar el martes 9 un amparo para evitar ser detenido, pese a que no hay ninguna demanda contra él por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí hay es una querella en su contra por violación sistemática a la ley interna del sindicato, así como por la desaparición del Fideicomiso para la Construcción de la Vivienda y el Fondo Laboral Petrolero, disminución salarial y la pérdida de derechos laborales adquiridos.

A tres décadas de que Carlos Salinas derrocó a Joaquín Hernández Galicia, La Quina, como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que se cumplieron el viernes 11, inicia también el declive de Carlos Romero Deschamps, el heredero de ese gremio asociado a la corrupción que solaparon los presidentes priistas Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto, así como los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.

Romero Deschamps, quien el martes 9 tramitó ante el Poder Judicial un amparo para evitar su captura –pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su gobierno no ha presentado en su contra ninguna denuncia–, inició apenas su cuarto periodo consecutivo al frente del STPRM.

Aunque en septiembre de 2017 fue elegido “por unanimidad” para un nuevo periodo de cinco años, que va del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2024, no se prevé que culmine su gestión.

El cacicazgo de Romero Deschamps pudo haber llegado a su fin durante el gobierno de Fox, cuando se acreditó su responsabilidad en el Pemexgate, que consistió en el desvío de mil millones de pesos de Pemex a la campaña del candidato priista en el 2000, Francisco Labastida, vía el sindicato petrolero.

Él y el tesorero del sindicato, Ricardo Aldana Prieto, fueron acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado, pero un pacto de Fox como presidente, Felipe Calderón como secretario de Energía y Santiago Creel como secretario de Gobenación con los priistas Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo, los dejó impunes.

Mientras Romero Deschamps obtuvo amparos para evitar ser detenido y procesado, pero sólo por peculado y peculado electoral, Aldana era senador con fuero, del que se le intentó despojar al inicio de la 59 Legislatura de la Cámara de Diputados, en septiembre de 2003, cuya coordinadora de la bancada del PRI era Gordillo y del PAN Francisco Barrio, quien precisamente investigó el Pemexgate como secretario de la Función Pública.

El 11 de septiembre de ese año, ya de noche, se produjo en la Cámara de Diputados la votación que evitó que Aldana, el operador financiero del sindicato de Romero Deschamps, fuera desaforado y sometido a proceso, lo que, en los hechos, implicó un cerrojazo al Pemexgate.

En efecto, de manera irregular, por no estar en el orden del día, el diputado federal priista Miguel Ángel Yunes Linares, director jurídico del PRI presidido por Madrazo y mano derecha de Elba Esther Gordillo, propuso revocar la convocatoria que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Juan de Dios Castro, para que el pleno, erigido en Jurado de Procedencia, votara el desafuero de Aldana, el 17 de septiembre.

El caso Aldana 

La cita para el 11 de septiembre de 2003 había enfurecido al PRI, que amagó con no aprobar las reformas de Fox y el PAN, como la energética. Gordillo se reunió para armar un acuerdo con el presidente, el procurador Rafael Macedo de la Concha, Creel y Calderón, cuya esposa, Margarita Zavala, era vicecoordinadora de la ­diputación del PAN.

Gordillo, quien tenía también como operador a Rafael Moreno Valle –que, como Yunes Linares, luego sería gobernador del PAN en acuerdo con Calderón–, les había dicho a los diputados del PRI la víspera de la votación, el 10 de septiembre, que Fox no tenía el control político de nada, y eso, “aunque parezca cínica, lo tenemos que capitalizar”.

Y les informó a los diputados priistas, según el audio que obtuvo la reportera ­Jesusa Cervantes, que ya se había ­reunido con los “grupos de poder real”, incluido Fox, con quien había acordado evitar el desafuero de Aldana.

“No se trata de si el senador es bueno o malo, culpable o no culpable; de lo que se trata es que es un asunto político de gran envergadura que pone en riesgo” al PRI y a la sucesión presidencial, expresó Gordillo (Proceso 1402).

Para la votación, el coordianor del PRD, Pablo Gómez, propuso a Barrio, del PAN, abandonar el salón de sesiones con el fin de romper el quórum y evitar aquella, porque ocho diputados hacían prever que se perdería la votación que evitaría el ­desafuero de Aldana.

La negativa del panista sólo conformó el pacto: El PRI logró, con sus aliados del PVEM, PT y Convergencia –hoy Movimiento Ciudadano– un total 245 votos a favor de no dar trámite al desafuero, mientras que PAN y PRD, así como Jesús González Schmal, obtuvieron 238

Por eso, Gómez les reclamó a los panistas por el acuerdo con el PRI de perder la votación, y les recordó a los periodistas: 

“Si ustedes se dieron cuenta, cinco o seis panistas salieron a votar al final, cuando ya las cosas estaban claras. Entre ellos figuraban Margarita Zavala, esposa del nuevo secretario de Energía, Felipe Calderón. Estaban en la oficina, no iban a votar si ponían en riesgo la decisión. El PAN fue a votar por mantener la convocatoria con la determinación clara de perder.”

 Así fue: Cuando la propuesta de Yunes Linares fue sometida a votación nominal, que revocó la convocatoria para el desafuero, Zavala fue la última de la bancada panista en emitir su voto y antes Salvador Vega Casillas, quien luego sería secretario de la Función Pública con Calderón.

Y justo Calderón seguía lo que pasaba en la Cámara de Diputados desde el bar La Barraca Orraca, en avenida Insurgentes Sur, ubicada frente al edificio de la Secretaría de Energía, junto con el subsecretario Juan Camilo Mouriño.

Con ellos estaban los diputados federales Yolanda Valladares y Sebastián Calderón, así como Juan Carlos del Río, candidato a gobernador de Campeche, cuya impugnación al resultado de la elección ese día fue declarada improdecente por el Tribunal Federal Electoral (Trife).

Las revelaciones de Nordhausen 

El senador Jorge Nordhausen, del PAN, reveló al reportero esa reunión y el plan para evitar el desafuero de Aldana, en complicidad con Calderón y Valladares.   

“Valladares anduvo con Sebastián Calderón durante todo el día. Se lo llevó a La Barraca Orraca, lo regresó al Trife y lo trajo horas y horas para que no votara. Sebastián es buen hombre y a cada rato le decía: ‘Yolanda, la votación’. ‘No, hombre, va para largo’. Y no fueron a votar.”

–¿Y quién orquestó todo?

–Felipe y Juan Camilo, echando tragos en La Barraca Orraca con Juan Carlos del Río y un amigo común de éste y mío, Antonio Enrique Álvarez Botello, por quien yo supe toda la película. ¡Y Margarita tenía encerradas a las diputadas!

–¿Y a cambio de qué se da ese pacto? 

–Era la reforma eléctrica, no pasaba y no pasaba. Y Felipe la quería como bandera para su lanzamiento presidencial.

Otro personaje que intervino en el pacto, según Nordhausen, fue Diego Fernández de Cevallos, a quien le reclamó la impunidad en el Pemexgate: “Ni siquiera te van a cumplir, porque tú te metiste”, le reclamó ante la reiterada negativa de su coordinador. “Y hasta a Campeche lo metiste en el paquete, cabrón”.

Al no ser desaforado, Aldana no podía ser requerido por la PGR por los delitos de peculado y peculado electoral hasta dejar la senaduría, el 31 de agosto de 2006, pero para entonces ya era diputado federal también con fuero.

En noviembre de 2007, el tesorero del sindicato petrolero, quien actualmente es presidente del Consejo General de Vigilancia y de la sección sindical 40, fue exonerado definitivamente, con base en un fallo judicial que favoreció, precisamente, a Romero Deschamps dos años antes, en 2005.

Según la determinación de los tres magistrados federales del décimo tribunal colegiado, los hechos que motivaron el Pemexgate no configuraban delito alguno, ya que únicamente se trató de un conflicto de carácter laboral, por lo que la PGR decretó el no ejercicio de la acción penal en favor de Aldana.

Hoy, tras la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República, quien no lo ha querido recibir, y en medio del plan del gobierno contra el robo de combustible que se asocia al sindicato que encabeza, Romero Deschamps teme ser capturado y, como en el Pemexgate, ha recurrido al amparo para evitar la prisión.

Aunque López Obrador aseguró que su gobierno no ha presentado denuncia contra Romero Deschamps, existe una muy reciente, ratificada en marzo de 2018 por Raúl Romero Maldonado y José Vega Barragán, dos sindicalistas jubilados, por prevaricato y fraude, e incluye al actual comité del sindicato.

En su querella, acusan al dirigente petrolero de violación sistemática a la ley interna del sindicato, así como de la desaparición del Fideicomiso para la Construcción de la Vivienda y el Fondo Laboral Petrolero, disminución salarial y la pérdida de derechos laborales adquiridos (Proceso 2159).