Falla el TAE a favor de los vecinos

Tras ocho meses de litigio, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo del Estado de Jalisco resolvió en definitiva el amparo en contra de los desarrolladores de la Villa Panamericana; sólo dejó vigente la suspensión de las obras y venta de departamentos ordenada el 28 de abril de 2011 por el magistrado Armando García Estrada, presidente de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) por contravenir las leyes en materia de ecología y desarrollo urbano.
A través de un amparo, tanto el Grupo Corey Integra como la inmobiliaria Cornejo Barragán lograron concluir a marchas forzadas la construcción de la villa para que fuera ocupada por los atletas durante los XVI Juegos Panamericanos celebrados en octubre pasado.
Y aun cuando el ayuntamiento de Zapopan clausuró las obras, los trabajos continuaron gracias a que el 2 de mayo siguiente el juzgado admitió la demanda de los desarrolladores y emitió una suspensión a su favor (expediente 1081/2011), lo que invalidó la decisión de las autoridades zapopanas.
Según Carlos Aldana Ortiz, abogado de los vecinos del fraccionamiento Rancho Contento, sus representados impugnaron la licencia del complejo panamericano y solicitaron el cese de los trabajos, gracias a lo cual hasta ahora se ha detenido la comercialización de los departamentos.
El litigante sostiene que el martes 24 fue notificado por el tribunal respecto al amparo promovido por el desarrollador en contra de la publicación del Código Urbano, que faculta a los ciudadanos a acudir a los tribunales para combatir autorizaciones de obras públicas que les afecten, y su acumulado (expediente 1102/2011).
Aldana Ortiz comenta que el fallo es muy importante, “aunque llegue tarde y la villa haya sido concluida y habitada (temporalmente)” durante la justa deportiva. La decisión confirma que se violó la ley con la edificación del complejo deportivo y continuará el juicio ante el TAE respecto al desarrollo.
El abogado subraya que el fallo implica que se deberá suspender todo trabajo de construcción, remodelación, promoción y comercialización de los más de 600 departamentos programada desde inició el edificio. Asimismo expresa su preocupación por los recursos de los burócratas que el gobernador invirtió a través del Instituto de Pensiones del Estado y los fondos de la Inmobiliaria de Interés Público del Estado (Iprovipe).
El miércoles 25 se efectuó la diligencia de inspección judicial asistida por peritos, “quienes darán cuenta al tribunal de todas la anomalías que han sido oportunamente denunciadas, incluida la falta de una planta de tratamiento de aguas negras. Tocará resolver el caso a Patricia Campos, presidenta de la Quinta Sala Unitaria del TAE, quien ejerció la atracción de varios expedientes sobre el tema.
Aldana Ortiz asegura que hay una orden de arresto contra el representante legal de los desarrolladores, Ricardo Huerta Hoyos, quien se ha negado a entregar a la magistrada la información de quienes ya adquirieron departamentos.
Los magistrados Campos y García Estrada habían ordenado cancelar la comercialización del proyecto y pidieron al ayuntamiento zapopano abstenerse de realizar movimientos catastrales y expedir certificados de habitabilidad.
No obstante, con un “singular” permiso de alojamiento temporal, el municipio permitió la ocupación de la villa durante los juegos, aunque, dice, el abogado, por ley nunca debió se habitada.