Multiplicación de cínicos y gandallas

Una mala costumbre entre no pocos funcionarios públicos jaliscienses, en particular de aquellos que están o han estado al frente de instituciones y organismos autónomos o descentralizados, consiste en participar en una campaña política sin antes haber dejado su cargo oficial. Lo anómalo de lo anterior está en que al hacer proselitismo de esta manera –a favor de determinadas siglas partidistas o de equis candidato, que en ocasiones es el propio funcionario que se resiste a dejar de serlo– el “servidor público” en cuestión termina por arrastrar, a quererlo o no, al organismo que encabeza a una contienda política partidista o, peor aún, a una contienda personal o de grupo.
Eso han hecho, entre otras personas, los dos últimos presidentes de El Colegio de Jalisco y también numerosos funcionarios de la Universidad de Guadalajara, comenzando por el mandamás de esa casa de estudios: Raúl Padilla. Éste se postuló en 1994, cuando aún era rector de la UdeG, a la gubernatura de Jalisco y si no pudo realizar su sueño dorado fue porque ni el PRI ni el PAN quisieron postular a un candidato externo que, además, no les inspiraba ninguna confianza. Cuatro años después, Padilla, quien ya para entonces había conseguido el control del PRD Jalisco, llegó al Congreso local como diputado plurinominal por esas mismas siglas, y entre sus “hazañas” legislativas más recordadas estuvo la de bloquear eficazmente la contratación del llamado “crédito japonés”, motivo por el que, 13 años después, la zona metropolitana de Guadalajara aún sigue sin poder sanear las aguas residuales que se vierten sin tratamiento al río Santiago.
Pero lo que conviene subrayar aquí es que, en su afán de llegar a ser el coordinador de la diputación local perredista, el mencionado exrector no renunció a ninguno de los muchos cargos que ya para entonces acumulaba en la UdeG 
–aparte del cargo de cacique, claro está– y en los cuales lo mantuvo quien formalmente fue su sucesor en la rectoría, Víctor González Romero, quien ahora funge como secretario general de Gobierno en la administración panista de Emilio González Márquez. Las consecuencias del activismo político de Padilla dentro y fuera del campus universitario han dado pretexto plausible para que con frecuencia las sucesivas administraciones del PAN le regateen apoyos a la UdeG con el argumento de que buena parte de los recursos de la casa de estudios van a parar a los negocios y proyectos seudoculturales de Padilla.
Más allá de este recurrente reparo gubernamental, de lo que no cabe duda es que, desde hace más de 15 años, Padilla y sus adictos, identificados con el nombre colectivo de “Grupo UdeG”, han repetido la anómala costumbre de usar los haberes y también el buen nombre de la noble institución pública que regentean –y la cual debería estar al margen tanto de campañas políticas como de militantes de equis organismo partidista– para defender sus intereses personales y de grupo. Lo mismo se ha visto a integrantes de la nomenklatura universitaria sembrados en las filas del PRI que haciendo muy buenas migas con el PAN y, lo que no es menos evidente, con la franquicia del PRD en sus manos. Y en casi todos estos casos, sin detenerse a pensar siquiera en la obligación de renunciar a sus plazas y cargos dentro de la UdeG para hacer activismo político puertas afuera.
Este mal ejemplo ha cundido también en otros ámbitos oficiales. En 1995, el entonces presidente de El Colegio de Jalisco (CJ), José María Murià, se postuló como regidor del PRI al ayuntamiento de Zapopan, pero como la fórmula de la que formaba parte (la de Enrique Ramos Flores) fue derrotada por la del panista Daniel Ituarte, el CJ padeció el desafecto de los primeros gobiernos del PAN y, consecuentemente, también padeció el regateo presupuestal. Pero el citado Murià no escarmentó y, otra vez sin renunciar a la presidencia de la mencionada institución académica, en 2003 volvió a postularse en la planilla zapopana que para entonces encabezó el priista Arturo Zamora. El resultado fue que, como éste sí pudo ganar las elecciones, durante algún tiempo Murià estuvo cobrando simultáneamente en varias nóminas oficiales: como regidor de Zapopan, como presidente del CJ, como supuesto investigador de esa misma institución y también como uno de los jubilados de lujo de la UdeG.
Pero como al entonces gobernador panista Francisco Ramírez Acuña no le hizo mucha gracia que el regidor priista Murià siguiera dirigiendo una institución académica, sostenida mayoritariamente por el erario estatal, hacia mediados de 2004 le pidió que renunciara a la presidencia del CJ “debido a que ya tenía el puesto de regidor” (Público, 20 de junio de 2004). El detalle anecdótico fue que el académico a ratos todavía tuvo el cinismo de pedir una moratoria para su separación, arguyendo que para finales de ese año la Feria Internacional del Libro iba a estar dedicada a Cataluña y él quería seguir presidiendo el CJ al momento en que se llevara a cabo el homenaje a la tierra de sus ancestros, a la que el renunciante remiso denominó pomposamente como “país ibérico, aunque les pese a muchos, un país que se ha ganado grandes simpatías en los últimos años en todo el mundo latinoamericano” (Mural, 5 de noviembre de 2004). Tal vez como regalo de despedida, Ramírez Acuña le concedió a Murià esta última gracia.
Al poco tiempo, a principios de 2005, José Luis Leal Sanabria llegó a la presidencia del CJ, por lo que ahora cumple siete años al frente de esa institución. Pues bien, el pasado 13 de enero al sustituto de Murià le dio por imitar a éste, al hacer abiertamente proselitismo a favor del aspirante priista al gobierno del estado. En su condición de “titular del Colegio de Jalisco y exsecretario (general) de Gobierno”, Leal Sanabria se sumó a la campaña de Aristóteles Sandoval, a quien el presidente del CJ colmó de requiebros pomposos. Entre otras cosas, calificó al alcalde con licencia de Guadalajara como “la mejor opción para que el PRI gane en las votaciones (del próximo 1 de julio), ya que reúne la experiencia política de Eugenio Ruiz Orozco, el carisma de Jorge Arana y la fortaleza de Arturo Zamora” (Milenio Jalisco, 14 de enero).
Cabe preguntarse si éste de veras es el papel del presidente de El Colegio de Jalisco o de un funcionario de la UdeG, ambas instituciones públicas de carácter académico, de naturaleza apartidista y que, por lo mismo, deberían estar al margen de los vaivenes políticos y de los intereses ídem de las personas que las dirigen o representan, personas que, de este modo, evidentemente usan y abusan de su cargo.
Nadie discute ni regatea las aspiraciones ni los derechos políticos de los funcionarios antes mencionados ni de otros que han estado en su misma situación. Lo inaceptable, por no decir lo reprobable, está en otro lado: en la pretensión –y hay que insistir en ello aun a riesgo de ser machacones– de arrastrar a una contienda política personal, grupal o partidista a una institución pública o a cualquier dependencia oficial. Y lo anterior no cambia por el hecho de que esta conducta se esté volviendo cada vez más frecuente en esta parte del mundo.
La decencia política indica que antes de chapotear en las aguas revueltas de las campañas electorales cualquier funcionario público debe renunciar antes a su cargo. El problema es que los políticos decentes son una especie muy escasa y minoritaria, sobre todo si se compara con la explosión demográfica de tanto cínico y gandalla como se ve en casi todos los ámbitos de nuestra vida pública.