Partidero

Sin decir agua va, el lunes16 el Congreso de Jalisco lanzó la convocatoria para que entre el miércoles 18 y el jueves 19 se presentaran las candidaturas a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y para elegir “a más tardar el 30 de enero” al nuevo ombudsman estatal. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, el jueves 24 los diputados reeligieron prácticamente por unanimidad a Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Sorprendieron en fuera de lugar a las organizaciones civiles, que ni siquiera tuvieron tiempo de ponerse de acuerdo –también cual era el propósito– para hacer sus propuestas. No obstante, algunas personas y asociaciones alcanzaron a registrar a Raquel Gutiérrez Nájera, Marco Antonio González Becerra, Enrique Rosas y Martha Delia Sossa Ruelas. Los legisladores ni siquiera se molestaron en averiguar sus trayectorias. Simplemente optaron por Álvarez Cibrián, quien ha dado trabajo a recomendados de los legisladores de las diferentes tendencias y cuyo estilo e inclinación priistas van a tono con la época preelectoral.

Felipe de Jesús se jacta de haber hecho un gran número de recomendaciones durante su gestión, incluso de haberlas duplicado durante 2011. En ese hecho basó su candidatura para la reelección. Sin embargo, los diputados no tomaron en cuenta la calidad de tales recomendaciones, menos aun su efectividad. El ombudsman, por ejemplo, se abstuvo de investigar a fondo el caso de Néstor Alán Rodríguez Licea, el joven que murió en su viejo vocho la madrugada del 26 de noviembre de 2006, embestido en el cruce de las avenidas Vallarta y Enrique Díaz de León por dos autos conducidos a exceso de velocidad por Christian Arias de la Torre y Francisco Xavier Álvarez del Castillo, hijos de influyentes. Ambos iban intoxicados con alcohol y jugaban carreras; incluso se pasaron los altos de los semáforos (Proceso Jalisco 110). De igual forma, Álvarez Cibrián exoneró al procurador Tomás Coronado Olmos, también sin llegar a fondo, sobre las acusaciones de prostitución y pornografía infantil.

Un caso más: en una colonia de El Salto, el 25 de enero de 2008 el niño Miguel Ángel 
López Rocha, de ocho años, ingirió arsénico y otras sustancias tóxicas al caer accidentalmente al río Santiago mientras jugaba. Y aun cuando fue internado en el Hospital Regional de Occidente en Guadalajara, donde permaneció en estado de coma durante tres semanas, murió el 13 de febrero de ese año. El asunto llegó a la CEDHJ pero no prosperó, al grado de que nada se ha hecho para sanear las colonias aledañas al cauce. Hasta ahora ninguna planta de tratamiento de aguas negras se ha concluido en el área metropolitana, ni siguiera la del Ahogado, en el municipio de El Salto, próxima al aeropuerto Internacional. El mismo mes de la tragedia de Miguel Ángel, el Instituto de Desarrollo Ambiental (Idea), que encabeza la doctora Gutiérrez Nájera –una de las excandidatas a ocupar el puesto de Álvarez Cibrián– presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los altos niveles de podredumbre que arrastra el río Santiago y los nulos trabajos que se habían hecho para evitarlo. Ahora los legisladores jaliscienses premian con la reelección a Álvarez Cibrián, quien preponderantemente ha hecho recomendaciones a modo de las autoridades.

El 28 de diciembre pasado las turistas mexiquenses Aideé y Rocío Pacheco Arizmendi, de paseo por Puerto Vallarta, fueron al recién remodelado malecón. La primera murió electrocutada al sentarse en una banca de bronce, con respaldo de orejas, diseñada por el escultor Alejandro Colunga. Aideé recibió una descarga eléctrica causada por conexiones malhechas, según investigó el reportero Miguel Ángel Infante. La autoridad municipal lo niega y, para desligarse de su responsabilidad, alteró el escenario: retiró la escultura e informó que la causa de la muerte fue un infarto. Acto seguido ofreció pagar el hospedaje. Rocío se negó, por dignidad. Y reiteró que ella también estuvo a punto de morir al tratar de ayudar a Aideé. l
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