La culpa es de febrero loco

Cierta tradición folclórica le atribuye a febrero una naturaleza demencial. Y aun cuando no pasa de ser una simple creencia popular, aunque muy arraigada, hay personas que con sus actos parecen empeñadas en dar por buena la irracionalidad que inspiran los días meteorológicamente inestables del segundo mes del año.
Por ejemplo, a Emilio González Márquez, quien en su condición de gobernador está obligado a presentar un informe anual de actividades el miércoles 1 de febrero, le ha dado por hacer pasar como verdad una mentira gorda que ahora mismo se repite ad nauseam por medio de spots de radio y televisión como parte de su quinto y penúltimo informe de gobierno.
Con mucho aplomo, en uno de esos anuncios, González Márquez “informa” a la opinión pública: “Con la construcción de esta planta (la del Ahogado), por primera vez en la historia de Guadalajara se están limpiando las aguas negras”. Pero la verdad es que dicha planta, que se dice tendrá una capacidad para sanear 2.5 metros cúbicos por segundo (menos de la tercera parte, por cierto, de las aguas residuales que produce la metrópoli tapatía), aún se encuentra en proceso de construcción. Así que hasta los días que corren de este febrero loco y contra lo que se afirma en el anuncio, el gobernador no ha “entregado a los jóvenes un Jalisco más limpio”.
A decir verdad, esta práctica demagógica para anunciar como ya realizadas obras que apenas se están haciendo o, peor aún, que se planea hacer, no la inauguró el actual inquilino de Casa Jalisco. A un antecesor y correligionario suyo de nombre Alberto Cárdenas Jiménez, ahora precandidato a la alcaldía de Guadalajara, en su momento le dio también por presumir ante sus gobernados que se habían reforestado distintas regiones del territorio estatal con “millones de árboles”, especímenes imaginarios, pues ni siquiera habían salido de los viveros.
Otro ejemplo de la insania fraguada en los ventosos días de febrero es el tragicómico caso de Alfonso Petersen Farah, exalcalde de Guadalajara, exsecretario de Salud de Jalisco en dos ocasiones y ahora también fallido aspirante a la gubernatura estatal. El “enfático” doctor Petersen ha decidido no aceptar los resultados de los recientes comicios internos del PAN para elegir al abanderado al gobierno de Jalisco, resultados que, contra todos los pronósticos y encuestas, lo acabaron colocando como puntero a la inversa, porque la cola también es punta y el exprecandidato que presumía ser el más “querido” por la gente quedó en tercer lugar entre los tres contendientes.
El pretexto –porque no se le puede llamar argumento– del que se ha valido para no reconocer su derrota es que en el proceso interno “fueron insuficientes el número (sic) de casillas, lo que inhibió el voto de los ciudadanos” (El Informador, lunes 6). Por principio de cuentas, ¿quién puede asegurar que esos ciudadanos que se quedaron con ganas de votar iban a hacerlo por él y no por quien acabó siendo el ganador de la contienda, Fernando Guzmán Pérez Peláez? El hecho de que el triunfo de éste haya sido reconocido por quien quedó en segundo lugar (Hernán Cortés Berumen), pero no por el colero de la contienda (Alfonso Petersen Farah), que insólitamente dice haber interpuesto una impugnación, ¡“tres días antes” de esos comicios!, ante el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y también “ante los tribunales” (ídem), no sólo lo pinta como un mal perdedor, sino también como una persona colmada en inconsecuencias.
¿Por qué decidió participar en una competencia que de antemano juzgaba torcida? ¿Y si él hubiera sido el ganador, la contienda habría estado limpia de vicios? En cualquiera de los dos casos al doctor Petersen lo cuerna el toro. Pero más allá de sus evidentes inconsecuencias está el mensaje tácito que le dio la gran mayoría (70.5%, para ser precisos) de los 116 mil 587 ciudadanos que el domingo 5 acudieron a elegir el abanderado panista que, el primer domingo de julio, habrá de contender por el gobierno de Jalisco.
Ese mensaje parece ser bastante claro: nada es para siempre y 17 años viviendo holgadamente del erario es demasiado, máxime cuando su desempeño como funcionario público ha dejado mucho que desear. Luego, como no existen clínicas para tratar la adicción al poder y a sus recompensas materiales, la única terapia para el paciente de estos achaques no es otra que irse haciendo a la idea de corretear la chuleta a la intemperie, es decir, fuera del presupuesto protector. Y cuando se trata de un médico, distraído durante tanto tiempo por el “servicio público”, lo propio sería desempolvar el estetoscopio y ejercer nuevamente la medicina, algo que de seguro le agradecerían sus muchos o pocos pacientes.
Una clase distinta y más folclórica de personalidad inconsecuente, que alguien podría atribuir también a la influencia demencial del mes en curso, es la del perito restaurador y presunto patrimoniólogo Ignacio Gómez Arriola. De una personalidad que raya en la esquizofrenia, por un lado (con sus dichos) infaltablemente se presenta como defensor del patrimonio cultural de Jalisco y, por otro (con sus hechos), acostumbra hacer lo contrario. Un par de ejemplos recientes en ambos sentidos resultan más que elocuentes.
En su condición de perito del INAH Jalisco, el arquitecto Gómez Arriola no sólo avaló el “traslado” (eufemismo por destrucción) del puente de Arcediano, dizque para preservarlo de la inundación de una represa que nunca se hizo (precisamente la de Arcediano, que descocadamente se pretendía construir en el fondo de la barranca de Huentitán), sino que aceptó ser contratado por la Comisión Estatal del Agua para dirigir y supervisar las obras del presunto traslado del puente 800 metros río abajo. ¿No es esto lo que se llama conflicto de intereses? Y aun cuando como preservación patrimonial dicha intervención es una vil chapuza (aparte de la pérdida de los componentes del puente, con más de 120 años de antigüedad, el pastiche o su mala imitación fue emplazado en un sitio ajeno a su enclave original), el custodio del patrimonio cultural terminó convirtiéndose en un depredador de ese mismo patrimonio.
Y no obstante lo anterior, el inconsecuente patrimoniólogo acaba de salir a la defensa de una finca de la zona de Chapultepec, a la cual sus destructores de manera ridícula intentan reconstruir presuntamente con sus valores primigenios. El argumento condenatorio de Gómez Arriola es técnicamente impecable y se podría aplicar, a la perfección, a sus propias intervenciones de supuesta preservación patrimonial: “El patrimonio edificado no es renovable (…) en el momento en que se pierde ya no existe” y cada intento para rehacerlo no pasa de ser un “remedo y una burla” (El Informador, viernes 3). Y en su razonamiento este émulo del diablo predicador remata disparándose a los pies: “No es ninguna restauración, no es ningún rescate (…) porque poner (únicamente) unas piedras que pertenecieron a una casa y la relación que tenía esa fachada con el contexto también se pierde. Es una especie de escenografía (…) y no tiene nada que ver con la conservación del patrimonio” (ídem). En otras palabras, eso fue exactamente lo que él hizo con el puente de Arcediano.
Pero de todo lo anterior alguien podría encontrar a un culpable mayor: febrero loco.