Comicios en riesgo: Violencia, instituciones débiles, dinero sucio…

Analistas políticos consultados por Proceso Jalisco consideran que existe el riesgo de que el narco salpique las campañas de julio próximo, sobre todo en la región norte y en la costa sur donde, dicen, el gobierno es más vulnerable. Y aun cuando los candidatos y partidos políticos aseguran que serán cuidadosos para impedir que el dinero ilícito empañe los comicios, los especialistas advierten que la debilidad de las instituciones aumenta la posibilidad de que los grupos criminales busquen incidir en lo electoral.

De cara a las elecciones locales de este año –que incluyen la gubernatura, 125 alcaldías, tres senadurías, 20 diputaciones federales y 29 locales, 20 de las cuales serán de mayoría y el resto plurinominales–, analistas y académicos alertan sobre el riesgo de que las campañas se contaminen con dinero ilícito, aun cuando los partidos y la clase política se empeñen en decir que eso no sucederá.
Alberto Arellano Ríos, catedrático del Colegio de Jalisco, sostiene que los comicios de noviembre pasado en Michoacán son un ejemplo claro de los riesgos que puede enfrentar una entidad ante la delincuencia organizada en tiempos electorales.
“La experiencia nos demuestra que lo que más le interesa al crimen organizado es controlar sus regiones. Por lo tanto el riesgo no sólo está en el financiamiento directo de las campañas políticas, también buscan imponer a un grupo afín a ellos para que cuide sus intereses”, dice el experto en estudios políticos.
Arellano advierte que si bien la capital tapatía está relativamente segura, el dinero del narco puede salpicar las elecciones para gobernador y alcaldías en la zona metropolitana, aunque matiza que el dinero del narco llega de manera más fácil a los municipios pequeños.
Y expone: “El mapa criminológico nos muestra que las regiones más vulnerables en el estado se concentran en la región norte y en la costa sur, en municipios como Autlán y Manantlán, donde el gobierno está debilitado y el crimen organizado tiene el control. Es ahí donde debe ponerse especial atención.”
Para el investigador, la presencia del narco en zonas vulnerables puede poner en riesgo la elección, pues además del financiamiento electoral, los sicarios pueden intimidar directamente a los votantes y a los candidatos, sin descartar el asesinato, con tal de proteger sus intereses.
En su edición del 16 de enero último, The Washington Post publicó un reportaje en el que expone que es factible que el crimen organizado intente manipular los comicios del próximo 1 de julio.
Bajo el título La votación de México en 2012, vulnerable a la narco amenaza, el rotativo publicó una entrevista con George Grayson, profesor del College of William and Mary, autor del libro Mexico: Narco-Violence and a Failed State? (México: ¿narcoviolencia y Estado fallido?). El analista sostiene que aun cuando es difícil que los cárteles lleguen a controlar el Congreso o a decidir sobre la elección presidencial, sí buscan imponer su ley en algunos municipios, sobre todo en los que utilizan para el trasiego de estupefacientes.
José de Jesús Gómez Valle, quien obtuvo su maestría en estudios políticos y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México con su tesis El cabildeo de los grupos de presión a la Cámara de Diputados durante la LVIII Legislatura 2000-2003, afirma que el dinero del narcotráfico en las campañas electorales siempre es “un riesgo latente”.
Dice que el blindaje contra el narco recae en las instituciones, en los partidos y en los candidatos, por lo que, insiste, la labor del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) es blindar el financiamiento que por ley recibirán los partidos registrados, así como las cuotas voluntarias, las aportaciones de simpatizantes y el autofinanciamiento de algunos candidatos.
“No es descabellado que los narcos traten de entrometerse en las próximas elecciones. Habrá que poner énfasis en lo que sucede en el estado, como aparentemente sucedió en los comicios de Michoacán, realizados en noviembre, que fueron los de mayor participación ciudadana en toda su historia.”
Campañas caóticas

Jorge Alonso Sánchez, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), recuerda que durante el proceso electoral 1994-1995, cuando fungió como consejero ciudadano, hubo un conflicto electoral en Jilotlán de los Dolores, por lo que él y sus compañeros buscaron a los candidatos para que hicieran las paces.
Cuenta que cuando uno de sus compañeros le preguntó a un candidato por qué era tan agresivo con su contrincante y si cultivaba droga, el aludido contestó: “Aquí todos estamos en ese negocio”.
Y abunda: “Habrá municipios donde la presencia del narcotráfico será mayor que en otros. Pero la experiencia de las elecciones michoacanas nos da pie a suponer que en este año la criminalidad, como poder fáctico, buscará incidir en lo electoral. Ahora tiene más formas y más intereses en conseguir control de políticos”.
Bernardo Jaén, integrante del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la UdeG, señala que el riesgo de que haya dinero ilícito en las elecciones se potencializa por la fragilidad de las instituciones, así como por el ansia de poder de la clase política y por la mercantilización del proceso, pues hoy las campañas son muy caras y se necesita mucho dinero para ganar.
“Combinados, estos elementos pueden ser un factor importante en Jalisco. Está demostrado que en México y en todo el mundo las elecciones se ganan con dinero. Se necesitan cantidades millonarias, de ahí que los candidatos casi siempre rebasen topes y algunos acepten fondos sin verificar su procedencia. Para la clase política el fin justifica los medios”, indica Jaén.
Agrega que es complicado auditar y saber de dónde viene el dinero de las campañas: “El marco legal que rige los procesos electorales sigue siendo el mismo de años pasados, con muchos huecos legales. El marco legal deja mucho qué desear. Parte de los recursos son públicos, otros son privados y también los hay discrecionales, aquellos que no se transparentan ni se reportan (a las instancias electorales)”.
Ignacio Román Morales, doctorado en estructuras productivas por la Universidad de París, considera, como Jaén, que la debilidad de las instituciones aumenta el riesgo de que entren recursos ilícitos a las campañas políticas: “El problema no son los candidatos, sino el sistema político, que está débil y carece de una fiscalización seria, lo que favorece la entrada de dinero sucio”.
Y advierte que es factible que se repita el escenario de 2006: el bombardeo mercadológico, lo que significa que hay que sacar dinero de donde sea, pues el sistema de rendición de cuentas de las campañas no es suficientemente claro. Y ese fenómeno se repite en todo el país, no es exclusivo de Jalisco, puntualiza.
La posición de los partidos

El presidente del Comité estatal del PAN, Miguel Monraz Ibarra, asegura que su partido está completamente “blindado” para evitar que ingresen recursos ilícitos a las campañas de sus candidatos.
“Las cuentas de los recursos se concentran en el partido y se distribuyen a cada uno de los candidatos –dice–. Yo creo que de ahí podríamos tener un filtro suficientemente efectivo para que no lleguen de lugares de donde no deben.”
–¿Existe el riesgo de que reciban recursos ilícitos? –se le cuestiona.
–Estamos seguros de que el PAN no aceptará dinero mal habido. De hecho, los recursos se concentran y se distribuyen por medio de la tesorería del partido. Creo que son los otros partidos los que tienen que preocuparse por eso. El PAN siempre ha administrado los recursos de sus campañas electorales de manera transparente y abierta.
Monraz Ibarra agrega que otra forma de protegerse de la entrada de dinero proveniente de actividades ilegales es pedirle a cada aspirante su declaración patrimonial.
Dice que su partido recibirá cerca de 50 millones pesos para el próximo proceso electoral. Y aun cuando todavía no se decide la manera en que se distribuirán, insiste en que se repartirán entre los candidatos de la manera “más conveniente”.
Proceso Jalisco solicitó una entrevista con el dirigente interino del PRI estatal, Rafael González Pimienta, para conocer su punto de vista sobre el financiamiento de las campañas. Sin embargo, su vocera comentó que él no hablaría sobre ese tema.
Enrique Alfaro Ramírez, aspirante de las izquierdas a la gubernatura –PRD, PT, Alianza Ciudadana y Movimiento Ciudadano–, considera que en caso de que algún aspirante a un cargo popular reciba recursos ilícitos no podrá decir que no sabía de dónde provenían:
“Nadie se puede llamar ingenuo. La ingenuidad no existe en esto. Uno sabe con quién platica sobre el tema de financiamiento. Yo no voy a platicar con nadie que ponga en riesgo la integridad de este proyecto.”
Asegura que él nunca ha recibido ni recibiría recursos ilícitos por principio y por seguridad: “El día que recibes dinero de la delincuencia, ese día firmas también tu sentencia; no es un juego”.
–Quizás usted no reciba el dinero, pero alguno de sus colaboradores…
–En eso soy extremadamente cuidadoso; no dejo que me hagan llegar dinero cuya procedencia desconozco. Insisto: parece que es un nivel de ingenuidad que no se puede permitir alguien que pretende dirigir el futuro de Jalisco.
–¿Cuánto va a gastar en su campaña?
–El tope es poquito más de 22 millones de pesos; estamos en el proceso de encontrar financiamiento. Lo que más orgullo me da es que no vamos a despilfarrar el dinero de la gente. Lo que podamos conseguir de aportaciones será de gente convencida del proyecto. Y aun cuando no tengo resuelto cómo vamos a financiarlo, tampoco me preocupa. Tengo claro que a billetazos no le voy a ganar ni al PRI ni al PAN.
–Se sabe que tiene el apoyo de algunos empresarios.
–Sí, creo que ningún candidato de la izquierda había tenido la confianza y el apoyo de tantos empresarios. Eso tiene que ver con que hemos construido una relación seria, de que vengo de una familia de empresarios y a que yo también soy empresario.
“Hemos demostrado que ser de izquierda no significa ser antiempresarial ni que tengamos que estar en choque permanente con ellos.”
Alfaro Ramírez, quien antaño militó en el PRI, indica que algunos de los empresarios que creen en su proyecto lo apoyarán con recursos o en especie; otros más serán candidatos a cargos de elección popular. Y reitera: “Tendremos el cuidado en el aspecto de su origen (de los recursos) y sobre todo seremos respetuosos del marco jurídico que regula el financiamiento de las campañas”.
Un proyecto ciudadano

Cuando Proceso Jalisco le pregunta al candidato de la coalición de izquierda sobre los candidatos del sector empresarial, Alfaro se reserva los nombres y comenta que serán personas “decentes”, y aprovecha para decir que su proyecto “no es nada más de la izquierda, sino ciudadano”, e incluirá a panistas y priistas.
–¿Qué expectativas tiene de las próximas elecciones?
–Voy a ganar el gobierno de Jalisco. Le vamos a ganar al PRI y vamos a mandar al PAN al tercer lugar. No es un acto de soberbia ni de optimismo desbordado. Se trata de entender que en este momento las encuestas nos ubican en el segundo lugar.
Según el entrevistado, “la distancia con el PRI en algunos casos es de menos de 10 puntos. En el arranque de campaña, una distancia así se me hace viable remontarla. Por lo que atañe al PAN, me parece trágico porque inician el proceso en el tercer lugar, pero además con una propuesta del candidato que representa la continuidad, particularmente en los rubros de seguridad y empleo”.
Los reporteros buscaron a los candidatos del PAN a la gubernatura –Fernando Guzmán Pérez Peláez, y del PRI, Jorge Aristóteles Sandoval– para hablar sobre los riesgos de que ingresen recursos del narcotráfico a sus campañas. Hasta el cierre de edición, sus voceros no atendieron la petición.
El que sí aceptó la entrevista fue el diputado federal panista César Madrigal Díaz, quien recientemente compitió, sin éxito, por la alcaldía de Guadalajara. Dice que desde las elecciones de 2009 se le acusa de tener presuntas ligas con el narco, lo que ha perjudicado su carrera política y la de su hermano Alejandro.
Ese año el entonces vocero del PRI en Jalisco, Alberto Mora Martín del Campo, señaló que el 23 de diciembre de 2002 Marco Antonio Madrigal Díaz, otro de los hermanos del diputado, murió en medio de un ajuste de cuentas relacionado con el Cártel del Milenio (Proceso Jalisco 243).
Dos días después, los medios informaron que Marco Antonio, alias El Tony o El Lic, y Eusebio Mamés Velázquez Mora, exalcalde municipal de Aquila, Michoacán, iban en un Passat 2002 cuando fueros asesinados en el cruce de López Mateos y Mariano Otero, en la ciudad de Guadalajara.
César Madrigal afirma que su hermano Marco Antonio murió en un intento de asalto, no a manos de sicarios. Comenta que “él era un hombre de bien”; incluso presume que otro de sus hermanos, Timoteo, es sacerdote. A 11 años de aquel doble asesinato, el legislador insiste en que su carrera política y la de su hermano Alejandro, quien aspiraba a una diputación federal pero fue derrotado, se han visto afectadas por la “estrategia de guerra sucia articulada por PRI”.
Dice que en los comicios de 2009 los priistas también cuestionaron el origen de los recursos de su campaña. Cuando se le pregunta sobre el monto de las aportaciones de particulares a su reciente intento de ganar la postulación a la alcaldía de Guadalajara, que finalmente perdió ante el exgobernador Alberto Cárdenas Jiménez, dice que no recibió dinero de terceros; incluso afirma que el presupuesto asignado por su partido es tres veces más del que tuvo su correligionario Jorge Salinas para la campaña que realizó en 2009.
Por lo que atañe al PAN, sus dirigentes locales insisten sobre los presuntos nexos del exalcalde priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz con el narco. Aluden incluso a la averiguación previa 26/2007/HI/A de la procuraduría estatal, según la cual Sandoval recibió 100 mil pesos de Ignacio Loya Alatorre, un personaje ligado a los hermanos Beltrán Leyva que fue ejecutado el 21 de febrero de 2007 a las afueras del estadio Jalisco (Proceso 1832). l