El juez que desdeña la justicia

Aun cuando en sus tres décadas como juez ha acumulado una veintena de quejas ante el Consejo de la Judicatura del estado, Efraín López Ramírez sólo ha sido removido de lugar, pero sigue en activo y ejerciendo sus actividades. Su tropelía más reciente es haber dejado en libertad a dos sujetos confesos del robo de alrededor de 5 mil 700 monedas de plata a un pensionado estadunidense residente en Chapala. Lo peor de todo es que cuando se le cuestiona, López Ramírez contesta que no tiene por qué rendirle cuentas a nadie.

El juez penal de Chapala Efraín López Ramírez no sólo liberó a dos sujetos confesos del robo de cerca de 3 millones de pesos en monedas de plata Libertad, sino que incluso arguye que no tiene por qué dar cuentas de su trabajo a pesar de tener en el Consejo de la Judicatura del estado una veintena de quejas documentadas en su contra.
El robo de las 5 mil 700 monedas de plata cuyo valor asciende a 2 millones 850 mil pesos ocurrió a finales de 2011, según el afectado, un pensionado estadunidense que vive en la ribera de Chapala. Los inculpados son Roberto Neri Puebla y Rodolfo Moreida Arredondo, quienes se desempeñaban como sus trabajadores domésticos.
“Yo tenía 6 mil y pico de monedas en mi recámara y cuando regresé de Estados Unidos en este año me di cuenta que sólo me quedaban 700. Y entendí que Roberto y su suegro me habían robado, pues ellos eran lo únicos que tenían llave de mi casa y sabían exactamente dónde estaban mis monedas”, asegura el afectado.
Dice que las tuvo escondidas durante ocho meses y que al darse cuenta de que faltan la mayoría presentó su denuncia de hechos el 12 de enero pasado ante la delegación de la Procuraduría General de Justicia. Al día siguiente la Policía Investigadora de la dependencia puso a Neri Puebla y a Moreida Arredondo a disposición del Ministerio Público.
El agente ministerial determinó que ambos eran responsables del delito de robo agravado, incluso comentó que Neri y Moreida “se encontraban plenamente confesos”. En su declaración del 13 de enero, Neri confesó que él y su suegro Rodolfo Moreida robaron cerca de 3 mil monedas en un periodo menor a cinco meses, mismas que malbarataron en poco más de un millón de pesos.
“En julio de 2011 aproveché para sacar primero dos costales con de 680 monedas y con ese dinero compré una camioneta Cherokee, ropa y artículos para la familia. En el mes de noviembre mi suegro y yo nos pusimos de acuerdo para robarle más monedas a mi patrón y le robamos tres costales con lo que compré una televisión de pantalla plana LG de 32”, declaró Neri.
También expuso que compró unos rines para su camioneta y viajó a Cancún con su esposa, su suegra, sus hijos y algunos amigos. Al mes siguiente él y su suegro robaron tres costales más. “Yo compré un automóvil Bora, una camioneta Pickup, una cuatrimoto Honda y una camioneta Ford”.
Los dos acusados fueron consignados, pero el 16 de marzo el juez López Ramírez ordenó su libertad inmediata bajo el argumento de que se trataba de “un delito no grave” difícil de comprobar puesto que no fueron captados infraganti, según la causa penal 182/2012-A, de la cual semanario tiene copia.
La reportera buscó al López Ramírez para conocer su versión. A finales de marzo, el juez accedió, a condición de que no se grabara la conversación. Según él, los acusados jamás fueron detenidos y reiteró que se trataba de un delito “no grave”. Al preguntarle sobre su repentino deslinde, el entrevistado comentó que actuó de manera “imparcial” para evitar un escándalo.
Cuando la reportera aludió a las quejas acumuladas en su contra en la judicatura del estado, López Ramírez se molestó. Y con un golpe al escritorio dio por concluida la entrevista:
“No sé de donde saca usted esa información. Yo no tengo ninguna queja en el Consejo de la Judicatura. Y si es así, eso es algo que no le compete preguntar a usted, pues aunque yo sea un funcionario público no tengo por qué darle explicaciones sobre mi desempeño ni a usted ni a nadie.”
Descaro judicial

Proceso Jalisco encontró 20 quejas administrativas en el Consejo de la Judicatura contra López Ramírez por presuntas irregularidades procesales, algunas datan de 1997. Dos de ellas –la 47/2004-B y la 07/2006-C– corresponden a su intervención como titular del Juzgado 13 de lo Criminal del Primer Partido Judicial del estado.
Cuando fue juez penal en el municipio de Autlán de Navarro, López Ramírez también recibió quejas por su actuación, entre ellas la 37/2006 A; también hay otras dos –la 166/2007-D y la 169/2007-C–, que implican también a Erwin Alberto Ramírez Pérez, su actual secretario.
Para Luis Enrique Villanueva Gómez, consejero e integrante de la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura, las quejas que ameritan una mayor sanción son la 8/2011 y la 201/2011-A, que aluden a irregularidades cometidas por López Ramírez durante su actual gestión en el municipio de Chapala.
En la primera se le acusa de encubrir a una empleada del Banco Santander que cometió fraude en perjuicio de un extranjero; en la segunda, presentada en 2011, López Ramírez es acusado de responsabilidad patrimonial por pronunciarse a favor de Omar O’Rourke Martínez, a quien la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) considera desde 2009 como uno de los 33 agentes del mercado inmobiliario que realizan prácticas monopólicas en la Ribera de Chapala.
Villanueva refiere que en sus 30 años de servicio profesional López Ramírez ha recibido sanciones menores, consistentes en cambios a municipios cada vez más pequeños y alejados de la zona metropolitana de Guadalajara. No obstante, por las irregularidades cometidas recientemente debería aplicársele una sanción severa.
“Me han llegado comentarios sobre las irregularidades que ha cometido este juez. Dado que las últimas dos quejas ante la judicatura son graves la sanción podría ser desde la destitución temporal hasta la inhabilitación definitiva. Eso tendremos que analizarlo en el pleno lo antes posible”, dice el entrevistado.
El representante jurídico del extranjero afectado y el diverso postulante de la firma de abogados Rincón Salas & Co. también piden la intervención del Consejo de la Judicatura ante los evidentes errores cometidos por López Ramírez.
Para ellos, el juez “sí se apartó de su legal función judicial” al dejar libres a los autores confesos, sobre todo por la evidente vida de lujos que llevan, pues “rebasa lo que un trabajador promedio puede adquirir en tan poco tiempo”.
Entrevistado aparte, el presidente del Colegio de Doctores Juristas de Jalisco, César Eduardo Agraz, sostiene que el sistema judicial atraviesa por una de sus mayores crisis dada la corrupción que impera en la impartición de justicia en el estado.
Doctor en derecho, notario público y catedrático de la Universidad de Guadalajara en la división de Estudios Jurídicos, Agraz insiste en la falta de rectitud y honorabilidad de los jueces:
“Los litigantes se quejan constantemente sobre las irregularidades y el criterio tan cerrado de algunos jueces, sobre todo de los de mayor edad; si algún juez tiene quejas ante la judicatura es un indicativo de mala administración judicial, deberá ser vigilado y sancionado.”
Por su parte, el pensionado estadunidense dice estar molesto por la negligencia de las autoridades, por lo que estudia la posibilidad de exponer su caso ante el consulado de su país. “Aun cuando vengo de una cultura en la cual hay confianza, en México aprendí a que no debo confiar en nadie, menos aun en la justicia”.