Van contra prácticas ilegales en comercio exterior

MÉXICO, D.F. (apro).- La iniciativa privada y el gobierno federal comenzaron con los trabajos de la Mesa de Combate a la Ilegalidad, que tiene como propósito “la aplicación estricta del marco legal en las operaciones de comercio exterior, así como identificar y sancionar prácticas ilegales que afecten a los sectores productivos mexicanos”.

La mesa fue integrada por diversas cámaras empresariales, como la textil, la del vestido, del acero, de comercio, de calzado y tabacalera; además agrupa a representantes de la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señaló que en la primera sesión se enfatizó la subvaluación, que es un tipo de contrabando técnico que se presenta al declarar, en la importación, un valor en aduana menor al realmente pagado por la mercancía, disminuyendo así la base gravable con el objeto de pagar menos contribuciones.

La subvaluación se hace cuando se alteran o falsifican facturas, o incluso existe previo acuerdo con el proveedor que la expide.

Esta práctica ilegal no sólo reduce la recaudación fiscal al disminuir la base gravable, sino que afecta a los sectores productivos del país, al no tener condiciones de igualdad en el mercado interno.

Hasta el año pasado, el gobierno federal emitió más de mil 300 órdenes de embargo contra mercancías subvaluadas que intentaron ingresar al mercado mexicano y cuyo monto ascendió a más de 166 millones de pesos, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las autoridades y el sector empresarial integrarán un grupo de trabajo multidisciplinario, constituido en un centro de inteligencia que concentre información para generar acciones concretas de fiscalización, con base en análisis de riesgo de la información de las operaciones de comercio exterior.

Esto, afirman, permitirá al gobierno ser más oportuno en la determinación de créditos fiscales y aplicación de sanciones, como multas, retención o embargo de las mercancías.

En 2012, los recursos obtenidos mediante la piratería ascendieron a más de 80 mil millones de dólares, cifra superior a las divisas que dejaron la inversión extranjera directa (poco más de 12 mil millones de dólares), y las remesas (22 mil millones de dólares).