Controversia por la mariguana

Plantío de 120 hectáreas de mariguana, presuntamente propiedad de El Chapo, destruido en julio de 2011 .
Foto: AP / Alexandre Meneghini

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En el ámbito nacional e internacional han tenido lugar una serie de hechos favorables a la legalización de la mariguana. En Estados Unidos, aunque el gobierno federal mantiene inflexible su posición prohibicionista, a nivel estatal las cosas han cambiado. Illinois acaba de convertirse en el estado número 20 en legalizar la mariguana para usos médicos. Colorado y Washington también la han legalizado para usos recreativos, poniendo en marcha un mercado que despierta gran interés por las enormes ganancias que puede generar. Las encuestas hablan de la posibilidad de un referéndum en California que daría resultados positivos para la legalización. De ocurrir así, cambiará profundamente el panorama para el uso y comercialización de esa droga en el mayor centro de consumo del mundo.

En América Latina, después de las iniciativas encabezadas principalmente por el presidente de Guatemala para exigir un enfoque nuevo sobre el tema de las drogas, la mayor novedad se ha dado en Uruguay. Allí los diputados aprobaron una legislación que legaliza-regula la producción, venta y consumo de la mariguana; falta todavía la votación de los senadores, que se espera ratificarán la decisión de los diputados.

Con ese telón de fondo, el debate sobre la legalización se ha generalizado en México. En los últimos días ha habido diversos eventos en los que han participado personajes muy conocidas del mundo político y académico. Cierto que han surgido voces disidentes, pero han sido las menos. La corriente mayoritaria, en particular la existente entre académicos, se manifiesta a favor de la legalización; en lo personal, hace mucho que me inscribo en esa línea.

El asunto ha tomado nuevas dimensiones al hablarse de la posibilidad de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal someta a votación una iniciativa para la legalización. De inmediato han surgido interrogantes sobre la capacidad jurídica de dicha asamblea para tomar medidas de tal naturaleza o dar pasos para conseguirla. En todo caso, la simple posibilidad es, en sí, un elemento significativo.

Son muchos los argumentos a favor de la legalización: el primero es la ineficiencia de las políticas prohibicionistas para reducir la producción y el consumo. Otros se refieren a los incentivos económicos perversos que alienta la prohibición; el deterioro de los sistemas carcelarios y de impartición de justicia, saturados por problemas menores asociados a la criminalización del consumo; el hecho de que la prohibición es contraria al derecho de toda persona mayor a tomar disposiciones sobre sí mismo mientras no afecte a los demás; los avances en las investigaciones según las cuales los daños provocados por esa droga son menores o al menos comparables a los producidos por otras que circulan libremente, como el alcohol y el tabaco; además de los dramáticos niveles de violencia asociados a la “guerra” contra la mariguana.

La aceptación creciente de tales argumentos y el ambiente existente en el ámbito internacional llevan a algunos a opinar que es el momento para México de colocarse a la vanguardia de los países que están a favor de la legalización y regulación de la mariguana. Sería deseable que así fuera, pero lo cierto es que hay muchos obstáculos que se alzan en el camino.

El primero es la resistencia en Washington. A nivel de la presidencia y de todas las agencias cuyos presupuestos están relacionados con mantener la “guerra” contra las drogas, la legalización de la mariguana no es buena idea. Cuentan con el apoyo de numerosos sectores de la sociedad estadunidense que, a pesar del alto consumo para fines recreativos, no se atreverían a aceptar la legalización; el puritanismo y la hipocresía son comunes en dichos sectores.

El segundo es la opinión dividida al interior de la sociedad mexicana. Las encuestas no hablan de una población que, en su conjunto, apoye la legalización. De acuerdo con algunas de ellas, poco más de 50% se opone a la misma. Incluso dentro de la izquierda, que se creería se inclina por posiciones liberales, líderes como López Obrador no han querido tomar partido.

El tercero es la utilización del tema para fines electorales. Si los cálculos sugieren que se ganarían más votos oponiéndose, sin duda habrá oposición. Aun si tal oposición proviene de personajes políticos de quienes se esperaría otro comportamiento. Las experiencias en torno al debate sobre el aborto dejaron varias lecciones en ese sentido.

Finalmente, está la normatividad internacional, referencia utilizada frecuentemente para oponerse a la legalización. En efecto, dicha normatividad, construida sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado y plasmada en tres grandes convenciones sobre el uso de drogas de Naciones Unidas, es esencialmente prohibicionista. A ellas se aúnan organismos, como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, destinados a velar por el cumplimiento de tales convenciones.

Ahora bien, la experiencia en Estados Unidos nos dice que las normas internacionales no detienen procesos internos, como ha ocurrido en estados de la Unión Americana. Es posible avanzar mediante legislaciones locales que, en su momento, pueden hacer cambiar al gobierno central, y, eventualmente, revisar las convenciones internacionales. El camino no se encuentra congelado por normas internacionales que reflejan ciertos momentos y ciertos intereses que han evolucionado sensiblemente.

Sea como fuere, la ruta para llegar a la legalización es sinuosa. Por lo pronto, sólo hay corrientes en la buena dirección. Esperemos que se fortalezcan.