Perú: Rondas campesinas, 38 años de “justicia rural”

Las rondas campesinas en Perú.
Foto: Especial

CAJAMARCA, Perú (apro).- Todo empezó el 29 de diciembre de 1976 en Cuyumalca, un pequeño caserío del departamento de Cajamarca, en el norte de los Andes peruanos. Los vecinos de ese lugar, hartos de que los ladrones que merodeaban la zona les arrebataran sus animales y de que hubieran entrado a robar incluso en la escuela sin que el Estado, ausente de esta apartada aldea, pudiera hacer nada, decidieron organizarse para llevar a cabo rondas nocturnas y capturar a los saqueadores.

La medida fue imitada por otros pueblos de Cajamarca y con los años fue extendiéndose a otras regiones del país, principalmente de la sierra pero también de la selva, en las que los pueblos apartados creaban sus propios grupos de autoprotección.

Aunque las rondas campesinas, como se acabaron denominando estos grupos, han vivido tiempos mejores, hoy en día es una institución que todavía cuenta con decenas de miles de miembros por todo el país, sobre todo en el norte andino.

En México, desde que comenzaron a crearse en Michoacán y en Guerrero los grupos de autodefensa, diversos analistas han manifestado el temor a que estos grupos tomen la deriva que siguieron organizaciones surgidas por los mismos motivos en Colombia y convertirse en fuerzas paramilitares, al servicio del narcotráfico o de autoridades o poderes fácticos poco escrupulosos en lo referente a los derechos humanos.

Pero las colombianas no son las únicas organizaciones civiles en Latinoamérica que toman las armas para defenderse de amenazas contra las que el Estado se ha mostrado ineficaz.

Las rondas campesinas de Perú gozan de plena vigencia. Han resistido durante algunas épocas los intentos de penetración de la guerrilla en sus zonas y de paramilitarización por parte del ejército. Aunque todavía colisionan con la justicia ordinaria y se cuestiona su respeto a los derechos humanos, conviven y se coordinan en muchas ocasiones con las autoridades judiciales oficiales, tienen una legitimidad sancionada por las leyes y están facultadas por la Constitución peruana para administrar justicia.

Las rondas, explica Juan Estela, uno de sus dirigentes regionales en el departamento de Cajamarca, surgieron en zonas rurales en las que “no había ni carreteras. Para llegar a la ciudad había que caminar dos o tres días (…) Nunca había policía por nuestra comunidad y la delincuencia robaba ganado, robaba todo”, recuerda.

Al principio, la expansión de las rondas, incluso a lugares muy distantes, al sur del país, fue de la mano de la iglesia católica, relata Wilfredo Ardito, un abogado y activista peruano especialista en justicia comunitaria: “Había muchos sacerdotes y monjas que tenían una visión de que los campesinos estaban más cerca de la verdadera justicia que la justicia estatal”.

Otro factor que contribuyó fueron las migraciones internas. “Cuando los cajamarquinos migraban, lo hacían con sus rondas, como algo natural porque estaban organizados así”, asegura.

En un principio, sostiene Ardito, empezaron a luchar contra el abigeato y luego se ocuparon de todo tipo de crímenes y conflictos de las comunidades, desde los conflictos por herencias hasta la violencia intrafamiliar, incluso asuntos como la brujería.

Al igual que los distintos grupos de autoprotección que hay en México, sus miembros son voluntarios y no cobran por hacer ese servicio, aunque en Perú, en las comunidades donde hay ronda comunitaria, ésta es aceptada por todos y complementa a la autoridad oficial, en vez de enfrentarse a ella.

Además de sus tareas de vigilancia y de detener a los delincuentes, aplica justicia. En este sentido se parece a las policías comunitarias de Guerrero, pero a diferencia de ellas y, a pesar de la similitud de su nombre con la Ronda Comunitaria de la localidad purépecha de Cherán, las rondas campesinas no tienen un origen indígena ni se legitiman en usos y costumbres.

Aunque, al igual que México, Perú tiene una gran cantidad y variedad de pueblos originarios, las rondas campesinas surgieron en zona de los Andes menos indígena, en pueblos de población campesina, pero criolla.

 

Justicia comunitaria

Al igual que en Guerrero, una vez que capturan a alguien cometiendo un delito, incluso aquellos más graves, como violación u homicidio, lo someten a la asamblea, que es la que decide el castigo.

“La ronda tiene un tipo de administración de justicia que es gratuita, ágil, veloz, transparente y pública”, se congratula Juan Estela. Se diferencia, dice, de la que aplica el Poder Judicial, “que es dentro de paredes, con abogados, con llamadas para acá y para allá, te pasean, se demora a veces hasta años y muchas veces da la razón a quien no lo merece. La ronda soluciona el problema en uno o dos días”.

“Nosotros actuamos en base a una asamblea, ellos (la justicia ordinaria) actúan en base a abogados y a montones de papeles, montones de dinero”, añade.

Sin embargo, la aplicación de justicia es uno de los puntos oscuros de las rondas campesinas, pues para obtener la confesión del infractor y como una de las formas de castigo, recurren a los azotes.

Los ronderos no llevan uniforme y no suelen ir armados (salvo ocasionalmente escopetas de caza y retrocargas), pero su elemento distintivo es la binza o chicote, una vara larga y elástica que utilizan para azotar a los detenidos.

Ardito señala que “la ronda busca que la persona examine su conciencia, se arrepienta, confiese públicamente lo que hace y luego le ponen una sanción. Es una confesión pública, lo tiene que hacer delante de la asamblea. Y esta confesión pública es el momento clave para los ronderos para que una persona se arrepienta y cambie”, y para extraer esa confesión suele recurrir a la binza.

Además, los azotes forman parte muchas veces parte del castigo. El condenado por la ronda es sometido a lo que se denomina cadenas ronderas, que también tiene algunas similitudes con el sistema de justicia comunitaria de Guerrero: el detenido es enviado de base en base, es decir de una comunidad perteneciente al sistema de rondas a otra, hasta completar el número de bases que se ha determinado en la asamblea como sanción.

En cada una debe hacer trabajos comunitarios y por la noche participar en una asamblea en la que “la ronda se encarga de reeducar a esta persona”, indica Estela. “La reeducación pasa por la declaración de los actos que ha cometido. A la vez los ronderos lo aconsejan o lo sancionan físicamente”. Esto último puede ser la realización de ejercicios físicos, como lagartijas, pero “a veces le manda su par de latigazos”.

“En casos gravísimos se ha mandado hasta 90 bases de cadena rondera, 90 días en comunidades”, afirma el líder rondero, quien defiende la efectividad de este sistema frente a la cárcel: “Los que salen en cadena rondera con 10, 15 o 20 días salen ciudadanos ya limpios, con responsabilidad. Muchos de ellos ya no han vuelto a robar, porque esa persona tiene vergüenza de que le vean sus amigos en cadena rondera por delincuente. Le duele más que llevarlo a encerrar. Y con el tema de la cárcel, gasta el Estado teniéndolos encerrados, muchas veces se hacen más avezados y cuando salen siguen robando”.

Agustín Moreno, jefe de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, opina sin embargo que “en ese aspecto de buscar formas de resocialización falta bastante”. No obstante, alaba la función que cumple la justicia comunitaria para compensar las falencias del Estado.

“La ronda campesina tiene una labor importante en los lugares donde el acceso a la justicia no existe”, argumenta. “Hay lugares donde no hay forma de que los problemas de inseguridad y de administración de justicia sean solucionados (por la justicia ordinaria). Por la lejanía, porque no hay abogados en todos los lugares o por el costo” que supone para un campesino desplazarse hasta una localidad con autoridades judiciales.

Por otra parte, “muchos fiscales no consideran como delitos a los robos menores o se concentran en actuaciones mucho más graves. Por ejemplo, para el campesino común y corriente, animales menores son parte de su estructura económica y constituyen algo valioso. En cambio para la justicia no es tan importante”, observa.

 

“Violencia legítima”

Henry Alcántara es el coordinador de la Oficina de Justicia de Paz y Justicia Intercultural de la Corte de Cajamarca. La misión de esta dependencia es coordinar a la actuación de las rondas campesinas con esta institución, lo que incluye capacitaciones sobre diversos aspectos. Afirma que la Constitución peruana faculta a las comunidades campesinas a administrar justicia conforme a sus costumbres, pero matiza que lo único que la Carta Magna “les pide a los ronderos es que no vulneren los derechos”.

Aun así, no considera los azotes como un problema grave de derechos humanos de los detenidos. “Para ellos es una forma de controlar a la sociedad, de decir: ‘Si no quieres recibir tus chicotazos, pórtate tranquilo, no robes, no mates a los animales…’”.

Ardito admite que en su país existe una mentalidad tendente a aceptar la violencia como una forma legítima de enfrentar a la criminalidad. “Hay una sensación en algunos sectores de la sociedad en el Perú de que la violencia es necesaria frente al desorden o la delincuencia”, lamenta. “Bajo esa lógica, una lógica muy autoritaria, mucha gente acepta la violencia y hasta las mismas ONG terminan aceptándola”.

Esto, añade, ha dado lugar a abusos muy graves, como un caso reciente en el que una anciana acusada de brujería falleció por los malos tratos recibidos. O como cuando en diciembre pasado unos médicos y enfermeras que había acudido a una discoteca en el pueblo cajamarquino de Cutervo fueron sacados a golpes por los ronderos por haber sobrepasado la hora límite de atención.

Y es que las rondas incluso establecen reglamentos de convivencia locales: “La ronda pone sus propias normas”, apunta Estela. Por ejemplo,  en una comunidad “puede decir que las cantinas van a atender hasta las 11 de la noche. No queremos bulla después”.

Incluso se ocupan de que los vecinos de la comunidad cumplan con los trabajos comunitarios, que van de la limpieza de carreteras y caminos a la construcción de casas comunales. Quien no cumple, es sometido a la justicia de la ronda: “Al moroso, la ronda lo lleva a la asamblea, lo sanciona, lo reeduca, lo aconseja y hace que firme un compromiso y que cumpla con sus faenas atrasadas”, señala Estela.

Igualmente, se encargan de proporcionar capacitaciones y educación básica en coordinación con diversos organismos. “Antes en nuestras comunidades habían un alto índice de analfabetismo y es ahí donde la ronda entra a capacitar y ahora tenemos ya un índice más bajo de analfabetismo”, asevera el dirigente rondero. “La ronda hace ese papel que el Estado no hace, que el gobierno no hace”.

 

Resistencia pasiva

En general, en Perú existe un gran desconocimiento sobre la labor y la historia de las rondas campesinas. Es parte de esa dicotomía que existe en el país entre el campo y la ciudad. Incluso en la prensa se confunden términos como rondas y comités de autodefensa que surgieron durante los años del conflicto con Sendero Luminoso bajo el patrocinio del gobierno, asumiendo que son lo mismo.

“En los años ochenta y sobre todo noventa, el gobierno entregó armas a grupos de campesinos para luchar contra la subversión”, explica Ardito. Estos comités de autodefensa, que estaban sujetos al Comando político-militar de su zona, tuvieron un papel importante en la derrota de ese grupo subversivo.

Estos grupos cuajaron sobre todo en el sur, y concretamente en el departamento de Ayacucho, bastión de Sendero. Pero el presidente Alberto Fujimori (1990-1992) también intentó extenderlo a otras regiones y quiso aprovechar la estructura de las rondas comunitarias. Esta, que, por otro lado, habían conseguido mantener a raya a la guerrilla en regiones donde estaban fuertemente arraigadas como Cajamarca, opusieron resistencia.

“Fujimori quería que las rondas se convirtieran en testaferros del ejército. Pero eso no duró y se cayó  rápidamente. Se metieron delincuentes (en los comités de autodefensa) y con esas mismas armas empezaron algunos a asaltar, (a cometer) abusos, muertes…”, subraya, por su parte, Juan Estela.

Además, recuerda Ardito, “justo en ese tiempo fue capturado Abimael Guzmán (líder de Sendero Luminoso) y la subversión declino, por lo que el Estado dejó de presionar a las rondas, que hicieron resistencia pasiva unos meses y felizmente esa norma al final no se les aplicó”.

Durante los años del conflicto interno los comités de Autodefensa fueron los responsables de algunas de las matanzas y violaciones a los derechos humanos que cometieron en esa época ambos bandos. Pero con el fin de la guerra fueron desapareciendo y ya sólo quedan activos algunos en la zona del Valle de los Ríos Apurimac, Ene y Mantaro (el VRAEM), donde todavía resisten remanentes de Sendero, ya desligados de la antigua dirigencia, que está en la cárcel. No obstante, hace tiempo que no participan en acciones armadas.

Ese episodio no ha sido el único obstáculo que han enfrentado las rondas. A pesar de su reconocimiento legal y de que existen instancias de coordinación con el Poder Judicial, no todos los jueces lo aceptan. Todavía hay algunos que dan curso a las denuncias hechas contra dirigentes de las ronderos por parte de aquellas personas que son sometidas a su justicia.

“Los delitos por los que los denuncian son básicamente secuestro, usurpación de funciones y coacción”, enumera Alcántara.

“Se está tratando de sensibilizar a los jueces y a los fiscales para que acepten y conozcan estos temas de interculturalidad. Pero un buen sector no lo hace. Considera que (las rondas) son algo solamente como apoyo, pero que no deberían administrar justicia”, admite el funcionario.

La otra gran amenaza que se cierne sobre las rondas es la del poder político, que intenta someterlas recurrentemente. Después del tema de los comités de autodefensa durante el gobierno de Fujimori, en la época del presidente Alejandro Toledo también se intentó subordinar a las rondas a las fuerzas de seguridad del Estado.

“Hubo un convenio según el cual las rondas que lo firmaban estaban obligadas a dejar de administrar justicia y simplemente iban a apoyar a la policía. Cuando capturaban a un delincuente tenían que entregarlo a la policía”, afirma Ardito.

Para el activista, uno de los objetivos de esta medida era tenerlas controladas “para que no se enfrentaran a las empresas mineras”, aunque “la mayor parte se rehusó a firmar”.

Las rondas no sólo sienten el riesgo de la delincuencia. En los últimos años se han desatado múltiples conflictos en todo el país por la expansión de la minería y sus consecuencias para el medio ambiente y los ronderos, agricultores y ganaderos, se han puesto en primera fila en la oposición a las multinacionales de la minería, sobre todo en el departamento de Cajamarca, uno de los más pobres del país y también uno de los más ricos en recursos mineros.

“En el Perú no hay una garantía de que esa minería va a respetar tu propiedad, va a respetar tu medio ambiente, tu lugar, tu gente. Si fuera lo contrario, ¿por qué oponernos? Queremos desarrollo, queremos mejorar, tecnificar nuestra agricultura”, subraya Juan Estela. “Aquí luchamos fuertemente contra la tala indiscriminada de bosques. Muchos ronderos han muerto por impedirlo”.

El dirigente rondero asegura que ellos apoyaron al actual presidente Ollanta Humala en las elecciones de 2011, pero ahora lo acusan de querer supeditar a sus organizaciones precisamente con el trasfondo de las mineras.

Estela comenta que las rondas apoyan al poder judicial y a la policía cuando tienen que realizar alguna diligencia en sus comunidades o investigar a algún sospechoso, pero se niegan a firmar convenios de subordinación y acusa a la Fiscalía General de estar llevando a cabo estos pactos con dirigentes artificiales que representan a una minería de rondas.

“La fiscalía quiere que nosotros al que capturemos lo entreguemos inmediatamente. Eso no va a pasar. Tú entregas a alguien y al ratito la Fiscalía ya lo ha liberado”, advierte.

 

Rondas urbanas

En los últimos años se ha añadido una última controversia respecto al sistema de la justicia comunitaria: las rondas urbanas.

Según Juan Estela, “son compañeros que han ido a vivir de la zona rural a la zona urbana y mantienen su costumbre. Se organizan en sus cuadras, en sus urbanizaciones, sus calles y defienden su comunidad, su sector”.

Sin embargo, la actuación de estas rondas no tienen el mismo reconocimiento que las campesinas y reciben muchas críticas por su actuación. “Han tenido un comportamiento que en muchos casos a excedido la libertad que tiene una organización en general y han aplicado justicia a personas sin tener la facultad. No tienen facultad para administrar justicia, pero pese a ello lo hacen”, alerta Agustín Moreno, que ha tenido que salir a denunciar algunas actitudes de estos grupos en Cajamarca.

A menudo las rondas se dejan captar por los medios en acción o incluso ellos mismos se graban y difunden luego las imágenes. Hace unas semanas, se vio por televisión cómo detenían en la ciudad de Cajamarca a unos jóvenes que habían robado un mototaxi y, a chicotazos, les hacían confesar entre lágrimas su crimen ante las cámaras. Como castigo, les obligaban a hacer lagartijas.

En otra ocasión, también se difundió cómo entraban en un burdel violentamente y golpeaban con saña en las piernas a las jóvenes que trabajaban ahí mientras éstas lloraban de dolor e intentaban protegerse sin éxito. “Sacan prostitutas de donde ejercen, las hacen rondar con carteles por las calles”, como forma de escarnio público, lamenta Moreno.

“Castigan cual ronda campesina a las personas y hasta por temas civiles, temas de infidelidades… Lo que busca la ronda urbana es ser un organismo paralelo y eso no es viable jurídicamente hablando”.

Wilfredo Ardito va más lejos y acusa a estos vigilantes de ser en realidad “grupos de extorsionadores, que le cobran a la gente por cuidarlos”.

“Por ejemplo, si alguien le debe dinero a otro, ellos van, le pegan, cobran y se quedan con una parte. No tiene nada que ver con la ronda campesina de buscar la armonía. Ellos lo que hacen es usar la violencia para obtener un tipo de ingresos”, afirma.

En su opinión, estos grupos no tienen razón de ser porque en las ciudades si hay policía para garantizar la seguridad, pero denuncia que el problema “se debe al desinterés del Estado por tener presencia en los sectores populares”.

“Eso está pasando en las ciudades del norte, donde hay un crecimiento de la población, un crecimiento económico y un crecimiento de la delincuencia”, explica.