Plutocracia al desnudo

Penchyna, Gamboa y Beltrones en el Senado.
Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La discusión sobre la ley reglamentaria en materia de telecomunicaciones ha revelado con prístina claridad las oscuras formas de operar del sistema plutocrático vigente, en el que los poderes constituidos se someten al poder de la riqueza. En esta guerra de intereses económicos multimillonarios todo se vale: el espionaje, los acuerdos secretos entre los gigantes de la comunicación y las más altas esferas gubernamentales, la imposición de personeros de los oligopolios de la televisión en el Congreso, la cooptación de legisladores, el conflicto de intereses flagrante e impune, las corruptelas, el cinismo y la simulación. Este ignominioso menú de irregularidades exhibe el verdadero rostro de un sistema supuestamente democrático en el que el gobierno y los congresistas se doblegan ante el poder del dinero y la pantalla televisiva. El interés de los consumidores, así como el de la competencia y la productividad en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, son desdeñados en favor del interés de los monopolios a través de sus socios o cómplices políticos.

En el enfrentamiento entre los dos titanes de la comunicación, el Ejecutivo parece haber tomado partido para favorecer al emporio televisivo frente al gigante de la telefonía. El concepto clave del debate es la preponderancia. Se considera preponderante al agente económico que tenga más de 50% del mercado. El meollo del problema es cómo definir dicha preponderancia: por sector o por servicios.

El artículo octavo transitorio del decreto de reforma en materia de telecomunicaciones dice textualmente: “Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor del 50%, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones”.

En marzo pasado, el Ifetel declaró a Grupo Televisa como preponderante por el servicio de televisión abierta al acaparar 65% de la audiencia en ese medio. No obstante, si en la ley secundaria que está por aprobarse en el Senado (este texto se escribió el jueves 3) determinara que la preponderancia debe definirse por sector, Televisa no resultaría preponderante en televisión de paga y, además, su preponderancia en televisión abierta quedaría anulada. En los hechos, ello significaría que tras la reforma en materia de telecomunicaciones el oligopolio televisivo quedaría no sólo inmune, sino fortalecido, lo cual supondría una contradicción flagrante que haría nugatoria la esencia de la reforma: suprimir los monopolios y las conductas oligopólicas. Se acotaría el oligopolio en telefonía fija y móvil, banda ancha e internet, pero el de la televisión abierta y restringida quedaría intacto. El recién reformado artículo sexto constitucional en el que se establece que “la radiodifusión es un servicio público de interés general” seguiría siendo letra muerta.

Al momento de escribir este texto, el atropello está a punto de ser consumado. Para obtener la mayoría simple, la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo cuenta con el apoyo de los 54 senadores del PRI, los siete del Partido Verde y por los menos cuatro del PAN, encabezados por Javier Lozano, artífice y principal promotor del proyecto presidencial que se considera el segundo capítulo de la Ley Televisa.

Dicho abuso tendría consecuencias adversas para la inversión nacional y extranjera en radiodifusión, lo cual redundaría negativamente en la productividad del sector y en la calidad y costo de esos servicios para el consumidor. Adicionalmente, se confirmaría el acuerdo secreto entre el consorcio televisivo y el presidente Enrique Peña Nieto, existente desde su época como gobernador del Estado de México, y después como candidato del PRI a la primera magistratura del país, cargo que obtuvo en las elecciones de 2102 gracias al apoyo publicitario de la televisora.

Estamos a punto de experimentar una regresión al autoritarismo del presidente Carlos Salinas de Gortari cuando decidió convertir el monopolio público de Teléfonos en México en un oligopolio privado. Con una diferencia: Salinas impuso y fortaleció la privatización monopólica de ambos sectores, telecomunicaciones y radiodifusión. En cambio, la reforma del presidente Peña Nieto desmembraría el oligopolio del señor Slim en el sector telecomunicaciones, pero consolidaría el del señor Azcárraga Jean en el ámbito de la radiodifusión. De poco habría servido la reforma en telecomunicaciones y la faramalla democrática con la que se le ha cubierto. A pesar de la avasallante simulación, el engaño tendría efectos económicos negativos para el país, y representaría un enorme desprestigio para las reformas emprendidas por el gobierno actual.

Sería extremadamente grave que la parcialidad gubernamental en beneficio de la televisora hegemónica hubiese incluido la colaboración del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para la grabación y posterior filtración de la conversación telefónica de la diputada Purificación Carpinteyro. Además del evidente conflicto de intereses –que finalmente fue reconocido por la legisladora al excusarse de la discusión sobre la ley reglamentaria, a diferencia del cinismo impune de la deleznable telebancada–, el espionaje del que fue objeto ha quedado igualmente impune, a pesar de que se trata de un delito federal.

En la comisión del delito de espionaje contra la diputada Carpinteyro, experta en materia de radiodifusión y telecomunicaciones y crítica del evidente sesgo pro Televisa contenido en la iniciativa de ley reglamentaria enviada por el Ejecutivo al Congreso, hay dos opciones: o existió la colaboración de las instancias gubernamentales que disponen de la infraestructura tecnológica para realizar el espionaje telefónico, o Televisa cuenta con dicha infraestructura, que puede ser utilizada lo mismo contra sus críticos que contra los actores, productores, conductores y empleados de la empresa que se atrevan a considerar la posibilidad de sumarse al proyecto televisivo del señor Slim.

La existencia de la telebancada, el espionaje contra la diputada Carpinteyro y el apoyo gubernamental al fortalecimiento del oligopolio televisivo confirman dramáticamente la debilidad de las instituciones democráticas y del estado de derecho en el México actual. Plutocracia al desnudo.