Una reforma electoral con muchos candados y omisiones

La reforma electoral aprobada por el Congreso estatal la madrugada del lunes 7 no satisfizo a muchos legisladores –incluidos dos del PAN, a quienes la cúpula de su partido pretende expulsar por su posición crítica– ni a la comunidad académica. Consultados por Proceso Jalisco, varios especialistas exponen las virtudes –la paridad de género de los candidatos y su reelección–, aunque subrayan las limitaciones: los candados a las candidaturas independientes y la ausencia de la revocación de mandato.

Luego de la aprobación de la reforma electoral –que permite la reelección de los presidentes municipales una vez y la de los diputados hasta por tres periodos consecutivos–, académicos e investigadores universitarios comentan a Proceso Jalisco que la modificación a la Constitución local fue una adecuación a la federal para beneficio exclusivo de los partidos políticos y un saldo negativo para la vida democrática del país.
Entre los puntos débiles de la reforma enumeran el voto en el extranjero y las candidaturas independientes; y aun cuando dicen apoyar la paridad de género, insisten en que la reelección sólo será aceptable a condición de que exista la revocación de mandato.
La reforma electoral fue ratificada la madrugada del lunes 7 tras un ríspido debate en el que los legisladores se centraron en la propuesta de sancionar actos anticipados de campaña y en retirar el registro a los candidatos que utilicen la “guerra sucia” para denostar a sus adversarios. Sin embargo, dejaron intactos dos puntos fundamentales: el financiamiento de las campañas y la revocación de mandato.
El estirón final se dio cuando el grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano (MC) logró que en lugar de eliminar el registro de los candidatos por conductas inapropiadas, éstos fueran sancionados con multas de hasta 5 mil días de salario mínimo.
Clemente Castañeda, coordinador del MC y presidente de la mesa directiva en el Congreso, advirtió que esa propuesta tenía una dedicatoria especial, en clara alusión al líder moral de su partido en Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien presumiblemente buscará la alcaldía de Zapopan o Guadalajara para postularse después a la gubernatura.
Superado ese tema, el resto de la sesión fue más tersa y el paquete de los 850 artículos de la reforma electoral salió con el voto unánime de los 38 diputados que asistieron al debate.
La reforma electoral de Jalisco, que se aplicará en los comicios intermedios de 2015, incluye la reelección de presidentes municipales, quienes podrán repetir un trienio más en el cargo, y de diputados locales, quienes podrán reelegirse hasta en tres ocasiones más –es decir, por 12 años– con la condición de que se mantengan leales al partido que los postuló.
Además, los jaliscienses residentes en el extranjero podrán votar para elegir gobernador. En contraste, la norma pone candados a los candidatos independientes, quienes tendrán sólo 40 días para recolectar 1% del padrón electoral del estado en caso de aspirar a la gubernatura.
Asimismo, quienes busquen una diputación o una presidencia municipal deberán recabar 2% de votantes de su distrito o de toda la municipalidad. Todo dependerá de la candidatura independiente que intenten obtener. En el fondo, según algunos de los analistas consultados, quienes aprobaron la reforma se encargaron de poner todas las trabas posibles a las candidaturas independientes.
Sin embargo, aprobaron que los eventuales candidatos independientes tengan derecho a un financiamiento similar al que reciba el aspirante del partido más pequeño.
La reforma también crea la figura del fiscal especial para delitos electorales. El Ejecutivo propondrá una terna y los legisladores deberán optar por uno solo, quien deberá ser avalado por las dos terceras partes del Congreso. Según ese esquema, el Ejecutivo impulsará a sus favoritos, de tal manera que los diputados no tengan para dónde moverse.
Armando Enrique Cruz Covarrubias, doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comenta que con la reforma aprobada ningún Congreso –ni el de la Unión ni los estatales– innovaron nada, pues el mandato fue federal.

Autonomía vulnerada

En el ámbito federal, dice Cruz Covarrubias, por medio del Instituto Nacional Electoral (INE) las autoridades se están inmiscuyendo en los estados sin que ningún Congreso estatal levante la voz porque se violenta su soberanía.
De acuerdo con él, el INE está facultado para nombrar a los consejeros electorales de cada estado. Además, la federación pretende implementar el servicio profesional electoral, lo cual implica gastos innecesarios, sobre todo si se crea un consejo en cada municipio –Jalisco tiene 125–.
“Se está haciendo una cuestión mixta que no se justifica en un país federalista como el nuestro. Eso es un retroceso”, sostiene.
Si realmente se quiere oxigenar a la sociedad –que está muy molesta con los legisladores, tal como revelan las encuestas–, es necesario abrir espacios plurinominales a la sociedad a nivel federal y estatal con el financiamiento que hay.
“Así no son necesarias las candidaturas independientes. Esta es una propuesta de hace muchos años”, insiste Cruz Covarrubias, quien imparte clases en la Universidad Panamericana.
Y puntualiza: “No estoy convencido de que la reelección de diputados y presidentes municipales pueda ayudar (a la democratización del país). Los líderes de cada partido han tenido tres, cuatro, cinco veces cargos legislativos, pues se los van rolando”.
Sin embargo, reitera, en muchos casos no han demostrado ningún avance. Sobre la reelección, expone que, de acuerdo con la reforma, cada candidato debe ser postulado por un partido.
Pero si alguno de ellos se deslinda de los intereses del organismo que lo impulsa, éste no lo va a postular de nuevo, por lo que tendrá que lanzarse de manera independiente. Pero esa figura es muy complicada, pues prácticamente no tiene ningún apoyo, expone el entrevistado.
Respecto a los ciudadanos jaliscienses que residen fuera del país, que ahora tendrán derecho a votar por su gobernador, eso sólo implicará un derroche de recursos.
Según el especialista, en un artículo de la reforma electoral de 1996 “se creó una comisión de expertos para ver si era posible (el voto en el extranjero) y concluyeron que no. Pero los partidos no obedecieron. A nivel federal no ha sido un éxito. Fue muy caro el primer proceso para dar el voto a los mexicanos en el extranjero”.
Además, dice Cruz Covarrubias, los mexicanos radicados en el extranjero no han mostrado mucho interés en votar; quizá tienen el temor de que, por ser indocumentados, las autoridades migratorias los detecten cuando acudan a las urnas; difícilmente se van a arriesgar, de ahí que la participación haya sido mínima.
En el caso de Jalisco, insiste, “veremos cómo se implementa (el voto en el extranjero). Es factible que sea un gasto que no tendrá muchos efectos”.
Incluso, señala que cuando se realizan las votaciones para elegir al presidente de la República o al gobernador del estado participa en promedio 50% de las personas registradas en el padrón electoral, y cuando son los comicios intermedios es menor la votación.
Para el analista político del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Eduardo González Velázquez, la aprobación de la reforma electoral es una muestra del modo en que legislan nuestros diputados, un modo que él llama “legislación a nivel Starbucks”, porque se ha hecho común que los acuerdos de trascendencia pública los efectúen en charlas de café, siempre a espaldas de la sociedad.
Menciona que uno de los temas ausentes en la reforma es la falta de indicadores para medir y evaluar el trabajo legislativo, pues se ha visto que predomina la improvisación en la mayoría de legisladores.
En cuanto a la reelección, González Velázquez considera que es la legalización de algo que ya sucedía, pues hay claros ejemplos de políticos que siguen en el poder después de 30 años.
“Puedo mencionar a Manuel Bartlett, quien incluso hasta cambió de partido. Él ya fue gobernador de Puebla; ya fue senador; ya fue secretario (en los sexenios de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari); ya pasó por todos los espacios posibles y realmente su trabajo es dudoso. En ese sentido, yo no creo que la reelección venga a ser un elemento que garantice el buen funcionamiento de nuestros gobernantes.”
González Velázquez también advierte sobre el riesgo de que en cuanto a la reelección, en municipios con poblaciones pequeñas sea el alcalde en turno quien dé la pauta para convertirse en un cacique, dado el poco margen de proyección política que puede tener hacia otras esferas del ámbito público estatal.
“Hay cantidad de pueblos en municipios de nuestro estado que realmente están muy alejados del centro neurálgico de la política estatal; por lo general los presidentes municipales no aspiran (a nada más); y los que aspiran, tampoco tienen muchas posibilidades de llegar muy lejos a algo mayor a la presidencia municipal de su pueblo.”
Asimismo, expone que aunque en la reforma se incluyeron las candidaturas ciudadanas, éstas contienen muchas restricciones para impedir que un líder social pueda registrarse, y es muy probable que terminen en manos de personas con el poder económico para cooptarlas.
Por su parte, el doctor en Ciencias Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, Jaime Tamayo Rodríguez, califica como limitada la reforma electoral que se hizo en Jalisco, pues “mientras incorpora la reelección, no incorpora su contraparte, que es la revocación de mandato”.
Señala también que la modificación “cuida mucho los intereses del partido. Por ejemplo, los diputados y los presidentes municipales que pueden reelegirse, deberán hacerlo por el mismo partido por el que fueron postulados en la primera elección”.
Añade que “no se ve ninguna disposición a abrir las candidaturas independientes, a que sean de ciudadanos apartidistas; pareciera ser una fórmula de escape para los disidentes de los partidos por los candados que traen y que implicaría traer una capacidad de organización y de movilización o manipulación de grupos amplios de ciudadanos para poder registrar estas candidaturas”.
Recuerda Tamayo que en las leyes electorales anteriores, incluso de los setenta, se permitían los partidos de carácter municipal con una cantidad equivalente a 500 firmas. Con la actual reforma esto puede considerarse un retroceso.
Subraya que aun cuando la nueva norma sanciona la guerra sucia junto con el gasto excesivo de campañas, no se hizo un recorte a los recursos públicos que se entregan a los partidos ni al periodo de los procesos electorales.
Tamayo Rodríguez coincide con Cruz Covarrubias en que el voto en el extranjero será muy costoso e irrelevante. “Es importante que tengan (los migrantes) el derecho a ejercer su derecho a votar, pero debe hacerse en condiciones que no impliquen un costo tan alto, porque tampoco ha habido una respuesta, parece no haber ningún interés de ellos. Pareciera más un acto demagógico que real”, comenta.
En relación con la paridad de género, Tamayo considera que se corre el riesgo de que se postulen candidatas en los distritos donde el partido tiene menos posibilidades de ganar.
“Es importante ir creando la conciencia de la igualdad, pero por otro lado, lo más importante es impulsar un cambio cultural en un país donde el machismo pesa tan fuerte. De otra manera no tiene más trascendencia que la simulación, que es lo que caracteriza al sistema político mexicano, y más aún al que proviene del viejo modelo priista, en donde hay una constante simulación de todo”, expone.
Respecto a que las elecciones serán controladas por el INE y a la vez por un órgano local, Tamayo estima que se dejó pasar la oportunidad para crear un modelo eficiente “y con menos posibilidades de intervención de los grupos políticos locales, de los caciques y de los gobernadores. Al final de cuentas está resultando un híbrido igual de costoso, desestructurado, y no queda claro que vaya a funcionar adecuadamente (…) ni se reducen costos”.
En el tema de la reelección, agrega que “a mí no me parece un avance; se pudiera considerar un avance en la medida en que implicara un sistema electoral más confiable, por ejemplo, si se hubiera incorporado la revocación de mandato. Además, estima que existe el riesgo de que se empleen recursos públicos con el propósito de reelegirse, sobre todo en el caso de los munícipes.
En tanto, el doctor en educación David Velasco Yáñez opina que la reforma electoral es sólo “la expresión de prácticas de la política de los de arriba”. Estima que la reelección de un alcalde o de un diputado “no deja de ser superficial mientras el grado de participación (de votantes) sea cada vez menor (…) Si tomamos los números intermedios de las más recientes elecciones tanto federales como locales, estaríamos hablando de que quienes en lo futuro pudieran castigar o premiar serían más o menos, de seis que se abstienen contra cuatro que participan”.
El también académico e investigador en el departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESO) apunta que “lo que está en crisis no es qué tanto haga o no haga (un diputado o un alcalde), sino el mismo sistema del partido y el sistema político electoral, que por más reformas que se le hagan está podrido desde adentro”.
Menciona que “la gente ya no cree en los políticos, salvo aquellos que se someten, se domestican porque les compran su voto, su voluntad. El problema de la participación electoral, en donde la abstención sigue creciendo, para mí eso hace ilegítimos todos los procedimientos y todas las reformas electorales”.
Por su parte, el maestro en sociología Joaquín Osorio Goicochea destaca que lo que más llama su atención de la reforma electoral es que el Congreso decidió mantener las prerrogativas altas de los partidos, “eso es ofensivo, en un estado donde –como en todo el país– prevalecen las condiciones de pobreza y que ellos se sirvan con la cucharada grande (…) finalmente representan a sus partidos no a los ciudadanos”. Actualmente los partidos políticos en el estado se reparten 327 millones de pesos.
Osorio Goicochea, quien además es profesor e investigador del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO, opina que le parece también grave la reelección de diputados.
“Me parece inadmisible que nos quieran vender la idea de que para mejorar su trabajo y hacerlo eficiente pueden durar 12 años. ¡Válgame Dios! Deberíamos poder castigarlos si no tienen un buen desempeño; el problema es que los partidos serán los que determinen quién se queda y quién no (…) No nos representan”, expresa.
Dice que un desafío para los partidos es preparar a sus afiliados que aspiran a ser candidatos a una diputación. Deben conocer técnicas legislativas, qué va a hacer en el Congreso, ser hábiles, astutos y colmilludos. “No pueden llegar improvisados para que el costo de la escuelita lo paguemos todos”, comenta.
Sobre la reelección de presidentes municipales, propone que cualquier aspirante debe tener un buen desempeño y un proyecto definido; pero, insiste, haría falta la revocación y “si no la hace, se va”.
En torno a las candidaturas independientes, Osorio menciona que “es difícil llamar a un ciudadano honorable a candidatearse por un distrito, sobre todo porque la concentración del poder y las posibilidades reales de postular candidatos lo van a tener los partidos y con la reelección no la van a soltar”.
Por su parte, el académico del ITESO Jorge Rocha Quintero refiere que, en teoría, la reelección es un mecanismo positivo porque ahora los funcionarios voltearán más a los electores y menos hacia sus partidos.
Sin embargo, advierte que los diputados dejaron ir la oportunidad de entrar a una discusión más profunda sobre las necesidades electorales reales en Jalisco. Se estancaron con la figura de candidaturas comunes y un apartado para sancionar lo que popularmente se conoce como guerra sucia.
El artículo sobre ese asunto, insiste, provoca incertidumbre porque no establece criterios claros. Hay dos riesgos –sostiene–: que se atente contra la libertad de expresión, o que los candidatos vean restringido su derecho a hacer denuncias públicas legítimas; así, aun cuando critiquen a un adversario con fundamentos sólidos, podrían ser acusados de recurrir a la guerra sucia.
Rocha Quintero prevé que 2015 será un “laboratorio electoral”, pues se pondrán a prueba las reformas antes de llegar a los comicios federales de 2018, donde se votará por el presidente de la República y por gobernadores. Es probable, insiste, que haya un boom de candidaturas independientes.
Y expone: “Ojalá pudiéramos ver a líderes sociales que casi de manera indiscutible tengan la oportunidad de ser candidatos a un cargo de elección popular sin necesidad de comprometerse con un partido político”
Para el académico del ITESO, el problema de fondo de la reforma electoral es que no existen mecanismos para evaluar a los partidos, pues ellos se legislan a sí mismos y excluyen la opinión de los ciudadanos.