La otra caída del sistema

El Ejército y el narco. Cartón: Rocha

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Tlatlaya y Ayotzinapa son la expresión grave del colapso de la estrategia de seguridad punitiva y militarista trazada por al menos dos sexenios panistas, junto con la falta de voluntad del actual gobierno priista de cambiarla de fondo. Si bien la atención mundial se concentra en Guerrero, las cuestiones que involucran los dos hechos se entrelazan para formar un escenario poco halagüeño sobre el futuro del país. Se afecta gravemente no sólo la seguridad sino las estructuras políticas y el tejido social en varias regiones del país (tenemos ya niños secuestradores además de niños sicarios).

Los números oficiales de incidencia delictiva son exaltados según el interés del gobierno; por ejemplo la tasa de homicidios dolosos a la baja, cuando en realidad está muy por encima de la ocurrida hace una década. Otros parámetros permanecen igual o a la alza, como la extorsión y el secuestro. Se aplican medidas contrainsurgentes como la permisividad de los grupos de autodefensa en Michoacán, la Gendarmería se estrena para proteger del secuestro zonas de altos ingresos (Valle de Bravo) y el silencio sobre lo que pasa en las calles con las manifestaciones delictivas violentas favorece al crimen organizado, como lo demuestra el asesinato de Rosario Fuentes en Tamaulipas, el miércoles 15.

La situación no está bajo control pese al silencio que se impuso a la mayoría de los medios de comunicación. En las pocas intervenciones públicas que tuvo como asesor del gobierno peñista, el general colombiano Óscar Naranjo se refería a nuestra situación como una “crisis humanitaria”. Los adjetivos palidecen ahora si se compara con las expresiones de preocupación y condena de los organismos internacionales multilaterales y ONG de derechos humanos.

Desencanto verde olivo

El pasado 22 de octubre el presidente, siguiendo un ritual antiguo del sistema político, utilizó su investidura para proteger y cubrir la responsabilidad de las fuerzas armadas en el asesinato de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México. No fue casual la referencia discursiva. Un día antes la CNDH había dirigido la recomendación 51/2014 a la Segob y la Sedena, con conclusiones contundentes (que los medios no destacaron): Los militares cometieron un crimen de lesa humanidad (15 ejecuciones, 3 de ellas sin definir la manera en que ocurrieron los asesinatos).

Así contradice la versión de la propia PGR (que reconoce sólo ocho ejecuciones) y deja mal parada a la Sedena, que desde el primer momento mintió (como lo hiciera el gobernador), y luego, cuando fue imposible ocultar su responsabilidad, procuró que todo quedara en meras cuestiones de indisciplina militar, sin importar las implicaciones de su comportamiento: Falta de cumplimiento de sus propias normas (el Manual del uso de la fuerza, que por cierto prevé que si hay bajas civiles en su aplicación, los militares involucrados sólo serían responsabilizados penalmente por homicidio no intencional), pretender individualizar la culpa en unos mandos intermedios y efectivos (detenidos en instalaciones militares, irregularmente consignados por la PGR, que no aclara si lo hizo ante un juez penal militar) y no entorpecer el protagonismo e influencia que tendrá, junto con la Marina, con la anunciada Ley de Seguridad Interior.

Preocupa en este sentido la alusión presidencial en el reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su desempeño en estas tareas de seguridad, porque infiere que no hay ni habrá rectificación sobre el uso y abuso de los militares, pase lo que pase.

Un matiz de diferencia con el pasado es que el sector castrense asume su propia defensa institucional (hace tiempo que la Segob abandonó la práctica de hablar por los militares cuando son señalados públicamente en forma crítica). De ahí las acciones que van desde sus comunicados, pasando por la mediatización y cooptación de las víctimas o sus familiares, de violación a los derechos humanos (por eso la disminución de quejas ante la CNDH, que presume el presidente en su segundo informe), hasta deformar la acción de la justicia civil (con todo y el nuevo marco legal aplicable) imponiendo el fuero militar como medida de protección (no de la disciplina sino de la institución) e incluso de chantaje político.

El sexenio pasado se documentó que las procuradurías general y estatales cedieron su potestad legal de consignar militares que delinquían ante jueces del orden común y los entregan a la Procuraduría Militar (donde la justicia depende del secretario y no del Poder Judicial); también, que muchos secretarios y funcionarios de seguridad pública estatales y municipales son de origen castrense o deben pasar por el visto bueno de la Sedena.

Segundo acto

“Nos cayó la contra…”, fue la expresión, según el reporte de la CNDH, de una de las víctimas de Tlatlaya, lo cual abona a la hipótesis de In Sight Crime y ni siquiera forma parte de una línea de investigación oficial. La ausencia de aplicación de protocolos de actuación, la supuesta falta de comunicación con los superiores de la zona militar, entre otras, significaba, según esta versión, que el batallón estaba el servicio de una banda criminal rival a aquella a la cual pertenecían las víctimas. Por desgracia los precedentes de infiltración no son pocos (recuérdese a Los Zetas o al general Gutiérrez Rebollo, por mencionar dos casos) y lo más lamentable es la ausencia de autocrítica gubernamental, con la falta de medidas que eviten estas desviaciones ilegales con consecuencias cada vez más graves.

Estamos ante el paradigma de una debilidad estructural del sistema político (y no de zonas institucionales focalizadas como apuntó el presidente) que se vuelve contra la institucionalidad democrática que se busca construir. Hay una grave paradoja en el último reducto de fuerza estatal al que se recurre ante la ineficiencia y corrupción de las estructuras policiales y de nuestros políticos, una y otra vez, desde hace dos décadas: los militares son salvación y peligro de la población civil. Esta es la coartada de los sectores duros y autoritarios del país.

De la narcopolítica a la narcoelección

Los puntos de contacto en los fracasos de la estrategia se multiplican en la medida en que el gobierno actual sigue experimentando con funcionarios y acciones en el ámbito federal sin recomponer del todo o en forma muy lenta (desde hace casi 20 años) las capacidades de seguridad en los estados y municipios (esta parte de la estrategia se basa en el “mando único”, herencia calderonista que tiene, para variar, un fuerte componente militar en su implementación).

Ayotzinapa no es un caso de narcopolítica limitado a la región de Iguala (Calderón la señaló en su momento hacia Tamaulipas). Poco se dice del significado de que los partidos, el gobierno estatal y el aparato de inteligencia civil y militar sabían del involucramiento de las autoridades municipales con el crimen organizado.

No se actuó porque, hay que decirlo, desde hace tiempo la información político-electoral con estas características es utilizada en forma facciosa por los actores políticos para negociar y cubrirse mutuamente comportamientos punibles, entre el gobierno en turno y el partido que sea. El Cisen a lo largo de su historia se ocupó, en forma indebida y en varios momentos, de investigar y dar seguimiento a procesos electorales. En un principio para preservar el dominio político del PRI; con el cambio de gobierno y la crisis de seguridad, para advertir la penetración del narco en la política. Es un hecho que ha existido un uso manipulador de esta extensión de las funciones de inteligencia del Estado y que ahora abarcan el estamento militar.

Por el lado de los actores políticos e institucionales la situación es de grave riesgo ante el “blindaje electoral” que ahora se anuncia. Pero éste se limita a los discursos y al desgarramiento de vestiduras (“no criminalizar la política”). Con el argumento de que no es Ministerio Público, la autoridad electoral, el INE, se niega a ejercer su atribución de calificar la fama pública y a la revisión de expedientes de precandidatos en ciernes para el proceso en marcha desde el 7 de octubre (18 mil 500 millones de pesos no alcanzan para una actividad más).

La Segob y los partidos firman convenios de buena voluntad para afinar el tino en la selección de sus candidatos; pero de acciones conjuntas y consecuencias (cárcel, renuncia al cargo o cualquier otra medida), nada. Se apuesta al olvido social y la anestesia que causa el horror de la violencia luego de las manifestaciones de protesta (2005, 2008 y 2011). Hace tiempo que los políticos no sólo duermen con el enemigo sino que comen de su mano, y eso también está alcanzando su reflejo en el campo político-electoral. Lo cierto es que esta descomposición no se evitará con discursos, por muy encendidos que sean.

¿Inteligencia para la represión? Sin un marco legal claro y menos con contrapesos de control interno o externo (Congreso), el gobierno ha dividido al país en regiones donde las instancias de inteligencia (fusión es la palabra de la nueva tendencia) del sector seguridad y defensa (civiles y militares) pretenden coordinarse para, según el Plan Nacional de Desarrollo, preservar la existencia del Estado.

El mecanismo en realidad se ha limitado a apoyar operativos contra el crimen organizado y el narcotráfico, según se desprende entre líneas de los anuncios oficiales. Junto con la Ley de Seguridad Interior, la pinza de la –esa sí– renovada visión punitiva del gobierno se cierra con otro ordenamiento anunciado: la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, al margen de lo que ya establece la Ley de Seguridad Nacional.

El planteamiento esbozado sólo permite advertir que en cuestión de tiempo va a derivar en el fortalecimiento de medidas represivas contra manifestaciones sociales de frustración e impotencia. El escenario está puesto con una guerrilla (EPR, ERPI y subdivisiones) que se mira “buena” y antes fue “mala”, según el maniqueísmo priista de los noventa, y sectores que esperan a los iluminados de la mano dura, que ahí están, ocupando los espacios que no llena nuestra frágil democracia.