Legitimidad en vilo*

Legitimidad en vilo. Cartón: Rocha

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La legitimidad del gobierno de Enrique Peña Nieto está a punto de desmoronarse. No olvidemos que, desde John Locke, la legitimidad es el fundamento del poder político. El gran reto es cómo recuperar dicha legitimidad, cómo restaurar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos en el gobierno. La única vía para lograrlo es la autocrítica sustentada en una auténtica voluntad de cambio real y profundo en la forma de gobernar. Ya no hay espacio para el cinismo o la simulación, menos aún para la amenaza autoritaria.

La barbarie de Ayotzinapa ha provocado una solidaridad social pocas veces vista en nuestra historia reciente, expresada en un repudio generalizado no sólo a la desaparición de 43 estudiantes, sino al sistema de corrupción impune que la produjo. Por tanto, la exigencia nacional no se reduce al esclarecimiento de ese oprobioso suceso, sino que incluye el imperativo de poner fin a la inocultable podredumbre que ha invadido a la estructura política y ética del Estado.

Para convencer a una sociedad agraviada por los estragos del mal gobierno sería deseable que el presidente Peña Nieto abandonara el papel protagónico de una telenovela política inverosímil y ofensiva para asumir cabalmente su responsabilidad como jefe del Estado mexicano, acorde con su oferta de campaña de ejercer una presidencia democrática.

La primera condición para hacer frente a la delicada coyuntura que enfrenta el país es valorar la gravedad de la situación para poder transformarla con inteligencia y visión de Estado. El gobierno federal debiera asumir la responsabilidad que le corresponde frente a la violencia y la corrupción prevalecientes, y comprometerse a tomar las medidas necesarias para realizar una renovación de fondo que garantice la instauración del imperio de la ley y el fin del imperio de la impunidad. Es preciso reconocer que la carencia de un verdadero estado de derecho es la causa de los principales males que aquejan al país.

La reacción frente a la embarazosa situación de la Casa Blanca de Las Lomas no resultó convincente y sí, en cambio, dejó entrever un tono intimidatorio evocador de los aciagos tiempos del diazordacismo. La puesta en escena de la primera dama omitió dos temas esenciales: el conflicto de intereses surgido de la relación del presidente y de su esposa con el Grupo Higa, y la obligación del mandatario de incluir los bienes de su cónyuge en su declaración patrimonial. A pesar de la opacidad del caso, la decisión de vender la residencia podría interpretarse como un mea culpa implícito. Para recuperar la credibilidad es necesario predicar con el ejemplo.

La olvidada oferta de campaña de combate a la corrupción debe volverse prioridad de Peña Nieto, como condición para restaurar la confianza de la sociedad y permitir que las reformas estructurales se traduzcan en crecimiento económico y aumento de la productividad en beneficio de la ciudadanía.

El primer paso para lograr la legitimidad del gobierno es garantizar que la corrupción a gran escala practicada impunemente en los contratos otorgados por el gobierno a particulares en todos los sectores de la economía se prevenga, evite y castigue mediante una legislación rigurosa, instituciones autónomas y funcionales, así como con auditorías independientes y creíbles. Las irregularidades que ocasionaron la intempestiva cancelación de la licitación del tren México-Querétaro deben explicarse para impedir que se repitan.

La oferta presidencial de realizar la mayor inversión en infraestructura de la historia del país tiene que estar respaldada en la absoluta transparencia de las licitaciones correspondientes, con el fin de cancelar toda posibilidad y sospecha de corrupción en cada una de las obras multimillonarias anunciadas. Ello incluye a los recién reformados sectores energético y de telecomunicaciones, así como el ambicioso proyecto carretero, el aeropuerto de la Ciudad de México, la nueva licitación del tren a Querétaro, y también la del tren rápido al Estado de México, en la que otra vez se pretende beneficiar a empresarios ligados al Grupo Atlacomulco, como se documenta en la anterior edición de Proceso (1985).

La crisis de seguridad también es resultado de la carencia del estado de derecho, lo que propicia la corrupción de la política. A la infiltración del crimen organizado en la mayoría de los municipios y en varios estados de la República se agrega la presunta complicidad de altos representantes de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo con los cárteles del narcotráfico. El aparato coercitivo y judicial del Estado están fracturados, y el fracaso de la estrategia para combatir a la delincuencia es innegable. La tragedia de Ayotzinapa es consecuencia de ese fracaso. El gobierno federal debe reconocer su responsabilidad en el asunto, al tiempo de emprender acciones inmediatas, concretas, eficaces y convincentes para restaurar la seguridad y evitar que atrocidades como ésa se repitan.

En materia de seguridad y justicia la legitimidad gubernamental ha alcanzado un nivel ínfimo. Sería un grave error intentar tergiversar los hechos con el fin de propiciar el desvanecimiento paulatino de las manifestaciones de protesta. El compromiso con la verdad jurídica sobre los acontecimientos de Tlatlaya y Ayotzinapa representa una responsabilidad ineludible que no debe ni puede sacrificarse por cálculos políticos. La cadena de 30 mil desapariciones sin resolver, denunciada por la ONU desde 2011, demuestra la impunidad y negligencia gubernamental frente a ese problema (Proceso 1985).

Recuperar la legitimidad perdida es igualmente indispensable para ejercer la autoridad en los casos de violencia y violación a derechos de terceros que han ensombrecido las expresiones pacíficas de protesta por la desaparición o masacre de 43 normalistas en Iguala. Dicho esto, es necesario enfatizar que el endurecimiento autoritario sería el peor camino para enfrentar el justificado malestar ciudadano.

La nación enfrenta un gran desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad histórica. Ambos son ineludibles. El fracaso frente a esta situación límite nacional tendría consecuencias incalculables para México. Por ello deben prevalecer la reflexión y la prudencia. La legitimidad y la viabilidad del gobierno, así como el futuro del país, están en vilo.

*Este análisis se publicó originalmente en la edición 1986 de la revista Proceso del 23 de noviembre de 2014.