Justicia ciega… y sorda

Una muestra de lo difícil que es obtener justicia en el estado es el tratamiento que se le ha dado al fraude millonario perpetrado contra una nonagenaria por dos sujetos. Aunque un juez ratificó la responsabilidad de los acusados y aplicó una leve sentencia, no han sido castigados por una serie de anomalías técnicas, lo que hace sospechar que las instancias judiciales se corrompieron.

Al cobijo del juez Cuarto de lo Penal, Francisco Javier Castellanos de la Cruz; del Tercero de Distrito en Materia Penal, Carlos Alberto Elorza Amores, y del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, los inculpados de cometer un fraude por 36.8 millones de pesos contra una nonagenaria no han sido castigados.
Yamil Abel Hamden Cano, defensor de María Herlinda de los Dolores Ramos, de 95 años, apunta que los responsables son Jaime Alfredo Garza Castell y Gabriel Rizo Madrigal.
“Garza Castell –explica– consiguió un amparo en contra de la fianza de 36 millones de pesos, más 1 millón de pesos por daño moral. Su amparo se sobreseyó, y se le insistió al juez que dictara la orden de aprehensión, pero no lo ha hecho.”
Lamenta que Castellanos de la Cruz haya “entorpecido la administración de la justicia protegiendo” a los dos acusados y considera que en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal Colegiado “los cobijaron; lo más probable es que dieron dinero”.
Jaime Alfredo Garza Castell bajo engaños logró que Herlinda Ramos emitiera un cheque por 36.8 millones de pesos (recursos provenientes de la venta de inmuebles pertenecientes a la afectada) a favor del sindicato OPD del sistema DIF Guarderías y Preescolares de Guadalajara, cuyo secretario general es Gabriel Rizo Madrigal. Según las investigaciones, Garza Castell se quedó con 26 millones de pesos y el resto del dinero fue para el dirigente Rizo Madrigal.
La afectada presentó una denuncia por fraude genérico en contra de Garza Castell y de Rizo Madrigal, misma que quedó asentada en la averiguación previa 504/2010, y posteriormente derivó en la causa penal 135/2013, que se radicó en el Juzgado Cuarto de lo Penal.

Amigo de la familia…

En su declaración ministerial, María Herlinda de los Dolores Ramos, radicada en Guadalajara, asienta la forma en que fue víctima del fraude.
Señala que poseía varios predios en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, los cuales sumaban casi 80 hectáreas. Jaime Alfredo Garza Castell, amigo de su familia durante muchos años, siempre se ostentó ante ella como abogado. En consecuencia, “le tenía una gran confianza para apoyarme en las cuestiones legales de asuntos y negocios”.
Sin embargo, el señalado no era licenciado en derecho y tampoco tenía la intención de ayudar: “Escudado en esa confianza me engañó para otorgarle facultades especiales con las que después afectó gravemente mi patrimonio”.
En junio de 1999 Garza Castell se presentó en su domicilio para comentarle que viajó a Coahuila, donde –le dijo– se enteró de que existía el peligro de que los predios fueran expropiados por el gobierno porque se encontraban en el trayecto de una nueva carretera. Como supuesto abogado, el sujeto se ofreció a representarla en las negociaciones y le pidió dinero para los trámites.
Así, Garza Castell “mañosamente logró que le expidiera a su favor 11 cheques” por un total de 1.4 millones de pesos entre junio y julio de 1999.
Después de realizar supuestas gestiones durante un año y medio, el seudoabogado informó a la señora que logró un acuerdo con Margarita de la Madrid Cordero, hija del expresidente de la República Miguel de la Madrid, para evitar la expropiación, pero que a cambio pedía 6 millones de pesos o parte de los inmuebles.
“Accedí, pues dolosamente Garza Castell me convenció de que si no accedía a otorgar esa suma de dinero me serían expropiados por una mísera cantidad mis terrenos valuados en millones de pesos.”
El acusado elaboró un convenio de dación de pago con fecha del 13 de noviembre de 2001. En él asentó que Ramos tenía un adeudo con él y con Margarita de la Madrid, “de la que ni siquiera puedo probar su existencia, ya que nunca la he visto ni he hablado con ella”.
Aunque el convenio no fue válido al no ser ratificado ni levantado ante un notario público, a finales de 2001 Garza Castell comenzó a presionar a la señora para que le pagara la falsa deuda:
“Me presionaba y amenazaba de que si no cumplía con mi parte del acuerdo, que era pagar 6 millones de pesos, se perdería la negociación con la presunta señora Margarita de la Madrid y ella se vengaría de nosotros por no cumplir. Se acordó que a cambio del supuesto favor recibido por parte de él y de la señora se venderían los terrenos de Coahuila y dentro de la venta se anexaría un convenio de dación de pago (…) por el ficticio adeudo.”
Pasaron cuatro años y los terrenos no se vendieron, pero las amenazas y presiones de Garza Castell hacia la señora subieron de tono, al grado que la obligó a concederle, el 17 de septiembre de 2002, un poder especial judicial para pleitos y cobranzas para actos de administración y de dominio (escritura pública 3242) con una validez de cinco años. Con esto le otorgó amplias facultades para vender los inmuebles.
En julio de 2006 Garza Castell le informó a su víctima que Ramón Flores Domínguez, asesor de la empresa de bienes y raíces CB Richard Ellis, le propuso un esquema de comercialización de los terrenos. La señora aceptó.
En agosto de 2007 Garza Castell le presentó al contador Ernesto Manzano García para que se diera de alta en la Secretaría de Hacienda y supuestamente la asesorara para que pagara impuestos de “forma voluntaria, en vez de que éstos me fueran retenidos obligatoriamente por el notario con quien se celebrara la compraventa”.
El 3 de octubre de 2008 la empresa Davisa Desarrollos Inmobiliarios compró los terrenos por 52 millones 604 mil 829 pesos, que pagó en una sola exhibición.
Al día siguiente –prosigue Ramos en su declaración– “Garza Castell, en complicidad con Ernesto Manzano García, me indicaron que yo debía depositar la cantidad de 36 millones 823 mil 380 pesos al sindicato OPD del sistema DIF Guarderías y Preescolares –cuyo líder es Gabriel Rizo Madrigal–, y ellos se encargarían de que el dinero entrara en la declaración anual de impuestos del sindicato, para el efecto de que no llegara a tener complicaciones de carácter penal por la suma exorbitante de dinero que súbitamente había ingresado a mi cuenta bancaria por concepto de la compraventa, y después me sería devuelto el sobrante del dinero, ya que debían pagarle supuestamente a Margarita de la Madrid Cordero y a los comisionistas que habían gestionado la venta”.
La señora emitió el cheque a favor del sindicato del DIF. Un mes después, el contador le pidió que firmara otro por 4 millones 358 mil 308 pesos, a nombre de la Tesorería de la Federación. Además, llenó un formato para que el sindicato figurara como retenedor de impuestos “con los datos de mi hijo, Álvaro Ezequiel Sacramento Martínez Ramos, como trabajador del Sindicato del DIF, cuando mi hijo nunca ha laborado en dicho sindicato”.
En diciembre de 2008, Ramos buscó a Garza Castell para que le devolviera la suma acordada, pero él argumentó que “no podía ser liberado el dinero hasta la declaración de impuestos, y eso sería hasta mayo de 2009”. Cuando llegó esa fecha, Garza Castell dijo que no podía devolverle el dinero hasta obtener la aprobación del pleno del sindicato, que se reuniría en octubre siguiente.
En dicho mes, el sujeto pretextó que en la asamblea del sindicato no alcanzó a desahogarse el tema del dinero, por lo cual ese asunto se vería hasta mayo de 2010. Sin embargo, señala Ramos:
“Me enteré que Alfredo Garza Castell tiene cuentas millonarias, ostentándose ante los bancos como un exitoso empresario en el norte del país, situación que me resulta extraña ya que el indiciado se presentó ante mí como abogado y nunca se le supo de alguna empresa (…) además, realizó la compra de cuatro autos de lujo, antes de la venta de los inmuebles tenía un automóvil Grand Marquís.”
Además, al domicilio de la afectada llegó un requerimiento del Servicio de Administración Tributaria para el pago de impuestos.
Yo no fui

En su defensa, el contador Manzano García asegura que Álvaro Martínez Ramos, el hijo de la afectada, lo buscó en su despacho para que lo asesorara en la venta de un terreno de su madre en Coahuila. Pero según él “ni la notaría ni el comprador aceptaron mi asesoría (…) por lo cual manifiesto que no soy contador de la señora Herlinda Ramos”.
Acepta que es amigo de Garza Castell y que “a principios de 2009, en pláticas en el café Dalí, en donde acostumbramos reunirnos algunos amigos, se comentó que el terreno de la señora Herlinda Ramos se había vendido, pero desconozco si Alfredo Garza intervino en esa operación”.
Éste, a su vez, afirma en su declaración ante el Ministerio Público que en abril de 1999 el contador Martínez y su madre les entregaron un apoyo económico –no especifica de cuánto– para solventar los gastos de los abogados José Velarca y Alfredo Medina, quienes llevaban un litigio para sacar a una compañía que había invadido sus terrenos en Coahuila. También asegura que le ofrecieron los terrenos en venta, pero dice que no le interesaron.
En cuanto a los cheques que emitió la señora a su favor en 1999, por 1.4 millones de pesos, Garza Castell menciona que “fueron guardados (por Herlinda Ramos) y hoy día decidió utilizarlos por manipulación de un tercero, como en este caso es su hijo Álvaro Martínez”.
Garza Castell añadió que él, su padre y su hermano hacían negocios y movimientos financieros con la familia Martínez Ramos cuando se dedicaban a la compraventa de vehículos y maquinaria pesada, y que de aquel tiempo pueden provenir los cheques.
Además, desconoció la firma que aparece en el convenio de dación de pago firmado en 2001. Sostiene que la señora Ramos le firmó el poder judicial para pleitos y cobranzas para que vendiera los predios y así liquidar el adeudo que tenía con él.
Incluso, refiere que el 11 de septiembre de 2007 Ramos le entregó otro poder judicial sin obligación de rendir cuentas (escritura pública 5420) ante el notario 21, David Parra Grave, y que el 31 de octubre, ante el mismo notario, la denunciante y Garza Castell celebraron otro convenio de dación de pago donde Ramos se compromete a entregarle 50% del importe de la venta de los inmuebles.
Sin embargo, a decir de Garza Castell, una vez que se concretó la venta él no hizo valer el convenio, pues para entonces había acordado con Ramos que le entregaría parte de los terrenos en donde se localizan tres pozos profundos, “con lo cual liquidaba perfectamente el adeudo contraído con el suscrito”. El acusado agregó que es Álvaro Martínez Ramos quien tiene relación con el sindicato del DIF.
Llamado a declarar, el secretario general de dicho sindicato, Gabriel Rizo Madrigal, se le cuestionó sobre si reconocía el estado de cuenta original de las operaciones del 8 de octubre de 2008, en el cual se refleja un depósito de 36 millones 823 mil 380 pesos. “Desconozco de qué sea (ese dinero) o por qué motivo fue ingresado a la cuenta del Sindicato OPD Sistema DIF de Guarderías y Preescolares”, respondió.
Después se le cuestionó sobre los cheques números 1 y 2 que emitió al día siguiente, es decir el 9 de octubre, por 26 millones 902 mil 109 pesos a favor de Garza Castell, y otro por 4 millones 286 mil 531 pesos a nombre de alguien que no se menciona. De nuevo Rizo Madrigal perdió la memoria: “No recuerdo el movimiento realizado”. Sin embargo, admitió que es el único que maneja la cuenta sindical.
En cuanto al cheque de más de 4 millones de pesos a favor de la Tesorería de la Federación y el formato de retención de impuestos, así como la constancia de sueldos y salarios correspondiente al supuesto empleado del DIF Álvaro Martínez Ramos, Rizo dijo desconocer el pago. Tampoco recordó haber usado los formatos mencionados pero admite que los rubricó.

Justicia extraviada

Ante las declaraciones del secretario del sindicato, el juez Cuarto de lo Penal, Francisco Javier Castellanos, indicó que “resulta ilógico no acordarse bajo qué conceptos o quiénes realizaron el depósito, cuando es evidente que tales cantidades de dinero muy difícilmente pueden pasar desapercibidas”.
En calidad de testigos declararon Alejandro Antonio Blanco Velasco y Enrique Castro González, quienes corroboraron la versión de la señora Ramos.
Sin embargo, el 16 de abril de 2013 el juez Castellanos negó la orden de captura contra los señalados. La decisión fue apelada por la fiscalía, por lo que el asunto fue enviado a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del estado (toca 873/2013), la cual resolvió el 29 de agosto de ese año que fueran aprehendidos.
El 23 de septiembre de 2013, los inculpados se pusieron a disposición del juzgado, pero cada uno llevaba consigo un amparo indirecto (el 1393/2013, emitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, y el 2010/2013, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal), por lo que sólo se recabó su declaración preparatoria.
Cuatro días después, el juez Cuarto en Materia Penal decretó el auto de formal prisión en contra de los indiciados en la causa penal número 135/2013-C, pero el 2 de octubre siguiente Garza Castell promovió un amparo indirecto (419/52014-II-B), que se radicó ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo, y el 15 de abril de 2014 le fue concedido. En consecuencia, el caso regresó al juez Cuarto de lo Penal para que resolviera la situación jurídica de Garza Castell.
Una vez analizadas las pruebas, el 5 de junio del año pasado el juez Castellanos acreditó la responsabilidad penal de los inculpados del delito de fraude genérico en contra de la señora Ramos, pero decidió sancionar a Garza Castell sólo con cuatro años años y 10 meses de prisión y multa equivalente a 28 días de salario mínimo.
Además, le decretó auto de formal prisión y pidió que se girara una copia certificada de la resolución al juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el estado para que se agregue al amparo indirecto 419/2014-II, promovido por Garza Castell.
El 29 de mayo de 2014, la señora Ramos interpuso un recurso de revisión (número 181/2014) contra el amparo que se le concedió a Garza Castell, pues no la emplazaron como tercera interesada. Sin embargo, el 6 de junio siguiente el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito desechó su recurso por extemporáneo, argumentando que sí se le dio aviso.
La afectada reclamó que se le notificó a donde vivía anteriormente, aunque ella avisó del cambio de domicilio, por lo que el 16 de junio promovió un incidente de nulidad de notificaciones y recurso de reclamación.
El 14 de octubre, el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo declaró infundado el incidente de nulidad. Diez días después, Ramos interpuso una queja (número 117/2014), que fue admitida el 12 de noviembre en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, integrado por los magistrados Mario Flores García, José Alfredo Gutiérrez Barba y Adalberto Maldonado Trenado.
Sin embargo, los magistrados resolvieron que el incidente de nulidad de notificaciones era improcedente.