La PGR “solapa” a magistrados

Hace casi seis años, el abogado Yamil Abel Hamden Cano presentó una denuncia ante la PGR contra los tres magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con sede en Guadalajara, por obstaculizar la administración de la justicia.

Sin embargo, el litigante señala que su querella no avanza por la actitud de “solapamiento y protección” de la procuraduría hacia los funcionarios judiciales.

El 13 de mayo de 2009 Hamden Cano presentó la denuncia A.P. 48/UEIDCSPCAJ/2009 en la mesa XI de la PGR, correspondiente a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en contra de los magistrados Jorge Figueroa Cacho, Alicia Guadalupe Cabral Parra y Enrique Dueñas Sarabia, pero hasta el cierre de la presente edición ni siquiera se había integrado.
A pesar de que transcurrieron casi seis años, enfatiza el abogado, “aún no tengo noticias de avance en la integración y determinación de la denuncia (…) Con su silencio, negligencia o inactividad administrativa, la PGR está dándole la puntilla a un indefenso ciudadano que, afanosamente y creyendo en la integridad y compromiso social de tal institución, se acerca en busca de justicia”.
El 15 de noviembre de 2004, Hamden Cano presentó una demanda civil –que se radicó en el Juzgado Quinto en esa materia como el expediente 1125/2004– en contra de su exclienta Helga Patricia Rico Sánchez, tanto “en lo personal y como representante” de las empresas Servicios Costa Rica, Servicio Belisario, Gasolinas Fari de Sinaloa, Servicios San Ramón y el Rayo Servicios, quien se negó a pagarle 12 millones de pesos de honorarios profesionales, intereses, gastos y costas del juicio.
Añade que representó a Rico Sánchez en nueve juicios mercantiles y tramitó para ella nueve juicios civiles hipotecarios. El 3 de diciembre de 2004 la acusada respondió que habían prescrito las obligaciones derivadas de la prestación de servicios profesionales.
El 18 de octubre de 2005, el juzgado Quinto en Materia Civil resolvió condenar a Rico Sánchez y a las empresas que representa al pago de honorarios, intereses moratorios, gastos y costas del juicio. Las demandadas interpusieron un recurso de apelación que fue tramitado por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (toca 2017/2005), la cual confirmó la sentencia de la primera instancia.
Las demandadas recurrieron al amparo directo (524/2006) y el asunto recayó con los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quienes el 15 de noviembre de 2006 concedieron el amparo a las demandadas y resolvieron que la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del estado dictara una nueva sentencia, con lo que dejaron insubsistente la resolución anterior, a favor del abogado.
El 13 de diciembre de 2006, la Quinta Sala del STJ dictó una nueva resolución: condenó a las demandadas al pago de honorarios. De nuevo interpusieron juicios de amparo en contra del fallo y el asunto quedó otra vez en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el cual resolvió el 19 de abril de 2007 conceder otro amparo (142/2007) a Rico Sánchez y las empresas codemandadas.
Los magistrados consideraron que el documento donde se asentó el pago por 50 mil pesos que entregó Hamden Cano a Rico Sánchez no era suficiente para demostrar la intervención del abogado en los juicios mercantiles e hipotecarios que reclamaba, y que carecía de eficacia para interrumpir la prescripción.
Con ello, indica el litigante, los magistrados incurren en delito en contra de la administración de justicia y en su perjuicio “al resolver en su segundo amparo que el recibo de pago suscrito por el denunciante a cuenta de pago de honorarios por el servicio profesional brindado en los expedientes 36/96, 37/96, 3368/95, 3369/95, 3370/95, 3371/95 y 3372/95, con firma de recibido de fecha 21 de enero de 2004, bajo el argumento de que la objeción de la parte contraria fue suficiente para desestimar valor probatorio a dicho documento”.
Sin embargo, destaca que en el amparo 524/2006 concedido a su contraparte “no lo calificaron de ilegal y ordenaron al ad quem (magistrado) dictar una nueva sentencia”.
En la sentencia los magistrados “sostienen, sin fundamento ni motivación, que se ven obligados a suplir la deficiencia de la queja de la parte contraria, y además que sí objetaron el documento que fue exhibido por el denunciante; que dicha objeción fue implícita y que además no necesitaban demostrar la objeción del documento porque por sí misma quedaba demostrada.
“Ello, no obstante que la única objeción que se hizo fue la de falsedad, sin que en ningún momento se hubiere demostrado, lo que deja claro que los magistrados de quienes hoy me quejo atentan flagrantemente, en su resolución, contra el artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y su jurisprudencia firme.”
Dicho artículo especifica que “los documentos privados ofrecidos como prueba, cuando no fueren objetado o no quedare justificada la objeción respectiva, se tendrán por reconocidos y harán prueba plena, contra el colitigante, en cuanto tengan relación con el negocio, aun cuando el mismo colitigante no sea autor de ellos”.
En cuanto a la jurisprudencia, detalla que “la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la tesis de que el reconocimiento del adeudo implica una renuncia sobre la prescripción consumada, es decir, cuando ya vencido el término prescrito se reconoce la vigencia de la obligación”.
El 21 de mayo de 2007, la Quinta Sala del STJ dictó una nueva resolución en la toca 2017/2005, en la que revocó la “sentencia de la primera instancia (…), contradiciendo lo que había sido resuelto en definitiva”.
El afectado se amparó, y el 19 de mayo de 2008 los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado ordenaron dictar nueva sentencia. Sin embargo, dice Hamden Cano, “esto no significaba que la autoridad responsable tuviera que dictar una resolución favorable a mis intereses, sino que debió considerar que había operado la prescripción en mi contra y carecía del derecho para entablar una demanda” en contra Rizo Sánchez y las empresas.
Las demandadas interpusieron otro juicio “a todas luces ilegal, pues ya se había cumplido con la ejecutoria de amparo, y que tocó conocer de nueva cuanta a los mismos magistrados del Colegiado Quinto de lo Civil, registrado bajo número 510/2008”, prosigue el afectado.
Y el 23 de marzo de 2009, la Quinta Sala del STJ “estuvo obligada a dictar otra sentencia contradiciendo lo resuelto en definitiva en la sentencia anterior, así como las jurisprudencias publicadas, y declarando en definitiva prescrito mi derecho”.