Salir del pantano

El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
Foto: Eduardo Miranda

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés pretenden frenar la creciente pérdida de credibilidad y legitimidad de su gobierno ante los escándalos relacionados con la compra de casas a contratistas ligados a su administración. Dichos escándalos han adquirido resonancia internacional y podrían afectar tanto la inversión extranjera como el resultado de las elecciones de junio. En ese contexto, se pone en duda si realmente existe la voluntad presidencial de combatir la corrupción y la impunidad o si se trata sólo de una estrategia mediática para ganar votos y restaurar la menguada imagen del mandatario dentro y fuera del país.

Pasaron tres meses desde que una investigación de Aristegui Noticias difundida por ese portal y por la revista Proceso dieron a conocer la compra de la Casa Blanca de las Lomas al Grupo Higa, durante los cuales Peña Nieto trató de minimizar el asunto con declaraciones y acciones que, lejos de convencer, provocaron mofa y rechazo social. Era clara la intención de soportar la deshonra mientras el tema se fuese borrando de la memoria pública, lo cual no ocurrió.

Dos reportajes del Wall Street Journal volvieron a cimbrar la autocomplacencia gubernamental. En diciembre, el diario estadunidense publicó los pormenores de la compra de la casa de Luis Videgaray en Malinalco, también al Grupo Higa. En enero se dio a conocer otra casa de Peña Nieto, en Ixtapan de la Sal, comprada cuando era gobernador del Estado de México a la empresa Constructora Urbanizadora Ixtapan, beneficiada con contratos en el Edomex y después ante el gobierno federal.

El golpe definitivo, que seguramente provocó la rectificación presidencial, fue el artículo publicado el 24 de enero en The Economist, titulado El pantano mexicano. Un presidente que no entiende que no entiende. El texto atribuye la pérdida de credibilidad del mandatario a que su gobierno “está manchado por el escándalo”, además de “haber eludido su misión más importante: castigar a los jefes políticos corruptos, cómplices del crimen organizado”. El semanario británico agrega un argumento contundente: “Los señores Peña y Videgaray insisten en que no han hecho nada ilegal. Se equivocan. En las democracias modernas, a cuyo rango aspira México, el mutuo apapacho que al parecer han establecido con Grupo Higa se considera una conducta inaceptable”.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo y sus asesores entendieron la necesidad de rectificar, al menos a nivel discursivo. La influencia de ambos medios en la comunidad financiera internacional pone en riesgo las esperadas inversiones resultado de las reformas estructurales. Además, ante la cercanía de las elecciones, el PRI necesitaba mejorar la deteriorada popularidad del presidente mediante una “buena noticia” que contrarrestara la indignación social ante la barbarie de Tlatlaya y Ayotzi­napa, la violencia e inseguridad crecientes, la complicidad de las autoridades con el crimen organizado y los deficientes resultados económicos.

Ante ese panorama, el primer mandatario decidió revivir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) e instruir al nuevo encargado del despacho a que investigara “si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y con un servidor”.

La posibilidad de que Virgilio Andrade determine que el presidente Peña Nieto incurrió en conflicto de interés es nula, no sólo por su calidad de subordinado del mandatario, sino porque el artículo 108 de la Constitución establece que el presidente “sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

En entrevista radiofónica, el propio Andrade eludió la responsabilidad de investigar a su jefe: “No vamos a revisar la operación de compraventa de las casas porque eso no le compete a la SFP y son operaciones privadas. Vamos a revisar el conjunto de contratos que estos particulares hicieron con el gobierno para determinar si hubo conflicto de interés”. Todo ello indica que la instrucción presidencial de ser investigado por su recién nombrado subalterno se reduce a un desplante retórico que seguramente derivará en una exoneración pública del mandatario en una fecha cercana al 7 de junio.

Peña Nieto también anunció ocho acciones ejecutivas para prevenir la corrupción­ y evitar los conflictos de interés. Además de la declaración patrimonial –que deberá contener los bienes del cónyuge, lo cual fue omitido en la del mandatario–, los servidores públicos presentarán una declaración de posibles conflictos de interés. Se creará una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés dentro de la SFP; se elaborará un nuevo marco formal que norme el comportamiento de los servidores públicos; habrá protocolos de contacto entre particulares y funcionarios, así como registro y certificación de funcionarios para asegurar su honestidad; existirá una ventanilla única para trámites y servicios a nivel nacional, además de la posibilidad de realizar trámites federales en formatos digitales; se hará pública la lista de proveedores del gobierno, y se estrechará la colaboración con el sector privado en materia de transparencia y combate a la corrupción. Para acceder a las mejores prácticas de buena gobernanza a nivel internacional, el gobierno contará con la asesoría de la OCDE.

Nada de eso es suficiente si no existe la voluntad política para llegar al fondo del problema: dotar de independencia a las instituciones responsables de combatir la corrupción y sancionar a los corruptos. Hasta ahora, el presidente y su partido han querido imponer un fiscal, un Sistema Nacional Anticorrupción y una Auditoría Superior de la Federación controlados por el gobierno. Sería un fracaso para la justicia y la democracia del país. Equivaldría a continuar con la simulación y la impunidad prevalecientes. En el actual periodo de sesiones el PRI y sus aliados en el Congreso tienen el poder de definir si México transitará hacia el imperio de la legalidad y el estado de derecho o si la nación continuará hundiéndose en el pantano de podredumbre política en el que ahora se encuentra. ¿Estarán Peña Nieto y su partido a la altura de su responsabilidad histórica?