El triunfo del cinismo*

Cinisimo institucional. Cartón: Rocha

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El cinismo se ha convertido en el imperativo categórico de la política mexicana. Se trata de un principio contra-ético en el ejercicio del poder elevado a norma universal de comportamiento. Paradigma y requisito indispensable para pertenecer a las altas esferas de la casta gobernante, el cinismo –definido por el Diccionario de la lengua española (RAE) como la desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables– es signo de distinción y orgullo. La obscena autocomplacencia del corrupto, la simulación descarada, la impudencia demagógica son consideradas sinónimos de astucia política. La inteligencia de nuestros politiqueros se mide por su capacidad para engañar. Caraduras irredentos, hacen alarde de su mal habida riqueza, se regodean en su codicia y se burlan de la indignación ciudadana. Ser beneficiario de la impunidad es señal inequívoca de pertenencia a la élite del poder. Sólo hay una satisfacción mayor a la de saberse impune: ser quien define a los merecedores de esa distinción infame. Ser el impune supremo.

A pesar de la transición democrática y de las leyes e instituciones para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, la prerrogativa de determinar a quién se procesa por presunta corrupción y a quién no, la mantiene el presidente en turno. La novedad es que el jefe del Ejecutivo está involucrado en un claro conflicto de interés junto con su secretario de Hacienda, y ha tenido que salir en su propia defensa. Ninguna institución inició una investigación sobre el asunto, por lo que el propio mandatario emitió una orden: “¡Que nos investigue mi subordinado!”. Cinismo institucionalizado.

Sustento (in)moral de la corrupción política y de su encubrimiento, el cinismo reinante propicia la cultura de la ilegalidad, impide la instauración del estado de derecho y erosiona aún más la deplorable calidad de nuestra democracia. El cinismo hecho gobierno provocó el rechazo ciudadano que derivó en una crisis de legitimidad cuya gravedad no ha sido entendida por una clase política cegada por la ambición megalómana de riqueza y poder. La popularidad del presidente se derrumbó junto con la credibilidad de las instituciones. Agravada la irritación social por las tragedias de Tlatlaya e Iguala, la sombra de ingobernabilidad cubre áreas crecientes del territorio y el espacio político nacionales.

El círculo vicioso del cinismo político tiene consecuencias nefastas en todos los ámbitos y niveles de la relación entre gobernantes y gobernados: violencia, inseguridad, desapariciones, incineraciones, violación de derechos humanos, corrupción electoral –compra clientelar del voto, pago subrepticio de cobertura informativa y financiamiento ilegal de las campañas a cambio de contratos–, connivencia de las autoridades con el crimen organizado, peculado, conflicto de interés, tráfico de influencias, lavado de dinero, moches y soborno como condición indispensable para realizar cualquier contrato con el gobierno, economía informal, bajo crecimiento de la productividad y el crecimiento económicos, desigualdad, así como magros resultados en el combate a la pobreza. Estos son algunos efectos de la corrupción impune cobijada por el cinismo.

La incertidumbre se ha apoderado de la nación, sin que el gobierno tenga conciencia de la dimensión del desafío que enfrenta, menos aun de cómo resolverlo. Por el contrario, los asesores del mandatario se han concentrado en la búsqueda de una fórmula jurídica para evitar que los abusos y corruptelas cometidos en las borrascosas cumbres del poder puedan ser conocidos por la opinión pública. La estrategia pretende recuperar el control y la discrecionalidad presidencial en materia de transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción. Ello supone un grave riesgo de retroceso de los derechos democráticos contenidos en la Ley de Transparencia y en el Sistema Nacional Anticorrupción que se discuten en el Congreso.

La regresión en la Ley de Transparencia es promovida por la Consejería Jurídica de la Presidencia, el PRI y el Partido Verde en el Senado. Se pretende limitar el acceso a la información en casos de “seguridad nacional” y “estabilidad financiera”, al igual que en fideicomisos administrados por Hacienda y el Banco de México. Ante la amenaza de limitar la transparencia, el IFAI exigió a los senadores establecer parámetros específicos para evitar que se vulnere el derecho de acceso a la información. Asimismo, los comisionados del IFAI sugieren que se transparente el monto y el nombre de las personas a las que se les ha condonado un crédito fiscal. Tres de los siete comisionados pidieron al Senado establecer la obligación de los servidores públicos de transparentar su declaración patrimonial y potenciales conflictos de interés. La independencia y eficacia del Sistema Anticorrupción está igualmente amenazada por el gobierno y sus aliados en el Congreso. ¿Podrá frenarse la consumación de dichos atracos legislativos?

El triunfo del cinismo supone la derrota de la legalidad, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Significa la victoria de la corrupción y la impunidad sobre la convivencia pacífica y el respeto de los derechos de los ciudadanos en el marco de la igualdad ante la ley. Implica el sometimiento de la civilidad frente a la barbarie. Más aún: El triunfo del cinismo pone en riesgo el crecimiento económico, lo mismo que la estabilidad del país, y conduciría al fracaso de las reformas emprendidas por el gobierno actual. En su libro Una utopía mexicana, recién publicado por el Wilson Center, Luis Rubio afirma que el estado de derecho es posible. Coincido con el diagnóstico: el imperio de la legalidad es el cambio que el país requiere. Pero no comparto su optimismo, no creo que el presidente Peña Nieto tenga la visión, el liderazgo ni el interés de dar un viraje radical “abandonando con ello todas las estructuras, cultura y reglas que caracterizaron al viejo sistema”. Por el contrario, veo en el mandatario a un convencido heredero del Grupo Atlacomulco, fiel al principio patrimonialista de su fundador: concebir a la política como medio para el enriquecimiento personal y de su camarilla. Eso no se quita.

*Este artículo se publicó en la edición 1999 de la revista Proceso del pasado 22 de febrero.